Honduras: Desarticulación de la hidroeléctrica estatal
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Por Maximiliano Fuentes
Una crisis construida
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) atraviesa una enorme y profunda crisis financiera. Las razones son varias, en gran medida por la deficiente administración de los últimos gobiernos de turno, donde la empresa ha sido utilizada para incorporar a los correligionarios a quienes se debe favores políticos por haber participado de manera militante en las campañas electorales, también a familiares y amigos personales de los funcionarios administradores, que por cierto, son quienes devengan los salarios más ostentosos.
Por otro lado, los últimos dos gobiernos se han encargado de beneficiar de manera profunda a los dueños de las empresas térmicas. Para asegurar su enorme acumulación de ganancias se han firmado contratos leoninos con amplias ventajas, aún cuando el costo de kilovatio sea extremadamente elevado. Los distintos gobiernos estarán condicionados a continuar favoreciendo a las empresas que producen energía térmica.
De una u otra manera, esta política de Estado de favorecer a determinados sectores de la burguesía hondureña, en este caso a los empresarios de la energía (por cierto el sector más favorecido en los últimos dos gobiernos, junto a la burguesía financiera), ha condicionado enormemente los altos costos de la energía en el país, aun cuando los precios de los carburantes durante el mes de enero registraron caídas estrepitosas en el mercado internacional.
Honduras, por su situación geográfica, podría producir energía eléctrica desde otras fuentes. Por ejemplo, se han instado en diversas zonas del país varios parques eólicos, los cuales solo producen un pequeño porcentaje de energía de acuerdo a su capacidad instalada. Por otro lado, la Planta Hidroeléctrica Francisco Morazán, en su momento una de las principales plantas generadoras de energía de la región centroamericana, tan solo produce, debido a sus fallas estructurales, una pequeña fracción de su capacidad de producción. Resulta paradójico que desde hace algunos años se licitó la reparación de la planta y la misma se ha visto retrasada por la enorme conveniencia de los grupos de poder inmersos en el negocio de la producción de energía. Por lo anterior, se evidencia que la crisis por la que atraviesa la estatal eléctrica ha sido construida para favorecer ampliamente a los intereses de los grupos élites.
La crisis de la estatal la han absorbido los trabajadores
La crisis financiera de la ENEE ha sido absorbida por los miles de trabajadores que deben de destinar una buena porción del raquítico salario para pagar la energía que se consume en los hogares de Honduras. A los grandes deudores, aquellos que consumen grandes cantidades de energía y que se encuentran morosos con el Estado se les continúa prestando el servicio y se hace omisión de sus deudas.
Por otro lado, la política violatoria de derechos humanos, civiles y constitucionales del gobierno de Juan Orlando Hernández ha provocado miles de despidos de los trabajadores de la estatal hidroeléctrica, lo que ha provocado un enorme problema para las familias de los compañeros, dado que al no recibir ingresos se les obliga a degradar su condición de vida.
Por otro lado, parte de los requisitos establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la erogación del préstamo era la restructuración de la empresa, lo que se traduce en despidos masivos, pérdidas de las conquistas sociales y laborales; y desde luego, el aumento constante de las tarifas de energía, las cuales deberán de ser asumidas por los trabajadores y el pueblo hondureño.
Recientemente el gobierno ha aprobado emplear los recursos de los trabajadores, aquellos que destinados a través de los distintos institutos de previsión para asegurar la jubilación, para invertir en proyectos de generación de energía. Este tipo de acciones atentan contra las distintas normativas de previsión, dado que ninguna institución gubernamental puede hacer uso del dinero de los trabajadores sin su consentimiento. Como en todo negocio, se corre el riesgo de no lograr lo esperado por una caída de los precios o simplemente por asegurar una administración eficiente del proceso, lo que provocaría un descalabro financiero en los institutos de previsión y con ello no se permitiría pagar las pensiones de los futuros jubilados.
