Guatemala y el AdA UECA: La apertura a las inversiones extranjeras, frente a la fiebre de la tierra y los monocultivos
0Por Juan Pablo Ozaeta (Colaborador CMI-G)
El Congreso de Guatemala aprobó el 13 de junio el Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), igual que lo hicieron las cinco naciones del Istmo –más Panamá- y el Parlamento Europeo. Luego de algunos retardantes, finalmente este primero de diciembre el tratado entra en vigencia.
El AdA UE-CA es un Tratado de Libre Comercio (TLC) que promueve la liberalización arancelaria y las inversiones, como parte del pilar comercial, y también contempla otros dos pilares: diálogo político y cooperación. Mientras que el Congreso de la República lo aprueba de urgencia nacional respondiendo a la presión de un sector nacional exportador interesado únicamente en garantizar la eliminación de aranceles para sus exportaciones, -y otros bajo la concepción simplista: inversión extranjera = empleo) se aprueba un convenio con muchas más aristas.
La ratificación de este acuerdo desde el Gobierno de Guatemala significa profundizar en un plan económico en el que creen ciegamente. Consiste en la promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED) como el mecanismo, que según estiman, puede generar empleo y crecimiento económico a nivel macro.
Fuente: Diario de Centroamérica
Es un plan que no considera el carácter poco distributivo de esa inversión extranjera, ni el impacto que tiene la explotación de los recursos naturales y la apertura de los mercados en los medios de vida de una mayoría de población.
Tampoco considera la revisión de mecanismos efectivos para proteger el medio ambiente, los derechos laborales, incluso cómo protegerse, como Estado, de las demandas de las empresas trasnacionales.
Para Europa, esta ratificación significa una oportunidad frente a la crisis económica. Asimismo, es la profundización del modelo neoliberal en sus propios países -mediante recortes públicos y procesos de privatización- y también a nivel global.
Una manifestación de la profundización de este modelo en el ámbito global se observa con la fiebre por el acceso a la tierra. El proyecto “Land Matrix” señala que entre los años 2000 y 2010 se registraron en el mundo transacciones de tierra por un total de 203 millones de hectáreas (equivalente a ocho veces el Reino Unido), donde una gran mayoría está destinada a la producción de agrocombustibles.
En el AdA UE-CA están contemplados proyectos de inversiones europeas dirigidas a la producción “de energía renovable”. Se estima que estos proyectos promoverán principalmente la expansión de monocultivos de exportación con fines de producción de etanol.
Muestra de este interés es que el Sistema de Integración Económica del Centro de América (SIECA) informa que el comercio de etanol entre la UE y Centroamérica ha experimentado un incremento acelerado. Entre 2003 y 2006, las exportaciones de etanol se multiplicaron por 36, pasando de US$ 926 mil a US$ 34.5 millones.
Fuente: Esta Tierra Es Nuestra (Red CMI-G)
A cambio de la apertura al mercado europeo, para un sector del país, se deberá hacer frente a nuevas inversiones en monocultivos de exportación –cuyos efectos recaerán en la población rural campesina-; a un nuevo enfoque de la cooperación europea, orientada a los objetivos del pilar comercial del ADA UECA.
Igualmente, se deberá enfrentar nuevas reglas sobre la propiedad intelectual, que ponen en peligro el control de la biodiversidad del país. Finalmente, se estará frente a nuevos contratos empresariales que pudieran resultar en demandas al Estado –con mecanismos poco favorables-.
En el marco del DR-CAFTA, por poner un ejemplo, Guatemala ya perdió en una ocasión una demanda ante la Railroad Development Corporation (RDC), accionista mayoritaria de Ferrovías, lo que implicó la obligación del Estado de pagar US$15 millones.
La aprobación del AdA UE-CA abre la necesidad de debatir los mecanismos que rigen a las empresas extranjeras que operan en el país, la obligación del Estado de consultar a las comunidades afectadas; así como la urgente necesidad de establecer mecanismos legales claros y contundentes para hacer que se respete el medio ambiente, los derechos laborales y los derechos humanos de las comunidades afectadas por esas inversiones.
