Gobernación pretende ocupación del Pueblo Q’eqchi’
2Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres». Flora Tristán ((Socialista del siglo XIX que acuño la frase «proletarios del mundo uníos», lema del movimiento sindical inglés de la época. Era violentada por su esposo. Afirmó que las mujeres son las obreras de los obreros))
El pueblo q’eqchi’, que abarca desde el oriente de Ixcán, pasando por las verapaces hasta llegar a Izabal y Petén, es el que mayor conflictos agrarios reporta. El despojo recurrente que desde la colonia viven las comunidades de la región no ha logrado ser resuelto por el Estado. Como consecuencia, las historias de recuperaciones de tierra, ocupaciones de fincas y desalojos violentos son parte de la vida cotidiana de la segregación del pueblo q’eqchi’ en el territorio de Tezulutlán.
El desalojo como señuelo
Para junio de 2014 en la comunidad 9 de febrero había disminuido considerablemente el número de familias q’eqchi’, debido al hostigamiento que la familia Ponce y grupos armados ilegales han ejercido sobre la comunidad desde el 2013. El último hecho violento fue el fallecimiento del joven Víctor Juc Maas a consecuencia del atentado armado que sufrió la comunidad el 7 de abril de 2014.
Era un secreto a voces que la comunidad 9 de febrero quedaban alrededor de 15 familias. En otras palabras, era información que los servicios de inteligencia sabían. ¿Por qué destacar un fuerte contingente policial de aproximadamente mil agentes y escuadrones de antimotines para efectuar el desalojo de pocas familias?
Desde la primera orden de desalojo que fue frustrada a mediados de mayo de 2014, el objetivo es el mismo: ingresar maquinaria a la finca Xalahá Canguinic donde se construirá la hidroeléctrica Santa Rita y ejecutar capturas contra la resistencia de la comunidad de Monte Olivo que desde el año 2008 ha manifestado su rechazo al proyecto hidroeléctrico.
Para llegar a la finca Xalahá Canguinic se pasa forzosamente por la Comunidad de Monte Olivo, ubicada como a 10 kilómetros de distancia a la orilla del camino de terracería. El 14 de agosto de 2014 la Comunidad de Monte Olivo al percatarse que el contingente de la PNC custodiaba maquinaría para iniciar los trabajos de construcción de la hidroeléctrica solicitó dialogar con el jefe del operativo.
Para la sorpresa de las familias el operativo estaba diseñado para atacar a Monte Olivo, ya que un grupo irregular de alrededor de 20 personas condujeron a la PNC para realizar allanamientos extrajudiciales en casas de familiares de la figura más visible de la resistencia.
Una señora q’eqchi’ que por temor omite su nombre afirma…
esos están con la ong CEDER, son de por acá, hasta unos de Monte Olivo hay, son los que fueron a la capital a firmar un convenio con el Presidente hace como dos tres semanas”.
De esa cuenta se encuentran detenidas tres señoras, un anciano y un joven, los cuales fueron trasladados hacia Cobán, no sin antes encontrarse con la resistencia de otras comunidades en el entronque de la carretera que conduce a Chisec. Finalmente el desalojo en la 9 de febrero no se efectuó.
¿Quién invade a quién?
Luego de la acción policial del día jueves 14 de agosto, por medio de de la PDH se afirma a la comunidad Monte Olivo que la única acción que se realizaría era el desalojo en la finca Xalaha Canguinic por lo que se acordó liberar el paso en la comunidad Monte Olivo, ya que existía un acuerdo que las fuerzas entrarían y cumplirían la orden judicial y luego se retirarían de la zona.
Sin embargo, en la mañana del 15 de agosto se destacó un contingente 84 policías y 150 soldados en Monte Olivo y ocupó el área verde que queda frente a la escuela de la comunidad. Más de 100 familias q’eqchi’ se vieron obligadas a refugiarse en las montañas aledañas, fueron perseguidas y pasaron mas de 24 horas con poco alimento y abrigo para sobrevivir a la intemperie. Además ingresaron ilegalmente a las casas propiedad de las familias que en ese momento se encontraban refugiadas en la selva. La comunidad de Monte Olivo fue fundada en 1986 y es dueña de su tierra.
En abril de 2012 el ejército también había ocupado ilegalmente la comunidad de Monte Olivo, pero a petición de la población abandonaron el lugar. Hoy la garita de control que en su momento dejó instalado el ejército nuevamente quiso ser utilizada para garantizar el libre tránsito de los intereses que articula la hidroeléctrica Santa Rita.
No sólo en Monte Olivo
En paralelo a la ocupación de Monte Olivo, otro contingente se dirigió a la comunidad 9 de febrero -que para ese entonces no contaba con una sola familia en el lugar- y botaron varias casas de la entrada con maquinaria pesada y quemaron otras tantas.
Mientras eso sucedía, un tercer contingente ya se había desplazado por la ruta CA-14 que conduce de Cobán a Chisec (pasando por Monte Olivo) hasta el entronque que conecta con la Franja Transversal del Norte y tomaron la ruta hacia la derecha en Raxruhá, donde efectuaron un operativo para capturar a líderes de CODECA, mientras que la población detuvo a ocho policías para exigir la liberación de los detenidos.
En el punto estratégico de Playa Grande Ixcán se encontraban efectivos del Ejército, entre ellos militares de alto rango que se ubicaron en la retaguardia.
Al filo del mediodía la comunidad de Samococh (Chisec) realizó una manifestación en la carretera para exigir la liberación de los miembros de CODECA detenidos.
Varios de los efectivos destacados en Monte Olivo más los que habían realizado el desalojo en la 9 de Febrero se dirigieron a liberar el paso (45 minutos de distancia). En el enfrentamiento resultaron heridos varios policías y tres comunitarios asesinados con arma de fuego. La población de Samococh también se refugió en las montañas aledañas.
Por su parte, los líderes detenidos en Raxruhá fueron llevados a Cobán en una avioneta privada. Conforme pasaban las horas, aumentaba el número de patrullas de la PNC provenientes de distintas latitudes.
Para el 16 de agosto la PNC logró liberar a los 8 policías y durante el operativo capturó a más de 20 personas. La cartera de Gobernación en su página web reportó inicialmente que López Bonilla estuvo ese día en Raxruhá.
Sin duda, una operación arriesgada ya que perfilaba a la neutralización de distintas resistencias al cabo de un feriado y a partir de ahí tomar el control territorial del pueblo q’eqchi’ para garantizar en lo inmediato al menos las siguientes situaciones territoriales:
-La construcción de más de una veintena de centrales hidroeléctricas sobre los grandes caudales de las Verapaces, entre las que destacan los capitales de la familia Bosch-Gutiérrez, López Roesch, Torrebiarte-Lantzendorffer, Enel de Italia e Intertechne de Brasil;
-Terminar de construir las líneas de transporte eléctrico, torres metálicas y subestaciones de los Lotes B y D que hace TRECSA como parte del PET 1-2009;
-La expansión de las fincas de palma africana de familias como la Maegli Müeller (INDESA), Familia Bolaños Valle-Arriola Fuxet (Agrocaribe y Palmas de Ixcán), así como las fincas azucareras de la familia Berger Widmann y de Grupo Pellas de Nicaragua sobre el Valle del Polochic;
-La explotación petrolera de la familia Campollo-Codina y la explotación minera de Solvay Group de Rusia en el Estor, Izabal.
-Desactivar la “Huelga del No pago” por el servicio deficiente y caro de energía, así como la propuesta de nacionalización de energía eléctrica que propone CODECA;
Resistencia, indignación y solidaridad
Los Comunicados de diversas organizaciones denunciando los hechos empezaron a circular desde el día 14 de agosto.
El 15 de agosto diversas organizaciones campesinas e indígenas de distintos puntos del país llegaron a la Cuenca del Río Dolores para coordinar acciones en defensa de la integridad física de las familias, velar por el respeto a los derechos humanos y exigir el retiro inmediato de los efectivos del ejército y la policía.
El 16 de agosto se tuvo reporte de manifestaciones en Sepur Limite, La Tinta, San Julían, Puente Río Frío en Panzos, Puente Chitcoj en la Tinta, Chichipate 30 de Junio, Sepur Zarco, casco urbano del Éstor, Raxruhá, Cubilguitz y Copal aa, así como un plantón frente a la gobernación departamental de Cobán.
El 17 de agosto salió una caravana de solidaridad con las comunidades y organizaciones sociales del Río Dolores. En Cobán la caravana se engrosó y
se dirigió hacía la Comunidad de Samococh a dejar víveres a las viudas y acompañaron el entierro de los hermanos q’eqchi’ que en ese lugar fueron asesinados.
Llegaron a verificar la situación del desalojo ocurrido en la comunidad 9 de febrero y llevaron víveres a Monte Olivo.
Se realizó un circulo de sanación entre las mujeres de Monte Olivo que pernoctaron en la montaña y un médico atendió a las mujeres, entre ellas a las 4 mujeres embarazadas que pasaron cansancio, frío y hambre.
A las 10:00 am se realizó un plantón frente al Ministerio de Gobernación de la zona 1 capitalina para denunciar los hechos e informar a la población en general. Al mismo acudieron pocas personas del casco urbano.
Una de Cal y otra de Arena
Sin duda, el operativo se salió de las manos del Ministro de Gobernación y gracias a la movilización intercomunitaria, a la presión de las organizaciones indígenas y campesinas y la mediación del diputado Amílcar Pop, se logró que para el sábado 16 por la tarde se retiraran los contingentes de la cuenca del Río Dolores. Ello demuestra que cuando se actúa en solidaridad o hacia una misma causa es posible detener la escalada represiva en una coyuntura y hacer retroceder -en cierta medida- el control territorial que se pretendía.
Cabrá preguntarse cuánto de nuestros impuestos fue utilizado para un operativo de tal magnitud, ¿de quién era la avioneta privada que fue utilizada en Raxruhá? ¿Se habrá repetido el caso del desalojo en el Polochic en 2011 cuando la familia oligárquica Widmann demostró una participación activa en el operativo policial?
No deja de hacer ruido que en los últimos meses el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla se encuentra promocionando su imagen política como nunca antes. ¿Tendrá eso que ver con la urgencia de perfilar su candidatura presidencial ante los posibles financistas de campaña que dominan la región de Alta Verapaz? ¿O simplemente cumplir con las promesas de la campaña 2011 del PP, previo a que se defina el apoyo hacia el continuismo?
Además, Gobernación tendrá que probar lo dicho, y los medios corporativos de información tendrán que rectificar si la muerte de los tres campesinos q’eqchi’ en Sacomoch fue un lío entre comunitarios o si efectivamente se trata de una ejecución extrajudicial.
Puntos a favor del ministro es que el operativo a gran escala logró revivir los traumas de la guerra: el desplazamiento forzoso hacia las montañas, las capturas masivas, el asesinato, los allanamientos y la quema de vivienda. Es evidente la tensión y el estreés post-traumático en las comunidades ocupadas por la PNC.
Otro elemento a destacar es que durante este Gobierno es la primera vez que las fuerzas represivas actúan paralelamente en distintos puntos y tratan de tomar el control de un pueblo tan extenso como el q’eqchi’ y seguramente están evaluando los aprendizajes ante un escenario de conflicto multi focal.
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