Fotorreportaje sobre la Marcha en San Juan Sacatepéquez y la fábrica de Cementos Progreso
0Por Roderico Díaz y Rodrigo Véliz
Este 19 de julio, mientras se realizaba una ceremonia inaugural dentro del terreno donde Cementos Progreso pretende construir una cementera, alrededor de 10 mil personas marcharon para protestar por esta presencia en sus comunidades. El problema ya lleva más de seis años cocinándose, y es hasta hoy que la empresa ha logrado comenzar la construcción.
Fuente: Roderico Díaz
La problemática entre comunidades de San Juan Sacatepéquez y la empresa Cementos Progreso se enmarca dentro de un proceso de más de quince años en donde se ha desatado una proliferación de políticas neoliberales que han logrado privatizar varios servicios públicos1 , dejar los mercados nacionales desnudos a los capitales transnacionalizados, y proteger férreamente los últimos monopolios oligárquicos decimonónicos. Una expresión de esto es el caso de la cementera.
San Juan Sacatepéquez es un municipio que queda a menos de una hora de la capital del país, parte del departamento de Guatemala. Consta de 38 comunidades, en su mayoría kaqchikeles, y se ha caracterizado en los últimos 50 años, dado su clima y tipo de tierras, por la producción de flores a cargo de pequeños productores o cooperativas, además de la agricultura de subsistencia.
Fuente: Roderico Díaz
La empresa se ha caracterizado por recibir protección de parte sucesivos gobiernos para no dejar que otras empresas cementeras se ubiquen en el país, así que la mínima subida en la demanda nacional representa para la empresa un rédito seguro. La empresa busca, así, construir una fábrica de cemento y una cantera en la finca San Gabriel Buena Vista en las aldeas de San José Ocaña y San Antonio Los Trojes, dentro del municipio. A la vez, se espera que una vez instalada y en funciones la fábrica, se instalen otras compañías mineras -MINCESA, Pino S.A., Agrobosques, CONASA-, todas accionistas de Cementos Progreso.
Fuente: Roderico Díaz
El 13 de mayo del 2007 se realizó una consulta comunitaria con el fin de conocer la posición de los vecinos de las doce comunidades afectadas por la construcción de la fábrica. La consulta se realizó amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ley de consejos de desarrollo a través de los Consejos de Desarrollos Comunitarios. El resultado fue de 8946 votos en contra de la construcción y cuatro votos a favor. La consulta, pese a realizarse dentro de estos marcos legales, fue desconocida por la Municipalidad de San Juan y por el Estado.
Fuente: Roderico Díaz
Desde entonces, los comunitarios han recibido amenazas de muerte e intimidaciones directas de parte de personeros de las cinco empresas ligadas al proyecto a través de panfletos, llamadas telefónicas, además de casos de agresión física. Esto coincidió con la creación de un cuerpo paramilitar ilegal, parte de la seguridad privada de la empresa, y según parece, aliado a las fuerzas de seguridad del Estado, autodenominado “El Escuadrón”. Se han hecho denuncias al Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) acerca de la conformación de estos grupos formados por ex-militares, militares y empleados de la empresa.
Fuente: Roderico Díaz
Fuente: Roderico Díaz
En el siguiente enlace, proveído por el equipo de comunicación de la Marcha Indígena, Campesina, y Popular, puede verse el pronunciamiento de la marcha de San Juan.
1 Entre los casos más importantes estuvo la privatización de la distribución de energía, la telefonía nacional, casos de distribución de agua, ciertos sectores de la banca, y los sistemas ferroviarios.
