Foto:CPR-Urbana

Ante la contundencia pericial y testimonial de la parte acusadora, los argumentos de la defensa de Pedro García Arredondo fueron destruidos. El equipo coordinado por el militar (r) Moisés Galindo no pudo demostrar que los ocupantes de la Embajada de España se auto-inmolaron y que eran guerrilleros que cometían actos de terrorismo.

Por el contrario García Arredondo fue encontrado culpable a 40 años de cárcel inconmutables por delitos contra los deberes de la humanidad al ser responsable del asesinato de 37 campesinos y campesinas, así como por el intento de asesinato del embajador español Máximo Cajal.

Además, fue condenado a 50 años de cárcel inconmutables por el asesinato de los estudiantes de la USAC, Gustavo Hernández y Alberto España, de 21 y 24 años respectivamente. Hernández era presidente del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG)[1]. El asesinato de los estudiantes ocurrió el 02 de febrero de 1980 en el Paraninfo Universitario de la zona 1 capitalina, durante el sepelio de los y las campesinas quemadas en la Embajada de España.

García Arredondo llegó acompañado por sus guardaespaldas y elementos del Comando 6 (el cual dirigía) y el pelotón de choque de la Policía Nacional (PN). Luego de dispararles se acercaron y les dieron el tiro de gracia en la cabeza, actitud que se enmarca como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional que los catalogaba como “enemigos internos” del estado oligárquico-militar de la época.

Pedro García Arredondo. Foto: CPR-Urbana

En cuanto al día de la quema de la Embajada de España, el Tribunal determinó que la PN en ningún momento tuvo intención de dialogar con las y los ocupantes, situación contraria a la que buscaban campesinas, campesinos y estudiantes que esperaban dar a conocer los actos inhumanos que sufrían en la región ixil por parte del Ejército.

El embajador Cajal tenía conocimiento de la llegada de la delegación de Quiché a la ciudad capital, al igual que tuvo conocimiento la PN porque les dio seguimiento, tal como consta en los documentos presentados del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). El embajador español había viajado días antes a la región a visitar a sacerdotes españoles que se encontraban bajo amenaza en Uspantán, San Juan Cotzal y en Santa Fé. En este último lugar habló con el sacerdote Juan José Gerardi, que tiempo después fue asesinado por publicar las atrocidades de la guerra.

Al respecto, una conexión histórica es que uno de los responsables del asesinato de Gerardi en 1998 es Byron Disrael Lima Estrada, quien durante la política de tierra arrasada estuvo destacado en Quiché, y que su abogado defensor en el Caso Gerardi fue Moisés Galindo, representante legal de la Fundación contra el Terrorismo (FCT). La FCT fue una de las responsables de movilizar a ixiles a la ciudad capital para manifestar que no hubo genocidio durante el juicio contra Ríos Montt en 2013.

Cajal reconoció que en Quiché había represión y durante la ocupación de la sede diplomática medió para que las demandas campesinas fueran conocidas a nivel nacional e internacional, por tal razón cuando el Comando 6 de la PN invadió la embajada les ordenó que se retiraran. A pesar que García Arredondo se encontraba en el lugar de los hechos no hizo nada para impedir lo que el Comando a su cargo hacía.

Los documentos de AHPN, así como el testimonio del periodista Elías Barahona (+) dejaron entrever que el entonces presidente Romeo Lucas García (+) tuvo conocimiento de los hechos y hubo cadena de mando que pasaba por el Ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruíz (prófugo), el Jefe de la Policía Nacional Germán Chupina Barahona (+) y el jefe del Comando 6.

El sábado 23 de febrero de 2008, la organización HIJOS Guatemala juzgó públicamente al recién fallecido Germán Chupina Barahona, ex Director General de la Policía Nacional durante el régimen militar de Romeo Lucas García. Foto: James Rodríguez. mimundo.org

Cuando el embajador logró salir del edificio fue interceptado y conducido por la fuerza a un carro de la PN. La señora Odette Arzú que se encontraba en lugar como parte de la Cruz Roja los siguió y se introdujo al automóvil para rescatarlo. “mátenlo, que no quede nadie vivo” era la orden que daban a los agentes a través de la radio de la patrulla.

Además de violar tratados diplomáticos internacionales al ingresar a la Embajada sin autorización, llevaban armas de corto y largo calibre, así como lanzallamas que fueron ratificados por testimonios y fotografías. A ello se suma que ninguno de las y los fallecidos tenía los pies quemados y murieron por quemaduras de primer y segundo grado de la cintura para arriba, así como por la asfixia provocada por el humo. Asimismo que las bombas molotov que había en el lugar no eran suficientes para incendiar el salón. A pesar que la jueza Valdés argumentó que no se logró determinar con certeza qué fue lo que inició el fuego dentro de la embajada se demostró que los agentes del comando 6 estaban en el balcón y fueron quienes terminaron de perpetrar el incendio.

El grado de impunidad que existía en aquella época intentó silenciar lo que ahora es memoria histórica. Más que polarizar a la sociedad guatemalteca este tipo de sentencias ratifica que se cometieron crímenes de lesa humanidad y fortalecen el estado de derecho en tanto buscan garantizar la no repetición de los hechos y devolver la confianza a las víctimas de que existe un sistema de justicia capaz de soportar el peso de la historia.

La sentencia de la Quema de la Embajada de España será apelada por la defensa de García Arredondo. Así como en el caso por Genocidio, veremos como la politización del sistema de justicia hará lo suyo para intentar borrar la verdad de las víctimas y sobrevivientes de uno de los regímenes más violentos en la historia de Latinoamérica.

“Esta sentencia viene a ser el fuego que apaga ese incendio” afirmó la jueza presidenta Valdés, actualmente recusada por la defensa de Ríos Montt en el caso por Genocidio.

Vea también:

Fotorreportaje de CPR-Urbana sobre la sentencia a García Arredondo

[1]          El nombre original de FERG era “Frente Estudiantil Revolucionario Guatemalteco”. Pero decidieron cambiarle el nombre en reivindicación del asesinato de uno de sus líderes, proveniente del movimiento normalista, el estudiante de Agronomía Robín García. Diversas fuentes aseguran que el actual Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla estuvo infiltrado en el FERG cuando se encontraba en activo dentro del Ejército.