¿En qué fase está el conflicto catalán?
0El conflicto político entre la Monarquía española y el pueblo catalán tiene más de 300 años de historia con una complejidad que abarca los ámbitos cultural y lingüístico pero también económico, democrático y de modelo de estado, entre otros. Durante estos siglos, el pueblo catalán ha conocido de primera mano el rigor de varias dictaduras militares, las cárceles, las torturas y el exilio, ha visto cómo su lengua era prohibida en todos los ámbitos públicos, cómo se eliminaban sus instituciones de autogobierno o como se le impedía recaudar la mayoría de los impuestos que pagan sus ciudadanos.
Por Martí Coromina Quintana
No estamos frente a un conflicto sencillo de entender ni empieza el 1 de octubre de 2017, cuando las imágenes de la policía española que reprimía duramente la población que pacífica y democráticamente se disponía a votar en un referéndum de autodeterminación dieron la vuelta al mundo.
Durante los últimos 10 años el conflicto político entró en una nueva fase. La intransigencia, el centralismo y los tics colonialistas y autoritarios que todavía mantienen las élites y la Monarquía que dirige el Estado español, han provocado que Catalunya abandone la estrategia de buscar un encaje con el Estado para sentirse cómodo dentro de él. El divorcio ya no tiene marcha atrás. La lista de desagravios, humillaciones, insultos y el déficit democrático del Estado ante Catalunya, sus ciudadanos y sus instituciones, es tan larga que daría para una tesis doctoral. Por lo que se refiere al conflicto catalán, en los últimos años el aparato del Estado ha vulnerado prácticamente todos los principios y derechos básicos de un estado democrático; el principio de autonomía, la separación de poderes, la libertad de prensa, de expresión y de manifestación, los derechos civiles, políticos y lingüísticos.
En los últimos cuatro años, el Gobierno y Parlamento catalán solicitaron formalmente al Estado hasta 18 veces la realización de un referéndum de autodeterminación para que sean los ciudadanos que de forma pacífica y democrática decidan si quieren formar parte o no de España. A diferencia del Reino Unido en el caso de Escocia, de Canadá en el caso de Québec o el reciente de Francia en Nueva Caledonia, el Gobierno español ha negado por activa y por pasiva el derecho a decidir al pueblo catalán.
El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones en la Comunidad Autónoma de Catalunya, y por primera vez en los casi 40 años desde la restitución formal de la democracia, los partidos independentistas conseguían mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Este Parlamento elegido democráticamente aprobó la convocatoria de un referéndum vinculante de autodeterminación para el pasado 1 de octubre, que el Gobierno español consideró ilegal.
Las imágenes daban la vuelta al mundo cuando miles de policías españoles llegados expresamente a Catalunya reprimían brutalmente a los ciudadanos que acudían pacíficamente a los colegios electorales para decidir el futuro de Catalunya. España renunciaba definitivamente a seducir a la sociedad catalana para seguir formando parte de este Estado. A pesar de los cerca de 1,000 heridos, de los 400 colegios electorales clausurados por la policía española (donde hubieran podido votar cerca de 700.000 personas), y de la posibilidad de ser agredido por acudir a los centros de votación, el total de votos no requisados ascendió a 2,262,424 votos (43% del censo) con una aplastante victoria de los partidarios del sí a la independencia con más del 90% de los votos. La sociedad catalana decidió que el divorcio con España es la mejor forma para seguir avanzando y creciendo.
En cumplimiento del mandato democrático de las urnas y de la ley del referéndum vinculante aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento, se declaró la República Catalana el pasado 27 de octubre. Saltándose sus propias leyes, el Estado ha puesto toda su maquinaria (jueces, fiscales, policía, Monarquía, ejército, servicios secretos, medios de comunicación y empresas afines) para atemorizar y reprimir la mayoría de la población catalana partidaria de una secesión. La respuesta del Estado español ha sido un golpe de estado de facto en Catalunya; intervención por completo de las instituciones catalanas, la disolución del Parlamento elegido democráticamente, el encarcelamiento de la mitad del Gobierno catalán (la otra mitad se pudo exiliar en Bélgica antes de ser detenido) y la convocatoria de elecciones catalanas para el 21 de diciembre de 2017.
El error de cálculo del Estado fue pensar que los partidos independentistas no participarían en estas elecciones por considerarlas ilegítimas y por tener la mitad del Gobierno preso y la otra en el exilio. Los tres principales partidos que defienden la legitimidad de la República Catalana y la liberación de los presos políticos ya han anunciado que concurrirán a las elecciones del 21 de diciembre convirtiendo estas elecciones excepcionales en otro referéndum. Todas las encuestas apuntan que los independentistas reeditarán una mayoría absoluta en el Parlamento.
La cuestión ahora es: ¿Está dispuesto el Gobierno español a aceptar los resultados de estas elecciones? ¿Pueden los partidarios de la independencia aplicar su programa electoral en caso de ganar o solo se puede aplicar el programa electoral de los partidarios de la unidad de España? ¿Cuanta democracia está dispuesto a soportar España? ¿Y la Comunidad Internacional, por muy buenas relaciones diplomáticas que mantenga con España, reconocerá los resultados de estas elecciones gane quien gane? A partir del 21 de diciembre saldremos de dudas. Sea como sea, la relación entre Catalunya y España nunca más va a ser como antes.
