Empresa de capital Gallega impone hidroeléctrica
0Ana García Aupi/CMI Guatemala
Artículo publicado en revista DEVerdad Digital en el Estado Español: http://www.deverdaddigital.com/pagArticle.php?idA=15483
Una empresa de energía Gallega,Hidralia Energía, mediante su subsidiaria Hidro Santa Cruz, han impuesto la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Barillas Huehuetenango, en Guatemala.
A dicho proyecto se han opuesto desde el 2007 los y las vecinas de Barillas dejando constancia de ello a través de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, donde más de 47.000 personas se manifestaron en contra de los proyectos mineros e hidroeléctricos, además de actas municipales, constancias, reuniones, manifestaciones y tantos otros mecanismos legítimos para oponerse a dicho proyecto.
El 1 de mayo del 2012 es asesinado Andrés Francisco Miguel, y heridos de bala Pablo Antonio y Esteban Bernabé. Por dicho crimen fueron vinculados a proceso dos miembros de la empresa de capital gallego relacionados con el área de seguridad.
A raíz de este suceso la empresa interpuso denuncias contra líderes y lideresas comunitarios a partir de las cuales se emitieron no menos de 43 órdenes de captura, entre las cuales se ejecutaron aproximadamente 13, que llevaron a prisión a 11 líderes comunitarios de manera injusta durante 8 meses aproximadamente.
La persecución política por parte de la empresa y de los organismo públicos pertinentes,no ha cesado, a consecuencia de ello, el pasado 15 de Marzo, Rubén Herrera fue detenido cuando salía de su residencia en Huehuetenango.
Existen alrededor de 21 personas más, que en la actualidad se encuentran con órdenes de captura por este caso, por lo tanto imposibilitadas de regresar a sus comunidades y hogares, siendo víctimas del miedo infundido a través de la persecución política judicial y extrajudicial impulsada y dirigida por los intereses del proyecto hidroeléctrico.
La persecución política en Guatemala ha aumentado desde la toma de posesión del actual presidente el 14 enero de 2012, el General Otto Pérez Molina. En poco más de un año la represión y la judicialización de defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente vinculados a la defensa del territorio, ha incrementado considerablemente.
La judicialización en los casos de Barillas ha sido utilizada como un mecanismo de ejecución de castigos,que no de justicia, ya que los presos políticos pasaron en su mayoría 11 meses en la cárcel sin ser sentenciados de delito.
Este mecanismo de criminalización es utilizado, como en el caso de Rubén Herrera, contra los y las que en pleno derecho, reivindicamos el derecho a resistir y debatir que tipo de desarrollo queremos para nuestras vidas y las generaciones futuras.
La negativa de la población a la construcción de la hidroeléctrica Q’amb’alam I y II en Barillas está suponiendo un pulso de poder entre la voluntad de los pueblos que defienden el cauce de Q’amb’alam como un lugar sagrado y necesario para la reproducción de la vida; y los intereses económicos extranjeros vinculados a grandes corporaciones energéticas del Estado Español.
La visita del general Otto Pérez al Estado Español le hizo adquirir compromisos para proteger las inversiones españolas, lo que se traduce en los territorios en violencia, no hay otra forma de asegurar imponer proyectos extractivos o energéticos, a los que la población se opone de forma legítima.
En el marco del viaje realizado por el mandatario se organiza la Feria de Inversiones del 30 y 31 de mayo del 2013, donde el país será prácticamente subastando, puesto que se ofertarán entre 500 a 1500 proyectos como Hidro Santa Cruz.
La judicialización de Rubén Herrera es uno de los mecanismos utilizados para desmovilizar la resistencia pacífica y legítima en Santa Cruz Barillas, lo que pone sobre la mesa, una amenaza explícita, para los y las que como él, se atreven a exigir su derecho legítimo de poner en cuestión que modelo de desarrollo queremos y que pretendemos construir.
