Élites en disputa: Algunos nudos de la coyuntura #RenunciaYa
0Gustavo Illescas (CMI-Guatemala)
El G-8 (la oligarquía corporativa más fuerte del país) cuenta con mínima presencia en el Congreso y en el Ejecutivo, que se nota en la incapacidad de aprobar leyes favorables como las de Inversión y Empleo y la reducción de salarios a Q1, 500.00. Luego de perder el 90% de la Corte Suprema de Justicia en las elecciones del año pasado, la cúpula empresarial se encuentra desplazada de los órganos de dirección estatal y bajo este panorama seguramente perderá la influencia que tiene en la Corte de Constitucionalidad cuando sean las elecciones el próximo año.
Si bien esto se debe en parte a que el Partido Patriota (PP) no ha cumplido con los acuerdos de campaña y las negociaciones políticas pactadas con el G-8, sí ha favorecido a varios de sus integrantes como los Bosch-Gutiérrez y los Novella-Torrebiarte otorgándoles concesiones, contrataciones y seguridad mediante operativos militares y policiales. De esa cuenta puede pre-verse una escalada de conflictos provocados por el gobierno para tratar de imponer megaproyectos y negocios que le ayuden a rescatar relaciones en la cúpula empresarial.
No obstante la devota protección que Pérez Molina hace de su Vicepresidenta, está provocando que el G-8 piense en zafarle la alfombra a Pérez Molina y aprovechar la oportunidad para llevarse de corbata a las redes de la línea dura que están vinculadas con el narcotráfico y el contrabando de mercancías, quienes son en última instancia las redes que apenas develó la CICIG. Habrá que preguntarse también qué sucederá con el cártel de los Huista, Ipala, Mendoza y Trifinio Ixcán, en caso se hunda el binomio presidencial.
Luego del destape de la corrupción, el PP perdió el apoyo del G-4 (USAC, PDH, Iglesia Evangélica y Católica) y el cuerpo diplomático, quedándose únicamente con los frentes de calle de la CONIC, el Frente Nacional de Lucha (FNL, salubristas) y el Sindicato de Maestros (STEG). Estructuras deformadas por sus dirigentes que se han convertido en aliados del PP a cambio de beneficios para ellos y sus agremiados. De ahí su ausencia en los plantones de #RenunciaYa.
El PP ya no es el mismo que pactó las Cortes y el presupuesto con Líder, y de paso una transición que prometía que ambos partidos pasaran a la segunda vuelta para mantener su hegemonía otros cuatro años en el Congreso. Si bien Líder va por su cuenta, le interesa llegar a las urnas de septiembre antes que se interrumpa el gobierno del PP y se reconfiguren las alianzas en favor de Estados Unidos (EEUU) y el G-8.
Pérez Molina ha tratado de restarle importancia a las manifestaciones y demostrar fuerza en su alicaída Asamblea General. En los últimos días la actitud del presidente y el Ministro de Gobernación López Bonilla han sido desafiantes y entre líneas dejan ver la necesidad de investigar a las empresas coparticipes de la defraudación aduanera. Cuáles de esas empresas serán conocidas de primero y cuáles serán reservadas es parte de la tensión y negociación entre los actores en disputa.
Una demostración de fuerza del PP fue el operativo policial y militar iniciado el pasado 27 de abril en la comunidad de Zotzil en Chajul, Quiché. Ese día varias comunidades cortaron el camino que conduce hacia la tubería que se construye para la hidroeléctrica Xidrocbal Delta, del Grupo Terra de Honduras. Un día antes la empresa no llegó a una reunión con las comunidades para resarcirlas, como se había comprometido en reuniones pasadas. A tempranas horas del siguiente día, 35 radiopatrullas de la PNC -buena parte de San Juan Sacatepéquez- llegaron a dispersar con bombas lacrimógenas y luego realizaron allanamientos y capturas ilegales. Asimismo, dos camiones del ejército del destacamento de Visan bajaron a la Plaza de Chajul como retaguardia del operativo. Al día siguiente un convoy de tráileres y camiones ingresó a Nebaj rumbo a la carretera que conduce a Chajul. Del 27 al 29 de abril no hubo luz en la región ixil.
EEUU, actor fundamental de la coyuntura, negocia a partir de la información que maneja sobre el binomio presidencial y sus nexos con el crimen organizado. Faltara ver si EEUU se reserva la información que tiene Marllory Chacón de las redes del narcotráfico Colombia-Guatemala-México. Hoy en horas de la mañana Chacón fue condenada a 12 años de prisión, una pena relativamente pequeña que ratifica su colaboración con la DEA. Pero lo más importante es la reserva de 5 años que tiene el caso, signo que futuras investigaciones están en marcha. El caso de la relación con Baldetti, en este escenario, aumenta la inestabilidad del binomio de gobierno.
La relación de EEUU con el G-8 se expresa en la Alianza por la Prosperidad, la inversión extranjera directa del primero, así como los préstamos del Banco Mundial a capitales emergentes que planifican construcción de hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, Barillas y Monte Olivo. Asimismo coinciden en la necesidad de depurar las redes de militares de inteligencia que han permitido la captura del Estado por parte del narcotráfico y el crimen organizado.
La línea dura está arrinconada, como sucediera luego del Serranazo y los Acuerdos de Paz, y amenaza esta vez con sacar a luz pública información que señala a miembros de la oligarquía de cometer ilícitos como el contrabando y narcotráfico. Información que habría obtenido luego que se disolviera el Estado Mayor Presidencial (EMP), en el 2003, y decenas de militares fueran trasladados a la SAT y las aduanas. Asimismo tiene condicionado a Pérez Molina por la información que manejan sobre él Byron Lima Oliva y otros, fundamentalmente de casos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Sin duda la pérdida del miedo urbano a causa de la indignación es un factor fundamental en esta crisis, a la cual se han sumado segmentos progresistas y de izquierda que antes no tenían vasos comunicantes entre sí. El movimiento espontáneo no tiene la intención de renunciar a la consigna #RenunciaYa.
A ello se suma que organizaciones indígenas y campesinas, en constante asedio gubernamental y empresarial están planteando una Asamblea Nacional Constituyente. Planteamiento legítimo que se topará con un Congreso de la República que no vela por los intereses populares. En última instancia una propuesta de este tipo solo tendrá asidero si se articulan los movimientos de occidente, norte de Quiché, Verapaces y centro-oriente, en un frente común capaz de influir en el nuevo pacto social.
Por otro lado las relaciones que desde el año pasado el G-8 ha tejido con la alcaldía indígena de Sololá, Chichicastenango, Totonicapán y Palín, se suma a las presiones contra el gobierno. Con su propia razón, las comunidades de esas regiones se sumarían también a la ola de la indignación por el racismo y represión del que han sido objeto.
Todo parece indicar que el movimiento espontáneo urbano, el histórico movimiento indígena y campesino, las autoridades ancestrales, el G-8 y EEUU, cada uno con sus reivindicaciones y por su lado, coinciden en ponerle un hasta aquí al PP, pero difícilmente se unirán para romper el orden institucional.
Finalmente, pero no menos importante, la destitución del binomio presidencial obligaría a una transición que solo será posible con la venia de una parte del Ejército de Guatemala, en donde varios de sus miembros tienen rencillas históricas de poder con Pérez Molina y otros están indignados por las detenciones de oficiales que han criticado la corrupción del mandatario, así como el desfalco y robo de armas de la institución castrense.
No obstante, un ejército que como institución no está dispuesto a dar un golpe de estado ya que históricamente ha servido de instrumento para enriquecer a las cúpulas militares y salvaguardar los intereses oligárquicos, ¿se sumará esta vez a defender las demandas populares?