Los plantones de este viernes por la Alianza Obrero Campesina lograron en pequeña medida su objetivo: generaron un instante de desinformación. Pero lo grotesco del montaje los puso al descubierto. Rostros, demandas, carteles, y afiliaciones son claves para observar con claridad quiénes mueven los hilos detrás de la primera reacción de los grupos que más se han visto afectados por la crisis: los que más rastros de corrupción han dejado en los últimos años.

Por Equipo de Análisis

¿A qué obedece un Viernes Gris?

La presencia de plantones en las salidas de la ciudad de Guatemala fue la primera acción concreta a una amenaza que llevaba varias semanas sonando. Antes y después de su renuncia como vicepresidenta, Roxana Baldetti mencionó que podía juntar a decenas de miles de personas en su apoyo, pero que no lo haría para evitar confrontaciones. Un comunicado de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) de los mismos días dijo que miles de campesinos saldrían con machetes afilados a defender el “orden constitucional”. Y hace unos días el presidente Pérez Molina hizo la misma amenaza.

Este viernes 5 finalmente ocurrió, pero ninguna organización dio la cara: una oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se arrojó la autoría. Y tanto su lenguaje como sus demandas provocaron dudas sobre su legitimidad: ¿por qué nadie tenía información sobre ellos? Además se dio dos días después del asesinato del abogado Francisco Palomo.

Bloquear las arterias de la capital causó el rechazo habitual de una parte de la clase media, que precisamente es el nuevo actor de los plantones en la ciudad capital. Se realizó también un día antes de los plantones que se convocan desde hace 9 semanas cada sábado.

Y buena parte de las demandas de la AOC (contra la minería y contra empresarios defraudadores) es parte de la agenda de las organizaciones que confluyen en la emergente Asamblea Social y Popular, una instancia de coordinación entre organizaciones regionales, comunidades, y movilizaciones estudiantiles y urbanas. La Asamblea está planteando aplazar las elecciones, reformar leyes estratégicas y organizar una Asamblea Nacional Constituyente democrática.

Salir el viernes, colapsar el tráfico vehicular y mencionar algunas demandas de la Asamblea respondía a una estrategia: las clases medias asociarían, en la obtusa mente de los organizadores de la AOC, las demandas sociales con su enojo a estancarse por horas en el tránsito. Eso ayudaría a restarle apoyo a las marchas y a fraccionar el movimiento.

En redes sociales, figuras de la derecha extrema como Giovanni Fratti (cercano a la Fundación contra el Terrorismo y candidato a diputados por VIVA, cuya presidenaciable es la hija de Efraín Ríos Montt, Zury Ríos), aprovecharon para lanzar desinformación sobre los apoyos de las marchas.

Nada de eso ocurrió. Peor aún: despertó fuerte sospecha que ninguna demanda exigía la renuncia de Otto Pérez Molina, algo que no ha hecho falta en cada marcha de estas nueve semanas. Por ningún lado se vio los #NoLeToca en contra del candidato de Lider, Manuel Baldizón, o exigencias de anular las elecciones. Y por si fuera poco, circularon fotografías de patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) ayudando a los bloqueos.

Los voceros de la AOC terminaron por delatar el montaje.

Los 4 voceros

El sábado 6 se realizó la primera conferencia de la AOC. Los cuatro voceros son poco conocidos en la vida pública, pero no están ausentes de ella: entre ellos las relaciones que se repiten son el Ministerio de Salud, Lider, una parte corrupta del movimiento sindical y el Ministerio de Cultura y Deportes.

Uno de los voceros es Jacinto García, secretario de la Unidad Defensora del Pueblo (UDEP), en reiteradas ocasiones señalada por medios de comunicación y partidos políticos de pertenecer al partido LIDER y de impulsar una campaña negra contra la UNE.

Un segundo es Amado Mejía, un ex dirigente del CUC, retirado hace años de la organización y dirigente actual del Frente Campesino Organizado (Freco), de Livingston, Izabal, cercano a la organización Encuentro Campesino de la misma región.

También estaba Nélida Corado, Secretaria General del Sindicato Nacional de Filiales por Gremio del Ministerio de Salud. Corado aparece como delegada de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) en la Mesa de Dialogo y Salud de Guatemala del PNUD.

El presidente y representante legal de la UASP es Nery Barrios de León, viejo dirigente de la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ), que en la década de 1990 contribuyó a fundar la UASP y que aspiraba a ser la máxima representación de los trabajadores del campo y la ciudad. Acusado por los delitos de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero durante el Gobierno de Berger, Barrios estuvo detenido y para lograr su libertad pagó una fianza de Q 1.5 millones, en abril de 2008. Todo en el contexto de la compra anómala de una finca de cinco millones de quetzales con recursos que la Portuaria Quetzal había entregado a un grupo de campesinos por concepto de indemnización. A partir de ese momento, Barrios al igual que la UASP se fueron alineando, con el paso del tiempo, a intereses progubernamentales: PP y ahora Lider.

En las elecciones 2011 el vicepresidente de la UASP, Rubén Salvador Vásquez Mazariegos, se postuló como candidato a diputado por la UCN. Finalmente fue electo diputado por el PP en octubre de 2014 tras el fallecimiento del diputado Amildo Morales.

El único de la AOC que dijo explícitamente su filiación fue Roberto Boteo Ordóñez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Petén, del que no existe ningún registro. Boteo Ordóñez pertenece en verdad al sindicato de trabajadores del Parque Nacional Tikal del Ministerio de Cultura y Deportes (a cargo del militante del Partido Patriota, el futbolista Dwight Pezzarossi), que es parte del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

Organizaciones progubernamentales

El 27 de mayo salió a luz pública un comunicado sellado por organizaciones sindicales y campesinas que han estado ausentes (incluso en contra) en los plantones originados por la consigna #RenunciaYa: Conic, UASP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y su principal filial salubrista (SNTSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua (Sitragua), Unión Nacional Campesina (Unac) y Alianza Campesina (AC). Todas ellas afines al gobierno y en plena recomposición por la transición PP-Lider.

Un sindicalista de la UASP y otro del FNL dijeron en anonimato que estas organizaciones planifican desde hace semanas acciones conjuntas. El sindicalista de la UASP dijo por su parte que el viernes 29 de mayo su dirigente Nery Barrios de León convocó junto a la Conic de Pedro Esquina, el STEG de Joviel Acevedo y el FNL-SNTSG de Luis Lara para salir a manifestar el viernes 5 de junio.

Al final ninguna de estas organizaciones abanderó las manifestaciones y en su lugar la AOC fue formada. Pero que una de las voceras de la AOC sea de la UASP y que sus demandas coincidan con las del comunicado del 27 de mayo, así como las antiguas amenazas de la Conic los hicieron los primeros sospechosos.

La Conic emitió un comunicado afirmando que no estaban tras los plantones del viernes 5. Pero vale recordar las relaciones de afinidad entre Conic y el resto de organizaciones con el gobierno.

En mayo de 2012 la Conic y el STEG crearon junto al gobierno la Mesa Plural para el Desarrollo con el objetivo de secundar la política de gobernabilidad que López Bonilla venía impulsando desde febrero de ese año.

Dos meses más tarde Pérez Molina asistió a la XII Asamblea Nacional de Conic en Quetzaltenango y habló de los beneficios que recibirían durante su mandato a través de los programas Mi Cosecha Segura y Mi Bono Seguro con fertilizante y dinero en efectivo. Asimismo, les otorgó fincas en Alta y Baja Verapaz.

En la segunda semana de julio de 2013 el entonces presidente del Congreso, Pedro Muadi, y el presidente Pérez Molina asistieron a Champerico al XXII aniversario de Conic. Allí anunció que se había reducido en Q.16 millones la deuda agraria de esa organización. Una semana antes la Conic había secundado la iniciativa del PP de reformar la polémica ley de Minería. En febrero de 2014 Pérez Molina anunció el pago del 75% de la deuda agraria de campesinos de la Conic en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz.

Respecto al STEG también se recuerda que junto al FNL presionaron al Congreso para apoyar el presupuesto 2015 de la alianza PP-LIDER. La posición progobierno del STEG ha ocasionado el surgimiento de un movimiento magisterial independiente a Joviel Acevedo Ayala, líder de ese sindicato.

Por su parte, el FNL ha perdido la beligerancia que la caracterizó durante el gobierno de la GANA y la UNE. Luis Lara, dirigente del FNL y representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, participa en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) del gobierno del PP. En enero de 2015 circuló un audio en las redes sociales donde la diputada Emilene Mazariegos habla con Luis Lara para que tome cartas en el asunto sobre el sindicato departamental de Huehuetenango. Lara afirma que el grupo sindical estaba con LIDER y por eso había problemas. En el audio, Mazariegos hace referencia a “la jefa” en varias ocasiones y Lara menciona que habló con ella, supuestamente en referencia a Roxana Baldetti, entonces todavía vicepresidenta.

El dirigente de la Unac es Nicolas Pérez Tot y representa al sector campesino en la Comisión Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), dirigida por Antonio Arenales Forno, representante de este gobierno internacionalmente en varias ocasiones. Asimismo es delegado indígena suplente de las organizaciones indígenas en el Consejo Directivo de FODIGUA. Pérez Tot fue candidato a diputado de Suchitepéquez por la ANN en 2007.

Por último, el coordinador general de Alianza Campesina, Benedicto Coc Chén, fue señalado en 2009 de amenazar con desalojar con seguridad privada a las 90 familias q’eqchi’ que tenían ocupada la finca San Miguel Cotoxja. Coc Chén es fundador de la Alianza Campesina del Norte (ACN). Integró la Mesa Ambiental Q´eqchí que se opuso abiertamente a la exploración petrolera en Alta Verapaz durante el gobierno de Berger. La ACN se posicionó a favor de comunidades q´eqchíes en la Franja Transversal del Norte, pero a partir del 2012, se alineó con el gobierno.

Bendicto Coc tiene relación con César Macías, mejor conocido como César Montes, alto directivo de la Fundación Turcios Lima y ex comandante guerrillero, también señalado por los sucesos en Cotoxjá y por estar vinculado a la disputa por el control de la extracción de jade en Zacapa.

Una cúpula empresarial cuestionada

La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que la CICIG entregue el listado de empresarios vinculados a la defraudación tributaria del Caso La Línea. Destacó el despliegue de una pancarta con fotografías de cuatro reconocidas figuras del espectro empresarial y político, y la exigencia de perseguirlos penalmente por evasores. Ambas, demandas legítimas que se escuchan en los plantones a nivel nacional que se realizan los sábados.

Con los antecedentes mencionados queda la impresión que se trató de una demostración de fuerza: un pulso con la cúpula empresarial, que en las últimas semanas le ha quitado el apoyo al PP y no ha pactado con Lider una estafeta de cambio de mando.

A la izquierda aparece Diego Pulido, Director Corporativo del Grupo BI, Banco Industrial, que reúne a lo más granado del capital industrial y a los principales grupos familiares del llamado G-8, los ocho grupos empresariales más poderosos del país. BI tiene una estrecha relación de capital con el Grupo Medax. Medax es una red hospitalaria a la que pertenece el hospital Las Américas, cuya gerente organizacional era Xiomara Reyes, asesinada el 2 de junio pasado. Medax le arrendaría las instalaciones a Grupo PISA para dar el tratamiento renal que le vendió al IGSS.

Al centro, el presidente de la Cámara de Comercio y el CACIF, Jorge Briz, un empresario que ha tenido una polémica carrera dentro de la patronal y ha sido muy crítico del actual gobierno.

Lo sigue hacia la derecha el todopoderoso Dionisio Gutiérrez, uno de los principales socios del Grupo Multi Inversiones. Gutiérrez fue enfático al pedir la renuncia de Pérez Molina hace dos semanas, no obstante sus estrechos nexos con el mandatario de la República.

Finalmente, a la derecha, aparece Gustavo Alejos, financista de partidos políticos y de la UNE, y ex secretario privado del ex presidente Álvaro Colom. Alejos destaca aún más por ser uno de los principales proveedores de medicinas al gobierno y al IGSS. Lo hace a través de la empresa Conjunto Magno, cuyos principales socios son la familia Cohen, quienes poseen la empresa J.I. Cohen, S.A., que entre 2009 y 2015 suman Q928 millones en contratos con el Estado.

CACIF y la Cámara del Agro sacaron ese mismo día un comunicado para condenar los bloqueos de la AOC. En su inciso 2, considera que los mensajes transmitidos por los manifestantes “son constitutivos de calumnia y difamación”, lo cual parece ser la parte central del mensaje del CACIF, que además de defender a esos poderosos empresarios, identifica detrás de esos grupos una “agenda y los intereses políticos” de los mismos.

Esa agenda y los intereses políticos son los ya señalados: LIDER y PP enfrentado a los principales grupos del G8, incluido Dionisio Gutiérrez por razones de coyuntura; militares de la linea dura preocupados por el caso «La Linea», la extrema derecha medíatica mancillando la legitimidad de la protesta social y de la CICIG y la AOC acompasada con el Gobierno y demandando a la CICIG.

Todos buscando dividir las masivas movilizaciones sociales y desgastar a la CICIG con tal de mantener la transición PP-LIDER. En todo esto, la extrema derecha y las organizaciones progubernamentales parecen estar claramente unidos.

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