Por El Observador

Los municipios de Huehuetenango que integran el territorio de la Franja Transversal del Norte (FTN) a partir de 1970, adquirirán relevancia geoestratégica, por un lado, por su cercanía y enlace directo con la frontera noroccidental con México; por otro, porque fue uno de los bastiones fundamentales de la actividad y organización guerrillera y, por lo tanto, para el Ejército y para el poder económico dominante, que lo convirtió en un corredor estratégico fundamental de contención de la insurgencia así como de control de su base social.

En esa misma década, el proyecto de la carretera de la FTN generará nuevas dinámicas, cuyo tramo final fue planificado para recorrer los municipios de Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. Pero la variedad de sus riquezas naturales y los proyectos de explotación de éstas que se planificarán a partir de entonces, convertirá a ese territorio del norte de Huehuetenango en una zona de grandes intereses.

El histórico abandono estatal de ese territorio, cuya única presencia ha estado fundada en términos militares y de control poblacional, ha acentuado la pobreza extrema en aquellos municipios. Esto permitió posteriormente que se asentara el crimen organizado en sus múltiples formas y que hoy toma concreción en el contrabando, la trata de personas, la migración de indocumentados a Estados Unidos y el narcotráfico, entre otros. Muchas comunidades se encuentran en la actualidad en medio de varias amenazas, sin visos que se resuelvan sus problemas estructurales y más bien con una tendencia a complicarles su futuro.

Es en ese contexto que han surgido recientemente, supuestos grupos armados como las autodenominadas Fuerzas Campesinas Armadas (FAC) , que anuncian acciones de tipo militar que pretenden reivindicar las demandas que en la última década las  comunidades de los Pueblos Maya Chuj y Maya Q ́anjob ́al vienen exigiendo a los gobiernos de turno, sin que hasta la fecha sean escuchadas.

Este tipo de acciones, sean un montaje o no, ponen en riesgo las justas y legítimas demandas de esos Pueblos y sus comunidades, sembrando mayor zozobra y terror a la que ya viven. Se está creando un ambiente propicio para mayor violencia contra las  comunidades que resisten contra los proyectos hidroeléctricos, particularmente los ubicados en San Mateo Ixtatán.

Los intereses detrás de los mega proyectos

A partir de las lógicas descritas, los proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango constituyen un caso paradigmático por los intereses que hay detrás de ellos, y por la abierta oposición comunitaria que han generado, particularmente al norte del departamento. Aquí yacen varios ríos pertenecientes a la Cuenca del Chixoy, accidentes fluviales y afluentes que desembocan en los ríos Ixcán y Xalbal.

Los proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán

Entre los años 2009 y 2011, se  procedió a otorgar a las empresas Generadora del Río, S.A. y Generadora San Mateo, S.A. -creadas en noviembre de 2010- así como a la Generadora San Andrés, S.A. –creada en octubre de 2011-, los permisos, licencias y autorizaciones para la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés, respectivamente, en el territorio de las comunidades de Ixquisis y Pojom.

En ese marco, el proyecto más importante y el único que muestra actividad en ese territorios es un conglomerado de hidroeléctricas, mayores de 5 megavatios, que cuentan con autorización definitiva y en trámite, las cuales se gestan en el municipio de San Mateo  Ixtatán. Se trata de Pojom I, solicitada por Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. (PDHSA) y a cargo de Generadora del Río, S.A.; Pojom II o Proyecto Hidroeléctrico San Mateo, a cargo de Generadora San Mateo, S.A.; y Proyecto Hidroeléctrico San Andrés o Yalhuitz, a cargo de Generadora San Andrés.

El plan es interconectarlas con la Subestación Barillas que está localizada en el vecino municipio de Santa Cruz Barillas y que pertenece a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), cuya línea de transmisión conduce al municipio de San Juan Ixcoy, para así quedar conectadas con el SNI. Previamente a la  interconexión, se construirán tres subestaciones en San Mateo Ixtatán bajo el nombre de Proyecto Innovación Noroccidente, a cargo de la Empresa de Transmisión del Norte, S.A. que forma parte del grupo de empresas que construyen esos proyectos hidroeléctricos.

Ese grupo de empresas tiene financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El grupo de empresas es encabezado por Carlos Eduardo Rodas Marzano, medio hermano del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, asesinado en mayo de 2009 y más conocido precisamente por el caso que lleva su nombre, y en el que también participan los hijos del primero: Andrés y Rodrigo Rodas Godoy.

La esposa de Rodas Marzano es María del Carmen Dora Godoy Arenales de Rodas, sobrina de Antonio Arenales Forno, quien fuera Secretario de la Paz (SEPAZ) durante el pasado gobierno de Pérez Molina y el PP.

El respaldo de grandes capitales

La empresa PDH, S.A. es subsidiaria de Energía y Renovación Holding, S.A. (ERH) , una corporación registrada en Panamá en 2012 y en la que Rodrigo Rodas Godoy ha fungido como Director Financiero. ERH es presidida por Rodrigo Álvarez Sierra, quien también preside la empresa Edificio Aurora, S.A., arrendatario del inmueble donde actualmente se encuentran las oficinas de SEPAZ bajo un contrato 8firmado entre Álvarez Sierra y Arenales Forno, cuando éste era el titular de esa dependencia estatal. El Vicepresidente de ERH es José Guillermo Mata Monteros, hijo de Carlos Enrique Mata Castillo, Presidente de The Central American Bottling Corporation (CBC) y considerado uno de los 12 millonarios más importantes de Centroamérica.

ERH es parte de un conglomerado de empresas registradas en Panamá involucradas en el negocio hidroeléctrico: Energy Services Enteprises, S.A. y Latin America Energy Sources, en las cuales aparece como Vicepresidente Mata Monteros, y como Director y Tesorero Rodrigo Rodas Godoy; este último con intereses hidroeléctricos en Baja Verapaz por medio de Central America Venture Capital, S.A., inscrita en Guatemala y registrada en Panamá.

Hidroeléctricas en Ixquisis, en Barillas y el Caso Rosenberg

Los accionistas de PDH al momento de la creación eran Enrique Bladimiro Castillo Ramos –con el 99% de las acciones-, y Luis Eduardo López Florián –con el restante 1%-. Tanto Castillo Ramos como López Florián crearon decenas de empresas bajo el paraguas de la firma de abogados Rosenberg-Marzano- Marroquín-Pemueller & Asociados, entre ellas la sociedad Landosa  Digital de Guatemala, S.A., fundada en mayo de 2009 en las vísperas del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, con el objetivo de participar en la licitación del Estado para el negocio de emisión de pasaportes.

En la construcción de los proyectos Canbalam I y II está involucrada la subsidiaria de la empresa española Hidralia Energía como ya se dijo antes, que a la vez está involucrada también en los proyectos que se construyen en San Mateo Ixtatán, y que conocida en el país como Hidralia Energía Guatemala, propiedad de la familia española Castro Valdivia, también encargada de la elaboración de los estudios de factibilidad y diseño de los proyectos. Para operar estos dos proyectos fueron constituidas las empresas Hidro Santa Cruz, S.A. e Hidro Santa Cruz II, S.A.

La pista aérea en la aldea Ixquisis

Uno de los actores clave y con fuertes intereses en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, es la empresa ARM Aviación, S.A., que recibe los nombres comerciales Aéreo Ruta Maya y ARMSA. Propietaria de la pista aérea en Ixquisis, ARM Aviación es una importante proveedora de servicios aéreos a instituciones del Estado guatemalteco, principalmente para el MINGOB. Q. 201.8 millones le han sido otorgados en contratos desde 2010 y de ellos, el 98.5% tan sólo en el año 2014, en un caso investigado en el marco de oscuros negocios y publicado en un medio digital que involucra al capitán segundo de aviación retirado, Otto Fernando Gramajo Antonio, de la Promoción Militar 94 del año 197.

En la pista aérea se encuentra la sede de otra empresa aérea: Inversiones 777, S.A. Todas estas empresas tienen como Representante Legal a Richard Steven Callaway Ayau, sobrino del ideólogo neoliberal ya fallecido y fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau Cordón, y a Charles Michael Bickford García.

La constructora Solel Boneh

Solel Boneh International (SBI) es una constructora israelita de carácter corporativo y la principal proveedora de servicios de construcción de carreteras para el gobierno de Guatemala. Entre los proyectos privados realizados está la construcción de varias hidroeléctricas, entre ellas, las de la región de San Mateo Ixtatán.

SBI llegó al país en el marco de la guerra contrainsurgente, en la cual Israel jugaba un papel fundamental en el entrenamiento militar, equipamiento del Ejército, suministro de armas y transporte, desarrollo de tecnología militar, asesoría agrícola y en el desarrollo de un modelo de colonización en la FTN.

En 2006 se supo que SBI fue una de las principales beneficiarias de los millonarios contratos otorgados por el MCIV sin licitar, durante 1997 y 2006, bajo los programas “Caminos Pavimentados para la Paz” y “Caminos de la Oportunidad”. Poco después, la organización Acción Ciudadana dio a conocer que SBI era la principal contratista para proyectos de construcción y reconstrucción del Estado, acaparando el 14% del presupuesto. Además, SBI era una de las cuatro empresas constructoras que habían acaparado más del 40% del presupuesto ejecutado en 2006, destinado para la reconstrucción de los daños ocurridos durante la tormenta Stan en 2005. Sólo SBI concentraba el 34% del total del presupuesto de reconstrucción.

En la última década, entre 2005 y 2015, a SBI se le han adjudicado contratos por un monto de casi Q. 2 mil millones.

Los intereses geopolíticos de Estados Unidos: las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales

Esos proyectos empresariales hidroeléctricos se  entrecruzan con una variedad de negocios ilícitos controlados por redes de crimen organizado tales como la trata de personas, migración de indocumentados, contrabando y narcotráfico. El combate y la desarticulación de éstos implica la intervención no sólo de fuerzas locales sino sobre  todo, del gobierno de Estados Unidos, al final el más interesado en la contención de estos fenómenos que le impactan directamente. Para el efecto, Estados Unidos financia desde el año 2012 la instalación de una especie de muro de contención de esos negocios ilícitos. Con el gobierno de Pérez Molina, la administración de Barack Obama alcanzó un compromiso estratégico con relación a la constitución y puesta en marcha de un conjunto de Fuerzas de Tarea Interinstitucionales para combatirlos en las porosas zonas fronterizas de Guatemala.

Este proceso dio comienzo en el año 2013 con la instauración de la Fuerza de Tarea Tecún Umán y fue el arranque del desafío estadounidense para la contención de esas actividades en el suroccidente de Guatemala, una de las zonas más complejas del país y cuya ruta finaliza en Estados Unidos. En marzo de 2015 se instaló la Fuerza de Tarea Chortí en el departamento de Zacapa para operar en los departamentos de Izabal, Chiquimula y Zacapa, todos con frontera con Honduras.

A finales de 2015 quedó instalada la Fuerza de Tarea Xinca para operar en Jutiapa, departamento que tiene frontera con El Salvador, y se planifica la Fuerza de Tarea Balam en el departamento de Petén para operar en la frontera con Belice. Dos más se planifican para operar en la frontera noroccidental y norte de Guatemala con México, la zona donde la población se encuentra en zozobra y temor por la militarización prevaleciente en el marco de los proyectos hidroeléctricos.

Estas fuerzas de tarea están integradas por miembros del Ejército de Guatemala, agentes de la PNC que pertenecen a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ).

Esos proyectos caben dentro del marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad a ser aplicado en llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), y que es financiado  también por el gobierno de Estados Unidos con el argumento de contener la masiva migración de indocumentados centroamericanos, particularmente niños, sobre la base de un bloque de proyectos de inversión con implicaciones desconocidas hasta ahora.

El Observador Informe Especial Huehuetenango PDF

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