El largo camino a la Justicia: Inicia el juicio contra Altos Oficiales Militares en el Caso Molina Theissen
0El 1 de marzo de 2018, el tan esperado caso Molina Theissen dio inicio. Cinco militares retirados de alto rango enfrentan acusación por delitos contra los deberes de humanidad por la detención, tortura, y violación de Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Theissen, en 1981.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
Las querellantes alegan que la desaparición forzada de Marco Antonio fue un acto de venganza para castigar a la familia Molina Theissen después que Emma, una activista política, lograra escapar de la base militar Manuel Lisandro Barillas en Quetzaltenango, también conocida como la Zona Militar No. 17 (ZM17), donde estaba detenida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado de Guatemala por la desaparición de Marco Antonio en 2004 y ordenó la investigación, persecución y sanción de aquellos responsables. Con la apertura a juicio en la Ciudad de Guatemala, se hace posible para la familia la búsqueda de justicia.
Los militares retirados en juicio son Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército (Acusado también en el caso CREOMPAZ); Manuel Antonio Callejas y Callejas, exdirector de inteligencia del Estado Mayor; Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante de la ZM17 en el tiempo de la comisión de los delitos, el coronel retirado Edilberto Letona Linares; y el mayor retirado Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Los dos últimos fungían como sub comandante y oficial de inteligencia de la ZM17, respectivamente. (Para más información de los acusados, puede ver el informe del caso).
El caso está siendo conocido por el Tribunal “C” de Alto Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitumul, junto a la jueza Eva Marina Recinos Vásquez y Elvis David Hernández Domínguez.
El jueves 1 de marzo, el Tribunal escuchó los argumentos de apertura e incidentes y llamó a los acusados a declarar. Durante el interrogatorio de Gordillo Martínez, el fiscal presentó documentos militares secretos que fueron incautados durante su detención en 2016, argumentando que estos demuestran que Gordillo tenía pleno conocimiento de la detención de Emma en la ZM17.
Argumentos de apertura: Delitos contra los deberes de humanidad, violencia sexual agravada y desaparición forzada
El juicio comenzó con el reconocimiento de las partes procesales, incluyendo la madre de Emma y Marco Antonio, Emma Theissen Álvarez de Molina, quien es querellante dentro del procedimiento. Una vez hecho el reconocimiento de las partes, Doña Emma y sus hijas Ana Lucrecia y María Eugenia, quienes serían llamadas a declarar, abandonaron la sala de audiencias.
Julio Anaya Cardona, abogado defensor de Callejas y Callejas, solicitó que las audiencias fueran realizadas a puerta cerrada, argumentando que, ya que existía acusación de violencia sexual dentro del caso, sería revictimizante que el debate fuera público. El juez Xitumul rechazó la petición, confirmando que sería un juicio oral y público. El abogado entonces, criticó la presencia de medios independientes de comunicación, cuestionando la toma de fotografías del acusado y sus abogados y su publicación en medios sociales. Instó al Tribunal a verificar los pases de prensa y solicitó la expulsión de aquellos medios de comunicación que no fueran “reales”. El juez confirmó que la prensa había sido acreditada formalmente como parte de los límites de acceso a las audiencias.
El Tribunal procedió entonces a escuchar los argumentos de apertura de las partes, comenzando por Erick de León, fiscal del Ministerio Público. De León dijo al Tribunal que el Ministerio Público probaría que los cinco militares retirados en juicio son culpables de los delitos contra los deberes de humanidad y violación sexual agravada contra Emma Molina Theissen; y que Lucas García, Callejas y Callejas y Zaldaña Rojas son culpables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen.
De León indicó que los acusados pertenecían a dos estructuras diferentes del Ejército implicadas en la comisión de delitos en el caso: el Estado Mayor General del Ejército y la Inteligencia Militar, ambas estructuras organizadas bajo el principio de mando. El Jefe del Estado Mayor General del Ejército (Lucas García) dio continuidad a las ordenes existentes de puestos de registro militares para la detención de sospechosos de ser subversivos. Estos puestos de registro liderados por el personal de la ZM17 detuvieron a Emma Molina Theissen, quien tenía consigo documentos pertenecientes al Partido Guatemalteco del Trabajo, el 26 de septiembre de 1981.
De León afirmó que el comandante de la ZM17 (Gordillo) es responsable de la detención de Emma. Gordillo sabía que Emma había sido detenida en la ZM17 por los reportes diarios que el subcomandante (Letona Linares), y a través de los reportes de interrogatorio de Emma que eran realizados y supervisados dentro de la ZM17 por el oficial de inteligencia Zaldaña. Durante el tiempo que Emma permaneció detenida, estaba bajo el control de Zaldaña. Después que Emma escapara, el 5 de octubre de 1981 Zaldaña realiza el reporte para sus oficiales superiores.
La segunda estructura, la Inteligencia Militar, fue activada en el momento de detención de Emma, bajo el control de Zaldaña Rojas, dijo De León. Zaldaña dirigió los interrogatorios de la víctima, usando para ello a oficiales del ejército vestidos de civil. Estos oficiales torturaron y violaron a Emma. Cuando ella escapó, Zaldaña informó a sus superiores sobre los resultados de los interrogatorios realizados durante los nueve días que estuvo bajo su poder. De León dijo que el canal de inteligencia era dirigido por Callejas y Callejas, a quien toda la sociedad guatemalteca temía mucho.
De acuerdo a de León, los acusados violaron las Convenciones de Ginebra y la violencia sexual cometida contra Emma debería ser considerada violencia sexual agravada. Además, añadió que ellos son responsables de la autoría por su involucramiento directo en los crímenes, ya que ellos indujeron y cooperaron en la ejecución.
Alejandro Rodríguez, abogado representante de la querella de Emma Molina Theissen, complementó los argumentos de apertura del fiscal. Rodríguez señaló que Emma es una de las pocas sobrevivientes del sistema clandestino de detención organizado por el Ejército en el contexto de la guerra contrasubversiva.
Rodríguez argumentó que eliminar el enemigo interno era el objetivo principal de la guerra contrasubversiva, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, aplicada en las zonas y bases militares en todo el país. El concepto de enemigo interno incluía, no solo a sospechosos de comunistas, sino a cualquier individuo que fuera crítico del gobierno militar, o que demandase sus derechos básicos. Durante ese tiempo, el Ejército estableció centros de detención clandestinos donde torturaban a sus víctimas para obtener información.
Rodríguez ratificó que la cadena de mando era operativa y parte de la política de la contrainsurgencia; afirmó que presentaría testigos quienes declararán que observaron a Emma ser trasladada dentro del pueblo en vehículos que le pertenecían a la Inteligencia Militar, con la finalidad que ella identificara a otros subversivos. Emma se rehusó a colaborar, dijo Rodríguez, y esto llevó a los oficiales militares a castigarla con tortura y violencia sexual.
La tortura pretendía destruir la personalidad de Emma y forzarla a convertirse en una colaboradora. Estos métodos, los que incluían privación de alimentos, golpes físicos, y otras formas de tortura como shocks eléctricos y violaciones sexuales, son prohibidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Rodríguez indicó que Emma hubiese sido ejecutada extrajudicialmente si no hubiera escapado. En respuesta a eso, Zaldaña Rojas, organizó un operativo para recapturarla que culminó con el allanamiento de la casa de la familia Molina Theissen en la Ciudad de Guatemala al día siguiente, y con la desaparición forzada del hermano de Emma.
Rodríguez explicó que los acusados organizaron lo que el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia (ICTY) ha denominado empresa criminal conjunta (joint criminal enterprise) para reprimir e inhabilitar a los oponentes políticos. En el caso presente, señaló, el jefe del Estado Mayor (Benedicto Lucas García), organizó y dirigió la empresa criminal conjunta en la que cada uno de los co-acusados actuaron con un objetivo común, el de la Doctrina de Seguridad Nacional a través de la estrategia de guerra contrasubversiva. Rodríguez señaló que los acusadores demostrarán, a través de testimonios de ex oficiales de inteligencia, que las políticas contrasubversivas de entrenamiento a oficiales contenían técnicas de tortura y violación sexual. Rodríguez añadió que presentará evidencia que el general Callejas y Callejas viajó a Argentina a solicitar asistencia y entrenamiento militar, lo que resultó en una serie de intercambios entre ambos Ejércitos.
Marco Antonio, estudiante de 14 años, es uno de los aproximados 5,000 niños y niñas que fueron desaparecidos forzadamente durante el conflicto armado interno, dijo, David Sánchez del Cid, abogado querellante representante de Emma Theissen Álvarez de Molina, madre de las víctimas. Él era un niño y no tenía afiliación política y no representaba una amenaza para el Estado, pero porque su familia era conocida opositora política al gobierno militar, Marco Antonio era considerado enemigo interno también. El operativo diseñado para recapturar a Emma Molina Theissen, que resultó en la desaparición forzada de Marco Antonio no podría haber sucedido sin la autorización y aprobación del jefe del Estado Mayor, Benedicto Lucas García. Tampoco hubiera sido realizada sin el rol del Director de Inteligencia Militar, Manuel Callejas y Callejas o sin la información brindada por el oficial de inteligencia Zaldaña Rojas.
El mismo día que Marco Antonio desaparece, su madre, Emma Theissen Álvarez de Molina y otros miembros de la familia presentan recursos de habeas corpus ante la Policía Nacional, buscaron en cárceles, barracas, y bases militares, también se reunieron con generales del Ejército, incluyendo el coronel Gordillo Martínez, tratando de localizarlo. Todos los militares consultados negaron y ocultaron la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen.
La represión policial creciente de 1984 obligó a Doña Emma a exiliarse junto a su esposo y una de sus hijas. Desde el exilio, ella continuó su búsqueda de justicia, incluyendo el exitoso caso de 2004 frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Para más información visite nuestro resumen del caso.)
La Procuraduría General de la Nación (PGN) organismo separado del Ministerio Público de Guatemala, está encargado de participar en el caso como tercero interesado. En el juicio el representante de la PGN afirmó que Guatemala ha cumplido las recomendaciones de la CIDH del 2004, incluyendo la reparación pecuniaria a la familia Molina Theissen. El juicio pondrá a prueba la controversial demanda.
Argumentos de apertura de la Defensa
Los abogados de la defensa de los acusados presentaron sus argumentos de apertura. Cada uno rechazó los cargos presentados por el Ministerio Público, algunos incluso cuestionaron su imparcialidad. El abogado defensor de Gordillo Martínez, Alejandro Arriaza, comenzó diciendo que siempre existen víctimas en un conflicto armado, y cuestionó que el Ministerio Público presentara los hechos parcialmente, limitado al testimonio de las víctimas. Aseguró que el procedimiento estaba viciado y que era el resultado de las instrucciones dadas por la fiscal general Claudia Paz y Paz (2010-2014).
El abogado defensor de Letona Linares dijo que su cliente no tenía conocimiento de los eventos que se ventilaban en el juicio. Acusó a Emma Molina Theissen de cometer actos criminales, los cuales, dijo, cuestionan la credibilidad de su testimonio. Él dijo que no existen registros médicos que sustenten los alegatos de tortura y violencia sexual de la víctima, basándose solo en su testimonio.
Julio Anaya, abogado defensor de Callejas y Callejas aseguró que su cliente no tenía autoridad dentro de la cadena de mando y era solo asesor. Acusó al Ministerio Público de fabricar la acusación manipulando la ley.
Benedicto Lucas García, está representado por su hijo, Jorge Lucas Cerna. Éste comenzó diciendo que en la Doctrina de Seguridad Nacional no existe el término de “enemigo interno” usado solo en las teorías socialistas, y que el año 1981 en Guatemala nunca fue usado. Él también aseguró que no existe ni un solo documento militar o plan operativo que tenga la firma de su representado. Lucas Cerna dijo que el Ministerio Público malinterpreta la cadena de mando, y que el Jefe del Estado Mayor no daba órdenes, sino, transmitía las órdenes del Ministro de Defensa. Lucas Cerna advirtió que los acusadores usan la figura de la empresa criminal conjunta solamente para confundir.
Incidentes
Una vez los argumentos de apertura fueron realizados, el Juez Xitumul preguntó si las partes tenían alegatos sobre los aspectos procedimentales. El abogado defensor de Gordillo Martínez, Alejandro Arriaza, solicitó que su defendido participara en el juicio vía videoconferencia debido a su edad y estado de salud. Arriaza dijo al Tribunal que su cliente estaba lastimado por las esposas que está obligado a llevar cuando es trasladado a la sala de audiencias. Gordillo levantó las manos mostrando un vendaje ensangrentado en una de sus muñecas.
El juez Xitumul rechazó la petición, pero ordenó examen médico para los cinco acusados, y así determinar su estado de salud y poder tomar decisiones informadas en el futuro. Arriaza entonces comenzó a interrumpir, obligando al juez Xitumul en dos ocasiones a ordenarle que cesara sus irrupciones en el proceso y respetase las decisiones del Tribunal.
Los primeros acusados son llamados ante el Tribunal
Después de la pausa de una hora para el almuerzo, el Tribunal llamó a los acusados a testificar. Hugo Zaldaña Rojas se declaró no culpable y se rehusó a testificar o a ser interrogado por los acusadores.
Gordillo Martínez dio una declaración breve en la que también se declaró no culpable y negó tener conocimiento de los hechos. “El caso no existía, yo no tuve conocimiento de ello, ni recibí órdenes superiores, ni di órdenes de esa naturaleza, ni dejé que cosas como esa sucedieran” dijo. “Tengo poco por decir. Soy inocente. No tuve conocimiento de esos eventos. No recibí órdenes superiores, ni di órdenes, ni toleré actos como esos; por el contrario, nuestra conducta fue siempre de defensa a la población y servicio a la comunidad”.
Gordillo continuó diciendo que su nombre “ha sido manchado internacionalmente como un violador de los derechos humanos, como una persona peligrosa, y he sufrido daño moral y económico. La vida de mi familia ha sido alterada, mi familia sufre mucho estrés”.
Después comenzó a atacar a las organizaciones internacionales, incluyendo a Open Society Foundations, Fundación Ford, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Afirmó que tales entidades estaban manipulando a la familia Theissen, financiando el caso, y aprovechándose del proceso. CEJIL representó a la familia Molina Theissen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (International Justice Monitor es parte de un proyecto de Open Society Justice Iniciative, que es parte de Open Society Foundations).
“Ya hemos sido condenados” continuó Gordillo, “El juicio está preparado, la sentencia es prefabricada, porque la gente que dirige estos juicios está interesada en condenarnos, -el objetivo es el Ejército- porque esto les trae más dinero” Concluyó insistiendo en su inocencia.
Antes de permitir que el fiscal interrogara al acusado, el juez Xitumul respondió a la afirmación de Gordillo que cuestionaba la imparcialidad del Tribunal, diciendo enfáticamente que los jueces del Tribunal son imparciales y, que es su deber, juzgar objetivamente, basados en la evidencia y en la ley. También le aseguró que el Tribunal no había recibido presiones externas de ningún tipo, y que si eso sucediera, él lo denunciará.
El fiscal Erick de León procedió a interrogar a Gordillo, quien se negó a responder a las preguntas.
El juez Xitumul entonces pidió a la acusación que procediera con las preguntas. De León presentó un documento militar identificado como “secreto”, parte de varios de los documentos incautados en la casa de Gordillo durante su detención en enero de 2016. Gordillo dijo que estaba cansado, que – “su cabeza no podía soportar más de eso”- y no quiso responder a las preguntas. Sin embargo, el Tribunal le hizo saber que ya que había aceptado dar su declaración, debía someterse al interrogatorio, instruyendo al fiscal y querellantes a hacer las preguntas correspondientes.
El fiscal continuó preguntando sobre el documento, un reporte enviado directamente a Gordillo como comandante de la ZM17. Describe la visita del Jefe del Estado Mayor Presidencial a la instalación militar, pidiendo que se creara un área específica en la que realizar los interrogatorios a los sospechosos de ser subversivos. Gordillo dijo que no tenía conocimiento de tal documento ni de la razón de que ese y otros documentos fueran encontrados en su residencia.
Alejandro Rodríguez, representante de Emma Molina Theissen, pidió al acusado revisar otro documento, también incautado en la detención del acusado, con fecha 28 de septiembre 1981; dos días después de de la detención de Emma Molina Theissen. El documento, un reporte dirigido a Gordillo, registra el arresto de María Margarita Chapetón, nombre que figuraba en el documento de identidad que Emma Molina Theissen portaba cuando fue detenida, identificándola como parte del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Esto, de acuerdo a la acusación, establece que Gordillo tenía total conocimiento de la detención de Emma Molina Theissen. Gordillo se opuso a responder a las preguntas, pero negó conocer el documento referido.
El Tribunal pospuso la audiencia alrededor de las 4:00 p.m. y la reanudación de la misma para el lunes 5 de marzo a las 8:00 a.m. Debido a la celebración de otro juicio en el mismo Tribunal, el caso Molina Theissen será programado solo los primeros dos o tres días de la semana laboral. Se espera que el mismo continúe hasta finales del mes de abril.
___
Jo-Marie Burt, es profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason. Es también asesora principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) Paulo Estrada es activista por los derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante en el caso Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
