El Caso Molina Theissen está listo para ir a Juicio
0La fase final de las audiencias preliminares del caso Molina Theissen concluyó la semana pasada, abriendo el camino para llevar a juicio a cinco militares retirados imputados de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen de 14 años de edad, así como la detención ilegal, tortura y violación de su hermana Emma. Después de varios retrasos procesales, el juez contralor del caso, Víctor Herrera Ríos, finalizó la revisión de prueba presentadas por acusación y defensa el 25 de junio.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada*
Fuente: Verdad y Justicia en Guatemala
Los cinco oficiales militares, todos retirados, dos de ellos con altas condecoraciones se habían considerado intocables: Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y Manuel Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia y presunto lider de una estructura conocida como “La Cofradía” que sería un sindicato de crimen organizado. Los otros tres oficiales son Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la Zona Militar No. 17 de Quetzaltenango cuando Emma fue detenida en 1981; Edilberto Letona Linares, segundo comandante de la Zona Militar No. 17 en ese momento; y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, ex oficial de inteligencia “S2” del Estado Mayor.
El juez Herrera Ríos determinó que existía suficiente evidencia para abrir a juicio oral el pasado marzo. La fase intermedia del proceso, en la que el juez contralor evalua la evidencia presentada y verifica su admisibilidad, sufrió varios retresasos. Los retrasos en parte fueron causados en parte por la mora procesal del juzgado, y por la serie de recursos interpuestos por la defensa.
Hasta la audiencia de marzo 2017, se requirió la presencia de los imputados en el juzgado para las audiencias. En esa audiencia, sin embargo, los imputados fueron autorizados a comparecer vía videoconferencia desde el Hospital Militar de la Ciudad de Guatemala. Un juez estuvo presente en dicho hospital en el desarrollo de la misma.
Fuente: Verdad y Justicia en Guatemala
Análisis de la Audiencia
Una parte significativa de la audiencia estuvo enfocada en los argumentos que presentaba la defensa para rechazar como querellante adhesivo a Emma Theissen Álvarez de Molina, madre de las víctimas, dentro del proceso. Según los abogados defensores, el juez no consignó el nombre completo de la señora Theissen Álvarez cuando la admitió como querellante el 2 de mayo de 2017, constituyendo un defecto procesal. El juez estableció que la señora Theissen Álvarez ya había sido admitida como parte procesal y resolvió sin merito la solicitud.
Con el propósito de sacar a la señora Theissen Álvarez del proceso, los abogados defensores presentaron protesta formal, alegando que el juzgado incumplió con el plazo procesal de ley para enmendar el error de pronunciar mal el nombre de la querellante. El juez resolvió tal extremo como irrelevante, ya que los derechos de las víctimas no pueden ser revocados por tales formalismos.
El juez Herrera Ríos resolvió también admitir todas las pruebas propuestas por la acusación y la defensa, incluyendo el testimonio de testigos, documentos oficiales y peritajes. También admitió la sentencia de 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Molina Theissen, así como la resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, como pruebas propuestas por la Procuraduría General de la República (PGN). Según el representante de la PGN, el Estado de Guatemala ha cumplido a cabalidad con lo establecido en la sentencia. (La PGN, que actúa como representante de los intereses del Estado de Guatemala, es una institución distinta y separada del Ministerio Público. Los imputados solicitaron su intervención para asegurar que el Estado fuera parte procesal del caso, y ambos, imputados y Estado pudieran responder como responsables).
Cuando el juez terminó de dictar su resolución, los abogados defensores presentaron recurso contra la misma, alegando que las pruebas presentadas no se relacionaban con el caso sino con su contexto, y de allí resultaban irrelevantes. También alegaron que las pruebas habían sido obtenidas ilegalmente, y por lo tanto eran inadmisibles. Igualmente objetaron la admisión de los peritos alegando falta de idoneidad y experiencia.
La defensa argumentó que desde que Claudia Paz y Paz fuera Fiscal General, el Ministerio Público estaba políticamente viciado. Alejandro Arriaza, abogado defensor de Francisco Luis Gordillo Martínez, fue más directo al decir que tales procesos estaban destinados a “eliminar a los militares a toda costa” y que el Ministerio Público estaba “actuando de mala fe”.
El abogado Lucas Cerna, quien representa a su padre, el ex Jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García, también cuestionó la idoniedad de los peritos. Cerna se quejó de que la gente de la sala estaba haciendo demasiado ruido y pidió que los observadores fueran sacados del juzgado. El juez pidió al público permanecer en silencio y mantener el orden, pero no consideró apropiado sacar al público del juzgado. Cerna exortó al juez Herrera Ríos para que no se dejase influenciar por individuos “ajenos al actual proceso”.
El Fiscal Erick de León solicitó autorización para dar respuesta a las acusaciones hechas contra la Fiscalía por los abogados defensores. De León dijo que se encontraban sustentando un proceso penal y se opuso al argumento de que el proceso tuviera una naturaleza política. También afirmó que la defensa nunca presentó evidencias de que las pruebas fueran ilegalmente obtenidas por la Fiscalía.
El juez Herrera Ríos rechazó el recurso de revocatoria señalando que no había bases para rechazar a los peritos ni los medios probatorios propuestos por el Ministerio Público. El valor probatorio será debatido en juicio, señaló.
De León expreso su satisfacción de que todas las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran admitidas por el juez dentro del caso. El Tribunal de Alto Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul conocerá el caso y estará a cargo de definir la fecha de apertura a juicio.
De León señaló la probabilidad que los abogados defensores interpongan más recursos procesales que podrían retrasar el inicio del juicio.
* Jo-Marie Burt, politóloga es profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA. Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante del caso del Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el Monitor de Justicia International (IJM) y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
