Por Equipo de Análisis

Fuente: Flor Calderón

Lemus Orellana es parte del Consejo del Ministerio Público por cuarta vez en toda su carrera. En esos mismos años, el abogado tejió  vínculos con una sección de militares retirados y un sector bastante fuerte dentro de la Cámara de Industria y de la retrógrada Cámara del Agro: los azucareros.

Pero sus relaciones no siempre estuvieron por esos rumbos. Su vida académica resalta en su CV. Durante 25 años se ha desempeñado como docente en la Universidad de San Carlos y hasta hace poco era jefe de la División de Desarrollo Académico de dicha casa de estudios.

Los inicios de Lemus Orellana

En sus inicios como abogado estuvo vinculado a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), donde apoyó con varios casos. También lo hizo a través de su bufete, “Lemus Orellana & Asociados”.

En su bufete llevó casos de alto impacto, muchos relacionados a violaciones a los derechos humanos: el asesinato de Moisés Cisneros Rodríguez, un religioso marista, de origen español, ejecutado en 1991. Cisneros realizaba trabajo en Quiché y en poblaciones marginales. También llevó el caso de la monja estadounidense Diana Ortiz, secuestrada y torturada en 1989.

Importante también, llevó en litigio el proceso judicial que se llevó por el asesinato del estudiante Mario Alioto, asesinado en 1994. En el proceso se logró vincular en condena al ex subdirector de la Quinta Estación de la Policía Nacional (PN), al ministro y viceministro de Gobernación de entonces, y al ex director de la PN. Pero eso fue en la década de los noventa, y si ahora el sistema de justicia muestra graves falencias, en ese momento este problema era más agudo aún: el fallo fue revocado días después.

Por esos años Lemus Orellana comentó lo siguiente sobre los juicios a militares: «El tigre está herido. Y va a generar mucha violencia».

Para esta época se encuentra también una curiosa acción de inconstitucionalidad (expediente 537-93) presentada por Lemus Orellana junto a la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz, sobre un artículo del Código de Trabajo. Su primera labor como parte del Consejo del Ministerio Público, al llegar junto con el Fiscal General de entonces, Ramsés Cuesta Gómez (1994-1996), elegido por Ramiro de León Carpio.

Fuente: Corte de Constitucionalidad

El giro hacia militares y azucareros

Estas relaciones comenzaron a modificarse mientras la década de los noventa cruzaba su punto medio. A partir de ese momentos las relaciones con miliares y empresarios se acrecientan. Para 1996 se vuelve representante legal de la empresa Safari Seguridad. El gerente de Safari era el militar retirado teniente Sergio Barbales. Barbales fue miembro de la Gremial de Empresas de Seguridad y en 2007 fue su vicepresidente. Dicha Gremial fue fundada en 1989, está adscrita a la Cámara de Industria y cuenta entre sus filas a militares dueños de empresas de seguridad y armerías, como el General Edgar Alfredo Trujillo (Corporación Privada de Seguridad), el Mayor Atila Santizo (Servisa), el capitán Oswald Aguirre (SOV) y el referido Barbales.

De manera breve, basta resaltar que las empresas de seguridad tuvieron un boom luego de la Firma de la Paz, al privatizar muchos de los servicios de inteligencia, seguridad, y dotación de armas que ejercían para un Estado militarizado como lo era, mucho más que ahora, el guatemalteco hace 20 años. Desde entonces, como consta en investigaciones especializadas, han sabido jugar un rol importante en mantener una demanda creciente de servicios de seguridad y se han opuesto constantemente a una mayor regulación estatal a la venta de armas y a los servicios que sus empresas ofrecen.

Safari Seguridad le ofrecen servicios a varios ingenios de la Costa Sur. De allí que comienza la relación de Lemus Orellana con este fuerte sector de la economía. El principal dueño de Safari Seguridad es el empresario pro-militar Minondo Ayau. La dirección física de Safari queda en el Ingenio Pantaleón, de la familia Herrera, de quienes Ayau es descendiente.

Después lo vemos como mandatario legal del Ingenio Magdalena, S.A., de la familia Leal, y del Banco Inmobiliario. Ese desvío es coronado en el 2009, cuando se vuelve el representante legal de la poderosa Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

El deseo por estar en el MP

Es por estos años también que retoma su interés por formar parte del Consejo del Ministerio Público. En el 2006 se lanza para Fiscal General, es escogido por la Comisión de Postulación liderada por la ex magistrada perseguida Beatriz de León Barreda, y por el ex decano de Derecho-Usac Bonerge Mejía para formar la lista de 6 candidatos. Finalmente el Congreso lo elige junto a José Velásquez Zárate y Sergio Lima Morales para formar parte del Consejo del Ministerio Público.

Esto lo lleva a postularse en el 2009 para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero sus apoyos no llegan a esos niveles. La respectiva comisión postuladora le otorga la nota de 60 sobre 100. Casi 80 candidatos lograron una mejor puntuación que él, y para las votaciones finales se le dejó fuera de la lista de los 26 candidatos finales que se envió al Congreso.

Para la siguiente convocatoria a Fiscal General, a inicios del 2010, Lemus Orellana vuelve a ingresar papelería. Y nuevamente es elegido para formar parte de la lista de seis candidatos. En esa ocasión ya es posible saber quiénes fueron los comisionados que lo apoyaron (hasta el 2009, todos los votos eran secretos).

Fuente: Organismo Judicial

De la votación resalta el apoyo que obtuvo, pese a su calificación de 50 sobre 100, de parte de la Universidad de San Pablo, la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad Rafael Landivar, la Universidad del Istmo, fuertemente ligados al CACIF, y del Tribunal de Honor (Artemio Tánchez) y del Presidente del CANG (Óscar Cruz Oliva), que llegaron a ese puesto luego de triunfar en el CANG con la agrupación Justicia por el Cambio, relacionada con el empresario de tenis Roberto López Villatoro.

Luego de la anulación de la elección por parte de la CC, Lemus Orellana volvió a buscar ser elegido para la convocatoria de fines de ese mismo 2010. Nuevamente fue elegido con los mismos apoyos. Finalmente a fines del 2012 fue elegido por el Congreso como miembro del Consejo del Ministerio Público, puesto que ocupa en la actualidad.

Las preguntas sobre la participación de Lemus Orellana en un ente público de importancia como el Consejo del MP, mientras está rodeado de todos estos intereses gremiales, hace preguntarse cuál será su papel en el juicio en contra de la mega empresa Aceros de Guatemala.

Lea más

¿La “Línea 2” al destape? CICIG y MP asestan golpe a grandes empresarios