Difamaciones a la Resistencia pacífica de El Escobal para justificar posible Estado de Excepción

Alrededor de las  10:00 pm del día 15 de abril,  fueron liberados de la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón”,  26 personas detenidas ilegalmente  el día 12 de abril de 2013,  en el  plantón pacífico  situado frente al proyecto minero “El Escobal”, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Barberena, Santa Rosa decretó su libertad por falta de mérito, lo que confirma la actuación ilegal de la Policía Nacional Civil.

 

DE ÚLTIMO MINUTO

El 15 de abril tras haber sido puestos en libertad los 26 detenidos, iban de regreso a sus hogares cuando pudieron observar que sobre  la carretera se encontraba un tráiler en llamas que se dirigía hacia la mina San Rafael.
Un radio-noticiero y un periódico de tiraje nacional han pretendido responsabilizar de la quema, a los y las vecinas que están en manifestación pacífica legal, sin tener pruebas de ello, es más, el camión apareció quemado la noche del 15 de abril y no el 16 de abril como muestran los medios corporativos en la edición de hoy 17 de abril, manipulando la opinión pública y generando señalamientos hacia la población en resistencia pacífica y legal. En uno de los  medios impresos de mayor circulación en el país, se aseguró que una turba bloqueó durante el día 16 de abril el paso del tráiler.
Una radio local, Radio Rosa, declaró la  presencia de un  grupo de gente en pick up blanco que estaba proporcionando armas de fuego a la población en resistencia.
La resistencia pacífica de San Rafael las Flores, desmiente ambos señalamientos y advierte que dichas difamaciones «las identificamos plenamente como parte de un campaña mediática que pretende desvirtuar su lucha en defensa de la vida».

ANTECEDENTES DE LA RESISTENCIA PACÍFICA

El día de ayer se denunció la presencia de un contingente de elementos de la PNC y del Ejército de Guatemala, fuertemente armados protegiendo una vez más los intereses de empresa que está destruyendo el patrimonio nacional.

La resistencia pacífica, en San Rafael Las Flores inicia en el año 2008 cuando aparecen personas que se muestran interesadas en la compra de ciertas tierras, sin aportar ninguna información sobre cuál será el uso que se le dará a esos terrenos, ante la amenaza de que se trata de un proyecto minero, la población busca información y asesoría para entender la dimensión de los impactos al ambiente y a la vida que produce la extracción de minerales metálicos.

Los vecinos organizados y apoyados por  organizaciones que defienden la vida y el ambiente, logran evidenciar a través de observaciones hechas por expertos al Estudio de Impacto Ambiental, del Proyecto Minero “El Escobal”, una serie de irregularidades que ocultando los verdaderos impactos a la vida, la cultura y el ambiente del Municipio de San Rafael Las Flores.
Ante esta situación de amenaza, los vecinos inician una resistencia legal y pacífica, utilizando los recursos de oposición legales para evitar que se instale este proyecto minero, sin embargo las instituciones del Estado se subordinan a la empresa minera Tahoe Resources,  subsidiaria de Gold Corp.
Mediante mecanimos como engaños y la compra de autoridades corruptas, dicha empresa, inicia sus actividades y con ella sus ofrecimientos, como pintar escuelas. Además publica un periódico a favor de la minería, ofreciendo empleos y desarrollo, y también colocando obstáculos a procesos legales y al desarrollo de una consulta comunitaria de buena fe, que vecinas y vecinos pretendían realizar.
La minera con apoyo de un ejército de abogados boicotea la consulta deslegitimando al comité de vecinos y vecinas por la Defensa de la Vida y la Paz, amenazando e interponiendo denuncias falsas en contra de los representantes del comité, incluso, interponiendo amparos en contra de la consulta, buscando restringir un derecho constitucional como éste.
El mismo alcalde del Municipio, Leonel Morales, manifiesta públicamente que el Presidente le dijó que no hiciera la consulta, (video subido a You toube con la declaración del alcalde) finalmente el Ministerio de Energia y Minas,  rechaza más de 200 oposiciones interpuestas por vecinos el día 8 de Abril, casualmente el mismo día en que proclama el otorgamiento de la licencia de explotación al Proyecto “El Escobal”.
Ante este atropello la población manifiesta su oposición a la concesión de explotación minera de la Mina, y establecen un plantón de resistencia y protesta permanente en un terreno privado aledaño al proyecto minero.
La protesta, se centra en que esta concesión otorgada por el gobierno, niega derechos consagrados en la Constitución, el Código municipal, Convenios internacionales, y otros mecanismos legales, pero sobre todo la voluntad soberana del pueblo y la autonomía municipal.
El Plantón se constituye en un acto de protesta legal, amparado en el Derecho Constitucional a la resistencia pacífica, la manifestación y la libre expresión, actúa, por tanto, bajo el marco legal  de respeto al Estado Derecho.  Al ubicarse en un predio privado y cumpliendo con el requisito de notificación previa al Ministerio de Gobernación, es una expresión de manifestación pacífica.
Por tanto la actuación de la PNC al ingresar violentamente a una propiedad privada sin orden de juez competente, causando los destrozos y agrediendo físicamente a los y las vecinas que en el ejercicio de sus derechos resistían pacíficamente, está totalmente  al margen de la ley.
La detención y posterior liberación de los 26 manifestantes supone la complicidad  y utilización del sistema judicial como un mecanismo de criminalización y judicialización en contra de líderes y lideresas comunitarias que defienden la vida y su territorio, así como los derechos de las futuras generaciones.
Dicho mecanismo es una práctica utilizada por este gobierno como forma de resolver los conflictos a favor de las empresas, no sólo en San Rafael las Flores, sino en la resistencia pacífica de la Puya San José del Golfo, Santa Cruz Barillas y otras partes del país en donde hay intereses mineros e hidroeléctricos.