Del Estado corporativo criminal a la Democracia radical, plural y comunitaria

Gobiernan la criminalidad, la violencia, la corrupción, la hipocresía, el autoritarismo, la búsqueda del dinero fácil y rápido… al tiempo que se agudiza la fragmentación social y política y se reduce el ejercicio de derechos: desde el 26 de febrero, cinco dirigentes comunitarios de Huehuetenango han sido encarcelados, mientras continúan vigentes otros procesos y órdenes de captura, y se opera la eliminación física de líderes.

Por Andrés Cabanas (Memorial de Guatemala)

Hacia dónde vamos

Prácticamente todos los actores de poder (políticos y económicos, nacionales e internacionales) normalizan y vuelven cotidianas la insolidaridad, el individualismo, la mercantilización, el consumismo, el yo empresarial sobre la comunidad social, la restricción y persecución de derechos, el enriquecimiento (desarrollo) cueste lo que cueste… Al igual que la constante burla de la ley: desconocimiento del derecho de consulta, evasión de impuestos, incumplimiento de Acuerdos de Paz…

En este marco, la corrupción es norma y no excepción. Es alimentada por el desprecio de los intereses colectivos. Se fortalece cuando la ley, los derechos, incluso la Constitución de la República, son apenas indicadores y referentes: si me sirven los utilizo, si no me sirven no.

No se trata de minimizar el impacto de la captura de una poderosísima y emblemática red criminal (el pasado 16 de abril) sino de contextualizarla en el marco de un Estado y un poder construidos para la acumulación y el despojo, a partir de redes criminales y formales.

En qué momento estamos: Estado corporativo criminal

El contexto actual anula la Constitución y el modelo político de 1985 (formalmente garantista, promotor de derechos, separación de poderes y el cumplimiento de la ley). Implica, además, el punto y final de los Acuerdos de Paz de 1996 que, en su espíritu, diseñaron una sociedad con derechos y consensos: un pacto social para el fin del conflicto armado, aun bajo los límites de hierro del modelo neoliberal.

El Estado guatemalteco se organiza, constitucionalmente, para “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Sus deberes incluyen “garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Esta propuesta mínima, este punto de partida, ha sido sustituida por la concentración del poder en el Presidente del gobierno, la persecución y eliminación de derechos y sus defensores, la lex mercatoria (leyes e instituciones a favor de las empresas), el poder ilimitado de actores fuera del escrutinio público.

El Estado guatemalteco, con bajísimos niveles de recaudación tributaria, incumplimiento de obligaciones sociales, dirigido bajo la lógica de la corrupción, no es un Estado fallido, sino un Estado construido para favorecer la acumulación individual de riqueza. Por ello da cobijo a «estructuras paralelas que se anclan en el quehacer político y económico para generar lucro personal y garantizar que el Estado sea un ente ficticio por la incapacidad financiera y real de ejercer su trabajo en función del bien común» (Convergencia por los Derechos Humanos, 16 de abril).

Es un Estado Corporativo o Corporación Nación, en palabras del sociólogo Gustavo Castro, o Estado Corporativo Criminal, definición que propongo desde este texto. Este modelo de Estado articula intereses de grupos oligárquicos, ejército, grupos emergentes y criminales.

Para este Estado, la democracia, y con ello ideales de consenso, participación y libertad, deja de ser valor principal o absoluto. Leyes, procedimientos y/o prácticas se supeditan a la regla de oro, la generación de condiciones para el desarrollo de la inversión de las empresas, sin importar los medios que se utilicen: corrupción, violencia, incumplimiento de leyes, control absoluto del poder.

Hacia dónde vamos: escenario de reconfiguración del modelo de dominación

La captura de una red de defraudación aduanera que involucra empresarios, periodistas, funcionarios públicos, exmilitares, constituye un hecho trascendental [i]: por la dimensión política de los capturados (y por tanto, de los poderes afectados) y porque permite visibilizar y poner en cuestionamiento el actual modelo de organización y modelo de Estado, es decir, un Estado configurado ex profeso para la riqueza fácil e ilícita.

Con el ingreso en prisión de 16 personas (otras seis quedan ligados a proceso, además de órdenes de captura pendientes, entre ellas la del Secretario Privado de la Vicepresidenta), se tambalea el mito de los gobernantes honestos, reconstructores de la institucionalidad, de los políticos y empresarios que promueven el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Se abren debates y escenarios de profunda reflexión y necesaria transformación raizal del sistema actual.

La captura se produce, además, en el marco de una crisis estructural, que incluye disputas internas, ascenso y reacomodo de nuevos actores de poder, resistencias comunitarias y populares, pérdida de credibilidad y confianza en el modelo de representación y organización.

No obstante, las posibilidades de una conducción democrática-popular de la coyuntura y crisis actual, están por construirse. En el río revuelto de la corrupción, captura y caída de determinados operadores, pretenden beneficiarse otros sectores, con el único fin de ocupar los espacios (forzosamente) abandonados. Para estos sectores, las capturas son una posibilidad para el ascenso al poder político de nuevos actores, o el mejor posicionamiento de actores tradicionales (por ejemplo, el gremio empresarial articulado en el Cacif). Complementariamente, la crisis puede reconducirse parcialmente (amortiguamiento) sin cambiar ninguna de las bases del poder tradicional.

En el marco de cambios de forma y no de orientación, algunos escenarios futuros (complementarios y cruzados) pueden gravitar alrededor de:

Reformas parciales de instituciones y leyes. Para enfrentar la disputa de poderes y la crisis estructural, se proponen reformas de carácter limitado y escaso impacto: al sistema electoral y al sistema de justicia.

Rompimiento institucional, con una o varias de estas variantes: golpe, autogolpe, destitución del actual gobierno, suspensión del proceso electoral, disolución del Congreso y conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, conformación de un gobierno de salvación nacional (¿liderado por el Ejército, la Corte de Constitucionalidad, la PDH?). Son posiciones sostenidas, entre otros, por el programa Hablemos Claro de Mario David García, en Emisoras Unidas, el columnista Pedro Trujillo en Prensa Libre, y Ricardo Méndez Ruiz (golpe después de las elecciones). Implican mayor autoritarismo y dictadura de facto.

Refundación del Estado desde grupos conservadores. Es una propuesta en ascenso en el actual proceso electoral, operativizada a través de la constitución de un frente de convergencia nacional. El alcance y los contenidos de la refundación no están definidos, pues se pretende responder a intereses de sectores económicos tradicionales y emergentes, al tiempo que se proponen medidas parciales para contener el descontento social (incremento de regalías a empresas mineras, reconocimiento constitucional de la multiculturalidad del país…). Se podría desarrollar a través de una Asamblea Constituyente. Defendida entre otros por Roberto Alejos y Alfonso Portillo.

Reforma constitucional y de leyes con carácter autoritario. La crisis es aprovechada para fortalecer un proyecto ultraconservador, que propugna eliminar garantías constitucionales y pulverizar el ejercicio de derechos. Esta visión cuestiona la preeminencia del derecho internacional sobre el interno en materia de derechos humanos; promueve la privatización o usufructo del subsuelo; combate la inscripción de comunidades indígenas (prevista en el Código Municipal); aboga por un esquema de Ciudades Modelo con gobiernos empresariales propios (es decir, un brutal reordenamiento territorial y político en función de la actividad empresarial); generaliza incentivos y exenciones para las empresas; institucionaliza la participación del ejército en tareas de seguridad interna; reduce el papel del Estado: de espacio para la búsqueda de consensos y definición de políticas públicas a garante de inversiones. Es el proyecto histórico de ProReforma.

En todos estos escenarios, las líneas de continuidad y las coincidencias son abrumadoras, y se expresan sobre todo en:

Redefinición de la alianza oligarquía-ejército-transnacionales (sectores de…), para el control del poder político en el próximo periodo. En este sentido, el anticipado fin del proyecto del Partido Patriota no implica la ruptura de esta alianza, que incluye sectores de la economía criminal.

Nuevas capturas por corrupción y otros ilícitos, de carácter tan ejemplarizante como limitado.

Continuidad de la persecución a los movimientos sociales y comunidades en resistencia.

Aprobación de leyes que garanticen estratégicamente la expansión del capital: ley de inversión y empleo, ampliación de la ley de salarios diferenciados, trabajo y contratos por horas, normativas derivadas de las obligaciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio.

Violencia como condición sine qua non: para la reproducción del capital tradicional y criminal; como mecanismo para resolver disputas de poder; como continuidad de la visión que considera la política continuación de la guerra por otros medios, matriz ideológica de los militares hoy en el poder y sus sucesores (a partir del poder de la inteligencia militar).

Concesiones controladas a movimientos sociales, para controlar la conflictividad y el descontento territorial.

Escenario 2: articulación para transformar el Estado y el modo de vida

La encrucijada regresión autoritaria-democracia participativa, radical, comunitaria, está presente. El reto para movimientos sociales, de pueblos y comunidades consiste en convertir la crisis actual en un profundo cuestionamiento de las bases actuales de organización y convivencia, de los antivalores prevalecientes.

Para ello es imprescindible gobernar las coyunturas y construir articulaciones, siguiendo el análisis de la socióloga argentina Isabel Rauber. Según Rauber, gobernar las coyunturas significa «indagar la realidad sociopolítica en cada momento y pensar las alternativas, para moverse en las coyunturas de modo favorable a los intereses propios, evitando ser arrastrados por situaciones que beneficien o alimenten intereses ajenos».

Esta propuesta implica fortalecer la «capacidad política (práctica) de los sujetos sociopolíticos para profundizar el proceso de cambios en el sentido estratégicamente definido en cada momento», con el propósito de que los «sujetos del cambio» seamos capaces de «gobernar los acontecimientos en vez de que los acontecimientos nos gobiernen a nosotros». En este proceso, la (auto) articulación es fundamental porque»la capacidad de pensar-actuar en las coyunturas políticas con orientación estratégica radica en el pueblo todo, no es un tema o problema sectorial, corporativo ni reservado a algunos expertos».

Algunas preguntas que pueden orientar el debate y la acción en este momento son estas:

¿Qué intereses corporativos y de poder se ven amenazados y qué intereses se ven reforzados en la coyuntura actual?

¿Qué dinámicas inmediatas se generan y cómo se articulan con las dinámicas estructurales?

¿Cómo nos preparamos para escenarios posibles y/o deseables, (incluso un incierto escenario de destitución del gobierno y rompimiento constitucional?) ¿Qué amenazas y oportunidades plantea cada uno de ellos?

¿Cuáles son nuestras demandas inmediatas y en el largo plazo, tácticas y estratégicas? Es decir, cómo incidimos con voz propia en la coyuntura inmediata, al tiempo que se fortalece el proyecto estratégico

¿Cuáles son las acciones que visualizamos para impulsar las demandas?

¿Qué demandas nos articulan, como movimientos y con otros sectores no organizados?

¿Cuáles deben ser criterios y prioridades comunicativas (y por tanto de acción política)?

¿Bajo qué principios éticos y políticos pueden construirse alianzas y acciones conjuntas?

¿Cómo nos reorganizamos y rearticulamos para reconducir la crisis?

El Estado se construye y reconfigura como Estado criminal corporativo, donde lo normal es robar y enriquecerse a costa de los demás. Nuestra propuesta, pensada e impulsada colectivamente, debe normalizar una nueva forma de vida basada en el diálogo, el consenso, los valores, los derechos colectivos.

Nuestras demandas incluyen pero van más allá de la renuncia de la pareja presidencial, del juicio y encarcelamiento de gobernantes y empresarios corruptos, violentos, ladrones, del recambio de unos mentirosos por otros.

Proponemos la democracia plural y comunitaria, hecha con todos y para todos. Un nuevo gobierno orientado por la justicia, la búsqueda de la equidad en la diversidad, la pluralidad y la solidaridad, frente al enriquecimiento fácil y los engaños, frente al Estado corporativo criminal del momento presente.

[i] De características similares a la captura del exmilitar Byron Lima Oliva y de miembros de la familia de narcotraficantes Mendoza, en 2014.

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