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    De la continuidad de la CICIG y la Alianza para la Prosperidad: un pulso de poderes

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    • por CMI-G
    • en Destacadas · Investigación y Análisis · Seguridad y Justicia
    • — 5 Mar, 2015

    Por Luis Solano
    Economista y periodista independiente
    04/03/2015

    Plan de inversiones a la medida de sus patrocinadores

    Si el Plan de la Alianza para la Prosperidad trata de un pulso entre el capital corporativo estadounidense y los grupos de poder paralelo enquistados en el Estado, entonces la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos y la resistencia del gobierno del Partido Patriota (PP) por la permanencia o no de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es uno de los ejes para el avance del Plan.

    Este pulso político se expresa en las posturas asumidas por el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario guatemalteco, el general (r) Otto Pérez Molina, como una expresión de los fuertes intereses que representan o están detrás de ambas figuras.

    En el multimillonario Plan, en el que Estados Unidos juega un papel fundamental desde todo punto de vista, es claro que los réditos que se buscan no se fundamentan en meros aspectos políticos. Las inversiones y negocios juegan un papel central. Y las inversiones estadounidenses buscan garantías. El fortalecimiento institucional, la modernización del sistema judicial, la contención de la corrupción, atajar el crimen organizado y reducir significativamente los índices de violencia son una condición sine qua non para la inversión extranjera.

    Por eso, Biden fue claro y enfático al manifestar que “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto”.(2)

    Y lo remarcó sencilla y llanamente, así: “Claro que es una decisión soberana –puntualizó -, pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa (para el Triángulo Norte de C.A.) haciendo compromisos de millones de dólares, si ustedes no están comprometidos para limpiar el sistema”.(3)

    Acorralado por la presión, Pérez Molina no hizo esperar su réplica. De acuerdo con Emisoras Unidas,4 Pérez Molina al ser cuestionado acerca de si el apoyo del Gobierno de Estados Unidos al Plan está condicionado por la continuidad de la CICIG, “lo descartó totalmente, y aseguró que ese tema no fue discutido en las recientes reuniones con el vicepresidente de ese país, Joe Biden.”

    Esa condición ineludible “impuesta” por Biden y negada por Pérez Molina, indica que hubo desacuerdos entre Biden y los gobernantes, sobre todo con Pérez Molina y el hondureño Juan Orlando Hernández, en relación con el espinoso tema de la CICIG en las reuniones internas celebradas el 2 y 3 de marzo. A esa oposición a la continuidad de la CICIG manifestada, semanas antes, por Pérez Molina se sumó la postura, un tanto parecida, que adoptó Hernández al indicar que ellos trabajan por el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la justicia. “A lo que nosotros le estamos apostando es al fortalecimiento de nuestras propias capacidades, pero si al final dependemos de otros países del mundo cuándo vamos a resolver los nuestros”, expresó Hernández.(5)

    Las declaraciones de Biden, que mezclaron la diplomacia y el tono directo, tuvieron un efecto mediático e incrementaron las presiones al gobierno de Guatemala, para que el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2015, se prorrogue. Ofrecer públicamente y ante la prensa, una posición que no se discutió a lo interno, dio a Biden el efecto esperado: presión pública e internacional.

    Contra la pared

    Por eso Pérez Molina declaró poco después que la instancia para la modernización del sector justicia que elabora un informe que evaluará los resultados del trabajo de la CICIG, es la que dará la pauta, a partir del cual el mandatario tomará una decisión, lo cual se espera ocurra en abril.(6)

    Mientras esta pequeña batalla se desata en territorio del Triángulo Norte, otra espera, mucho más grande, en el seno del Congreso de Estados Unidos, donde la administración de Barack Obama buscará convencer a los congresistas de ambos partidos, para que se apruebe la multimillonaria ayuda. Y ya se vio que no será fácil, si el plan no va garantizado de parte de los gobiernos del Triángulo Norte.(7)

    Las reuniones en Guatemala del 2 y 3 de marzo, forman parte de las actividades preparatorias para presentar el proyecto final del Plan de la Alianza para la Prosperidad. A mediados de marzo, deberá estar terminado el plan de inversiones específicas que lo acompañará para finalmente ser presentado ante el Congreso de Estados Unidos que decidirá si lo aprueba en el presupuesto para el año fiscal 2015-2016, que corre a partir de octubre.

    El plan de inversiones, sin duda, deberá contemplar la drástica y enfática postura del Embajador de Estados Unidos, Todd D. Robinson, manifestada en un artículo de opinión previo a la llegada de Biden. Haciendo énfasis en el problema de la corrupción y las futuras elecciones generales que se avecinan, Robinson escribió: “Quiero que sepa que Estados Unidos es su aliado en la lucha contra la corrupción. Como dijo el presidente Barack Obama: «Tenemos la responsabilidad de apoyar a quienes actúan responsablemente y de aislar a quienes no lo hacen, y eso es exactamente lo que hará Estados Unidos».”(8)

    Debe tomarse en cuenta que el gobierno entrante es el que tendrá a su cargo el plan de inversiones, y el que cargará con las negociaciones y acuerdos a los que líderes empresariales y gobernantes arriben. Lo que de acá salga, será un serio compromiso para el nuevo de partido de gobierno en Guatemala.

    Pero aún más importante es el mensaje enviado por Biden a los empresarios centroamericanos. En el seno del Museo Ixchel del Traje Indígena,(9) Biden disertó ante los presidentes centroamericanos y un nutrido grupo de empresarios centroamericanos, sobre la creación de empleos, mejoras salariales y la importancia de las inversiones de los empresarios en sus propios países.

    “Ustedes tienen la llave”

    Así se expresó Biden, haciendo hincapié en la importancia de crear trabajos en el sector formal con buenos salarios para asegurar el futuro: “Ustedes necesitan hacer un convincente esfuerzo con compañías alrededor del mundo para que inviertan en Centroamérica y necesitan centroamericanos patriotas que inviertan en sus países y no en el extranjero. Señores, es muy difícil convencer a compañías extranjeras que vengan a invertir cuando sus propias compañías no lo están haciendo y sí lo hacen en el extranjero”, agregó.(10)

    Pero parece que no encuentran o no quieren encontrar la llave. Una de las causas que origina la masiva migración, son los bajos salarios que se pagan sobre todo en el sector agrícola. La propuesta gubernamental del pago de los llamados “salarios diferenciados”, inconstitucional e inhumana, es respaldada por los empresarios que la justifican abierta y cínicamente. Tales son las declaraciones de Hermann Girón Délery, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),(11) quien defiende ese tipo de salarios, muy por debajo del mínimo aprobado legalmente, bajo la justificación que será “fuente de empleo”.

    Dice el analista Edgar Gutiérrez, que “Las condiciones materiales de la mayoría de la población se han degradado notoriamente en los últimos años. En la Costa Sur y en las zonas altas del noroccidente las oportunidades de empleo son escasas y eventuales, y desde luego la paga proveniente de tales ocupaciones es insuficiente para que una familia sobreviva más allá del día a día. Por ejemplo un jornal se está pagando, dicen algunos labriegos, a Q40. Eso ya es, en la práctica, un salario “diferenciado”. De acuerdo al Ministerio de Trabajo el 71 por ciento de los centros laborales supervisados en 2013 pagaba por debajo del salario mínimo establecido legalmente.”(12)

    Los que prevalece son los intereses de EEUU

    Si el llamado de Biden no cala, el impacto en los intereses estadounidenses quizá sea como lo pronostica el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien fue muy claro al exponer el interés tácito de Estados Unidos en ese compromiso de ayudar al Triángulo Norte, en función de los propios intereses estadounidenses: “Esto no es solo una estrategia basada en ayudarles y hacer lo correcto. Esto está en nuestro interés de seguridad, en nuestro interés a largo plazo, y encaja con nuestros valores”.(13)

    El propio Embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, también lo anunció a los empresarios en el evento de FUNDESA de la semana pasada: “Queda claro que para los Estados Unidos y para nosotros, desde diferentes perspectivas, la crisis representa un desafío a la seguridad nacional.”

    Un plan para los inversionistas privados

    Siendo así, el Plan de la Alianza para la Prosperidad va más allá del solo hecho de si se incorpora o no a la CICIG dentro del plan. Es importante, sí, pero no en función de los intereses de Estados Unidos, ni como una garantía para la inversión extranjera. De lo contrario, se puede catalogar de claro intervencionismo, un continuum históricamente conocido.

    El trasfondo del Plan es revertir la crisis de seguridad, violencia y corrupción, algo que en el corto y mediano plazo difícilmente ocurrirá, en función del fortalecimiento de las alianzas entre capitales foráneos y locales, garantizando de esta manera las inversiones y los acuerdos comerciales signados. Implica, nuevos procesos de acumulación de capital, que detengan las masivas migraciones, pero que no terminarán con un fenómeno que al final es importante para Estados Unidos ya que representa mano de obra barata, y es también fuente de mulitimillonarias remesas para Guatemala.

    Por eso, no se habla de inversiones públicas e infraestructura con enfoque inclusivo, socialmente hablando, sino de inversiones privadas en función privada. Esto lo deja muy claro el documento que elaboraron los gobernantes del Triángulo Norte, y que el BID consolidó en el documento conocido como “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. En la Tabla 1 del plan se muestra el Plan Regional de Inversión, y las líneas estratégicas de acción que atraerán la inversión:

    Las inversiones que busca atraer el Plan de la Prosperidad, se enfoca en la modernización y expansión de la infraestructura y los llamados corredores logísticos, que de acuerdo con el Plan, son los siguientes:

    En su Anexo 1, el Plan orienta las inversiones necesarias en el contexto de la integración energética, casi un calco del Plan Puebla Panamá (PPP) o Proyecto Mesoamérica. Este Anexo induce a pensar la lógica inversionista, sus propósitos y el tipo de inversiones públicas y privadas que se proyectan:

    Para concluir, y siguiendo lo estipulado en el PPP, el Plan muestra en el Anexo 2 los Corredores logísticos priorizados y las acciones requeridas. Esto ya es un indicador de cuáles son las áreas de interés o que pueden interesar a los capitales locales y sobre todo, estadounidenses, para focalizar las inversiones y el Plan de Inversiones que los gobiernos centroamericanos deben presentar a su homólogo de Estados Unidos, el 16 de marzo.

    (1) Autor: Luis Solano. Economista y periodista independiente. 4 de marzo de 2015.

    (2) La Hora, 3 de marzo de 2015. Biden: La continuidad de CICIG es una condición de la Alianza para la Prosperidad

    (3) elPeriódico, 3 de marzo de 2015. La CICIG “debe ser prorrogada”: vicepresidente Biden.

    (4) http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/perez-molina-niega-que-eeuu-pida-cicig-cambio-apoyo

    (5) elPeriódico, 4 de marzo de 2015. CICIG debe ser prorrogada e incluida en Plan para la Prosperidad.

    (6) La instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, está conformada por el Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensoría Pública Penal.

    (7) http://www.albedrio.org/htm/documentos/Solano-ALIANZAPARALAPROSPERIDAD-2015.pdf
    http://cmiguate.org/alianza-para-la-prosperidad-un-proyecto-de-la-elite-empresarial/

    (8) Todd D. Robinson, Embajador de Estados Unidos en Guatemala. Prensa Libre, Pluma Invitada. 23 de febrero de 2015. Una decisión para Guatemala.

    (9) Conocido comúnmente, como Museo Ixchel, es una de las instituciones del sector privado que pertenece a la Universidad Francisco Marroquín, centro de estudios de la ideología neoliberal y de las familias pertenecientes a la elite empresarial. Paradójicamente, el Museo expone tejidos típicos de los pueblos indígenas donde se arraigan los índices de pobreza y exclusión más altos del país.

    (10) La Hora, 3 de marzo de 2015. Biden a los empresarios: ustedes tienen la llave.

    (11) http://www.plazapublica.com.gt/content/el-cacif-no-promovio-el-salario-diferenciado-pero-lo-apoya

    (12) elPeriódico, 26 de febrero de 2015. ¿Qué pasa con la gente?

    (13) Ver: Luis Solano. Alianza para la Prosperidad: un proyecto de la elite empresarial. 2 de marzo de 2015

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    Etiquetas: CICIGimperialismojusticiaMilitarizaciónPoderes paralelos

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