Crónicas del Genocidio # 6

CRÓNICAS DEL GENOCIDIO #6

Rodrigo Véliz Estrada

Centro de Medios Independientes (CMI)

La estrategia de parte de la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez comenzó finalmente a dar sus primeros resultados. Como hemos recalcado, si nos ceñimos al proceso jurídico que lleva el Tribunal A de Mayor Riesgo, parecería que la defensa de los ex-militares tiene muy pocas herramientas para una defensa competente. Esto no sólo se debe a su poca experiencia en el arte de litigar. Las pruebas que presenta el Ministerio Público (MP) y las partes querellantes apuntan a lo ocurrido desde diferentes ángulos de análisis (análisis de osamentas, testigos de masacres, planes de campaña, planes de operación, testigos internos del ejército, peritajes políticos y sociológicos, etc.), por lo que parecería probable que se logren cuadrar las acciones ocurridas desde marzo de 1982 a agosto de 1983, años en que el gobierno de facto de Ríos Montt tuvo el control del aparato estatal, con la definición de genocidio.

Pero el juicio no está aislado del resto de la política y las fuerzas que gravitan en las diferentes instituciones del Estado de Guatemala. Por lo que los ex-militares han pasado a buscar herramientas externas más favorables para defenderse. Aunque con fuerza reducida si se le compara con diez años atrás, en ese terreno es donde Ríos Montt y sus redes tienen más posibilidades de lograr algo a su favor.

La estrategia se hizo clara desde el primer día, cuando la defensa de Ríos Montt se presentó solamente con un abogado (pese a haber estado acompañado por varios abogados durante el último año), precisamente el que tenía una relación de parcialidad con la Presidenta del Tribunal y otro de sus integrantes. Era de esperarse que la Presidenta del Tribunal solicitara al acusado diferentes abogados, ya sea los que había llevado antes o alguno que le proveyera el Organismo Judicial, y para no frenar el caso hizo que el abogado con quien guardaba parcialidad se retirara de la sala.

Lo mismo puede decirse de los alegatos de parte de la defensa sobre la “excesiva uniformidad” de los relatos de los testigos presentados por el MP. Y de la misma manera lo que presentaron hace poco, cuando manifestaron su inconformidad porque los peritos encargados del análisis de las osamentas encontradas en el Triángulo Ixil iban a presentar pruebas de manera separada, como lo establece el Código Procesal Penal, y no en equipo. De esa manera, argumentaban, se les dificultaba realizar preguntas a los peritos, debido a su carencia de conocimiento técnico.

Francisco Palomo, uno de los abogados de Rodríguez Sánchez, fue claro en declarar el jueves: «Vamos a presentar cincuenta, mil, o dos mil amparos. Vamos a presentar todos los que sean necesarios». Y eso es lo que han estado realizando.

En cada uno de los casos mencionados, y en otros en que se han pronunciado, han presentado amparos que buscan hacer ver el caso como uno viciado, uno que no sigue el “debido proceso”. Faltaba ver si la estrategia, donde se pondrían a prueba los lazos de la defensa con magistrados afines en la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lograría tener algún efecto.

Este jueves 4 llegaron los primeros resultados. La Corte de Constitucionalidad dio a lugar el amparo provisionalmente aceptado por la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, en donde hacía ver que la decisión de parte del Juez del Tribunal A de Mayor Riesgo, Miguel ÁngelGálvez, al no aceptar 20 documentos, 14 informes, 10 videos y varios peritos de la defensa, había sido arbitraria. El Tribunal debía de incluirlos. De no cumplir la orden, la CC amenazó con apercibimientos. Uno de los periódicos de mayor circulación en el país, el conservador Prensa Libre (La Hora, más tirado al centro, presentó el mismo día información con mucho menos parcialidad)ⁱ, rápidamente sacó titulares en donde alusivos, mientras en su narración presentaba el caso como un proceso viciado.

La defensa, por su lado, fue clara en sus declaraciones del mismo jueves: Lo que se busca es lograr un amparo definitivo y hacer que el juicio comience de nuevo, desde cero.

El resultado no fue tan dramático. Según el Juez del Tribunal A de Mayor Riesgo no es necesario llegar a esas instancias. Basta con redactar una resolución. Y si en caso se llegara a suspender el juicio, sería solamente por cuatro días, para luego reiniciarse en el punto de suspensión. Para el viernes por la tarde el Tribunal que lleva el caso declaró que una parte de las pruebas, las que no tenían una abundancia que podrían alargar excesivamente el proceso, habían sido aceptadas.

Fuente: Prensa Comunitaria

La declaración de la CC no podía venir en un momento más crítico en el juicio. Además del inicio de la declaración de los peritos encargados de las excavaciones y análisis de las osamentas donde enterraron precariamente los restos de la población masacrada, y del peritaje sobre la centralidad del racismo en el pensamiento dominante de la sociedad guatemalteca, a cargo de la reconocida historiadora Marta Elena Casaús Arzú, otra parte controversial y contundente de las pruebas salió a luz.

El mismo jueves comenzaron a presentar los testigos protegidos, que comparten la características de haber estado en lo interno de las instalaciones militares en el área donde ocurrieron las masacres. Unos al estar secuestrados, y otros como miembros de las fuerzas Kaibiles.

Los resultados han sido hasta ahora, como resulta obvio, los más comprometedores para los militares acusados, y para muchos otros que participaron en la eliminación de civiles por esos años.

Por primera vez, salió el nombre de la Inteligencia militar, a cargo del acusado Rodríguez Sánchez, que según los testigos tenían comandos encargados de secuestrar y asesinar a personas. Varios militares retirados fueron también mencionados, entre los que más resalta el nombre del ahora Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en ese momento bajo el seudónimo de Tito Arias.

Que su nombre haya surgido sólo puede sorprender a los más inocentes. Ya para la campaña electoral del 2011 habían circulado fragmentos del documental Cuando las montañas tiemblan, a cargo de la activista y cineastaPamela Yates, en donde Otto Pérez Molina aparece explicando los planes de contrainsurgencia en el área ixil, y donde, con poco cuidado, menciona la manera como se capturaba y asesinaba a comunitarios, acusados de subversivos.

El Presidente rápidamente dio cortas declaraciones. Dijo que el testimonio era fabricado e inventado, que el ex kaibil estaba realizando un circo, y que no hablará más al respecto, sin antes finalizar diciendo: «No voy a negar que estuve en Nebaj, pero lo hice para rescatar a la población y para combatir a las unidades armadas de la guerrilla». El mismo argumento que dicen los acusados.

Lo realmente sorprendente es que en un país con tan poca institucionalidad como la guatemalteca, el Presidente no haya buscado intervenir en el proceso, como sí lo ha hecho en otros espacios.ⁱ Si bien se ha pronunciado anteriormente al respecto afirmando que en esos años no hubo genocidio, su inmovilidad ha provocado que los voceros de los militares retirados, aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), lo tachen de traidor.

Parecería que el Presidente tiene las manos atadas. Que su nombre aparezca en las declaraciones definitivamente puede llegar a tener repercusiones en su contra, en el sentido que una acusación de genocidio crearía la jurisprudencia necesaria como para juzgarlo por los mismos cargos.

Pero por otro lado es sabido que una de las condiciones que el Congreso de Estados Unidos le ha puesto a Guatemala para levantar el embargo de armas, activo desde 1977, es mejorar su calificación en el área de derechos humanos. El juicio a elementos del Alto Mando, parte de la justicia transicional, ciertamente ayuda al respecto.

Levantar el embargo se ha vuelto un imperativo para el actual gobierno. Desde el inicio de su gestión levantó una campaña para legalizar las drogas. Es conocida la inapelable negativa norteamericana al respecto y su interés en mantener una guerra abierta con los carteles del narcotráfico, con el objetivo de militarizar la región, como se ha venido dando con el Plan Mesoamérica y la guerra del Estado mexicano al narcotráfico. El ejército de Guatemala, y las redes que acompañan a Pérez Molina, buscan hacerse cuadrar en este proceso. Es una alianza estratégica para volverse, como lo hicieron durante la guerra fría a través de dictaduras, indispensables aliados del coloso del norte.

El discurso de legalización, entonces, es más bien una forma de presionar porque, ante la negativa norteamericana, se les dé el apoyo militar suficiente para lograr su cometido.

El juicio tendrá que seguir su curso. Aunque es de esperar que mientras se acerque su final las fuerzas y grupos que se ven perjudicados por él, y otros que se han pronunciado negativamente al respecto (como la añeja patronal, el CACIF), más será la presión que buscarán generar en torno al juicio.

Ante este panorama, lo que se debe buscar es que el juicio marche a un buen ritmo, sin permitir entorpecimientos ni errores producto del apuro.