En Guatemala hubo genocidio. Sobre la sentencia y el proceso que continúa.

Jacobo Mogollón Villar, David Oliva, Rodrigo Véliz

Centro de Medios Independientes (CMI)

«Como decía un excelente profesor en las clases de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala [Francisco de Mata Vela], las leyes necesariamente deben de interpretarse, ya que no son un libro de recetas de cocina». Con esta poco ilustre cita comenzó la Jueza Carol Patricia Flores la audiencia del viernes 10 de mayo. La audiencia había sido exigida por la Corte de Constitucionalidad (CC), al dar con lugar un recurso interpuesto por el Ministerio Público. Éste buscaba que la famosa resolución de la Jueza Flores, la del 18 de abril que retrotraía el proceso a noviembre del 2011, fuera revertida, por ser ilegal.

La CC le dio la razón al MP, y obligó, so pena de ser castigada, a la Jueza Flores a emitir una resolución distinta a la expresada el 18 de abril. Pero ni la inapelable CC pudo presionar para que Flores cambiara su resolución. Flores refirió que ella no había cometido una ilegalidad ni había resuelto más allá de la jurisdicción que le correspondía. Lo que no logró hacer fue sustentar esta aseveración jurídicamente. Para beneplácito de la defensa de los militares acusados, el proceso debía regresar.

Ni las amables sugerencias del MP, argumentando sobre el problema del desacato a la máxima corte, pudieron influir de algún modo en la resolución. Con una sonrisa en la cara, Flores dio por finalizada la audiencia.

Pero todo esto era ya inútil. Ya que unos minutos antes, a eso de las nueve de la mañana de ese histórico viernes 10 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Jazmín Barrios, había concluido con el debate público del juicio por genocidio. La sentencia estaba calendarizada para la tarde de ese mismo día, y con eso la reiteración del fallo arbitrario de Flores (según la misma CC) no tenía ya ninguna fuerza.

Tanto así que al comenzar la audiencia de la tarde la Jueza Barrios ni siquiera se preocupó por mencionarlo.

A las cuatro de la tarde la Sala de Vistas del Palacio de Jusiticia estaba a reventar. No sólo todos sus asientos estaban ocupados, los pasillos y las gradas lucían abarrotadas de visitantes; los costados de la sala estaban inundados de cámaras que transmitían el juicio en vivo; y el espacio entre el Tribunal y los asientos, ese que separa a las dos partes procesales, estaba atestado de reporteros y fotógrafos, colándose por allí algún periodista.

 Una hora y media después, tras un argumento sintético, se conoció el fallo: José Efraín Ríos Montt era culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, mientras que José Rodríguez Sánchez era absuelto de ambos crímenes. Esta última sentencia ha sido la que más dudas ha generado.
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Algunos dicen que es un intento político de fraccionar el apoyo del ejército. Mientras que otros, con menos conspiración en la cabeza, argumentan que por la manera como fue justificado el argumento jurídico de la condena (énfasis en las cadenas de mando y el flujo vertical de la información), resultaba muy complicado ingresar en la misma línea al director de la G-2. Desde este espacio no se podían evitar las masacres, ya que no tenía cadena de mando. Si ingresar las acciones de Rodríguez Sánchez resultaba precario, el sólido argumento de la sentencia podía flaquear, y con eso el caso en sí.

Esto pese a que es sabido que la G-2 recopilaba información de campo, y que incluso contaba con grupos operativos en el terreno. Además del papel de Rodíguez Sánchez en la elaboración de los planes de contrainsurgencia. Se menciona que si Rodríguez Sánchez hubiera sido juzgado solo, otro hubiera sido el resultado. Pero nada de eso existe.

Lo que sí fue histórico fue la sentencia al otro de los acusados: en Guatemala sí hubo genocidio, hubo un sesgo racista al momento de reprimir a la población ixil (entre otras etnias), y esto fue planificado, ordenado y monitoreado por Ríos Montt. De esta manera, décadas de injusticia y silencio son redimidas. Uno de los principales culpables de los espeluznantes actos que realizó el ejército a inicio de los ochenta está ahora tras las rejas, ya que también fue despojado de las medidas sustitutivas que le permitían un cómodo arresto domiciliario.

Pero hubo otros aspectos, igual de importantes, que nos gustaría resaltar de la resolución final del Tribunal. El primero fue su énfasis en ordenar al MP que las investigaciones continuaran. Establecida entonces la cadena de mando, todo lo que verticalmente viene hacia abajo debe ser juzgado; la jurisprudencia construida con este caso lo permite. La justicia, de este modo, se ampliará y llegará a más ex militares, entre los que se encuentran, como ahora muchos saben, el actual presidente Otto Pérez Molina, que por esos años se encontraba en las aldeas del área ixil.

Y otros nombres también comenzarán a salir en los siguientes casos, entre los que hay que resaltar los del ex general, ahora prófugo de la justicia, Aníbal Guevara, verdadero verdugo de miles de ciudadanos en los años de Lucas García, quien en el 2007 se vio beneficiado de una orden de la CC al no permitir su extradicción para ser juzgado por delitos de genocidio en la Audiencia de España.

E igual de importante, pero con una trascendencia histórica inigualable, se dio cuando la Jueza Barrios terminó de leer la sentencia: Estos terribles actos no deben de repetirse en el país, y en ese punto la llegada de la justicia es central. Si en la cabeza de algún funcionario público con poder de decisión y ejecución le pasa por la cabeza reprimir, discrimina o indiscriminadamente, deberá pensarlo dos o más veces. La justicia, aunque tarde, algún día llegará.

Y este es el gran paso que permite el caso por genocidio en un país con la historia atroz como la que cuenta Guatemala. Dictadores de todo tipo, liberales, conservadores, caudillistas, militares, civiles, han desfilado por el Ejecutivo del país, y han sido pocos los que han llegado al final de sus sus días tras prisión, pagando al menos de manera mínima lo que por años, de manera antojadiza, realizaron. Tal vez sea Manuel Estrada Cabrera, apresado por una turba unionista en 1920, el único que guardó prisión. Afuera y en libertad quedaron Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Jorge Ubico, Enrique Peralta Azurdia, Carlos Arana Osorio, Kjell Laugerud, Romeo Lucas García, y otros tantos sátrapas de nuestra historia.

Pero no Ríos Montt. Él sí va a la cárcel.

La sentencia final ocasionó un abrumador júbilo, tanto para los que se encontraban dentro de la Sala de Vistas, como para los cientos de espectadores que escuchaban la transmisión instantánea en las afueras del Palacio de la Justicia.

Emitida la resolución final, una marea de aplausos llenó la sala, la gente saltaba, se volteaba para repartir abrazos de felicidad, tanto para conocidos como para los que por primera vez eran vistos, algunos otros lloraban, incrédulos de lo que recién había ocurrido, otros rezaban, dirigiendo sus miradas hacia arriba, hasta que las consignas exigiendo justicia hicieron su esperada aparición.

Pero tal vez lo más enternecedor se dio cuando los reporteros y camarógrafos, sedientos de la mejor toma, asediaban a Ríos Montt y sus abogados. La tensión iba en escalada. Ninguno de ellos/as parecía escuchar los enérgicos mandatos de la Presidenta del Tribunal, llamando al orden, ni mucho menos los gritos de los espectadores, que pedían a la prensa regresar a sus lugares y evitar una catástrofe.

Así, mientras una tensa preocupación se apoderaba de una mayoría de las personas presentes en la Sala de Vistas, con un quedo tono se comenzó a formular un canto, que mientras se propagaba a otras gargantas comenzó a hacerse más explícito, sin perder su sobriedad. Era el poema de Otto René Castillo, aquel poeta descuartizado por la velada dictadura militar del civil Julio Méndez Montenegro, Sólo queremos ser humanos, en la versión musicalizada que realizó Fernando López: «Aquí sólo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida y no morirla». Por espacio de al menos diez minutos este canto compartido llenó el espacio sonoro de la sala, contagiando a todos los presentes, incluso a los reporteros y camarógrafos, que poco a poco terminaron con el asedio al recién sentenciado y sus abogados. Y los cantos continuaron, con la misma sobriedad y sin perder el profundo sentimiento que se está viviendo en ese momento. Todos, allí dentro, sudando historia, presenciando la simbólica redención de tantas personas que por décadas fueron objeto de terror estatal. Allí, con esa sentencia, dotándonos a todos de dignidad humana.

No hace falta recalcar, pues, lo histórica de una sentencia de esta naturaleza.

Son otras cosas las que es necesario recalcar.

El juicio por genocidio ha representado una impresionante oportunidad para que miles de personas conozcan y discutan ese oscuro momento de nuestra historia, tantas veces convenientemente olvidado por los que se vieron beneficiados de la represión. Esto ha generado, inevitablemente, una opinión pública más informada e interesada por lo que ocurre a su alrededor.

Una persona bien informada toma, como no puede ser de otra manera, mejores decisiones que aquellos que, con la oportunidad, prefieren quedarse en la ignorancia y rumiar, sin ningún desdén, los titulares de los grandes medios corporativos.

Este es un gran paso, pero no debe ser el único, sino el primero en una serie de pasos que es necesario realizar para realmente democratizar al Estado, es decir, que las opiniones e intereses de más personas, de más grupos, se vean efectivamente representados en las grandes tomas de decisión, o lo que es lo mismo, que los actuales políticos y los selectos grupos que representan se vean desplazados por las mayorías, y que entonces la justicia llegue en un sentido más amplio y abarcador.

Y también recordar algo que hemos buscado enfatizar desde un inicio. Si bien a lo interno del juicio fue evidente, al menos para los que estuvimos allí desde el día uno, la mesurada manera como el Tribunal llevó el debate público, pese a los diferentes ataques que recibió desde afuera buscando frenarlo, es cierto que hubo intereses externos que buscaron presionar de diferentes maneras.

Pero estos intereses externos no son los que recalca la ultra derecha civil y militar, que acusa a Suecia, Noruega y otros países nórdicos de “financiar terroristas” (al referirse a organizaciones campesinas, de derechos humanos y otras).

Nos referimos a los intereses norteamericanos, y su claro interés en hacerse de estos procesos de justicia con el fin de presionar al congreso norteamericano por levantar el embargo de armas y con eso presionar para que la militarización de la región, como se ha visto en México y Colombia, se lleve a cabo de nuevo en el país.

Es cauto recordar el papel que tuvo la administración de Ronald Reagan al apoyar de diferentes maneras al gobierno de facto de Ríos Montt. Estados Unidos fue uno de los principales beneficiados del terror estatal riosmonttista, como lo recalcan sus mismos archivos desclasificados.¹ Esto con el fin de tener claro, como le recalcamos en una reciente investigación², el papel que Estados Unidos realiza tras bambalinas, como no lo recordó la visita especial al país de agentes del Departamento de Estado hace algunas semanas.

La sentencia por genocidio es un gran paso, pero puede ser revertido o distorsionado si no se defiende con dignididad. De igual manera será sólo un paso sin futuro si no se avanza en otros aspectos vitales de los problemas del país.

Con este gran logro como trampolín, otros pasos esperan.

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 3 Ver al respecto la investigación de Robert Parry, Ronald Reagan, Ríos Montt y el Genocidio en Guatemala. Disponible en línea en: http://www.albedrio.org/htm/articulos/r/rparry-001.html