Crónicas del Genocidio #14

El inicio del inevitable final.

Rodrigo Véliz Estrada

Centro de Medios Independientes (CMI)

Hace quince días parecía que la oportunidad de juzgar a los encargados de planificar las masacres se evaporaba, que el halo de impunidad que corona al sistema judicial del país se reafirmaba. Hoy las cosas se ven de nuevo muy diferentes, y parece que finalmente la defensa ha jugado ya buena parte de sus cartas. Lo que en este momento le queda es esperar la sentencia y, de realizarse en su contra, apelar y continuar el juicio en otras instancias.

Muchas cosas han pasado en estas dos semanas, pero hay aspectos fundamentales que es necesario no perder de vista, con el fin de comprender los factores que permitieron, en un momento de máxima incertidumbre, reencauzar el proceso y estar donde nos encontramos hoy: a la espera de cuatro testigos más de la defensa, el comienzo de las conclusiones, y la sentencia final.

Como quedó implícitamente claro en la resolución del 23 de abril por la Corte de Constitucionalidad (CC), la decisión de la Jueza Carol Patricia Flores, hoy investigada por la CICIG y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estaba por mucho fuera de lo que se le había requerido en el amparo solicitado por CALDH. Se le citó para resolver un aspecto específico, y la jueza terminó dejando en libertad a Ríos Montt. En su momento la decisión creó incertidumbre, más aún cuando los periódicos y otros medios corporativos de información sacaron grandes titulares que leían sobre la supuesta anulación del juicio. Nada de esto era aún cierto, ya que la CC, a petición de la Presidenta del Tribunal que lleva el juicio, Jazmín Barrios, no se había pronunciado aún al respecto.

Fuente: Roderico Díaz, CPR-Urbana, red CMI

Alrededor de este ente superior también giraba incertidumbre, ya que como lo resaltamos en una pasada publicación contaba con varios miembros tachados de tráfico de influencia. No es posible saber a partir de información pública qué tipo de presiones hubo detrás de la CC, lo que sí sabemos es que pasó a sesionar con la urgencia que el caso ameritaba y resolvió en un par de días al menos la mitad de los amparos en espera. De los que nos interesa resaltar, dada su trascendencia en el juicio, está el de la violación al derecho de defensa y la resolución ilegal de la jueza Flores.

Con respecto al primero se dijo que sí hubo violación del derecho de defensa el primer día del juicio, cuando los dos militares acusados se presentaron solamente con el abogado García Gudiel. Como éste guardaba una relación jurídica de enemistad con la Jueza Barrios y otra de amistad con el vocal Xitumul, el abogado exigió que se cambiara de Tribunal. Pero era más sencillo, a decir de Barrios, que él se retirara y otros abogados defendieran a los acusados, por lo que lo expulsó de la sala.

La CC resolvió que esto había sido fuera de lugar, por lo que exigió el retorno de García Gudiel a la defensa de Ríos Montt, al mismo tiempo que pidió disculpas por lo ocasionado (García Gudiel exige Q6 millones por la violación). Esto fue aceptado por el Tribunal presidido por Barrios, y hoy el abogado se encuentra sentado a la izquierda de Ríos Montt. Se encuentra solo, eso sí, ya que el resto de abogados, los que se levantaron de la sesión del 18 de abril y dejaron sin defensa a los acusados, no pueden ya regresar al proceso por esta falta cometida. El Tribunal, es necesario aclarar, anuló los testimonios de cuatro testigos presentados por el Ministerio Público (MP), ya que fueron dados cuando Ríos Montt se encontraba sin defensa. Esto con el fin de evitar algún tipo de problema futuro y acatar, con mayor firmeza, lo resuelto por la CC.

Con respecto al segundo aspecto, vital para la continuidad del juicio, la CC simplemente envió de nuevo el archivo del caso a la Jueza Flores y le dijo, llanamente: pase a resolver lo que aquí le compete, es decir, pronunciarse sobre las pruebas de la defensa que el Juez Gálvez había rechazado en el proceso intermedio. Pruebas que de igual manera ya habían sido aceptadas por la Jueza Barrios y que, muchas de ellas, ya habían si procesadas en el juicio público. Una cuestión, pues, de formalidad. No tenía que resolver nada más allá de eso, quedaba claro.

Flores pareció no entender lo implícitamente resaltado, y regresó los archivos a la CC, alegando no entender del todo la orden. La CC, con las mismas palabras que la última vez, se lo regresó de nuevo, agregando que de no cumplir la orden sería sancionada. Y entonces, inevitablemente, se convocó a una audiencia para el pasado 26 de abril.

Comenzada la audiencia, una evasiva y apresurada Jueza Flores pasó a escuchar la grabación de la resolución del Juez Gálvez y a declarar, en no más de unos minutos, que las pruebas debían ser admitidas. Cuando pensaba que todo terminaba y podía finalmente terminar con el bochornoso momento, los abogados de la defensa, uno a uno, pasaron a echarle en cara su última resolución y la manera como ésta entraba en contradicción con la que ese día resolvía. Como ha sido ya costumbre, la Jueza pocas veces levantó la vista, escondiendo la mirada entre papeles que parecía leer y a veces levantándola para ojear el reloj. Con cada uno tuvo que afirmar que las resoluciones sí eran contradictorias, pero que eso a ella ya no le competía, sino a la CC. Fue hasta el tercer intento de terminar bruscamente la sesión, que tuvo un resultado favorable.

Lo que es también importante de resaltar es que la resolución de la Jueza de retrotraer el juicio aún existe, aunque no es firme porque la CC aún debe pronunciarse explícitamente al respecto. Aunque, como ya se ha resaltado en otros espacios, la misma CC en su resolución del 3 de abril (página 8, párrafo 1) afirmó que hacerlo resultaría en una ilegalidad, por lo que resultaría arbitrario contradecir esta anterior orden.

Para entonces, como lo reportamos en su momento, ya se tenía noticia de la llegada al país de personal del Departamento de Estado. Venían por tres cortos días a tener reuniones fundamentales con personajes y organizaciones clave. Hasta ahora no se sabe exactamente con quiénes se reunió, sólo se saben los resultados: la situación tuvo una menor incertidumbre, más aún con el radical cambio en el discurso del Pérez Molina, que luego de hablar explícitamente sobre la inexistencia de genocidio en el país, pasó a llamarlo por esos días un juicio histórico que abría las puertas a la justicia. El mismo discurso, casualmente, que tuvo Stephen J. Rapp, el embajador “de mayor alcance” (Ambassador at Large).

Luego de devolver el archivo del juicio, el Tribunal A de Mayor Riesgo, luego de días de tensión e incertidumbre, finalmente pasó a convocar a audiencia para continuar con el debate público en contra de los militares.

El martes 30 se presentaron, de esta cuenta, los sujetos procesales a la ya familiar Sala de Vistas. Había notables ausencias, las de los abogados de los dos militares, pero otras conocidas: José Rodríguez Sánchez, Efraín Ríos Montt, y el abogado de éste, Francisco García Gudiel. Y había otras caras nuevas, eran dos abogados de la defensa pública, un hombre y una mujer, asignados para cada uno de los acusados por petición del Tribunal, ante la ausencia del resto de abogados.

Comenzado de nuevo el juicio, iniciaban de nuevo las interrupciones. García Gudiel intentó de nuevo frenar el juicio, argumentando que aún hay una apelación en la Sala Tercera de Apelaciones que está en proceso. Posteriormente la abogada asignada a Ríos Montt argumentó que ella debía ser removida del puesto, ya que el acusado ya contaba con un abogado de confianza. La petición de García Gudiel fue dada sin lugar, mientras se permitió, con la venia de Ríos Montt, que la abogada se retirara del caso.

El abogado de la defensa pública asignado a Rodríguez Sánchez, quien no contaba con ningún otro abogado, intentó hacer lo mismo, pero la Jueza le aclaró las cosas antes de pronunciarse. Si lo que intentaba era retirarse, no iba a ser posible, ya que eso dejaría sin defensa a Rodríguez Sánchez de nuevo. A decisión de la presidenta del Tribunal, si el acusado deseaba traer a un abogado de su confianza podía hacerlo, pese a que ya antes había afirmado que no contaba con los medios para hacerlo.

El abogado de la defensa pública, entonces, luego de consultas con García Gudiel, pasó a justificar que él no podía llevar el juicio ya que necesitaba tiempo para ponerse al día. El problema fue resuelto el día jueves dos de mayo, cuando se le entregó una torre de copias del proceso, que con facilidad igualaba su altura.

Ese día continuaron los intentos de entorpecer el proceso. El abogado de la defensa pública, en un cada vez más claro contubernio con la defensa de Ríos Montt, pasó a afirmar que tenía una relación de amistad con uno de los miembros del Tribunal, por lo que no se podía continuar. El vocal del Tribunal, Pablo Xitumul, aclaró que era cierto que conocía al abogado, ya que éste había trabajado subordinadamente con él en un juzgado, pero de eso a llamarla una relación de amistad había un gigantesco paso. Llevaba ya nueve años de no dirigirle la palabra. Por esto la petición fue declarada sin lugar y se pudo seguir con la audiencia.

Tras la petición del abogado de la defensa pública, se le otorgaron cuatro días, habilitando el fin de semana, para conocer y estudiar el caso, para que de esta manera pueda proveer una defensa de calidad. De esta manera la próxima audiencia quedó en el calendario para el siete de mayo, donde se espera escuchar a los últimos testigos de la defensa.

De las resoluciones que aún quedan pendientes, una es la más importante. Es la que intenta que Rodríguez Sánchez, esperando correr mejor suerte que Ríos Montt, sea amparado bajo la Ley de Reconciliación Nacional. Más allá de esto, y con el ejecutivo enfocado ahora en la represión de las actuales luchas por la defensa de derechos básicos y aumentando catastróficamente el número de presos políticos en el país, parecería que el juicio continuara en este paso lento pero seguro.