Costa Rica: el proceso de la reacción

Opinión

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Actualmente existe un proceso mancomunado y coordinado entre los sectores y fuerzas neoliberales, incluido el gobierno, para hacer retroceder la historia nacional, hasta antes de los años 40. Es decir, es un proceso reaccionario profundo en diversos terrenos: el social, el económico y laboral.

Por José René Tamariz Corea (Psoca)

Opinión

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Tras la baja que constantemente se ha venido dando en los precios internacionales del petróleo y todos sus derivados, la población nicaragüense empezó a exigir al gobierno del Frente Sandinista una reducción en los altos precios del combustible y de la tarifa energética, ya que estas son las más altas de la región centroamericana, aun siendo Nicaragua el país que compra a Venezuela el petróleo a un precio más accesible que los demás países de la región.

Por Diego Lynch (Psoca)

Con la baja de los precios a nivel internacional, se ha creado un monto de ahorro el cual debería de ser dirigido a la reducción de la tarifa energética, sin embargo el Gobierno pretende utilizarlo para pagar la deuda que tienen con la Caja Rural Nacional (CARUNA).

La Ley No. 898

La Ley 898, dirigida a la reducción y variación de la tarifa energética, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de marzo del 2015 y publicada en La Gaceta Diario Oficial el día 26 de Marzo.

La Ley establece que del monto total ahorrado por la baja en los precios del petróleo, un 35 por ciento es dirigido a la reducción de la tarifa eléctrica, otro 35 por ciento irá a programas de combate a la pobreza y un 30 por ciento al pago del subsidio aprobado en años anteriores mediante préstamo. Tan pronto como fue aprobada la Ley en marzo, economistas calcularon que la reducción iba ser de un diez por ciento; sin embargo explicaron que de no haberse creado “un tributo disfrazado” a los usuarios del servicio, al destinar el restante 65% del ahorro al financiamiento de programas para reducir la pobreza y pagar la deuda que el sector eléctrico mantiene con la Caja Rural Nacional (Caruna), la reducción de la tarifa hubiese sido mayor. Las tarifas de energía en el país subieron desde 2005 hasta 2014, por el incremento en los precios del petróleo. Al reducirse ese precio al nivel que tenía en 2005, éstas debieron bajar a los niveles de aquel año; no obstante los precios se mantuvieron elevados hasta hace poco (La Prensa; 7/04/15).

La reducción es una burla

El monto del 35% destinado a la reducción de la tarifa energética no es más que otra burla del Frente Sandinista para la población Nicaragüense, ya que esto se traduce a una reducción de un 10% para las personas que consumen menos de 150 kwh al mes y de un 8.5% para el resto de la población.

La reducción del ocho al diez por ciento en la tarifa energética representará 57 millones de dólares de ahorro anual para todos los sectores, si el consumo es igual al 2014 y la reducción se mantiene todo el año. Así lo afirmó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Funides especifica que quien tendrá un mayor ahorro será el sector comercial, pues al año los comerciantes podrán liberar de su bolsillo veinte millones de dólares. En el caso del sector residencial se calcula que habrá una liberación de recursos de los bolsillos de los hogares por el orden de los 18 millones de dólares en total, pero al ser desglosado, el beneficio será pequeño. En el sector industrial el ahorro será de 15 millones de dólares en el año y en irrigación 1.5 millones de dólares. Ayer que apareció en los medios de comunicación que la tarifa energética bajará hasta un diez por ciento y se verá reflejado en el recibo del mes de mayo, muchos usuarios calcularon cuánto iba a significar de ahorro para sus bolsillos, como doña Alejandra Rivas, quien cuida que su medidor no llegue a pasarse de los 150 kWh al mes. “El mes pasado pagué 368 córdobas y me explicaron que si a eso le aplico el diez por ciento de la rebaja, en ese entonces me hubiera ahorrado 36.8 córdobas, dijo.” (La Prensa; 7/04/15).

Los transportistas serán afectados

Aun con la baja de los precios del petróleo, el Gobierno ha tomado la decisión de quitar los subsidios a los transportistas, por lo que estos han amenazado con un incremento a la tarifa de los pasajes.

La cancelación del subsidio al precio del combustible para los dueños de las más de tres mil unidades que prestan el servicio de transporte interurbano, que fue oficializada ayer por el asesor presidencial Bayardo Arce, podría provocar un alza en el costo del pasaje interurbano, advirtieron representantes del sector. “Ahora que baja el precio del petróleo, creemos que ellos (los transportistas) deberían de asumir eso (el precio del combustible). He oído a unos diciendo que bajó el petróleo, pero que otras cosas no bajan, pero no es cierto, ellos tienen exoneradas las llantas, y no pagan impuestos por una gran cantidad de repuestos, yo creo que sacar este país adelante debe ser un esfuerzo de nación”, expresó Arce. Representantes de los transportistas confirmaron que esta acción afecta sus costos de operación por lo que no descartan un eventual incremento del pasaje. “Nosotros estaremos dando un compás de espera durante este fin de semana, pero cooperativas en varias regiones están tomando algunas medidas como la posibilidad de incrementar la tarifa”, señaló Ismael Blanco, presidente de la Cooperativa Granma que cubre la ruta Carazo –Managua. Según Blanco, la Cooperativa Granma que actualmente cobra C$30 por pasaje contemplarían aplicar un incremento que oscilaría entre el 20 y 25 por ciento. “El subsidio nos permitía recibir una reducción de hasta 210 córdobas en combustible por cada día de trabajo, al retirárnoslo se incrementan los costos de operación”, argumentó Blanco. (El Nuevo Diario; 11 de Abril del 2015).

  

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Se pretende “reformar” el sistema de empleo público y de los salarios, pero hacia atrás, eliminando los denominados pluses salariales y homologar los salarios hacia abajo; denuncia, revisión y eliminación de artículos, supuestamente “abusivos”, de las convenciones colectivas; el intento de aprobación e implementación de un paquetazo fiscal, integrado por nueve proyectos, tres de los cuales disminuirían, aún más, los niveles de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias (reforma del impuesto de ventas a impuesto al valor agregado, reforma al impuesto sobre la renta y contención del gasto público).

Sin embargo, algunas propuestas de fuerzas reaccionarias como el PLN y el Movimiento Libertario, van mucho más lejos. Por ejemplo, el proyecto de ley 19.506, de la diputada liberacionista Sandra Piszk, no solo busca eliminar los componentes salariales (mejor conocidos como “pluses salariales”), sino también modificar algunos artículos del Código de Trabajo, que vienen desde el año 1943, en cuanto a las convenciones colectivas. Por ejemplo, el artículo 58 de dicho Código en su inciso e) plantea que “La duración de la convención… Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de los partes la denuncia con un mes de anticipación la respectivo vencimiento…”. (Código de Trabajo, 2013: 29). Mientras que el artículo 7 de ese nefasto proyecto de ley propone que “Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto se negocie una nueva, entenderá que el plazo por el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de 9 meses, contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación. (Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, página 29). En caso de aprobarse semejante artículo reaccionario y anti-obrero, las muchas convenciones colectivas que han sido denunciadas por el Estado y, que no se han podido renegociar, expirarían y, por ende, se perderían todas las conquistas contenidas en ellas, ya que se tendrían que volver a negociar de cero.

Este proceso reaccionario en desarrollo, en caso de consumarse, no sólo vendría a deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, sectores populares y clases medias, sino que también podría generar un proceso recesivo en la economía nacional, ya que significaría la baja de los salarios y el aumento de los precios y servicios, lo cual provocaría una contracción masiva del consumo como efecto de esa tenaza, salarios y precios. No hay posibilidad de detener este proceso profundo reaccionario y contrarreformas con negociaciones y mesas de diálogo, sino solamente mediante la movilización y lucha en las calles, utilizando los métodos de la clase trabajadora. Las organizaciones sindicales y sus dirigencias deben convocar a una gran Asamblea Nacional para discutir este proceso reaccionario en desarrollo y votar un plan escalonado de lucha que, concluya en una huelga general, para enfrentarlo, combatirlo y derrotarlo. No existe otro camino, ni otra vía.

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