Un nuevo caso de corrupción fue destapado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Esta vez, el turno le tocó al Congreso de la República. Ambas instituciones han solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antejuicio contra el diputado y ex presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez. Los cargos por lo que se le puede procesar luego de retirada la inmunidad son peculado y asociación ilícita.

Por Luis Solano

Las acciones se originaron luego que en febrero de 2015, la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dirigida por Manfredo Marroquín, denunció la existencia de una estructura de plazas fantasmas en el seno del Legislativo. El centro de la estructura es Muadi, quien siendo presidente del Congreso en 2013, habría estructurado el plan con participación de una de sus empresas y la colaboración de agentes de seguridad privada que le brindaban protección.

El caso contra Muadi

De acuerdo con Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, la organización denunció en febrero ante el Congreso la existencia de plazas fantasmas, luego de recibir denuncias al respecto. Marroquín indicó que el Congreso le negó información respecto a contratos de personal, argumentando que la “información es sensible”.

Ante eso, Acción Ciudadana accionó en la Corte de Constitucionalidad (CC) que fue la que ordenó al Congreso darle la información a la ONG.

Si bien el fenómeno de las plazas fantasmas, sobre todo en el Congreso, no es nuevo y que según Marroquín es “un sistema ya”, es primera vez que ese sistema es sacudido, y dirigido hasta la presidencia del Organismo Legislativo.

Thelma Aldana, fiscal general, explicó que mientras Muadi ejerció en el cargo en 2013, contrató un cuerpo de seguridad de 15 agentes para protegerlo a él y a su familia. Por hacer ese trabajo la empresa de seguridad privada Grupo SIS le pagaba a cada agente un salario de Q5 mil.

Al respecto, la CICIG publicó un comunicado, que se resume en la gráfica y el recuadro a continuación:

La investigación reveló que para el año 2013, Pedro Muadi Menéndez, actual diputado y entonces presidente del Congreso, tenía asignado un grupo de seguridad personal de 15 guardias, integrado por personal de la empresa privada de seguridad GRUPO SIS, cuyos miembros devengaban un sueldo de Q5,000.00, pagado por dicha compañía.

Para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q.2,000.00 a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso, por ello cada uno debería firmar un contrato por un sueldo de Q8,000.00 con este organismo.

Una vez que los miembros de seguridad aceptaron las condiciones del ofrecimiento, Claudia María Bolaños Morales -secretaria de la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A. (P.S.E. S.A.), propiedad del diputado Muadi Menéndez- abrió cuentas a nombre de éstos, y se aseguró que en cada una de las cuentas quedara registrada su firma.

Depositado el respectivo salario del Congreso a la cuenta de los miembros del equipo de seguridad, Claudia María Bolaños Morales procedió mensualmente a pagarles Q2,000.00 en efectivo y a depositar lo restante a la cuenta de la empresa P.S.E. S.A. Esto se dio en el período de junio de 2013 a enero de 2014.

Con documentación contable se estableció que en dicho período fueron sustraídos de las arcas del Congreso aproximadamente Q630,000.00.

Se señaló que la documentación secuestrada en el Departamento de Recursos Humanos del Congreso permitirá ampliar la investigación hacia otras personas que resulten involucradas en este caso.

Capturas
Por estos hechos, el día de hoy fueron capturados Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi Meléndez, y José Estuardo Blanco Aguilar, jefe de seguridad del diputado, por los delitos de peculado por sustracción y asociación ilícita.

 Muadi, legislando como empresario

Muadi fue electo diputado por el Partido Patriota (PP), en el proceso electoral de 2011, siendo uno de los secretarios adjuntos del PP. Es uno de los tres empresarios representantes del CACIF, Cámara de Industria y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), que fueron electos como diputados ante el Congreso, por parte del PP. Los otros dos fueron Emmanuel Seidner y Juan José Porras.

La misión que estos empresarios convertidos ahora en diputados parecían llevar, era impulsar y aprobar un marco legal que favoreciera al gran empresariado en el contexto de inversiones y competitividad de cara a los acuerdos comerciales internacionales signados por Guatemala.

Con facilitar ese objetivo, Muadi fue nombrado presidente del Congreso en 2013, para viabilizar el marco legal que comenzó a elaborarse en 2012. Pero no sin antes provocar fraccionamientos dentro del PP. Estos aparecieron durante la elección de la Junta Directiva del Legislativo para el período 2013, pues surgieron varias planillas para esta elección dentro del mismo PP. Una fue la encabezada por los diputados Haroldo Quej y Juan Alcázar Solís; otra fue la que estuvo encabezada por los legisladores Iván Arévalo y Fernando García. Una tercera opción fue del propio Gudy Rivera, Presidente del Legislativo en 2012, quien planteó su reelección. Al final, tanto Pérez Molina como Roxana Baldetti impusieron, en una reunión a puerta cerrada, una sola planilla encabezada por Muadi para dirigir el Legislativo en el 2013. (Enfoque No. 32; El Observador Nos. 36 y 37; El Observador Nos. 42 y 43).

En abril de 2012, a tan sólo un trimestre de su administración, el ministro de Economía y empresario de la industria textil, Sergio De La Torre, anunciaba un conjunto de leyes que se presentaría al Congreso de la República para promover los incentivos a la inversión, el empleo y la productividad, entre otras cosas. Estas leyes, conocidas como Paquete de Leyes de la Competitividad, fueron presentadas en enero de 2013 por el mismo Presidente de la República al Legislativo con las siguientes palabras: Estamos privilegiando el empleo en el interior del país.(El Observador Nos. 38 y 39).

Además de asegurar que de aprobarse las leyes se podrían incrementar a 200 mil nuevas plazas de trabajo anuales, pidió al Presidente del Congreso, Pedro Muadi, priorizar su aprobación.

El paquete de nueve leyes incluía la Ley de Promoción de Inversión y Empleo, la Ley de Inclusión Laboral y la Ley Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad, que creará la Secretaría para la Competitividad y las Inversiones, y la institucionalización del Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones (Conapex), además de crear ProGuate, conformada por Pronacom, Proinvest, Promoción y Proimagen. En su conjunto, este paquete de leyes fue promocionado como una especie de panacea con el que se buscaba atraer inversiones productivas, generar empleo formal y promover el desarrollo rural.

En el marco de la aprobación del DR-CAFTA y la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA-UE), se comenzaron a promover dos iniciativas de ley: la de Competencia Nº4426, y Ley de Defensa y Promoción de la Competencia. Igualmente, la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo fue impulsada abiertamente por De la Torre.

Debe recordarse que la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República fue la punta de lanza para impulsar todo ese paquete de leyes. En ese período de legislatura, estuvo presidida por el diputado y empresario Emmanuel Seidner, quien fue el responsable de la elaboración del Plan y/o Agenda del Cambio del actual gobierno del PP, además que, durante el gobierno de Berger fue el Subcomisionado Presidencial del Programa Nacional De Competitividad (Proncamo).

Tampoco extrañó que uno de sus integrantes fuera el también empresario Pedro Muadi, proveniente de la Asociación General de Exportadores (Agexport), y designado para presidir el Congreso de la República para el período 2013. “Somos una Comisión variada y muchos de sus miembros tienen afinidad con la iniciativa privada”, dijo Muadi en esos días. Aclaró que ciertos temas sí han sido consensuados con empresarios y representantes de diferentes Cámaras, pero no para seguir sus lineamientos sino como parte de la práctica de “la socialización de los proyectos”.

Muadi destacó además por su oposición a la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI), impulsada por organizaciones campesinas. Se recuerdan declaraciones como esta: “el desarrollo rural es fundamental para que el país salga de la pobreza, pero la iniciativa 4084 (LDRI) está plagada de ilegalidades (…) no es integral, a pesar de llevar ese calificativo en el título, ya que únicamente se enfoca en aspectos agrarios y no toma en cuenta factores relacionados con el turismo, el comercio, la industria, servicios e infraestructura (…) debe tener el consenso y aprobación de todos los grupos interesados para que haya paz y armonía y no sea un motivo de polarización y enfrentamiento.

Muadi, el empresario

Pedro Muadi es un reconocido empresario de la industria del plástico. Ingeniero químico, Muadi tiene varias empresas, siendo la más importante PSE, S.A. (Productos, Servicios y Equipos, S.A.). Esta empresa es la que le permitió convertirse en uno de los directivos de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y que fue uno de los factores que posibilitó su llegada al PP.

Muadi también preside la Fábrica de calzado Moama, localizada en la misma dirección de PSE, y que es la que le habría permitido ser parte de Agexport. Aunque esa relación con Agexport puede venir también porque Muadi fue representante, entre 2003 y 2011, de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Aeropuertos y Puertos Combex-Im (Combex- Im) una empresa miembro de la CIG, localizada en el Aeropuerto La Aurora, y que maneja las exportaciones en las instalaciones aéreas. En las bodegas de Combex, son frecuentes los decomisos de droga o de materia prima para la elaboración de estupefacientes, y usualmente se desconoce sus orígenes, destinos y capturas.

Según elPeriódico (23 de enero de 2012), el hasta hace poco ministro de Gobernación, teniente coronel Héctor López Bonilla, ha sido consultor de Business Alliance for Secure Commerce (BASC), una compañía internacional cuya filial en Guatemala certificó a las portuarias Quetzal y Santo Tomás de Castilla, al Aeropuerto Internacional La Aurora y a Combex-Im. También acreditó a Prosersa, una contratista del Estado que provee cámaras, detectores de metales, aparatos de rayos X, y que, por ejemplo, diseñó los sistemas de ingreso al Preventivo de la zona 18 y a El Infiernito. Como administrador único de Prosersa figura en el Registro Mercantil, Carlos Humberto Fabián, socio de López Bonilla y del embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, en otros negocios. Una amplia investigación de sus empresas y las relaciones entre estas tres personas, puede verse acá en este enlace.

Muadi también preside la Inmobiliaria Muadi, localizada en el mismo lugar que PSE. En esas mismas instalaciones también se ubica la empresa Acuerdos y Soluciones, S.A. (Ayssa Estrategia), una empresa que se promueve para resolver la conflictividad social mediando entre comunidades y empresas, y facilitadora de instancias gubernamentales.

Ayssa es señalada por diversas organizaciones comunitarias de trabajar para empresas con grandes proyectos, como la española Fersa, subsidiaria de la española Eldu, que en enero de 2015 ganó la licitación de cinco lotes del Plan de Expansión de la Transmisión Nacional (PETNAC), que adjudicó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Fersa obtuvo los lotes en regiones donde hay mucha oposición a megaproyectos. Así, el lote A, que abarca tramos en Quiché y San Marcos por un canon anual de US$US$8.6 millones; el lote B, que incluye obras en el noroccidente por canon de US$10.1 millones y el lote E, conformado por obras en las Verapaces e Izabal por un canon de US$5.3 millones. Fersa es una empresa que opera conjuntamente con las empresas guatemaltecas 5ND productos electrónicos, S.A.; Proyectos de Eficiencia Energética, S.A. y Generadora de Energías Limpias, S.A. ubicadas todas en la misma dirección de Fersa. La primera aparece en medios de comunicación como una empresa que ha ofrecido y fallado en la venta de un software a la SAT. Las otras dos empresas tienen contratos para suministro de alumbrado público.

Ayssa Estrategia tiene una publicación conocida como Conflictividad Hoy, que publicación información estratégica con datos sensibles que supuestamente compra información al MEM, INDE y Ministerio de Gobernación, y que vende a los empresarios. Ayssa Estrategia también ha sido señalada de trabajar estrechamente con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), una secretaría que es parte de la Presidencia de la República, creada para promover el diálogo y resolver la conflictividad social.

Pedro Muadi Menéndez es sobrino de Gonzalo Ménendez Park, quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Así también, Muadi es primo del abogado Guido Ricci Muadi, quien es decano de la Facultad de Derecho de la UNIS; representante del CACIF como delegado empleador ante la OIT; asesor legal del CACIF y miembro del bufete Mosquera & Ricci.

Al cierre de esta nota, se conoció de última hora que la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP y agentes de la PNC realizaban allanamientos en varias oficinas del Congreso y que continuaban realizando capturas. Los fiscales ingresaron en las oficinas del Partido Patriota (PP), de la bancada Libertad Democrática Renovada (LIDER), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Unión del Cambio Nacional (UCN) asegurando cajas con documentos.

Los delitos perseguidos son: cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de dinero e incumplimiento de deberes. La fiscal a cargo explicó que en uno de los casos establecieron que una persona pagó Q130 mil para obtener por lo menos tres plazas en el Congreso de la República (Prensa Libre, 26 de junio de 2015).

Una de las oficinas allanadas fue la del diputado del PP, Edgar Cristiani, actual segundo Secretario de la Junta Directiva. Y otra de una empleada de la URNG.

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