Por Andrés Cabanas

La permanencia en el gobierno de un presidente sospechoso de actos ilícitos, la impunidad de funcionarios corruptos (ex Vicepresidenta, ex ministros de gobernación, ambiente, energía y minas…) el retraso en la publicación del informe de financiamiento de partidos políticos elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el estancamiento en la aprobación de reformas políticas básicas, la negativa a aplazar la fecha de las elecciones y desarrollar votaciones con nueva ley… convierten a Guatemala en un polvorín.

Por ahora, de indignación, fiesta, movilización y propuesta pacífica y democrática. En un corto plazo, si no se responde a las demandas de la población, se generará todo aquello que los defensores del orden afirman proteger: inestabilidad y tensiones.

Las demandas ciudadanas, sociales, de organizaciones y comunidades (construidas desde la legalidad y para recuperar un estado de derecho debilitado y disminuido por la acción de poderes corruptos, criminales y excluyentes) no encuentran respuestas institucionales. El poder establecido se cierra sobre sí mismo. Temeroso, se protege y elabora una hoja de ruta para contener y encauzar la crisis, que configura una transición a la que podemos denominar impune o controlada: mueve para que nada cambie, y rearticula pactos a la medida de actores de poder.

Según esta hoja de ruta, Pérez Molina culmina su mandato el 14 de enero de 2016 y se celebran elecciones en la fecha inicialmente prevista por el Tribunal Supremo Electoral, el 6 de septiembre de 2015. Se promueven reformas políticas mínimas, desde los poderes constituidos (se habla cada vez menos de reforma constitucional profunda). Se realizan capturas y juicios de alto impacto pero limitados (chivos expiatorios). Se agudiza el control social y la represión, para mantener bajo control el descontento social y las movilizaciones.

Actores de poder: pacto con fisuras

Hasta aquí la teoría. En la práctica, este diseño es tan impecable teóricamente como inviable políticamente. Por los siguientes factores, entre otros.

Permanencia en el poder de Pérez Molina, frente a la razón jurídica.

Si la razón política articula a casi todos los actores de poder alrededor de la “no renuncia” y el cumplimiento del período presidencial, la razón jurídica avisa que el Presidente será vinculado con hechos criminales (ética y políticamente ya lo está). Los procesos judiciales abiertos (el penúltimo acaricia la espalda de su asesor López Bonilla) y los que están por venir (Ministerio de Desarrollo Social, ex Ministro de Energía y Minas, Dirección de Aeronáutica Civil, ex Ministro y ex candidato presidencial Patriota, ex Ministra de Medio Ambiente, la propia ex Vicepresidenta, diputados y candidatos políticos, entre otros) hacen inviable una defensa prolongada de su figura.

La supeditación de la justicia a la conveniencia de élites (que involucra a el sistema de justicia, el Ministerio Público, la CICIG, las embajadas, el Cacif, los diputados) agudiza la indignación.

Castillo de naipes: pactos de elites frágiles y temporales

Factores como disputas de negocios, diferencias tácticas sobre el qué hacer (incluso alrededor del aplazamiento de elecciones) rearticulaciones, distanciamientos y necesidad de sobrevivencia, debilitan la pretensión de una transición controlada desde el poder hegemónico. Basta con que un arrepentido, un colaborador eficaz, un funcionario o ex funcionario súbitamente atacado por la ética (altamente improbable) empiecen a hablar con la verdad y confirmen ante un Tribunal lo que todos sabemos: que Otto Pérez Molina actuó como operador para el control de instituciones del Estado y operadores de justicia que favorecían todo tipo de negocios, con la complicidad o el silencio de empresarios y comunidad internacional, socios en algunos de esos negocios. Basta que dos o tres actores de poder opten por una salida distinta a la oficial y procedimental para que se derrumbe la institucionalidad actual.

Las contradicciones entre actores o sus evidentes bandazos (Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Rivera Clavería versus López Bonilla) convierten los pactos entre élites en temporales (incluidos los pactos alrededor del Pérez Molina y el evento electoral). En cualquier momento, el contexto obligará a nuevas rearticulaciones, que resquebrajarán las correlaciones preexistentes.

La ruta de las paradojas: situación de pierde-pierde

La caída de Pérez Molina debilitaría a actores de poder, pero también su permanencia, que está generando frustración social y deslegitimación. Lo mismo sucede con el mantenimiento del proceso electoral, que preserva el estatus quo pero alimenta una olla de presión, en la medida que se conocen nuevos casos de corrupción que involucran a diputados. ¿Qué hacer en este momento de pierde-pierde para actores de poder, o de “victorias” -por ejemplo la permanencia de Pérez Molina- con altísimo costo social?

Crisis sin control ni agenda predeterminada: el factor pueblo

Las contradicciones entre actores y agendas de poder, y las movilizaciones ciudadanas, indican que la crisis está lejos de ser orientada y no tiene un solo camino de solución. Es altamente probable la profundización de la misma.

La paradoja mayor es que la hoja de ruta para una transición sin mayores cambios y con algunos chivos expiatorios solo es posible a partir de la indiferencia y la desmovilización ciudadana. Se empieza a difundir entonces, desde líderes políticos y sobre todo medios de comunicación, la siguiente visión:

Estamos en un momento de reflujo de la indignación, de desaparición progresiva del movimiento en las plazas, de autodisolución por la fragmentación de agendas, de repliegue al no poder cumplir con el objetivo de destituir a Pérez Molina.

La fragmentación, la dispersión de demandas, la desarticulación son hechos ciertos pero parciales. Me permito contradecir los argumentos principales que hoy apuntan a deslegitimar y limitar las movilizaciones sociales:

Argumento oficial: las movilizaciones sociales decrecen porque la presencia de personas en la plaza central es significativamente menor, después del 16 de mayo.

Contraargumento: el movimiento de indignación se fortalece ideológica y cualitativamente, manteniendo la capacidad de incidir como actor político en el corto y medio plazo: la indignación se articula en sectores urbanos y rurales, se multiplica en diferentes espacios, las demandas de universitarios coinciden con demandas históricas, los que nunca protestaron comienzan a comprender la naturaleza estructuralmente depredadora del poder.

No se puede medir la indignación por el numero de participantes en un lugar y momento concretos. Las plazas no son solamente espacios de concentración ni los únicos espacios para manifestar la indignación; son –siguiendo a Amador Fernández Savater- un “desafío a la definición de la realidad, un sí a la experiencia de un mundo mejor”. Por ello, se “puede “hacer plaza” en las plazas o fuera de ellas, con acciones y con palabras, en lo excepcional y en lo cotidiano, con otros e incluso solo. Hacer plaza es oponer un mundo a otro o poner un mundo en otro”.

Argumento oficial: no hay propuestas en las propuestas, o estas son dispersas y cambiantes.

Contraargumento: desde las primeras declaraciones, emitidas pocos días después de la desarticulación de la estructura de defraudación tributaria La Línea (16 de abril) organizaciones y colectivos sociales se pronuncian y realizan propuestas concretas y estratégicas.

Argumento oficial: el movimiento social es débil porque carece de conducción y liderazgo unificado y centralizado.

Contraargumento: una de las fortalezas del movimiento actual es su carácter plural, descentralizado y creativo, que permite la participación e incorporación de nuevos movimientos y personas. El reto es lograr acuerdos para contenidos y acciones, y una estrategia compartida, sin hegemonismos.

Argumento oficial: el movimiento ha perdido sus batallas inmediatas (RenunciaYa dirigida a Pérez Molina). Se habla, sin rubor, de la derrota de los indignados, lo que favorece mantener el estatus quo a pesar de su deslegitimación creciente.

Contraargumento: La renuncia de Pérez Molina es una exigencia ética y política inmediata. Es una demanda clave y afecta la consistencia inmediata de las movilizaciones. Sin embargo, el rechazo a la clase política, a los actores de poder, es un rechazo estructural, que va a continuar por tiempo prolongado y por distintas formas.

Hacia dónde nos movemos

El futuro es incierto, inestable, con agendas abiertas, lleno de recovecos, contradicciones, amenazas y oportunidades.

Estamos en un momento de despertar de sectores urbanos, que se unen a los que han estado siempre despiertos, velando por el derecho a la vida; en un momento de rearticulaciones diversas, sin hegemonías; de joviales y festivas indignaciones; de recuperación de alegrías y sueños; de disputas profundas y prolongadas. En este sentido, no nos vemos en términos de derrotas o victorias, porque no estamos en una única batalla, en una guerra de posiciones, en un asalto a las instituciones, sino en una disputa de formas de organizarnos y relacionarnos: proponemos una renovación de actores políticos y un cambio de leyes, pero sobre todo de cultura política, de valores, de la organización social, del ejercicio y sentido del poder.

La principal amenaza es hoy el reto fundamental para las luchas sociales: convertir la transición controlada (cambiar personas y algunas leyes sin cambiar el fondo del sistema) en modificaciones estructurales que construyan un país distinto.

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