Narcoelectricidad en San Marcos: Chamalé, Gobierno y Empresa

 

Por Gustavo Illescas/Esta Tierra es Nuestra

La Huelga del NO pago

Desde 2002 pobladores del suroccidente de San Marcos presentaron miles de denuncias ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el Inde y la distribuidora de electricidad de occidente DEOCSA. Los alegatos iban desde cobros irregulares en la tasa municipal, ajuste y redondeo, hasta el cobro de alumbrado eléctrico en comunidades donde este era inexistente.

Las quejas también giraban en torno al servicio deficiente derivado por los apagones, la lentitud en la reparación de averías, poca inversión en el mantenimiento de la red de distribución, lectura errónea de los contadores, así como órdenes de corte injustificadas que luego se traducían en reconexiones hasta por Q 5,000.00.

Cuando Óscar Berger llegó al gobierno (2004) la inconformidad se había extendido a varios departamentos. Se iniciaron acercamientos que culminaron en 2005, cuando la CNEE y DEOCSA no comparecieron al Congreso de la república, al que debían presentar los avances de los compromisos asumidos en sesiones anteriores:

1	Establecer una oficina de atención al consumidor en Tacaná y Sibinal,
2	Realizar un proceso de fiscalización entre sociedad civil, CNEE y DEOCSA
3	Que las comunidades elijan su propio lector para evitar lecturas erróneas, mala facturación, retraso en la distribución de las facturas, cortes injustificados, etc.
4	Condonación de lo adeudado por anomalías en las letras y mala facturación, cortes injustificados y retraso en la entrega de facturas.

A finales de 2007, el descontento se aglutinó en el Frente en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Humanos (FRENA), de donde emergió una propuesta de municipalización de las hidroeléctricas y de la distribución eléctrica. Entre otras, se plantea un consejo de administración con participación de la sociedad civil y que las utilidades sean invertidas en los gastos administrativos, la capitalización de la empresa municipal (producción y distribución) y la retribución de los excedentes en obras sociales.

Al mismo tiempo se inició la “Huelga del no pago”, que consiste en conectar la acometida de energía eléctrica sin pasar por el contador de luz, como una medida de presión para hacer escuchar sus demandas en el sector eléctrico.

La propuesta de municipalización del sistema eléctrico fue bloqueada por el Estado y no tuvo cabida en la planificación de la nueva matriz energética diseñada en tiempos de Berger y que ha seguido su curso en los planes de generación, transporte y distribución de los gobiernos de Colom y Pérez Molina.

A la huelga iniciada por FRENA se sumó el Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Esta última amplificó la huelga a otros territorios y ya para 2013 sumaba alrededor de 300 mil personas en 400 comunidades en todo el país.[1]

Las demandas y las acciones de defensa trataron de ser repelidas por una oleada de asesinatos de liderazgos locales entre 2009 y 2010[2]. En los casos de Víctor Gálvez y Octavio Roblero Roblero destacan alrededor de los crímenes los nombres de Juan Ortíz alías “Chamalé”, trabajadores de DEOCSA (Gas Natural Fenosa) y autoridades locales.

 ¿Quién es Chamalé?

Chamalé extendió el almacenamiento y contrabando de cocaína y heroína negra por toda el área fronteriza de San Marcos, Quetzaltenango y previo a su caída (en 2011) ya empezaba a ganar terreno en Huehuetenango. Desde esa base, el área de operaciones de Chamalé abarcaba Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla en alianza con la organización “Los Sarceño”, asentada en Iztapa, Escuintla.

Se dice que el padre de Chamalé era un comisionado militar que había sido patrono de una Finca ubicada en Totonicapán. De Chamalé se sabe que nació en Ayutla, San Marcos; que se involucró en el hampa por 1986 y que para finales de 1990 su principal comprador era el Cártel de Sinaloa.

Una publicación de Analisys & Solutions refiere en 2011 que Chamalé también era comisionado militar:

Muchos de los individuos que controlan las rutas de tráfico de Guatemala actualmente, y que son los objetivos de la policía de Guatemala y las acciones de la DEA de EE.UU., son ex comisionados militares, entre los que se incluye a Juancho León, Waldemar Lorenzana y en San Marcos: Juan “Chamalé” Ortiz.[3]

Ya desde 1986 el Departamento Antinarcóticos de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) había detectado el involucramiento de militares en el negocio del contrabando en Guatemala[4]. Particularmente los que se dedicaban a la inteligencia militar se basaron en el control de las Aduanas y en el apoyo local de comisionados militares y jefes de patrulla para controlar rutas y almacenamientos de la droga.

Chamalé acrecentó su patrimonio usurpando propiedades comunitarias y de parceleros, y adquiriendo fincas de terratenientes en el contexto de la crisis del café a inicios de la década pasada. Chamalé pasó de ser trabajador de fincas a controlar más propiedades que los Herrera y los Botrán (ambas grandes familias azucareras) en Malacatán.

Narcoelectricidad y violencia política

Además del negocio de la droga, Chamalé incursionó en el agronegocio energético de la Palma Africana y las hidroeléctricas. De ésta última, el primer indicio data de 2008, cuando Chamalé fue señalado de querer desviar un ramal del río Petacalapa hacia su finca Betél, ubicada al lado derecho de la carretera que conduce de la cabecera de Malacatán a la frontera “El Carmen”, México.

El proyecto en mención se llama Jesbon Maravillas y fue inscrito a finales de junio de 2009 por Osbeli Aguedo Godínez Monzón.

Víctor Gálvez, miembro de Frena, era uno de los líderes que se opusieron al desvío del río para la construcción de la hidroeléctrica, y a la vez, de los que impulsaba la construcción de pequeñas hidroeléctricas comunitarias que no estuvieran conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

El 19 de julio de 2009 en el cantón Morazán de la cabecera de Malacatán, Víctor Gálvez sufrió un atentado armado del que salió ileso y en el que aparentemente habían participado el hijo del entonces diputado por San Marcos, Luis Alberto Contreras Colindres, quien se llevó la agenda de Gálvez.[5]

Contreras Colindres fue diputado por la Gana 2004-2007. En 2008 fue reelecto y posteriormente se unió a las filas del Partido Patriota, llegando a formar parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la cual era presidida por Alejandro Sinibaldi.

El 08 de octubre de 2009 en el caserío Miramar de la aldea El Carmen, cercano a la Finca Betél, 14 trabajadores de Gas Natural Fenosa llegaron fuertemente armados a hostigar a la población.[6] La hidroeléctrica ubicada en la Finca Betél se conecta al circuito de la frontera de El Carmen para ir a dar a la Subestación Malacatán.

El 24 de octubre de 2009 Víctor Gálvez denunció en una asamblea parroquial en Malacatán que Chamalé quería apropiarse de la energía eléctrica en contubernio con el diputado Contreras Colindres y el entonces alcalde Héctor Rubén Chávez. Al salir de la asamblea fue brutalmente asesinado al recibir 12 impactos de bala. Gálvez era miembro de la parroquia y querido por su gente, al entierro que recorrió las calles de la cabecera de Malacatán asistieron más de 3 mil personas.

Mientras el gobierno de la UNE cerraba las puertas del dialogo, Gas Natural Fenosa provocaba sabotajes al tendido eléctrico generando un clima psicológico que hacía recordar la guerra, y que se acentuó a finales de diciembre cuando el presidente Álvaro Colom decretó Estado de Excepción y militarizó la región.

En medio del duelo y el control militar y policial, el movimiento realizó el 29 de diciembre de 2009 la consulta comunitaria de Malacatán, donde la población manifestó su rechazo a los megaproyectos. El 13 de enero de 2010 representantes de Frena sostuvieron una audiencia en el Congreso donde asistieron alcaldes de San Marcos, representantes de Gas Natural Fenosa y el entonces Secretario Ejecutivo de la Presidencia, Luis Velásquez, que se posicionó a favor de la empresa y desestimó las denuncias.

Luego de regresar sin acuerdos, a la altura del kilómetro 208, el automóvil donde se conducían Evelinda Reyes, Leonel de León, Fredy Rodas y Jorge Alonzo, sufrió una emboscada en la que fue asesinada la lideresa Evelinda Reyes, miembra de Frena y del Comité de Unidad Campesina (CUC).[7]

EL 17 de febrero de 2010 Octavio Roblero Roblero, miembro del Frente Nacional de Lucha (FNL), fue asesinado a las afueras de su negocio. Testigos afirmaron ver a Chamalé en la escena del crimen. Roblero Roblero era líder desde joven en la iglesia católica del cantón San Miguel y era cuñado de Víctor Gálvez (+).[8]

Luego que se desató la oleada de asesinatos, Gas Natural Fenosa abrió unidades móviles de atención a consumidores de DEOCSA. Mientras que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) autorizó el 01 de junio de 2010 la conexión del proyecto hidroeléctrico Jesbon Maravillas ubicado en la Finca Betél, cuya sede para recibir notificaciones se encuentra precisamente en el cantón San Miguel de Malacatán.

Reveses y reacomodos

Según denunciaron líderes de Frena en su momento, el proyecto era asesorado por un Ingeniero de Gas Natural Fenosa, de apellido García. Por otro lado, se dice que Chamalé a cambio de poner a disposición su estructura de sicariato, cobraba fuertes sumas de dinero por el derecho de paso de las líneas de transmisión y distribución eléctrica que pasaba por sus fincas.

El poder de Chamalé sufrió un duro golpe y a la vez inesperado, cuando el 02 de octubre de 2010 fue capturado uno de los principales hombres de la estructura de Chamalé, el marquense Mauro Salomón Ramírez, apodado el “León del mar” por su capacidad para organizar desembarques de droga en la costa pacífica, desde sus inicios en 2001 cuando apenas tenía 23 años.

La relación evidente entre Chamalé, Gas Natural Fenosa y el gobierno de la UNE, era particularmente dañina para los dos últimos, debido a la política antinarcótica de EEUU. Esta desembocó en una coyuntura de guerra declarada en México contra el Cartel de Sinaloa y los Zetas, y que tuvo su correlato en la gestión de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público (MP) en Guatemala.

En marzo de 2011 Chamalé fue capturado a la edad de 41 años, en un operativo en el que participó la PNC, el Ejército, MP y la DEA. Después se supo que Chamalé llamó inmediatamente por teléfono al Ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, y a Gloria Torres (hermana de Sandra Torres) para que intercedieran por él.

Otro factor que hizo posible el desplome de la cobertura que el Gobierno mantenía sobre los intereses territoriales de Gas Natural Fenosa y Chamalé, fue el bloqueo que las elites hicieron a la candidatura de Sandra Torres a la presidencia tras su divorcio con Álvaro Colom en marzo de 2011.

Un mes más tarde, Gloria Torres renunció a la Secretaría de Organización de la UNE y en septiembre fue destituido Abraham Valenzuela. Según José Rubén Zamora (elperiódico), la llamada de Chamalé no extraña por los vínculos de éste con miembros de una fracción del alto mando militar (La Cofradía), denominado “el cartel de los durmientes”, entre ellos Robín Macloni Morán Muñoz, señalado de ser jefe de seguridad de Chamalé, luego de ser ministro de la Defensa del FRG (Agosto 2002-Enero 2004).[9]

En mayo de 2011, en pleno mercado electoral, Gas Natural Fenosa vendió sus acciones en las distribuidoras DEOCSA y DEORSA a la empresa transnacional Actis (Gran Bretaña), y ésta a su vez cambió el nombre comercial de las distribuidoras a Energuate pero conservando personal y prácticas de su sucesora.

Fue hasta marzo de 2014 que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” condenó a Martín García González y a Fredy Heraldo de León Barrios a 35 y 40 años de cárcel respectivamente por el asesinato del líder de FRENA Víctor Gálvez. García Gonzáles y de León Barrios eran guardaespaldas de Chamalé.[10]

Los crímenes contra el resto de líderes continúan en la impunidad, la responsabilidad de Gas Natural Fenosa no ha sido investigada y el conflicto en San Marcos tiene nuevos rostros, el PP y Actis.

Pese a que Chamalé fue extraditado a Tampa, Florida, en mayo de 2014, continúa teniendo presencia en la región a través de su hermano Rony Alexander Ortíz López y se prevé una nueva pugna por el control de las fincas que Chamalé concentró por más de una década, entre ellos los finqueros tradicionales, los intereses que subyacen en la Secretaria de Bienes de Extinción de Dominio de la Vicepresidencia de la República y las comunidades sin tierra que buscan espacio para desarrollar su economía campesina.

A principios de este año fueron extinguidas las únicas fincas de Chamalé que aparecen registradas a su nombre. Son 10 fincas ubicadas Ocós, San Marcos, que compró a la edad de 29 años. En adelante tomó más cuidado y utilizó la figura de testaferros para hacerse de propiedades y ampliar su control territorial en Malacatán, San Pablo, San Rafael Pie de la Cuesta, Tecún Umán como sus principales rutas de contrabando en el departamento. Las fincas más apetecidas están ubicadas en Malacatán y se encuentran bajo investigación. Queda en el aire quiénes serán los nuevos dueños de la hidroeléctrica Jesbon Maravillas.

La alianza entre comerciantes de la droga, militares retirados y empresarios del negocio eléctrico, resultó sumamente dañina para el movimiento en defensa de los bienes naturales en Malacatán. ¿Se repetirá el mismo esquema en el conflicto que estalló en enero de 2015 en el vecino municipio de San Pablo, San Marcos?

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[1]     El Observador. “Planes energéticos y competitividad”. Año 9. Nos. 44-45. Abril-Noviembre 2014. Pág. 25

[2]     Otros de los líderes asesinados durante la oleada represiva en 2010 son Pedro García del municipio de San Pablo, Carlos Maldonado Barrios, Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar y Santiago Gamboa.

[3]      Analisys & Solutions, CNA. “Organizaciones Criminales y Tráfico Ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala. Diciembre de 2011. Pp. 7

[4]     UDEFEGUA. “Protegiéndonos ante las amenazas del siglo XXI”. Guatemala, enero 2009. pp. 26

[5]     UDEFEGUA y El Observador. “Buscando el Futuro”. Fernando Solís y Gustavo Illescas. Septiembre 2010. pp. 55

[6]     Ibid. pp. 54

[7]     Ibid. pp. 56.

[8]     Ibid. pp. 56.

[9]      Zamora, José Rubén. “El tenebroso cartel de los durmientes”. elPeriodico. 12 de Julio 12 de 2011.

[10]    http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/emiten-penas-35-40-anos-para-guardaespaldas-chamale