La captura de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue más allá de la red de corrupción detectada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre los capturados se encuentra el empresario cafetalero, Max Erwin Quirín Schöder, fiel representante del poder económico cafetalero de origen alemán. Representante del CACIF ante la Junta Monetaria y ante la directiva del IGSS, Max Quirín lo es también de las élites empresariales. Por esa razón, no se hizo esperar la reacción de las máximas instancias empresariales como el CACIF, la Cámara del Agro y la Asociación de Exportadores de Café (ADEC) en defensa de su agremiado.

Por Luis Solano

Del comunicado de la Corte Suprema de Justicia

Justo cuando el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) brindaban la conferencia de prensa sobre las capturas de la red de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado que llevaba un fuerte mensaje de su compromiso contra la corrupción y por aplicar la justicia.

En su comunicado del 20 de mayo, dirigido a la población, la CSJ advierte que “rechaza categóricamente todo acto de corrupción”. Se supone que hace referencia al caso que en ese momento se destapaba, el del IGSS, pero al mismo tiempo a otros casos sonados en los que servidores públicos del sistema judicial y de otras ramas del Estado se han visto involucrados, tal el caso de la red criminal La Línea.

En su inciso II hay un giro. Además de comunicar el respeto a la independencia judicial y del correcto actuar de los jueces y magistrados, pide ese mismo respeto y apego a ley a las “entidades involucradas”, las cuales no cita por nombre. En ese marco, solicita que las acciones procesales se desarrollen el órgano jurisdiccional y no por otros medios.

Sin duda, el mensaje está dirigido a un amplio sector de instituciones tales como los organismos Ejecutivo y Legislativo, pero igualmente puede considerarse al MP y a la CICIG, e incluso al sector empresarial. Se supone que acá la solicitud es que no debe presionarse a los órganos judiciales desde instancias externas, sean pública o privadas, o más aún, diplomáticas.

La CSJ enfatiza en el inciso III, que los órganos jurisdiccionales “resuelven de acuerdo a la calidad de los elementos probatorios que se les presenten.”. Acá es obvio que se solicita que las pruebas presentadas sean bien sustentadas, para que las decisiones de los jueces no sean cuestionadas posteriormente, bajo el supuesto que las pruebas fueron débiles o insuficientes. El llamado acá es obvio. Va dirigido al MP y a la CICIG.

El inciso IV es el más fuerte y decidido, muy parecido al inciso II. Habla que “no tolerará injerencias” de ningún organismo del Estado o autoridad. La CSJ advierte que velará por el “respeto al debido proceso y demás garantías Constitucionales.”. De nuevo, es amplio el llamado institucional que la CSJ hace.

El comunicado de la CSJ surge en el preciso momento en que el máximo organismo judicial se encuentra en la picota. Los niveles de corrupción internos y la penetración de redes criminales y de grupos de poder paralelos, le han minado.

Los trámites de antejuicio contra las juezas Marta Sierra de Stalling, Jisela Reynoso y Carol Patricia Flores son tan sólo la punta del iceberg de lo carcomido en que se encuentra el sistema judicial.

Es más,  tras la orden de captura del Presidente de la Junta Directiva del IGSS, el coronel Juan de Dios Rodríguez, su procesamiento legal le abrirá un nuevo frente a la CSJ. Las presiones serán intensas. Se ha mencionado desde hace algún tiempo, que Rodríguez fungió como operador político en el proceso de nombramiento de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, bajo un acuerdo entre los dos principales partidos en el Congreso: el PP y LIDER. Esto de por sí pone de inmediato en entredicho la independencia en el ejercicio del debido proceso, apego a la ley y la administración de la justicia del máximo órgano legal del país.

Y más complicado aún, cuando se observa que tres de los capturados en la red de corrupción en el IGSS, incluyendo a Rodríguez, son el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria y vicepresidente del IGSS, Julio Suárez, así como el representante del CACIF en la Junta Monetaria y en la junta directiva del IGSS, Max Erwin Quirín Schöder, acusado de fraude.

El primero de ellos un tecnócrata que llegó al cargo con el respaldo empresarial y tuvo el apoyo del mandatario Pérez Molina, y el segundo, un fiel representante del poder económico de Guatemala, de origen alemán y de los poderosos cafetaleros. En ese contexto, la CSJ (y la justicia que administra) está en el ojo del huracán.

Los comunicados empresariales

Con la misma fecha del comunicado de la CSJ, la voz del CACIF se hizo sentir en otro comunicado en el que destacaba que

Nuestros Representantes ante diversas entidades han sido siempre escogidos sobre la base de su comportamiento ético y buen desempeño. Por ello, Max Quirín está ya a disposición del Juez competente para poder aclarar su situación personal.”

Este fue el primer paso dado por el sector empresarial para procurar la pronta liberación de su agremiado.

En los mismos términos, la Cámara del Agro (Camagro) se expresó en un comunicado del 22 de mayo, donde destaca entre otros cargos que ostenta Max Quirín, el de presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA), en representación de Guatemala; representante de Guatemala ante la Organización Internacional del Café (OIC); director de la Asociación de Productores y Exportadores de Café (PROCAFE); y ser uno de los altos directivos de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), la cual también ha presidido.

Pero la Camagro fue más lejos porque además de reconocer la trayectoria profesional y honorabilidad de Quirín, está pidiendo de manera implícita la libertad inmediata al sugerir que es “una persona idónea para que se le beneficie con la aplicación de una de las medidas sustitutivas que la Ley contempla, en caso esté sujeto a algún proceso de investigación.”, cuando aún el empresario no brindaba declaración en la audiencia ni se conocían las pruebas de su detención.

Un día después, el 23 de mayo, la Asociación de Exportadores de Café (ADEC) publica un comunicado dirigido a la opinión pública, que se refiere en términos parecidos a la trayectoria de Quirín. Los tres comunicados dejan claro que para esos sectores empresariales Quirín es inocente y piden al MP que se realice una investigación seria, responsable y a fondo para castigar “a los verdaderos culpables” o “los efectivamente responsables de los hechos que se señalan”.

En el caso del CACIF, concluye su comunicado de manera enfática:

En este sentido, solicitamos a la administración de justicia actuar en forma pronta y cumplida, resguardando el debido proceso y en estricta aplicación del Estado de Derecho.”

Los orígenes cafetaleros de Quirín Schöder

En los últimos 25 años, Quirín ha destacado en el mundo empresarial cafetalero. Sus negocios y fincas se concentra en la Empresa Comercial Agrícola, S.A. (Ecoagro) con sede en Cobán, Alta Verapaz, departamento donde se localizan la mayor parte de sus plantaciones cafetaleras, herencia del potentado cafetalero alemán, Erwin Paul Dieseldorff, quien constituyó un emporio del aromático a finales del Siglo XIX.

Bisnieto de Dieseldorff, Quirín también recoge la representación empresarial ante las asociaciones y cámaras agrícolas construida por su padre Fredy Quirín Dieseldorff, quien durante las décadas de 1970 y 1980 dirigió en varias ocasiones la Cámara del Agro y la ya desaparecida Union Nacional Agropecuaria (UNAGRO) como representante de la Asocación Nacional de Ganaderos del Norte.

Dieseldorff es considerado uno de los primeros inmigrantes alemanes, si no el primero, en llegar a Guatemala y construir un enorme complejo de haciendas cafetaleras. Existe bibliografía al respecto como “Almas Gemelas: un estudio de la inserción alemana en las verapaces y la consecuente relación entre los alemanes y los k´ekchies” de Ricardo Terga Cintrón, y varios de los trabajos de la historiadora Regina Wagner citados por otra historiadora guatemalteca Matilde González en su libro «Modernización capitalista, racismo y violencia» (Guatemala 1750-1930), presentado recientemente, y en el que también aborda ampliamente esa introducción alemana y de los Dieseldorff a partir de la expoliación y dominación en sus fincas.

González, citando a Wagner, dice en su libro que Dieseldorff formó este complejo de haciendas a lo largo de tres periodos: entre 1890 y 1898 adquirió las haciendas Seacté, Chiachal, Chascar, Secac-Ulpan, Santa Margarita, Paijá, Panzal y El Salto; entre 1898 y 1910 se hizo de las haciendas Raxpec, Santa Cecilia, Cubilgüitz, Chamcarel y Sacchicagua de Secol, San Diego-Yalpemech, Chichochoc, Chichaíc de Santa Margarita, Pocolá y Río Frío; y, después de 1924, adquirió las haciendas Sachamach, Tzimajil, Raxahá y Chiquixjí. Al mismo tiempo, Dieseldorff se fue haciendo de muchas parcelas indígenas y, para utilizar al máximo las instalaciones de su beneficio de café e incrementar el volumen de sus exportaciones, compraba café en cereza a los pequeños productores de la región de San Pedro Carchá mediante habilitaciones o adelantos de dinero, y también recibía café en pergamino de otros cafetaleros como Sterkel Hermanos, para procesarlo en oro.

De acuerdo con González, Dieseldorff destacó como uno de los más eficientes hacendados y llegó a poseer el complejo más grande de haciendas cafetaleras en la región. Para 1900, Dieseldorff ya había establecido un verdadero emporio del café en la Verapaz. Asimismo, se convirtió en un influyente directivo de la Compañía de Transporte del Norte, de la Sociedad Agrícola y de la Compañía del Ferrocarril de la Verapaz. Al mismo tiempo, continuó haciendo diferentes estudios sobre arqueología maya, etnología y botánica, mostrando especial interés en coleccionar manuscritos históricos Q´eqchi´s, que fue una de las actividades científicas que lo distinguió.

En 1988, el ingeniero Alfredo Hermes Iriarte, publicó “Fichas. De fincas y misceláneas de Guatemala”, un catálogo sobre monedas o fichas que circularon en las fincas de Guatemala, durante el Siglo XIX y el primer cuarto del Siglo XX. Las fincas de Dieseldorff tenían sus propias fichas.

La economía cafetalera, modelada en gran parte por esos capitales alemanes en el siglo XIX, no podía haberse constituido como el eje central del modelo económico agroexportador guatemalteco sin la explotación de la mano de obra indígena. Al respecto, dice el historiador Julio Castellanos Cambranes “De mucha importancia fue para el empresario extranjero la utilización del trabajo forzado de origen feudal colonial.”, en su documentado trabajo “Los empresarios agrarios modernos y el Estado de Guatemala”, que incluye una amplia investigación sobre la construcción del emporio de Dieseldorff y evidencia el racismo y la expoliación del pueblo q´eqchí en las propias palabras de Dieseldorff. En las regiones donde se asentaron, dice González, estos finqueros las veían como espacios a interpretar, poseer, colonizar y civilizar.

El “barón del café”, como se le apodaba a Dieseldorff, fue un hombre que influyó de manera beligerante en la política regional y nacional, incluso llegó a definir algunas de las políticas de trabajo y reorganización del agro guatemalteco.

De negocios y disputas locales

Valle Esmeralda es considerada la finca cafetalera emblemática de Max Quirín y la familia Quirín, el mismo nombre de su abuelo alemán quien casó con Matilde Dieseldorff Cu. Localizada en las cercanías de San Cristóbal Verapaz, Valle Esmeralda es parte del conglomerado de fincas localizadas en una de las zonas más ricas del cultivo que abarca los municipios de San Miguel Tucurú, Tamahú hasta Senahú.

Alta Verapaz, el enclave cafetalero por excelencia, fue donde los inmigrantes alemanes construyeron las raíces del poder económico que hoy ostentan sus herederos. El norteño departamento sigue siendo pilar en la economía cafetalera, no obstante que con los años esos inmigrantes junto a otros europeos expandieron la economía cafetalera a la bocacosta sureña y occidental de Guatemala. Más de un tercio de Alta Verapaz se encontraba en manos de cafetaleros en 1988, como se muestra en el mapa siguiente:

Fincas como Guacax, Coyocté (Secoyocté), Esmeralda y El Salto, localizadas en Tucurú y Cobán, fueron parte de las propiedades de Dieseldorf y su hija Matilde. Las tres primeras fincas fueron luego vendidas al español Carlos Ardebol Solá, y hoy son administradas en propiedad por Charles Joseph Pérez Ardebol (Carlos Pérez Ardebol) y Roger Pérez Ardebol, de origen estadounidense. En esas fincas, de acuerdo con un documento de conflictos agrarios de la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA, base de datos Subsecretaría de Resolución de Conflictos, Regional Polochic) de 2011, pobladores de la comunidad San Juan Secanal I, de Tucurú, manifiestan que Max Quirín renta tierras para plantaciones de café, y ellos son excluidos del uso de la tierra.

En Guacax y Coyocté se arrastra un conflicto agrario que lleva décadas, y tiene que ver con todas las anomalías históricas de inscripción de tierras, lo cual no es extraña particularmente en Alta Verapaz, donde después de la constitución del Estado republicano, fue “una norma” y hoy es considerado el departamento con más conflictos agrarios del país. En ambas fincas hay intereses tanto de Ardebol como de Quirín, por medio de la empresa Cafetales de Guatemala, S.A. inscrita por Quirín en 1994, según el Registro Mercantil, y en la cual Carlos Pérez Ardebol era Ejecutor en 2007.

En mayo de 2003, un comunicado de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), con mucha influencia en el lugar, comunicó que siete comunidades del municipio de San Juan Chamelco exigían que se les devuelvan sus tierras de las cuales han sido despojados por finqueros. Las comunidades: Santo Domingo, Sesujquim, Sebax, Sequib’, Xalitzul, Tzuyul y Setolox, todas del municipio de San Juan Chamelco, se unieron para exigir la devolución de sus tierras a los finqueros Roger y Carlos Pérez Ardebol, quienes de acuerdo con las comunidades les han robado desde hace muchos años.

Laura Hurtado, cientista social, documentó ambos casos y el conflicto agrario histórico en su libro “Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización: el caso de Alta Verapaz. 1970-2007”. Por ser los propietarios de origen estadounidense, la embajada de Estados Unidos intervino en el conflicto y USAID financió parte de los trabajos técnicos vía Mercy Corps. En 2007, Carlos Ardebol vendió 38 manzanas a la orilla de la carretera para la construcción de la Hidroeléctrica Esmeralda, para que use las aguas del Cucanjá y Quebrada Tzuyul, afluente del río Polochic, a inmediaciones de las comunidades Benipec, Secaquib y Cruz Güitz, las cuales también protestaron en su momento.

Parte de estas disputas y la intervención de la Embajada de Estados Unidos se encuentra documentada en cables confidenciales que Wikileaks publicó hace pocos años.

http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=112293

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06GUATEMALA1087_a.html

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08GUATEMALA1352_a.html

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