Caso Hidro Santa Cruz ante el Banco Mundial

Ponencia de Cecilia Mérida ante el Banco Mundial

Soy Cecilia Mérida, vengo de Guatemala, del departamento de Huehuetenango, donde se localiza el municipio de Santa Cruz Barillas, lugar donde la empresa española Hidralia Ecoener, se instaló inconsultamente desde el año 2008, con el objetivo de iniciar su proyecto Hidroeléctrico sobre el Río Cambalan, situado en la periferia del casco urbano de este municipio. Esta empresa ha recibido financiamiento que va del Banco Mundial, a la Corporación Financiera Internacional (IFC) y de esta a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI). Mi presencia obedece a responder a nombre de todas y todos los afectados por este proyecto hídrico a varias de las preguntas que plantea el informe de OXFAM, por ejemplo ¿Cuáles son las consecuencias para las personas que, sobre el terreno, nos vemos afectadas por los proyectos financiados con este dinero que viene de tan lejos?

Hidralia Ecoener, constituida como Hidro Santa Cruz, Sociedad Anónima insistió en la implantación de su proyecto a pesar que en el 2007 la población de Barillas realizó su consulta comunitaria de Buena Fe para proteger sus bienes naturales, en el marco de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. La empresa contrató personal local como operadores técnicos y de control político sobre la organización comunitaria. En noviembre 2009, la empresa demandó judicialmente a ocho líderes comunitarios, entre ellos se encontraban mi compañero de Vida Rubén Herrera, el señor Pablo Antonio Pablo y Saúl Méndez, iniciando así la práctica de judicializar a líderes comunitarios del municipio con delitos como allanamiento, coacción, amenazas, incendio agravado, actividad contra la seguridad de la nación, plagio y secuestro, terrorismo.

Esto dio origen a la conflictividad social en el municipio y a la permanente violación a los derechos humanos de la población. Se sucedieron hechos de intimidación, persecución y criminalización hacia todos los que opinaban contrario a los intereses de Hidro Santa Cruz. En el año 2011, Rubén Herrera es obligado a salir del municipio, abandonando su trabajo y procesos de acompañamiento social a la juventud del municipio. A finales del 2011 e inicios del 2012 se agudizó el conflicto al punto que el gobierno de Guatemala declara Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas con lo cual se reprimió la oposición al proyecto hídrico y facilitó la continuidad de las labores de Hidro Santa Cruz. El 1 de mayo de 2012 es asesinado el líder campesino Andrés Francisco Miguel en un atentado dirigido en contra de Pablo Antonio Pablo, quien quedó gravemente herido. En este ataque armado participaron guardias de seguridad de la empresa, quienes un año después fueron absueltos por la justicia guatemalteca.

A raíz de los acontecimientos del 1 de mayo 2012, se producen detenciones ilegales de 17 líderes comunitarios, entre ellos, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez. Nueve fueron encarcelados injustamente durante nueve meses, nunca se pudo probar culpabilidad alguna. El 15 de marzo de 2013 fue arrestado Rubén Herrera a demanda de Hidro Santa Cruz. Estuvo en prisión tres meses y finalmente el 26 de febrero de 2014, quedó libre porque el Juez consideró que no había causa alguna para mantenerlo ligado a proceso.

En agosto 2013, nuevamente Saúl Méndez y Rogelio Velásquez fueron capturados, acusados de asesinato, feminicido y linchamiento. Quienes estamos en su defensa estamos convencidos que este caso fue montado por operadores de Hidro Santa Cruz, como parte de su estrategia de criminalizar al liderazgo comunitario. Luego de un juicio viciado fueron condenados a 33 años de prisión. Actualmente este caso se encuentra bajo Apelación Especial.

En septiembre 2013, fue capturado de forma ilegal otro comunitario Mynor López y a finales de este mes el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil prácticamente lanzaron una ofensiva militar en contra de la población civil de Santa Cruz Barillas, nunca vista, ni siquiera durante el conflicto armado interno, por lo menos en este municipio.

En febrero del 2015 fueron detenidos y encarcelados otros tres líderes comunitarios. Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pablo (hijo de Pablo Antonio Pablo). Ellos al igual que todos lo que he mencionado consideran lesiva la presencia de Hidro Santa Cruz porque afectará gravemente el entorno natural, ambiental y cultural del municipio.

Después de siete años de persecución, la empresa española Hidro Santa Cruz y las formas de instalación de sus proyectos, dan respuestas a las preguntas que plantea el informe de OXFAM.

¿Cuáles son los costes humanos de los préstamos mediante intermediarios financieros cuando las salvaguardias sociales y ambientales no funcionan? Los costos humanos son altísimos y dolorosos, se traducen en persecución, asesinatos, encarcelamiento y criminalización. Durante estos años las comunidades no han recibido ningún beneficio, al contrario, se ha dejado de vivir con tranquilidad para pasar a un estado de miedo y terror. Toda la energía y potencial humano no se ha dedicado a labrar el desarrollo local desde nuestras propias perspectivas y aspiraciones, sino a defendernos de los abusos de la empresa Hidro Santa Cruz.

Los costos humanos, se traducen en sufrimiento de las familias, esposas, hijos e hijas, en enfermedad y precariedad. Nos vemos privadas de estar con nuestros esposos y además dedicar nuestra vida y lo poco que tenemos a viajar a la cárcel situada a más de 400 kilómetros de distancia. En este conflicto todos y todas las comunitarias son inocentes y somos quienes sufrimos los efectos de préstamos bancarios pensados para “producir el desarrollo”. El dolor y sufrimiento para nosotros “es la cara humana de estos proyectos”. Vivimos día a día las consecuencias tangibles, además de ser como lo indica el informe de OXFAM “las personas más pobres y vulnerables de los países en desarrollo”.

Nosotros también tenemos preguntas ¿quién nos pagará todos los costos que hemos tenido que sufrir, por un proyecto que nunca pedimos para nuestra comunidad? ¿Es el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el CIFI o Hidro Santa Cruz la que nos va a resarcir todos los daños económicos, sociales, organizativos que nos han provocado? ¿Quién les devolverá a las familias los años arrebatados a los hombres que han sido encarcelados? Sabemos que a los muertos nadie nos los devolverá.