Cartas dadas, en un pulso, que no puede quedarse en lo simbólico Guatemala juicio por Genocidio

Por Ana García Aupi

                                                                                CMI-Guatemala

Para el periódico DeVerdad  en el Estado Español

 

En Guatemala el 19 de Marzo se dio la apertura el Juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982 y 1983) y contra José Rodríguez Sánchez (su director de la Inteligencia).

El inicio de dicho juicio es un acontecimiento histórico, ya que es el primer caso, en Guatemala y Latinoamérica que dos altos mandos del ejército serán juzgados por genocidio.

Durante el periodo en que ambos militares ocupaban dichos cargos, se perpetró la mayor parte del Genocidio en Guatemala. Estos años son reconocidos como la época de la represión más sanguinaria de América Latina.

 

17 meses, que Ríos Montt estuvo en el poder, fue seguramente el más sombrío en la historia contemporánea de Guatemala.[1]

Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico-CEH-, entre 1981 y 1983 se produjeron el 81% de las violaciones de derechos humanos registradas por esa comisión.[2] Además de que en esa época, se disparan los casos de violencia de tal manera que el 48% de todos los casos de la CEH se registran en este año”.

 

 

El juicio no pretende juzgar la guerra[3] de Guatemala, mucho menos el periodo de gobierno de Ríos Montt, sino el genocidio perpetrado contra el Pueblo Ixil, donde se asesinaron a 1771 personas, que no es más que una pequeña parte de todos los perpetuados mientras el mencionado dictador estaba en el gobierno, la cifra asciende a más de 100.000.

Por lo que si son acusados ambos miembros del ejército, es por el desplazamiento forzoso de 29 mil personas del Pueblo Ixil, la tortura sistemática, el robo de menores, el extenso uso de tortura sexual[4] y el hecho de que la mayor parte de los cuerpos exhumados en esta región son  menores a 13 años o de ancianos o ancianas mayores a 55 años, muchos de ellos y ellas con perforaciones de bala en el cráneo.

 

Los crímenes de lesa humanidad y la política de genocidio forman parte de los argumentos acusadores a los que harán frente estos dos genocidas hoy sentados en el banquillo.

 

Dicha situación es posible por la incansable lucha de los y las sobrevivientes, familiares de las personas desaparecidas y asesinadas, así como el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias.

 

Las tensiones existentes durante los últimos meses de gobierno, están acentuadas por los intereses de distintos grupos, para que el juicio se realice o no, y bajo qué condiciones; y o el periodo temporal que este dure.

 

Es por ello que se está viviendo un momento sin precedentes, en el que existe un pulso político entre la búsqueda de justicia de las víctimas, el cuidado de la imagen internacional de Otto Pérez como signatario de la “Paz” y el mantenimiento en la impunidad de las atrocidades cometidas por el ejército y los distintos grupos de poder, en los años de la guerra; muchas de estas prácticas mantenidas hasta la actualidad como un continuum histórico de violencia para la eliminación de las resistencias al proyecto político hegemónico.

 

Hoy dicha política de exterminio de la población es desarrollada bajo un orden que pretende legitimarse bajo cánones de democracia, amparada en el discurso del “desarrollo” y la competitividad, pero que mantiene la represión, la desaparición, el asesinato selectivo, las masacres, y otras tantas tácticas, a través de la política estatal represiva, así como a partir de la presencia de militares y militares retirados en las empresas de seguridad de las grandes empresas transnacionales que están invadiendo y saqueando los territorios de los pueblos.

 

Esta estrategia defiende un modelo económico de agronegocio, donde el territorio es mercantilizable, y los pueblos, son un obstáculo para la acumulación de riqueza de los mismos grupos de siempre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosa ubicada en la base militar de Cobán, Alta Verapaz

Antecedentes históricos

 

El juicio de Ríos Montt hay que entenderlo dentro del papel del ejército en la historia reciente de Guatemala.

Guatemala tuvo una de los primeros periodos revolucionarios de América Latina con la elección de Arévalo y Árbenz, (44-54), periodo interrumpido 10 años después por el Coronel Castillo y la intervención estadounidense.

Tras el asesinato de Castillo Armas, Arana Osorio, presidente militar, mantiene y fortalece la relación militar con EEUU.

 

El periodo que abarca de los años 60’s, con el golpe de Peralta Azurdia hasta 1985 con Mejía Víctores, es conocido como el periodo del “Generalato”, ya que todos los gobiernos (excepto Méndez Montenegro 66-70), fueron militares y todos los presidentes tenían rango de general.

Avemilgua[5] está conformada hoy, mayoritariamente por este grupo de militares, grupo al que pertenece Ríos Montt.

 

La presidencia de Laugerud García (1974 a 1979), es conocida como un supuesto fraude a Ríos Montt, el cual se presentaba a las elecciones. En este periodo se dio el terremoto, momento clave, porque bajo la figura del Comité de Reconstrucción Nacional, se establece una plataforma del ejército para el control poblacional.

En esta época empezaron las masacres, asesinatos selectivos, aun no es una política de Genocidio como tal, pero si muy represiva, y a raíz de esto, EEUU le pone un aparente “embargo en venta de armas” al Estado de Guatemala, limitando también la inversión directa. Este embargo dura hasta la actualidad, y por supuesto no es respetado, pero forma parte de la “pantomima” propia de la “defensa de la democracia, como pantalla internacional”.

 

En este momento el ejército empieza a profesionalizarse, países como Chile, Argentina, Israel y EEUU principalmente, aportan el expertisse militar al ejército de Guatemala en esos años.

De estas generaciones de militares profesionales, formados por ejemplo en la Escuela de las Américas o en Escuela de Carabineros en Chile, son las promociones a las que pertenece el actual presidente del gobierno, Otto Pérez, el cual es de la promoción del 73′.

 

Aquí, es que surgen o empiezan a tomar forma las corrientes a lo interno del ejército: los militares de la época del generalato son mayoritariamente agrupados en lo conocido como Cofradía, posteriormente agrupados también en Avemilgua, que representan la línea dura del ejército (Ríos Montt); en cambio, estos militares profesionales, que fueron llamados la “oficialidad joven” son conocidos como el Sindicato (Otto Pérez).

 

A partir de los anos 80’s inician las presiones internacionales y de la oligarquía por iniciar un proceso de “democratización” en vistas a la legitimidad de la comunidad internacional, el cual se inicia de forma aparente a partir del año 85′ y dura hasta la firma de los “Acuerdos de Paz”[6],  en 1996, con una serie de gobiernos militares “disqueelectos” de forma democrática. El gobierno de Ríos Montt es uno de los que finalizan la fase anterior.

 

El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt toma posesión de la presidencia a través de un golpe de Estado al anterior presidente, Lucas García.

Ríos Montt gobierna a base de la declaración consecutiva de estados de sitio y de planes militares, que son parte de las pruebas de que la política de genocidio fue formulada desde las altas instancias.

Los planes  “Victoria 82’ y “Firmeza 83’, constatan la voluntad de eliminar a la población, la cual es concebida como insurgente o a favor de la insurgencia: “arrasarían por completo las aldeas, quemarían la tierra, matarían a todos sin distinción y perseguirían a los sobrevivientes. En zona roja estaba el departamento de Quiche y todas sus aldeas del Área Ixil, donde se implementaría desde julio el Plan de arrasada, Operación “Sofía”. [7]

 

Ríos Montt, a los tres meses de tomar posesión de facto, denuncia a Otto Pérez y a Roberto Letona (ambos de la promoción 73′) de intento de golpe de Estado. Este dato es mencionado en un “cable” desclasificado de la CIA, que Ríos Montt manda en forma de informe (dentro de este golpe de Estado participa el actual Ministro de Gobernación[8], Mauricio López Bonilla, quien fue parte que de los cadetes que estuvieron con Ríos Mont en el golpe que lo llevó a la presidencia, pero en este momento se suma al golpe que se le intenta perpetrar).

 

Para esa época Otto Pérez tenia rango de Mayor, y se dedicaba a cuestiones internas del ejército de índole más administrativa. Pero esta información hace, que él y otros militares de la promoción 73′ sean destinados a distintos lugares del país donde la guerra tenía un nivel más alto, como supuesto mecanismo de alejarlos y/o castigarlos.

 

Es por ello que en época de Ríos Montt, Otto Pérez fue destinado al área Ixil[9], donde es conocido como el Mayor Tito, y donde está entre julio del 1982 a abril de 1983, momento entre los cuales la Rehmi[10] registra al menos 6 masacres (caso 272, 275, 300, 304, 307 y 317): y la CEH registra al menos 25 desapariciones, entre las cuales, una mujer llamada Felicita, logra escapar y da su testimonio.

 

Las discrepancias entre Ríos y Montt y Otto Pérez Molina se concretan a lo largo de la historia en varios momentos relevantes, entre los cuales cabe mencionar:

 

1. La supuesta participación del actual presidente en el intento de golpe mencionado.
2. Con el presidente Álvaro Arzú, Otto Pérez fue asignado, entre 1998 y 2000 a Washington, como Jefe de la Delegación de Guatemala ante la Junta Interamericana de Defensa, posible mecanismo “para quitárselo del medio”.
3. En el 2002 para la presidencia de Portillo[11], Ríos Montt bloquea a Otto Pérez, para que no fuera Ministro de Defensa. Esta medida impidió la continuación de la carrera militar de Otto Pérez ya que por ello no logro tener rango de General de División, quedándose con General de Brigada, situación que lo abocó prácticamente al retiro.
4. En el gobierno de Berger (2004-2008), Otto Pérez tenía el puesto de Comisionado Presidencial de Seguridad, el cual le permitió tomar la acción de reducir el ejército, cosa que vuelve a considerarse dentro del ejército como una traición.

Estas discrepancias, entre otras, hacen manifiesta la disputa entre ambos grupos del ejército, la Cofradía y el Sindicato, que a pesar de no tratarse de una relación hermética entre dos bandos, son tenencias diferentes, y que en la actualidad, con un juicio de por medio, son importantes a tener en cuenta.

 

Escenario del juicio: dando el pulso

 

El escenario político es el siguiente, por un lado, tenemos los mecanismos legales utilizados, mediante los cuales se mide parte del pulso:

1. La defensa de Ríos Montt interpone 73 amparos en un año, de los cuales 50 han sido ya desestimados, y no han logrado detener el proceso[12]
2. El recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a la Ley de Amnistía, es una esperanza de los militares cercanos para poder quedar impunes de los crímenes cometidos. Dicha Ley fue parte de  los acuerdos de paz y en ella se firma que existirá amnistía salvo ante casos de lesa humanidad. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad será determinante para el resto de casos.
3. Otro de los elementos, es el debate sobre si la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH[13], tiene o no la potestad de juzgar crímenes cometidos antes de 1987, que es una de las reservas con las cuales Guatemala se suscribe. Cabe decir que especifica que de tratarse de un delito continuado, es decir, un delito no resuelto, a pesar de lo suscrito, no se le puede denegar justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Project Counselling Service, Conserjería en Proyectos.

 

Los distintos posicionamientos ante estos procedimientos y mecanismos, nos hacen concebir esta situación como un pulso ante la legalidad Guatemalteca, tradicionalmente impune y corrupta.

 

A esto hay que sumarle una coyuntura que parece tener matices de desestabilización nacional, en la que se presentan situaciones, donde parece existir una intención de evidenciar la debilidad del gobierno:

 

1. El pasado 15 de febrero, Byron Lima, quien cumple condena por el asesinato del Monseñor Juan Gerardi, fue detenido  fuera de la cárcel mediante un operativo de la Policía Nacional Civil -PNC-(tanto el sistema penitenciario, como la PNC, son órganos de Gobernación) ¿A quién le interesa evidenciar que el Ministerio de Gobernación tiene carencias y es capaz de auto sabotearse?)

 

2. A esto hay que sumarle la aparición de fotos que vinculan a Lima con el presidente[14]:
   1. La aparición de fotos de edecanes del PP en la cárcel con Lima[15].
   2. La aparición de una foto de la compañera de  Byron Lima con Otto Pérez y con la vicepresidenta, Roxana Baldetti[16].

 

 

 

 

 

Foto de Lima y las edecanes del Partido Patriota dentro de la cárcel. Foto publicada en el periódico La Hora

3. La aparición de un vídeo en el que aparecen personajes conocidos y vinculados al PP en una reunión con Lima dentro de la cárcel. Este viseo es proporcionado por el partido de la oposición, Lider, el cual aparece sin audio y se rumorea que contiene información vinculada a secuestros y extorsiones.

Lider, menciona la posibilidad de la existencia de una “supuesta estructura criminal paralela denominada “Titos”[17], cuyos presuntos integrantes son el capitán Byron Lima, el diputado del PP, Estuardo Galdámez, el legislador del Parlamento Centroamericano, Oscar Masaya, y las nuevas autoridades del Sistema Penitenciario (SP)”[18].

 

3. El 22 de febrero, el Ministro de Gobernación, desmiente la certeza de que el narcotraficante, Chapo Guzmán, este muerto. Esta situación pone en jaque el sistema de inteligencia del gobierno y lo evidencia vulnerable.

 

4. El 14 de febrero, aparece asesinada una abogada, Lea de León, ex asesora del Ministerio de Gobernación, conocida por su participación en casos el Caso Rosemberg. Su esposo responsabiliza públicamente al asesor de la Fiscal General del Ministerio público, Claudia Paz y Paz.

Su asesinato introduce presión y desestabilización para las y los jueces y fiscales relacionados con el caso de Genocidio.

 

A todo esto hay que sumarle, que la campaña electoral anticipada ya ha iniciado, por lo que a esta situación del juicio, se le añade el elemento de que los intereses económicos-electorales, buscan como capitalizar este clima para sus propios intereses.

 

Hay que añadir la presión internacional, especialmente de EEUU, por la llamada “justicia transicional”, que puede entenderse como: metemos a unos cuantos militares a la cárcel, todos contentos, y se cierra el capítulo de hacer justicia en Guatemala, podemos finalizar el embargo, y seguir con nuestro negocio armamentístico e inversiones en los territorios.

 

Estamos viviendo un momento de “fuego campal”, donde los grupos dominantes disputan la hegemonía abiertamente, así como las formas de capitalizar dicha situación, donde los pasos que se den, van a generar un antes y un después en la historia de Guatemala.

 

Este escenario nos sitúa en un limbo donde parece que “las cartas ya están repartidas” y que a los movimientos sociales y comunitarios, nos toca conformarnos con lo simbólico de que un genocida sea sentenciado culpable.

Símbolo, que no pequeño, pero si insuficiente ante la gran necesidad de ruptura de ese continuum de violencia y genocidio perpetrado contra los pueblos y sus territorios.

Materializado hoy en la embestida transnacional de empresas extrajeras (muchas de ellas del Estado Español), que en alianza con un gobierno eminentemente militar, reproducen políticas de asesinato, desaparición, tortura, masacre, etc. a líderes y lideresas que en los territorios, que se resisten a perecer ante el saqueo y la invasión de lógicas colonizantes bajo el discurso de la libre empresa y el “desarrollo”.

 

Ahora más que nunca, la defensa del territorio, implica la recuperación de la historia, donde la memoria, se convierte también, en un territorio en disputa.