Benedicto Lucas García, ex jefe del Ejército de Guatemala, Acusado de Genocidio, Crímenes Contra la Humanidad, y Desaparición Forzada

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

Por fin arrancó la primera declaración en el caso genocidio Maya Ixil durante el gobierno militar de Romeo Lucas García (1978-1982). El Ministerio Público presentó la imputación a los tres acusados, generales en retiro Benedicto Lucas García, ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Guatemala; Manuel Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia militar; y César Octavio Noguera Argueta, jefe de operaciones militares.

El Ministerio Público alega que estos tres individuos, que eran los oficiales de mayor rango durante los últimos años del gobierno de Romeo Lucas García, diseñaron y ejecutaron la estrategia militar contrainsurgente en la región Ixil, con el objetivo de eliminar a la población civil, a la que consideraban como base de apoyo de la guerrilla. Las políticas de tierra arrasada produjeron masacres de población no combatiente y la destrucción total de aldeas que se consideraban territorio enemigo. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó 626 masacres cometidas por el ejército durante los 36 años de guerra civil del país (1960-1996); el 95 por ciento de éstas se llevó a cabo entre 1978 y 1984. El cincuenta y dos por ciento ocurrió en el departamento de Quiché. 

Actualmente, Lucas García y Callejas y Callejas cumplen una sentencia de 58 años de cárcel por crímenes contra la humanidad, violencia sexual agravada y desaparición forzada en el caso Molina Theissen. Lucas García también se encuentra a la espera de juicio en el caso CREOMPAZ, que gira alrededor de la exhumación de 565 cuerpos de una antigua base militar en Cobán. Noguera Argueta fue arrestado y puesto bajo custodia la semana pasada.

El Juez Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal de Alto Riesgo “B”, preside las audiencias de la fase previa.

Durante las diferentes audiencias, la sala estaba llena de miembros de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), querellante en el caso. La AJR representa a 22 comunidades Mayas de cinco regiones que se vieron afectadas por la violencia de estado durante el conflicto armado interno. Entre ellos estaba Antonio Caba, actual presidente de AJR y sobreviviente de una masacre que se cobró la vida de 95 personas de su aldea de Ilom, en Chajul. La AJR también fue querellante en el caso de genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez. Dos tribunales guatemaltecos dictaminaron por unanimidad que el ejército de Guatemala cometió genocidio contra el pueblo Maya Ixil durante el gobierno de Ríos Montt, de 17 meses de duración.

Además de la imputación, la fiscalía leyó los nombres de docenas de víctimas de muertes selectivas, masacres, violencia sexual y desaparición forzada de diferentes aldeas de la región Ixil, junto con detalles sobre la fecha, lugar y circunstancia de sus muertes.

El Caso Contra Benedicto Lucas García

De acuerdo con el Ministerio Público, Lucas García fue miembro del alto mando del ejército y jefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala entre el 16 de agosto de 1981 y el 22 de marzo de 1982. Como tal, era el tercero en la cadena de mando, justo por debajo del presidente de la república y el ministro de la defensa, ambos ya fallecidos. Era su responsabilidad “dotar, organizar, dirigir, coordinar, planificar, supervisar, controlar e integrar el trabajo del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala  en su conducción de la estrategia militar contrainsurgente,” establecida a través de directrices y órdenes operacionales.

La fiscal Lucrecia Castañeda dijo que, como respuesta a la creciente amenaza de la subversión, el presidente Romeo Lucas García nombró a su hermano Benedicto Lucas García como jefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, debido a su entrenamiento militar en guerra irregular en la Escuela de las Américas y en la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr en Francia. Bajo Lucas García, el alto mando del ejército estaba conformado por los siguientes oficiales: Jefe de Personal (G1), Coronel José Luis Ángeles Juárez; Jefe de Inteligencia (G2), Coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas; Jefe de Operaciones (G3), Coronel César Octavio Noguera Argueta; y Jefe de Logística (G4), Coronel Jorge Manuel Estrada Estévez.

La fiscal argumentó que como jefe del ejército, Lucas García ejerció control sobre zonas y bases militares y sobre comandos operativos. Reorientó la estrategia militar, creando comandos operativos como la Fuerza de Tarea Gumarcaaj, para que las tropas pudieran movilizarse más fácilmente. Lucas García también tenía responsabilidad de mando sobre la Zona Militar Gregorio Solares en el departamento de Huehuetenango. Las tropas de esta zona militar realizaron operaciones conjuntas con la Fuerza de Tarea Gumarcaaj en el  “Tríangulo Ixil”, nombre que el ejército daba al área entre los pueblos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en Quiché. El resultado, dijo Castañeda, fue la intensificación de la violencia contra la población Maya Ixil.

Las directrices y órdenes operativas emitidas por el alto mando fueron la base de las operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea Gumarcaaj y las tropas acantonadas en Huehuetenango, en áreas designadas como “zonas rojas” [áreas donde se presumía había actividad guerrillera] a fin de eliminar a personas y grupos clasificados como “enemigos internos.”

La fiscalía declaró que Lucas García emitió directivas orientadas a identificar a la población Maya Ixil como la “base social” de la guerrilla. Esto lo hizo supuestamente responsable de clasificar a los Maya Ixiles como “enemigos internos”, y por ello objetivos militares. Lucas García también dirigió a los diferentes comandantes que realizaban operaciones militares en el “Triángulo Ixil.” Estos comandantes a su vez brindaban información y análisis que contribuían a la continuación de la estrategia contrainsurgente del ejército, diseñada, implementada y supervisada por Lucas García. Castañeda dijo que un informe preparado por el jefe de inteligencia llegó a la conclusión de que “uno de los sectores donde se presentan con más facilidades las condiciones físicas y sociales para poder decretar la zona como roja, es el territorio Ixil.” 

La fiscal acusó a Lucas García de ser el responsable de una ofensiva miliar en la región Ixil entre los años de 1981 y 1982 y que produjo por lo menos 32 masacres, como lo documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. De acuerdo con la fiscalía, Lucas García sabía de las operaciones contrainsurgentes a partir de informes operativos y de inteligencia que recibía periódicamente de sus subordinados y del Centro de Operaciones Conjuntas, que brindaba información sobre operaciones militares y sus resultados en tiempo real. De esta manera, en todo momento sabía de estas operaciones militares, y tenía control sobre ellas.

El Ministerio Público dijo que la intención de Lucas García de destruir al grupo étnico Maya Ixil es evidente a partir de su aprobación de directivas y órdenes operativas que establecían la misión de detectar, capturar y destruir bases de apoyo de la guerrilla, lo que incluía a civiles no combatientes que, aunque no fueran miembros de la guerrilla, desafiaban el orden establecido. Lucas García aprobó un plan común que produjo un “ataque enfocado, masivo y generalizado” contra la población Ixil no combatiente. El resultado fue una “violencia selectiva e indiscriminada” contra hombres, mujeres, niños, bebés y ancianos. Aldeas enteras fueron destruidas, incluyendo hogares, cultivos y animales.

Lucas García fue debidamente informado de estos resultados, sin embargo siguió aprobando esta clase de operaciones militares. La fiscalía declaró que, siendo la persona con la máxima autoridad a nivel estratégico y operativo, Lucas García podía haber detenido estas acciones en cualquier momento, pero no lo hizo. En entrevistas públicas que serán presentadas como evidencia, Lucas García declaró que, “toda guerra son nefastas pero sin duda Dios las creo para irse disminuyendo la cantidad de población en el mundo, porque si no, hubiera sobrepoblación en el mundo” y que “como la mayoría de indios en el área dan apoyo a la guerrilla, probablemente será necesario destruir cierto número de pueblos.”

La fiscal se refirió a un documento desclasificado de la CIA que reportaba dichas declaraciones, y que dice, “El ejército de Guatemala planea comenzar a barrer el área del Triángulo Ixil, donde está la mayor concentración de guerrilleros y simpatizantes de estos en todo el país, lo que podría producir no sólo graves enfrentamientos, sino serios abusos de las fuerzas armadas.” Gente desplazada forzosamente de sus hogares buscó refugio en las montañas. Las condiciones eran muy duras, ya que carecían de alimentos, medicinas y ropa. También sufrían campañas constantes de persecución y bombardeo por parte del ejército. Los que eran capturados o que se entregaban al ejército eran torturados. Las mujeres y niñas fueron sometidas a violencia sexual debido a su género. La fiscalía declaró que  esta persecución, junto con prácticas tales como convertir lugares locales de culto en centros de detención y destacamentos militares en centros de tortura y ejecución de presuntos guerrilleros, ilustra aún más la intención de destruir una parte sustancial del grupo étnico Maya Ixil.

La fiscal declaró que Lucas García también es responsable de militarizar la región Ixil, una estrategia diseñada para controlar a la población. Esto incluía a las patrullas de autodefensa civil (PACs) creadas por Lucas García. Todos los hombres en buen estado físico fueron obligados a formar parte de las PAC, atacando a menudo a miembros de sus propias comunidades o de aldeas vecinas. Los que eran asesinados no recibían sepultura adecuada, lo que tenía el efecto de esparcir el terror entre la población. Basándose en estos hechos, la fiscalía acusó a Lucas García de genocidio, crímenes contra la humanidad y desaparición forzada, y procedió a presentar casos específicos de masacres, muertes específicas y violencia sexual, los cuales, argumenta la fiscalía, constituyen evidencia suficiente para procesar al acusado. La fiscalía le dijo al tribunal que presentaría varios tipos de evidencia para demostrar la responsabilidad de Lucas García en estos crímenes. Además de los testimonios de las víctimas, la fiscalía dijo que presentará evidencia documental, incluyendo manuales del ejército sobre guerra irregular, planes de campaña y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. También hará uso de peritos y de análisis, incluyendo informes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), e informes de violencia de género, desplazamiento forzado, y racismo.

La fiscalía indicó que presentará certificados de defunción de víctimas de las tácticas de tierra arrasada del ejército. También se presentarán investigaciones académicas sobre la estrategia contrainsurgente del ejército y los efectos de las operaciones militares, así como reportes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. La evidencia incluye varias entrevistas de Lucas García sobre las operaciones militares contra la guerrilla, incluyendo una realizada por la cineasta Pameal Yates, de Skylight Productions, en enero de 1982. La entrevista que Yates le realizara a Efraín Ríos Montt fue admitida como evidencia clave en el juicio por genocidio del 2013.

Las Víctimas: Masacres, Muertes Selectivas, Violencia Sexual y Muerte por Persecución

Durante varias horas, la fiscal presentó ejemplos de muertes selectivas, masacres y violencia sexual que se llevaron a cabo entre septiembre de 1981 y marzo de 1982. La fiscal también presentó casos de personas, en su mayoría niños y ancianos, que murieron de hambre o complicaciones de salud tras haber sufrido desplazamiento forzoso de sus hogares y haber tenido que soportar condiciones inhumanas en las montañas. Las víctimas de muerte selectiva casi siempre eran hombres que eran detenidos en sus hogares, atados y conducidos lejos por soldados. El 27 de agosto de 1981, un grupo de soldados entró a la vivienda de Domingo Solano Aguilar en la aldea de Batzcruz Chacalá, en San Juan Cotzal, y lo detuvieron a pesar de los ruegos de su esposa e hijos. Al día siguiente, su esposa y sus padres preguntaron por él en la base militar pero se les negó cualquier información. Cuatro días más tarde encontraron su cuerpo, medio desnudo y con las manos atadas a la espalda, en una fosa clandestina. En octubre de 1981, soldados del destacamento militar y de La Perla entraron a la vivienda de Pedro Simón Gómez en la aldea de Jua en Chajul. Se lo llevaron junto con Domingo Bernal, ambos con las manos atadas. Los parientes de Simón fueron al destacamento militar a averiguar lo que le había sucedido, pero los soldados negaron tener conocimiento alguno de su paradero y los amenazaron. Tres días más tarde, unos vecinos le dijeron a la familia dónde estaba enterrado su cuerpo. Un equipo de antropólogos forenses exhumó sus restos 26 años más tarde, revelándose heridas de bala en su cabeza y cuerpo.

A menudo ocurría violencia sexual en el contexto de las muertes selectivas. Entre el 10 y el 11 de septiembre de 1981, un grupo de soldados ocupó la aldea de Pexlá Grande, Nebaj, y ordenó a los habitantes que se reunieran en la iglesia católica por la noche. Al menos tres mujeres fueron violadas en las cercanías. Al día siguiente, los soldados ejecutaron a varios hombres, algunos con armas de fuego, otros quemados vivos. Miguel Velasco y siete hombres más murieron. Al menos en un caso, los soldados simplemente se aprovecharon de su poder para violar mujeres. Los fiscales describieron un caso ocurrido en octubre de 1981en la aldea de Pulay, Nebaj. Un grupo de soldados entró en la vivienda de Ana Pérez de Brito. Sacaron a su esposo e hijos de la casa y los golpearon. Los soldados la amenazaron con un arma de fuego, y algunos montaron guardia fuera de la casa mientras otros la violaban. En el contexto de las masacres también ocurrió violencia sexual.

La fiscalía presentó numerosas masacres, incluyendo casos en los que casi todos los miembros de la aldea murieron, y otros en los que una aldea sufrió más de una masacre, como en Pexlá Grande, que soportó cuatro masacres diferentes entre septiembre de 1981 y enero de 1982. El 22 de octubre de 1981, la aldea de Xexecom, que ya había sufrido dos masacres previas, fue atacada por el ejército. Quemaron casas y cultivos y robaron los animales de la aldea, los habitantes, principalmente mujeres y niños, fueron asesinados mientras huían del ataque. En 17 de enero de 1982, un grupo de soldados de Chiul acompañado de PACs, llegó a la plaza de Cunén, diciendo que habían llegado a “limpiar” el municipio. Capturaron aproximadamente a 30 personas, incluyendo niños, y los llevaron a la municipalidad, donde los torturaron y asesinaron ahorcándolos o decapitándolos. Otros pobladores fueron obligados a cavar una tumba y enterrar a las víctimas. El 29 de enero de 1982, aproximadamente 50 soldados ingresaron a la aldea de Chachil Ojo de Agua, en Cotzal, quemaron alrededor de 20 casas con los habitantes dentro, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Un niño sobrevivió pero murió al día siguiente. Toda su familia fue asesinada excepto su padre, que había sido obligado a trabajar en la base militar ese día.

Los fiscales presentaron varios casos en los que los habitantes de las aldeas fueron obligados a abandonar sus hogares y refugiarse en las montañas a causa de la persecución del ejército. Presentaron casos de varios individuos, especialmente niños y ancianos, que murieron por falta de atención médica o hambre extrema. Por ejemplo, en agosto de 1981, varias familias de la aldea Chejotz en Nebaj buscaron refugio en las montañas cercanas a causa de los ataques del ejército a sus hogares. Andrés Matón, de 65 años de edad, murió de hambre en las montañas. En octubre de 1981, los habitantes de Santa Marta, Nebaj, se refugiaron en las montañas luego de que el ejército destruyera sus hogares y pertenencias. Fueron obligados a movilizarse frecuentemente para evitar la persecución y bombardeos constantes del ejército. Al menos tres habitantes murieron en los meses siguientes debido a enfermedades tratables.

A continuación: Cargos contra Callejas y Callejas y Noguera 

En el tercer día de las audiencias la semana pasada, la fiscalía empezó su presentación de cargos contra Manuel Callejas y Callejas, que continuará esta semana. Luego de presentarse los cargos contra Callejas y Callejas, el juez escuchará los cargos contra Noguera. Sus abogados luego presentaran sus contraargumentos, y los acusados también tendrán la oportunidad de dirigirse a los miembros del tribunal.

 

Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología y querellante adhesivo en el caso del Diario Militar. Esta nota fue publicado originalmente en Monitor de Justicia Internacional (IJM) y fue traducido por Alejandro Arriaza.