Análisis de coyuntura: La ofensiva conservadora y la encrucijada en el sistema de justicia

Por Gustavo Illescas y Rodrigo Véliz

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«Lo que sí tenemos que tener claro, y lo quiero decir yo aquí de frente: Guatemala es un país soberano, es un país independiente, y mientras nosotros tengamos leyes vamos a cumplir con ellas. Cualquiera que quiera venir a decir cosas a nuestro país… ojalá las fueran a decir a otros países también. Pero yo jamás he oído que un país vecino, como en México, haya interferencia de una sola embajada en estar diciendo quién quieren que sea Fiscal General. Jamás he oído que le hablen a presidentes de otros países para decirles a quiénes quisieran ellos que fuera Fiscal General de un país libre y soberano. Así que si ellos tienen alguna recomendación que hacer, que la hagan como la tengan que hacer, pero que no lo hagan por los medios de comunicación, creo yo que por respeto a la soberanía e independencia que los guatemaltecos nos merecemos. Es un respeto no para el presidente el que estoy exigiendo. Estoy exigiendo el respeto para Guatemala, porque somos un país soberano e independiente».

Con un exaltado tono, Otto Pérez Molina (OPM) contestó de esta manera a una pregunta realizada por un reportero de un periódico local. En la pregunta le recordó el comunicado que recientemente varias embajadas firmaron acerca de los agujeros de la actual Ley de Comisiones de Postulación y su decepción por la ausencia de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz, en la lista de candidatos.

La respuesta de OPM resulta interesante en varios aspectos. Más allá del cacareo patriotero, sus palabras no dejan de guardar cierta verdad. En los dos últimos años las tensiones entre Estados Unidos y la ONU a través de sus misiones (CICIG-ACNUDH) con el gobierno y las principales redes y grupos que lo apoyan ha ido en escalada. La elección de Thelma Aldana como nueva Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) resulta de un acuerdo de parte de estos últimos sectores, de una negativa a consensuar la cabeza del Ministerio Público con la CICIG, y de un pacto a regañadientes con la Embajada norteamericana.

Esta decisión tendrá consecuencias importantes. En juego están los avances en el sistema de justicia, una vez puestos clave vuelvan a estar bajo el control de grupos que tienen como tradición política el uso arbitrario de las instituciones del Estado, según resaltó una reciente investigación. Ocurrido ya esto con el MP, existe un peligro de que la persecución política a líderes locales, comunitarios o de organizaciones sociales arrecie en un momento en que la movilización y el descontento social en regiones donde se ubican proyectos extractivos y relacionados con energía eléctrica han ido en aumento.

La tutela al Estado de Guatemala

El súbito alegato antiimperial de Pérez Molina, un ex oficial entrenado por instituciones militares estadounidenses1, expresa la naturaleza del acuerdo detrás de la elección de Thelma Aldana.

La problemática actual tiene raíces en los impulsos que desde el 2009 se llevan a cabo por un pequeño e ilustrado grupo de profesionales con el objetivo de hacer más independiente y efectivo el sistema de justicia. Este grupo no cuenta con una base política o grandes grupos de presión nacionales que lo catapulte, como es necesario bajo las reglas implícitas del actual Estado. Su apoyo ha venido, más bien, de la llamada comunidad internacional, especialmente de la CICIG y la Embajada norteamericana.

El empate entre los intereses de los países e instituciones que empujan desde afuera cambios y los grupos y personas que creen en la independencia judicial se da en temas clave como derechos humanos, justicia transicional, combate al narcotráfico y seguridad ciudadana. Temas que, en diferente medida, vulneran a grandes grupos de poder, principalmente a las redes sobrevivientes del gran empresariado y la alta jerarquía militar activos en los años de contrainsurgencia.

Desde las atrocidades del inicio de la década de los ochenta, Guatemala es un país tutelado. Bloques de países, organizaciones internacionales y Estados Unidos gravitan alrededor del Estado para mediar las tensiones y la polarización que por décadas marcan el ritmo de la política nacional.

Tutela no es lo mismo que la conocida posición del país como «patio trasero» estadounidense. Al contrario, la tutela se refleja en la presión en decisiones políticas clave en temas de justicia y la masiva ayuda en cooperación internacional, donaciones y préstamos para derechos humanos, justicia y participación política.

La tutela, eso sí, tiene condiciones que la permiten: el país se encuentra integrado subordinadamente a mercados y capitales regionales. El aumento de la  Inversión Exranjera Directa de la última década está abanderado por los tres países norteamericanos y Colombia, que para el 2013 concentraron un 62% de las inversiones. Y las principales exportaciones e importaciones se realizan con ese bloque de países, donde la economía estadounidense fuge como eje orientador. La economía guatemalteca, al contrario, ha manejado décadas de una balanza comercial negativa, tanto con el bloque regional como con cada uno de esos países.2

A lo que se suma una integración geopolítica caracterizada por la militarización regional, consensuada por las élites militares locales, donde las actividades de seguridad generalmente son conjuntas y subordinadas a las decisiones del Pentágono.3

Estos condicionamientos permiten la capacidad de ejercer tutela.4 Con esos contrapesos es que se han llevado a cabo los conocidos avances en el Ministerio Público, el papel de los Tribunales y Juzgados de Mayor Riesgo, y las reformas que César Barrientos impulsó desde la presidencia de la Cámara Penal, entre las que resalta la obligatoriedad del Estado en conocer las sentencias en derechos humanos emitidas por la Corte Interamerica de Derechos Humanos.

La reacción de los resabios de las clases y sectores que participaron en la contrainsurgencia ha sido identificar intereses comunes, alinearse y pasar a la ofensiva.

La ofensiva conservadora

El gobierno de la UNE, pese a sus notables deficiencias, permitió algunos de estos avances y aperturas. Esta moderación le valió la prohibición de su candidata, favorita en las encuestas, para participar en las elecciones presidenciales del 2011. Esto se tradujo en una victoria de parte del Partido Patriota.

Una vez en el poder, el PP repartió instituciones y puestos clave del Gabinete y el Ejecutivo entre sus redes, vinculadas a inteligencia militar, y el CACIF, según consta en una investigación.5 Además volvió inoperantes o bajó el perfil de las instituciones vinculadas a la política social del Ejecutivo, como la SEPREM, CODISRA, SEPAZ, COPREDEH, y la DEMI.

Luego de algunas diferencias, el juicio por genocidio reavivó esta alianza.6 A lo que sumó la adhesión solapada de las redes militares y civiles vinculadas al FRG.7 Si bien en un principio el juicio afectaba a las redes de militares vinculadas a Pérez Molina y Ríos Montt, el papel de Zury Ríos fue fundamental. A su trabajo se debe el logro de consensuar entre estas dos alejadas redes y, mucho más importante, convencer al CACIF de los peligros en una investigación sobre el financiamiento a las campañas de terror estatal y de participación en bandas para-militares. Hechos que, por lo demás, ya se encuentran documentados.8

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El miedo se confirmó con la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo. La siguieron, como era natural, fuertes presiones para lograr la anulación de la sentencia por la Corte de Constitucionalidad.

Desde entonces este alineamiento de grupos ha obtenido victoria tras victoria: el juicio por genocidio ha tenido serios reveses y las instituciones internacionales que apoyaron el caso fueron objeto de ataques. La CICIG perdió por segunda vez su cabeza con la salida de Da’llanesse, se anunció el término de su mandato, y en el Congreso se cabildea por finalizar en seco su estadía. Y tanto OACNUDH como el PNUD han recibido fuertes críticas, gubernamentales y mediáticas.

La encrucijada del 2014 y los puntos críticos

Pero el grueso de las batallas parece concentrado en las instituciones nacionales, donde los grupos alineados en la ofensiva tienen mejores posibilidades de manipulación. De allí las presiones que llevaron al suicidio del reconocido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Barrientos, y su sustitución por una persona cercana al partido de gobierno.9

De ahí también los esfuerzos que desde de enero se vieron para lograr que Claudia Paz y Paz terminara prematuramente su mandato: La ex fiscal del MP, Gilda Aguilar10, presentó un antejuicio contra Paz y Paz el ocho de enero. Al siguiente día Ricardo Sagastume Morales11 presentó un amparo ante la CC con el fin de convocar a la Comisión de Postulación para MP, mientras que al mismo tiempo el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados (CANG) firmaba una amonestación a la Jueza Yassmin Barrios.

Estados Unidos ha reaccionado a la ofensiva. En esa línea deben verse sus críticas por la lentitud de las adopciones en trámite, las amenazas a cortar el financiamiento al Estado por el caso Chixoy, y el último informe del Departamento de Estado sobre la precaria situación de los DDHH en el país. La llegada en los primeros meses del año de altas figuras de su gobierno terminan el tenso cuadro.

El escenario final de esta batalla fue la Comisión de Postulación del MP. Allí la alineación se hizo transparente: la candidata consensuada logró, tras serios aprietos, la mejor puntuación y una votación unánime a su favor, mientras Paz y Paz fue dejada afuera de la lista de candidatos.

Esta última victoria comienza a mostrar un gris panorama. Como se conoció hace algunos días, Thelma Aldana, la nueva Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, tiene o tuvo hasta hace unos años acciones en la distribuidora de energía eléctrica del oriente del país, DEORSA, que como es sabido es subsidiaria de la multinacional inglesa ACTIS.12

Este no es un dato menor: la promoción de megaproyectos relacionados con la energía eléctrica ha sido un eje fundamental de la política económica del Estado en los últimos diez años. Del 2007 al 2013 se han invertido US$ 1,130.9 millones, bueno para un 17% del total de la IED. Pero al mismo tiempo, esto ha provocado numerosos conflictos con comunidades y localidades.

En este sentido, la construcción de las torres de transmisión eléctrica, a cargo de la multinacional TRECSA, es estratégica por las conexiones que realiza de los productores (hidroeléctricas, carbón, etc.) con las distribuidoras, para llegar finalmente a los consumidores del Mercado Mayorista, constituido principalmente por empresas extractivas, de agroexportación, y las principales industrias del país.

Lo estratégico ha sido entendido tanto por comunidades y organizaciones sociales como por los empresarios nacionales, multinacionales y el Estado de Guatemala. Por eso las masivas marchas de oposición y por eso también, como respuesta, la preparación en ciernes de una consensuada y polémica Ley de Servidumbres de Transmisión Eléctrica. En torno al tema, es claro, comienzan a polarizarse intereses.

Con la última década caracterizada por la persecución penal a líderes locales y los últimos cinco años por las reformas al sistema de justicia, la toma del Ministerio Público por este alineamiento conservador de grupos de poder es una nueva derrota para las fuerzas progresistas y de izquierda. En tres semanas comienza el proceso para elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación. Allí podrá verse si hay alguna reacción para que las reformas no cesen o si esta ofensiva sigue tomando fuerza.

En caso de nuevas derrotas, la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad y elecciones presidenciales, preparadas para el 2015, presenta un gris panorama.

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