Abogados defensores fallan en su intento de remover al Juez del caso Molina Theissen
0El lunes 9 de abril, los abogados defensores presentaron una recusación contra el Juez Presidente del Tribunal, Pablo Xitumul, quien preside el Tribunal “C” de Alto Riesgo, que está a cargo del juicio oral y público en el caso Molina Theissen. Cinco militares de alto rango están acusados de delitos contra los deberes de humanidad y violación sexual agravada contra Emma Molina Theissen, y tres de ellos también están acusados de la desaparición forzada de su hermano de 14 años Marco Antonio, en 1981.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
Los abogados de los imputados argumentaban que el padre del juez Xitumul había sido desaparecido forzadamente y que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontró sus restos en la base militar de Rabinal, Alta Verapaz en el año 2003. El Tribunal accedió a escuchar los argumentos de la recusación y de las partes y finalmente rechazo la recusación, aduciendo que no había ninguna relación entre lo manifestado por los abogados defensores y el caso siendo juzgado.
Al momento se ignora si el padre el juez Xitumul fue desaparecido y si sus restos fueron localizados en el año 2003 como alegan los abogados defensores.
El padre del juez: ¿Víctima de desaparición forzada?
Jorge Lucas Cerna, hijo y abogado representante de Benedicto Lucas García, presentó el recurso de recusación. Afirmó que el juez ha demostrado tener sesgos a favor de las víctimas, violentando así el derecho de los acusados a un debido proceso. Lucas Cerna dijo que tenía evidencia que el padre del juez, Mateo Xitumul Alvarado, fue víctima de desaparición forzada en 1981 y sus restos fueron exhumados de la base de Rabinal por la FAFG en 2003.
Lucas Cerna dijo que, por tanto, el juez Xitumul odia a las fuerzas armadas y no puede ser imparcial en el caso actual. Esto, dijo, explicaría la forma en la que el juez ha procedido dentro del juicio, y si llegara a dictar sentencia sería un acto de venganza por lo sucedido a su padre. Lucas Cerna demandó que el recurso de recusación sea revisada por la Sala de Apelaciones, y que el juez abandone el juicio y sea reemplazado por un nuevo juez. Lucas Cerna presentó seis imágenes como prueba documental de su recurso.
Los abogados defensores de Manuel Callejas y Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Edilberto Letona Linares también recusaron el juez en base a las mismas alegaciones. El abogado de Francisco Luis Gordillo Martínez, mientras tanto, se adhirió a la acción de sus co-acusados. Los acusados, presentes en la sala de audiencias, se pusieron de pie dentro de la carceleta que los resguarda para escuchar los argumentos vertidos.
José Anaya Cardona, abogado defensor de Manuel Callejas y Callejas, alego que de acuerdo a la información obtenida de la base de datos digital de la FAFG, el padre del juez Xitumul fue desaparecido el 1 de abril de 1981. La misma base de datos evidencia que 74 cuerpos fueron exhumados de la antigua base militar de Rabinal en mayo de 2003; entre esos cuerpos, estarían los restos de Mateo Xitumul Alvarado, pero aún no ha sido identificado por la familia ni con el examen de ADN. Anaya Cardona dijo que el juez odia a las fuerzas armadas por lo sucedido a su padre, y que probablemente ya ha “prefabricado” una sentencia condenatoria en el presente caso.
El abogado defensor de Letona Linares dijo que esa nueva información dejaba en claro que el juez Xitumul favorecía a las víctimas en el caso. También señaló que el presente juicio estaba confirmando la política estatal de desapariciones forzadas en 1981. Finalmente, enfatizó que Xitumul fue uno de los jueces del caso Genocidio en 2013.
Curiosamente, la defensa basó sus argumentos en la información contenida en la página web de la FAFG. Durante este juicio y otros, los abogados defensores han criticado duramente a la FAFG y a sus expertos.
Parecía que el recurso de recusación tenía apoyo del sectores externos al proceso. Mientras Lucas Cerna daba sus argumentos en la audiencia, Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien ha sido una figura central de oposición a los esfuerzos por enjuiciar a los oficiales militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, acudió a la sala de audiencias. En Twitter, Méndez Ruiz publicó un tweet con documentos de la FAFG que incluían el nombre de Mateo Xitumul Alvarado como víctima de desaparición forzada, junto al certificado de nacimiento del juez Xitumul donde se identifica a Mateo Xitumul Alvarado como su padre.
En otro tweet, Méndez Ruíz afirma que si esa información es veraz, todas las sentencias de militares retirados por graves violaciones a derechos humanos en los que el juez Xitumul ha participado “deben anularse”.
International Justice Monito pidió a Fredy Peccerelli, Director Ejecutivo de la FAFG, confirmar la información presentada al Tribunal. Peccerelli indicó que sólo puede compartir esa información con el Ministerio Público.
La respuesta de la Acusación
Erick de León, fiscal del Ministerio Público, respondió a la recusación diciendo que la evidencia presentada no demuestra el supuesto odio alegado hacia los acusados dentro del juicio. “La persecución penal es personal y no de la institución a la que pertenecieron los acusados”, aseveró.
De León también hizo énfasis en que él mismo había sido uno de los fiscales acusadores en el juicio de Genocidio en 2013. Dijo que, dentro de ese proceso, el jefe de inteligencia (G2), José Mauricio Rodríguez Sánchez, no había sido encontrado culpable, lo cual demuestra la imparcialidad del juez Xitumul.
Alejandro Rodríguez, quien representa a Emma Molina Theissen, argumentó que la defensa actuaba de mala fe ya que ninguno de los acusados había servido en Rabinal, como para alegar que eso pudiera generar un conflicto de intereses. Héctor Reyes, quien representa a Emma Theissen de Álvarez, dijo que la recusación era frívola y representaba un caso evidete de litigio malicioso, lo cual es ya una estrategia recurrente en estos casos en contra de los altos mandos militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
Recusación rechazada
Después de un tiempo de deliberación, el Tribunal rechazó la recusación. Los documentos presentados por la defensa no tienen relación con los hechos juzgados y no existe enemistad de parte del Juez Xitumul con los acusados. Además señaló que el Tribunal se ha apegado al debido proceso durante todo el procedimiento, respetando los derechos de los acusados y asegurando un trato humano, y afirmaron que no era cierto que el juez Xitumul demuestra favoritismo hacia las querellantes y el Ministerio Público.
El Tribunal señaló que todas las decisiones tomadas dentro del proceso penal Molina Theissen han sido basadas en ley y no son decisiones que toma el juez presidente en solitario, sino del Tribunal. También indicaron que la información presentada por la defensa no tenía ninguna relación con el caso juzgado. El Tribunal rechazó la recusación, estableciendo que ni el juez, ni su familia, tienen interés personal en el caso.
Es importante anotar que el 31 de marzo de 2017, este mismo tribunal resolvió absolver a tres de los cuatro ex integrantes de la Policía Nacional acusados en el caso del investigador José Miguel Merida Escobar, quien fue asesinado al inicio de la decada de los noventa por esclarecer el caso de Myrna Mack Chang (A su vez, tres de los cuatro fueron condenados a 25 años de prisión por la detención ilegal y torturas de un hombre al que obligaron a confesar un crimen no cometido, demostrando “incoherencia en la sentencia”, según palabras de la hermana de Myrna, Helen Mack.)
Benedicto Lucas García
Continúa la Declaración Testimonial
Después de la decisión, el Tribunal llamó a la siguiente testigo, Claudia López David, experta en derecho internacional humanitario quien trabajó por más de una década con la Cruz Roja Internacional y en la actualidad es procuradora adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos, para rendir su peritaje “Graves violaciones al derecho internacional humanitario en el Caso Marco Antonio y Emma Molina Theissen”.
La experta explicó al Tribunal que Marco Antonio y Emma no eran combatientes armados ni estaban armados en el momento de la detención; por tanto, el Estado de Guatemala estaba obligado a aplicar el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. La tortura y la violencia sexual sufrida por Emma y la desaparición forzada de Marco Antonio por lo tanto representan graves violaciones a los Convenios de Ginebra y al derecho internacional humanitario, dijo.
La experta explicó que una institución jerárquica como el Ejército, el oficial superior guarda la responsabilidad última por las violaciones de la ley. Al mismo tiempo, dijo, ningún oficial está obligado a realizar actos ilegales, incluso si estos son una orden. Basada en las entrevistas realizadas por la perita con varios altos mandos militares, afirmó que ellos dijeron que en el momento de los hechos desconocían los Convenios de Ginebra. Sin embargo, explicó, era responsabilidad de los comandantes generales respetar tales normas.
La última testigo del día era la testigo protegida A, quien estuvo con Emma después que ella escapara la Zona Militar No. 17. Tomó contacto con Emma luego de que una persona le contactó, le dio un papel que decía “estoy bien, te van a decir donde estoy, y le llevó a donde estaba resguardada. Estuvo con Emma varias ocasiones pero la primera fue una sóloa noche. La testigo dijo que Emma estaba muy delgada y prácticamente irreconocible. “No era la Emma que yo conocía”, señaló.
En esa primera noche se enteró de las violaciones por que Emma, en medio de lágrimas, le dijo “que le diera una sabana para taparse por separado, por que la habían violado y tenia miedo de contagiarme de cualquier cosa”. Se encontraba muy mal, y preferió no hablar de lo sucedido. Se encontraba en una colchoneta y tenía colocado suero.
Al día siguiente llevaron a Emma de su casa. Poco después le informaron que los militares habían secuestrado al hermano de Emma, Marco Antonio, y que no debería regresar a su casa o a su trabajo. Al momento se alarmó por que el “era un niño y sabia con quien estaba Emma”. Durante esa época, dijo, el ejército no respetaba edades. Sin embargo, afirmó que no cree que Marco Antonio haya dicho algo. , afirmando “a lo mucho que estábamos en la costa sur, era un niño” concluyo.
Tiempo después, ya que permanecieron juntas un mes y medio, y en este tiempo Emma le contó sobre las torturas y la violencia sexual que había sufrido. Le dijo que le habían dado toques eléctricos en la cabeza y los ojos, y por ello tenía problemas con la vista. Le comento que en el tiempo que había estado en cautiverio, le habían dado solamente dos vasos de agua y un banano.
La testigo contó al tribunal que durante este tiempo, Emma tuvo por lo menos dos crisis; y que por lo menos estuvo en tres lugares en ese mes y medio que estuvieron juntas, primero en una casa en la ciudad donde se puso muy mal, asi que la trasladaron aun lugar fuera de la ciudad y posteriormente nuevamente a la ciudad estando ella mas tranquila. Relató que en el traslado de regreso a la capital había un reten de la policía. “La persona que venia con nosotras tenia un arma, nos dijo abran los ojos hay policía, y lo primero que Emma dijo, fue por favor el primer balazo para mi, y por supuesto yo pedí el segundo también…. Teníamos temor de lo que podía pasar y preferíamos caer muertas, que caer con el ejército… sabíamos que torturaban y que con las mujeres el primer acto de machismo y poder es la violación sexual, es lo mas indignante”, concluyo la testigo.
La próxima audiencia está programada para el martes 10 de abril.
Jo-Marie Burt, politóloga, profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de WOLA, monitorea los procesos de justicia transicional en Guatemala para el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), un proyecto de Open Society Justice Initiative. Paulo Estrada es estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y defensor de derechos humanos. Una versión de este artículo fue publicado en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
