Otro viernes de CICIG trajo una exposición mayor de las redes de corrupción presentes en el gobierno del Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina. Y esta vez no fue obra de la CICIG directamente. Las capturas fueron aprovechadas por cuentas en redes sociales para hacer público un contrato de $15 millones que vincula al ex ministro Erick Archila, hoy prófugo por el caso Cooptación del Estado, con una empresa brasileña. Información del caso Panama Papers lo confirman.

Por Rodrigo Véliz

El contrato y la corrupción del PP

El caso de lavado de activos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), que terminó con varias capturas, un fiscal y un policía heridos y la muerte por suicidio del ex ministro de Finanzas del Partido Patriota (PP), Pavel Centeno, fue aprovechado por una cuenta anónima en la red social Twitter para sacar a luz un contrato por $15 millones con ex funcionarios del gobierno de Pérez Molina. El contrato está firmado entre Ronny Patricio Aguilar Archila y la empresa Kingsfield Consulting Corp (ya disuelta), registrada en Panamá por el bufete Mossack Fonseca que forma parte del escándalo internacional conocido como Panama Pappers.

El contrato se firma el 11 de abril de 2012 y tiene como producto final una consultoría para desarrollar una propuesta técnica y comercial para la licitación de estudios técnicos y de factibilidad de la hidroeléctrica Xalalá.

En ese momento, Aguilar Archila era asesor de despacho del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. Además era representante del INDE en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, según consta en documentos de la Contraloría General de Cuentas. El contrato lo firmó como parte de su firma de abogados, Aguilar & Ancheta, en la que participa Ivanova María Ancheta Alvarado, su esposa.

El contrato despierta varias sospechas, no solo porque lo realiza mientras era funcionario público, sino por los grandes intereses que había detrás de la hidroeléctrica Xalalá.

Según la fiscalía de Brasil con el conocido caso Lava Jato, el brasileño Ricardo Trombeta era el propietario de Kingsfield Consulting Corp., firma creada en Panamá y cuyo representante era el bufete Mossack Fonseca (MF), según confirmó después ICIJ.

La empresa dueña de Kingsfield era la constructora OAS, también brasileña. Esa empresa fue señalada en otros casos de proyectos de carreteras en Costa Rica y Honduras, y de patrocinar con $1 millón la campaña electoral del Partido Patriota en 2011, según Diario Digital.

OAS también fue señalada por una publicación de Contrapoder de pagar a la empresa de cartón Guerrero Law Investments Corporation (cuyo principal directivo lo era también de la empresa Arqco Outsourcing, del ex ministro de Comunicaciones y también prófugo, Alejandro Sinibaldi Aparicio), justo en el momento en que se licitaba la construcción de una carretera en el oriente de Guatemala, que finalmente terminó ganando la constructora guatemalteca Sigma, cuyos ejecutivos fueron capturados por la CICIG y el Ministerio Público en el caso Cooptación.

¿Competencia o alianza en la corrupción del PP?

La hidroeléctrica Xalalá está situada a 50 Km. al noroeste de Cobán, con una capacidad instalable de 181MW y una producción de energía de 886 GWh. La represa tendría acciones del Estado y el proyecto tuvo desde su inicio una fuerte pelea de intereses empresariales por apropiarse de las acciones privadas.

El contrato entre el abogado Ronny Aguilar Archila y Kingsfield logra confirmar una parte de los intereses detrás de la hidroeléctrica Xalalá, algo que solo se pudo ver de manera superficial en el 2014, cuando sospechas de corrupción se hicieron públicas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En 2014, varias comunidades del Ixcán y Cobán denunciaron la adjudicación del contrato para realizar los estudios geológicos del proyecto hidroeléctrico Xalalá a la empresa brasileña Intertechne en noviembre de 2013, un caso que CMI dio a conocer por primera vez.

El contrato que ganó Intertechne habría dejado fuera a OAS, que no le ayudó el pago de $15 millones a Aguilar Archila un año antes, ni la cercanía de éste al ministro Archila y la presencia que tenía en importantes puestos públicos. ¿Cómo pudo perder OAS frente a Intertechne?

La CGN denunció el 10 de abril de 2014, a 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, enfatizando en las irregularidades del proceso del contrato entre Intertechne y el INDE.

Una de las consecuencias derivadas de esas denuncias fue la renuncia, en abril de 2014, del entonces gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Marinus Arie Boer Johannessen, quien fue el que firmó el contrato con Intertechne. Según el ex mandatario Otto Pérez Molina, él mismo le pidió la renuncia a Boer.

Según un artículo sobre el tema, Pérez Molina indicó en conferencia de prensa que había “varios generadores” que se oponían a la hidroeléctrica, entre ellos los que se dedican a “producir energía con el bagazo de la caña”, en clara referencia a ingenios azucareros. Boer era reconocido sobre todo por ser uno de los socios y representante legal de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., más conocida como Ingenio Santa Ana, uno de los más grandes productores de azúcar y generador de electricidad propiedad de la familia Botrán.

En ese contexto es que la lupa se enfocó en Boer Johannessen, quien tenía el cargo de gerente general en el INDE y secretario del Consejo Directivo. Boer fue quien mayor protagonismo tuvo en la firma del contrato con Intertechne, el 7 de noviembre de 2013. Como representante legal de Intertechne Consultores, fue nombrada la abogada Andrea Lucía Contreras Vidaurre. En esa dirección se encuentra el bufete Comte & Font – Legalsa.

La abogada Contreras está asociada a ese bufete. Los dos socios del bufete son Font Verdugo y Henry Comte, este último socio fundador, director, y ahora magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entre los cargos que tiene Comte se encuentra el de ser integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, el mismo que Marinus Boer representa legalmente.

La información que da el contrato hace pensar en una posible riña corrupta entre Intertechne y OAS, que en el país se tradujo en una riña entre el ex ministro Archila y Pérez Molina contra Marinus Boer.

Aunque esto no queda del todo claro: el firmante del contrato, Ronny Aguilar Archila, también es parte del bufete de Comte & Font, que representó a Intertechne. ¿Engañaron entonces Aguilar Archila y Boer a OAS? ¿Las renuncias y supuestos señalamientos cruzados fueron solo un montaje?

Los mismos intereses en el gobierno de Jimmy Morales

Más allá de los intereses en torno al caso Xalalá, es importante ver la continuidad de esos intereses en el actual gobierno. Ya está documentada la elección que realizó Jimmy Morales para magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Como se dijo en un artículo anterior, Jimmy Morales se decantó por el abogado Henry Philip Comte Velásquez como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Comte es reconocido por ser fundador del bufete Comte & Font – Legalsa, del caso Xalalá. También fue integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, de la familia Botrán. Pero lo más importante es que fue Director Ejecutivo de Blue Oil, señalada en el caso Cooptación del Estado por dar financiamiento ilegal al Partido Patriota desde 2007.

Jimmy Morales nombró como Comisionado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional al empresario José Andrés Botrán Briz, quien ya fue funcionario de gobierno en un cargo similar. Botrán es Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, uno de los principales ingenios azucareros, de los mayores productores de electricidad, y donde el magistrado Henry Comte es integrante. Hace una década ocupó el cargo de Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) durante el gobierno de Berger Perdomo.

Por último, el presidente Morales nombró a la abogada Ivanova María Ancheta Alvarado como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Ancheta había sido viceministra de Energía durante la administración de Erick Archila en el MEM, y es socia y esposa de Ronny Aguilar Archila, en el bufete ya mencionado, firmante del contrato mostrado en este artículo. Aguilar Archila, por su parte, buscó ser diputado metropolitano por la UNE, y recibió según fuentes de ese partido dinero de Erick Archila.

El pasado de los tres grandes ex ministros capturados en caso La Cooperacha