Traslados inhumanos, violación al debido proceso y derecho de defensa, intención de aumentar los delitos para refundir en la cárcel a líderes sociales, actitudes dilatorias por parte de magistrados y restricción al derecho de informar y ser informados, son algunas de las aristas de una audiencia donde se pasa por tribunales un conflicto político y social, donde lo que está en juego es la defensa del territorio y el interés de una empresa ligada al vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo.

Por Gustavo Illescas

Rigoberto Juárez se queda sin defensa

Es común que los presos políticos lleguen a las audiencias con gripe y tos. El pasado martes 18 de agosto los presos políticos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar se encontraban en la cabecera de Huehuetenango para comparecer ante el juzgado de primera instancia penal de Santa Eulalia. Habían viajado desde el centro preventivo de la zona 18 en la palangana de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC). Como es habitual cuando se trata de presos políticos, el viaje que dura 5 horas hasta Huehuetenango puede durar el doble, los transportan a la intemperie desde la madrugada, sin desayuno ni abrigo.

La audiencia no pudo seguir su curso ya que Edgar de León, abogado de Rigoberto Juárez, se ausentó tras haberse excusado verbalmente por problemas ajenos a su voluntad. El Ministerio Público (MP) y la mandataria judicial de la empresa hidroeléctrica CINCO M solicitaron a la jueza que se declarara el abandono de Edgar de León del caso y que se nombrara a un defensor de oficio del Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP). La petición fue aceptada por la jueza argumentando que la excusa debió presentarse por escrito.

Por su parte Juan Castro, abogado de Domingo Baltazar, presentó un recurso de reposición argumentando que se estaba violando el debido proceso y derecho de defensa de Rigoberto Juárez, ya que no se le confirió un plazo al abogado Edgar de León para que acreditara su ausencia (causa justificada).

La jueza de Santa Eulalia denegó el recurso de reposición  y nombró a un defensor de oficio que en cuestión de minutos se hizo presente a la sala, pero argumentó que le era imposible llevar el caso porque no lo conocía. Asimismo la abogada de la IDPP planteó que desconocía si se le había consultado primero al acusado si deseaba a un defensor del IDPP o uno particular. Luego de evidenciado el error procesal, la jueza preguntó a Rigoberto Juárez si deseaba ser defendido por la IDPP y manifestó que no.

La abogada de la IDPP se retiró, la Jueza dio por suspendida la audiencia y fijó el 8 de septiembre de 2015 para continuar con el desarrollo del debate oral y público.

En entrevista con Juan Castro, defensor de Domingo Baltazar, dijo desconocer la causa de la ausencia de Edgar de León, que vive en Chimaltenango, por lo cual es comprensible que se haya excusado por teléfono. También manifestó que de León seguramente impugnará la resolución de la jueza y evacuara las pruebas pertinentes para no ser apartado del caso y así garantizar la defensa de Rigoberto Juárez para la próxima audiencia.

Empresa pretende querellarse y aumentar los delitos

El MP presentó meses atrás en la audiencia de primera declaración  la acusación formal contra Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar por el delito de detenciones ilegales[1], con relación a los hechos suscitados en la finca San Luis donde fue quemada la maquinaria de la empresa hidroeléctrica Cinco M, con fuertes intereses de la familia Leal Pivaral del Ingenio Magdalena y de Mario Leal Castillo, exfinancista del Partido Patriota y ahora candidato a vicepresidente de la UNE.

En esa ocasión la empresa intentó que se añadieran otros delitos que no gozan de medida sustitutiva como incendio agravado y secuestro, entre otros. Sin embargo el juez no aceptó las pretensiones de la empresa por no ser agraviada directa y no estar constituida como querellante adhesivo.

El 17 de junio fue la fecha límite para que el MP presentara su Acto Conclusivo por el delito de detenciones ilegales. No obstante un día antes la empresa presentó un amparo que fue otorgado de forma provisional por la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango, constituida en tribunal de amparo.  De esta manera la empresa tenía allanado el camino para reformar la causa penal y convertirse en agraviada directa en la siguiente audiencia.

Por su parte, los abogados Juan Castro y Edgar de León, de la Asociación Abogados Mayas, defensores de Domingo y Rigoberto, presentaron semanas atrás una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó a la Sala Séptima entregar un informe en 24 horas para argumentar por qué habían amparado a la empresa hidroeléctrica sin ser querellante adhesivo, pero éste no había sido presentado al momento en que se realizó la audiencia del 18 de agosto ningún informe.

Si la CC resuelve con lugar la apelación presentada por la Asociación de Abogados Mayas la empresa hidroeléctrica no podrá reformular la acusación presentada por el MP y los ahora acusados serán juzgados por el delito de detenciones ilegales una vez se realice la audiencia de Acto Conclusivo.

Jueza restringe derecho de prensa en audiencia oral y pública

Previo que la abogada de la IDPP asistiera a la Sala por petición de la jueza y no del sindicado, la jueza increpó al comunicador social del CMI Guatemala que escribe esta nota. Se me pidió que no estuviera grabando y le contesté a la jueza que únicamente estaba tomando fotografías y que le podía enseñar mi teléfono celular para constatarlo.  La jueza afirmó que no estaba permitido grabar y que si estaba interesado en el audio me podía dar una copia al finalizar la audiencia.

La jueza le pidió a su secretaria que  me pidiera el carnet de prensa para anotar mis datos, a lo cual accedí, a la vez que le consulté si esa audiencia era “oral y pública” o de lo contrario se me explicara el porqué de la decisión.

Inmediatamente la agente fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP (parte acusadora), tomó la palabra para decirme que les giraron instrucciones para ya no permitir en la audiencias donde se llevan juicios contra “estructuras criminales” que no se tome fotos ni video por la seguridad de jueces, fiscales y querellantes.

Le pedí a la fiscal que me pudiera enseñar o indicar el número de instrucción del Organismo Judicial o de la Fiscal General Thelma Aldana donde se indica tal extremo.

Por su parte la mandataria judicial de la empresa denunció que una de las supuestas víctimas del caso no había asistido a la audiencia porque había recibido amenazas en Santa Eulalia, ya que en la audiencia anterior se le tomaron fotos y esas mismas fueron utilizadas para que desde buses en Santa Eulalia la estuvieran buscando

Se desconocen esos hechos, a la vez que se desconoce si la empresa ya presentó la respectiva denuncia. Asimismo la mandataria judicial de la empresa argumentó que había que ser responsables con la información y que era prudente que no la documentara para evitar la tergiversación.

Finalmente  la jueza tomó la palabra y dijo:

Señor periodista usted puede tomar textos pero no puede tomar fotografías en esta audiencia”

Lo acontecido denota dos situaciones relacionadas entre sí. De ser cierto que existe una orden superior para prohibir la documentación de los casos donde se juzgan a estructuras criminales, a priori tanto el MP como la representante de la empresa e incluso la jueza están juzgando a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar como una estructura criminal, vulnerando en este caso el derecho a la presunción de inocencia. En segunda instancia resulta contradictorio que la empresa pide que no se tergiverse la información impidiendo el derecho constitucional a informar y ser informados.

En esta inusual audiencia solo se logra constatar la atmósfera criminalizadora en que se desarrollan los casos contra los presos políticos del norte de Huehuetenango y de otros territorios.

Los líderes Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar retornaron nuevamente al preventivo de la zona 18 de la ciudad capital, no sin antes pasar hambre y frío en la palangana de la patrulla de la PNC.  Salieron a eso del medio del juzgado en Huehuetenango y a eso de las 17:00 pm apenas iban por el entronque de Cuatro Caminos en Quetzaltenango.

[1]             Si bien ese delito goza de medida sustitutiva, continúan bajo prisión porque son acusados en otra causa penal, por los hechos suscitados en 2014 en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) ubicado en Santa Eulalia, y por el cual también guarda prisión Ermitaño López.

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