Comunidades se pronuncian contra el proyecto hidroeléctrico Xalalá

Las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Xalalá de los municipios de Cobán, Alta Verapaz e Ixcán y Uspantán, Quiché, dieron a conocer un comunicado el 27 de junio, luego de realizar su Asamblea Extraordinaria. Organizados en la Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y de los Recursos Naturales (ACODET), las comunidades determinaron continuar su lucha para que no se construya ese proyecto, no obstante estar suspendido debido a las denuncias y fallas del contrato. Un año después de haber interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), éste aún no se resuelve, mientras que poderosos intereses podrían estar detrás de su construcción.

Por Luis Solano

«Lucha y resistencia contra la represa en Xalalá»

Así lo comunican las comunidades maya q´eqchí que participaron en la Asamblea Extraordinaria, el 27 de junio. Su consigna deriva del hecho que el gobierno si bien anunció la suspensión del proyecto, también informó que seguirá trabajando para convencer a las comunidades que lo acepten, indicando además que el gobierno entrante lo retomará.

Decidieron, indica el comunicado, mantener su organización y acordaron “no dejarnos dividir ni confundir por pequeños proyectos o paneles solares. Reiteramos nuestra decisión de no vender la tierra a personas ajenas a las comunidades ya que más adelante podrían hacer negocios con las empresas y el INDE.”

Las comunidades recuerdan que en 2014, con el apoyo del diputado Amílcar Pop, las comunidades documentaron y denunciaron la adjudicación del contrato para realizar los estudios geológicos del proyecto hidroeléctrico Xalalá, a la empresa brasileña Intertechne en noviembre de 2013, un caso que CMI dio a conocer por primera vez.

Debido a las anomalías encontradas y denunciadas por la Contraloría General de Cuentas (CGN), el contrato fue cancelado en diciembre de 2014.

Una de las consecuencias derivadas de esas denuncias fue la renuncia, en abril de 2014, del entonces gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Marinus Boer, y del ministro de Energía y Minas, Erick Archila, en mayo de 2015.

Un año después la CC aun no resuelve

Las continuas denuncias de las comunidades desde diciembre de 2013, se concentraron en las irregularidades del contrato y la falta de consulta a las comunidades. Esto condujo a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunciara, el 10 de abril de 2014, a 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, enfatizando en las irregularidades del proceso del contrato entre Intertechne y el INDE, entre ellos Archila y Boer. Para esa fecha, Boer ya había presentado su renuncia la cual, según el mandatario Otto Pérez Molina, él mismo se la pidió.

La denuncia de la entonces Contralora General de Cuentas, Nora Segura, advertía que: “A la vista está que no fue transparente el proceso de adjudicación del estudio de factibilidad. Hay muchas irregularidades y no se respetaron la ley ni el reglamento interno del INDE, mucho menos la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se presentó la denuncia penal”.

Tres fueron las irregularidades que la CGN destacó del proceso de contratación, las cuales infringían la Ley de Contrataciones del Estado:

– El INDE contrató a Intertechne de manera directa sin pasar por el proceso de licitación pública de GUATECOMPRAS, por supuesta emergencia nacional,

– El INDE pagó un adelanto del contrato de un 20% más alto que el anticipo máximo autorizado, y

– Que la empresa brasileña no tenía sede en Guatemala al tiempo de la firma, sino constituyó una subsidiaria 60 días después.”

En mayo de 2014, el Presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar Pop, interpuso una denuncia en contra de dicho Consejo Directivo por fraude, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y omisión de denuncia a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público”.

Poco después, el 12 de junio de 2014, las comunidades interpusieron un amparo contra el INDE ante las irregularidades del contrato y por la falta de consulta a las poblaciones. Ese amparo sigue aún bajo análisis en la Corte de Constitucionalidad (CC).

A pesar de las vistas públicas en la Corte Suprema de Justicia y la CC, poco se avanzó legalmente para por esa vía terminar con el contrato y procesar judicialmente a los involucrados. Por eso, en el comunicado del 27 de junio, las comunidades indican: “Pero falta que los organismos encargados de impartir justicia den cabida a las denuncias que presentamos para que sean juzgados y sancionados por sus delitos.”, en referencia a los involucrados en la contratación anómala de Intertechne.

Si bien el contrato fue finalizado en diciembre de 2014, el actual gerente general del INDE declaró recientemente que esa institución inició un proceso legal para recuperar el anticipo de US$1.4 millones que se le dio a la empresa brasileña, lo cual podría llevar varios meses, si no años.

¿Se esconden grandes intereses?

El mandatario Otto Pérez Molina ha defendido abiertamente el proyecto hidroeléctrico Xalalá. Igualmente, defendió el contrato y se opuso a que se rescindiera. Cuando la CGC denunció al Consejo Directivo del INDE, y en el marco de lo que se veía venir contra el contrato y el proyecto Xalalá, Pérez Molina indicó en conferencia de prensa que había “varios generadores” que se oponían a la hidroeléctrica.

“Aquí lo que nosotros hemos dicho es que hay muchos intereses cuando se habla de producción de energía, que además son válidos; hay intereses de los que están produciendo energía a través de hidroeléctricas, los que están produciendo energía a través del gas (carbón), o hay intereses de los que quieren prodBoer era reconocido sobre todo por ser uno de los socios y representante legal de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., más conocida como Ingenio Santa Ana, uno de los más grandes productores de azúcar y generador de electricidad propiedad de la familia Botránucir energía con el bagazo de la caña”, indicó Pérez Molina, en clara referencia a ingenios azucareros.

El proyecto Xalalá ha sido promocionado como uno de gran importancia para el INDE, para poder ampliar su parque generador y competir como ente estatal ante el mercado eléctrico privado que controla el 70% de la generación total. Sin embargo, la manera impositiva como se ha planificado el proyecto y su semiprivatización no sólo en su proceso de estudios de pre y factibilidad, construcción y destino de la generación lo ha puesto en la lupa de las comunidades que han sido excluidas al no ser consultadas y que corren el riesgo de ser las mayores damnificadas.

Si bien podría haber poderosos intereses que podrían estar “conspirando” para evitar que el proyecto se construya e incluso debilitar aún más al INDE, esa lógica es muy distinta a la expresada por las comunidades.

Más bien, aparecen otros intereses económicos que podrían estar buscando beneficiarse del proyecto mismo. En ese contexto es que esa lupa se enfocó en Marinus Arie Boer Johannessen, quien tenía el cargo de gerente general en el INDE y secretario del Consejo Directivo. Boer fue quien mayor protagonismo tuvo en la firma del contrato con Intertechne, el 7 de noviembre de 2013. En el enlace a continuación, se observa la firma del contrato conjuntamente con Carlos Alfonso Infante Da Camara Texeira, director de Desarrollo de Mercado de Intertechne, según lo dio a conocer la publicación mensual de Intertechne en noviembre de 2013.

Para ese entonces, Boer era reconocido sobre todo por ser uno de los socios y representante legal de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., más conocida como Ingenio Santa Ana, uno de los más grandes productores de azúcar y generador de electricidad propiedad de la familia Botrán, según lo documenta el sitio de Guatecompras.

Para poder operar en Guatemala, la empresa brasileña Intertechne constituyó un mes después, el 16 de diciembre de 2013, la subsidiaria Intertechne Consultores, S.A. e inscrita en el Registro Mercantil dos meses después, el 8 de enero de 2014. Esta es una de las anomalías denunciadas.

Como representante legal de Intertechne Consultores, fue nombrada la abogada Andrea Lucía Contreras Vidaurre, y la dirección de la sede de la empresa fue esta: 5 avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza Torre 2, Nivel 5, oficina 501, como lo establece el portal de Guatecompras.

En esa dirección se encuentra el bufete Comte & Font – Legalsa, y según Guatecompras, su representante legal es el abogado David Font Verdugo. La abogada Contreras está asociada a ese bufete.

Los dos socios del bufete son Font Verdugo y Henry Comte, este último socio fundador y director. Entre los cargos que tiene Comte se encuentra el de ser integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, el mismo que Marinus Boer representa legalmente.

Si hubo algún interés de ese ingenio azucarero en el proyecto Xalalá, es algo que aún debe dilucidarse.