Presos políticos en Guatemala
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El sistema judicial ataca a quienes se oponen a los modelos hegemónicos de desarrollo capitalista en Guatemala.
Por Juan Pablo Muñóz (Ceppas-CMI)
Como en los peores años de las dictaduras liberales cafetaleras y de las dictaduras militares contrainsurgentes, el sistema judicial vuelve a ser la vía para atacar las voces de disenso respecto de los modelos hegemónicos de desarrollo capitalista en Guatemala. Ello, sin desmedro de otras prácticas sucias como la amenaza, la desinformación e, incluso, la violencia física selectiva y simbólica en contra de líderes, liderezas y demás miembros activos de los movimientos de defensa de los recursos naturales.
Los intereses de grandes corporaciones ―nacionales o internacionales- tienen más eco dentro de las estructuras de poder político que los intereses legítimos de las y los vecinos de las comunidades. Gracias a los medios de comunicación alternativos (Prensa Comunitaria o el Centro de Medios Independientes, por ejemplo), hemos sido testigos indirectos de operativos policiales con cientos de agentes y decenas de radiopatrullas, escoltando los bienes muebles e inmuebles de dichas empresas. Estas demostraciones de fuerza ni siquiera han sido vistas en operativos contra grandes capos del narcotráfico, predadores de madera en el área norte del país, traficantes de todo tipo a lo largo y ancho de las fronteras nacionales, etc.
Esta práctica de cooptar los poderes formales del Estado para garantizar intereses económicos se extiende también al sistema judicial guatemalteco, frágil y corrupto como es. Decenas de órdenes de captura en contra de dirigentes sociales se han emitido y pocas de ellas han logrado llegar a una sentencia condenatoria. Lo anterior se debe a dos razones: a) primordialmente, a que no tienen ninguna finalidad de conseguir la verdad sobre hechos que presumiblemente son delitos, sino que sirven para generar miedo, desarticulación, desgaste, etc.; b) porque al no haber una posibilidad real de investigación criminal, debido a la frivolidad de las denuncias, los casos son inconsistentes.
Los casos son inconsistentes, jurídico-penalmente hablando. Pero vaya que sí tienen efectos profundos y duraderos en los movimientos que respaldan a sus representantes. No solo destruyen las dirigencias sociales, sino que también inhiben la participación de las y los menos convencidos. Al fin de cuentas, más que el encierro, la cárcel tiene un efecto simbólico muy duro sobre la persona: la estigmatiza y le significa prácticamente una muerte social.
Ello ha sucedido en múltiples casos y se evidencia perfectamente con la actual ola de capturas contra dirigentes del gobierno Plurinacional Q’anjob’al, dentro de cuyo territorio hay más de una treintena de licencias para proyectos mineros e hidroeléctricos. A todos ellos se oponen los movimientos pro defensa del territorio, pues han indicado que dañan los recursos naturales y porque nunca ha habido una consulta hacia los pueblos, tal y como se establece en el derecho internacional.
Como relata la entrevista que comunicadores del Centro de Medios Independientes realizaron a las autoridades del gobierno Plurinacional Q´anjob’al, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, desde inicios de 2008 la estructura judicial ha hostigado penalmente a comunitarios del norte de Huehuetenango. Aunque la mayoría de casos ha concluido con desistimientos o medidas alternas a la privación de libertad, la amenaza se ha mantenido patente. De hecho, en 2015 el juez de Primera Instancia Penal del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, dictaminó, a solicitud de la fiscalía, una decena de órdenes de captura más.
Este 24 de marzo, en Ciudad de Guatemala se verificaron dos de ellas: la de don Rigoberto Juárez y de Domingo Baltazar, acusados de que en 2013 protagonizaron una revuelta en la que se cometieron los delitos de detención ilegal, secuestro, incendio y otros. Enclaustrados en las carceletas del sótano de la Torre de Tribunales, los acusados debieron esperar hasta el 27 del mismo mes para rendir su primera declaración, bajo el supuesto de que se estaba trasladando el expediente correspondiente a una judicatura con sede en la Capital.
Sin embargo, no era el expediente, sino el juzgado el que se trasladaba. A dicha audiencia compareció el mismo juez de Santa Eulalia, quien viajó desde el Noroccidente del país solo para tomar el control particular del caso. El resultado de dicha audiencia fue que se resolvió arresto domiciliar y se ligó a proceso a ambos únicamente por el delito de detenciones ilegales, al no haber indicios concluyentes sobre la posible participación de ambos líderes en los otros hechos imputados. La proactividad del juez es sospechosa, puesto pocas veces se ha visto tanta por parte de un juez en algún caso.
Al concluir esta audiencia, estando nuevamente en libertad, don Rigoberto Juárez y don Domingo Baltazar, fueron detenidos, esta vez acusados de nuevos delitos. Al volver a declarar, ante las nuevas imputaciones, se resolvió esta vez su arresto por lo que se encuentran privados de libertad provisionalmente en el Centro Preventivo de la Zona 18, a cientos de kilómetros de su hogar, en un contexto cultural absolutamente distinto al suyo propio.
Independientemente de que ambos líderes obtengan su libertad prontamente, el daño ya está hecho; incluso, debe pensarse en la figura de tortura psicológica, por los efectos perversos que los procesos penales implican para la vida de las personas, de sus familias y de los movimientos a los que pertenecen. Es en este sentido en donde cabe aplicar la categoría de “presos políticos” a don Rigoberto y a don Domingo, porque los resultados de las investigaciones y procedimientos judiciales no tienen por objeto la averiguación de la verdad y la consecución del valor justicia sino todo lo contrario; tiene por objeto amenazar, destruir, atemorizar.
Visitá la página del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) para conocer más de esta organización.
Por Juan Pablo Muñóz (Ceppas-CMI)
Fuente: Ceppas
Los intereses de grandes corporaciones ―nacionales o internacionales- tienen más eco dentro de las estructuras de poder político que los intereses legítimos de las y los vecinos de las comunidades. Gracias a los medios de comunicación alternativos (Prensa Comunitaria o el Centro de Medios Independientes, por ejemplo), hemos sido testigos indirectos de operativos policiales con cientos de agentes y decenas de radiopatrullas, escoltando los bienes muebles e inmuebles de dichas empresas. Estas demostraciones de fuerza ni siquiera han sido vistas en operativos contra grandes capos del narcotráfico, predadores de madera en el área norte del país, traficantes de todo tipo a lo largo y ancho de las fronteras nacionales, etc.
Esta práctica de cooptar los poderes formales del Estado para garantizar intereses económicos se extiende también al sistema judicial guatemalteco, frágil y corrupto como es. Decenas de órdenes de captura en contra de dirigentes sociales se han emitido y pocas de ellas han logrado llegar a una sentencia condenatoria. Lo anterior se debe a dos razones: a) primordialmente, a que no tienen ninguna finalidad de conseguir la verdad sobre hechos que presumiblemente son delitos, sino que sirven para generar miedo, desarticulación, desgaste, etc.; b) porque al no haber una posibilidad real de investigación criminal, debido a la frivolidad de las denuncias, los casos son inconsistentes.
Los casos son inconsistentes, jurídico-penalmente hablando. Pero vaya que sí tienen efectos profundos y duraderos en los movimientos que respaldan a sus representantes. No solo destruyen las dirigencias sociales, sino que también inhiben la participación de las y los menos convencidos. Al fin de cuentas, más que el encierro, la cárcel tiene un efecto simbólico muy duro sobre la persona: la estigmatiza y le significa prácticamente una muerte social.
Ello ha sucedido en múltiples casos y se evidencia perfectamente con la actual ola de capturas contra dirigentes del gobierno Plurinacional Q’anjob’al, dentro de cuyo territorio hay más de una treintena de licencias para proyectos mineros e hidroeléctricos. A todos ellos se oponen los movimientos pro defensa del territorio, pues han indicado que dañan los recursos naturales y porque nunca ha habido una consulta hacia los pueblos, tal y como se establece en el derecho internacional.
Como relata la entrevista que comunicadores del Centro de Medios Independientes realizaron a las autoridades del gobierno Plurinacional Q´anjob’al, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, desde inicios de 2008 la estructura judicial ha hostigado penalmente a comunitarios del norte de Huehuetenango. Aunque la mayoría de casos ha concluido con desistimientos o medidas alternas a la privación de libertad, la amenaza se ha mantenido patente. De hecho, en 2015 el juez de Primera Instancia Penal del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, dictaminó, a solicitud de la fiscalía, una decena de órdenes de captura más.
Este 24 de marzo, en Ciudad de Guatemala se verificaron dos de ellas: la de don Rigoberto Juárez y de Domingo Baltazar, acusados de que en 2013 protagonizaron una revuelta en la que se cometieron los delitos de detención ilegal, secuestro, incendio y otros. Enclaustrados en las carceletas del sótano de la Torre de Tribunales, los acusados debieron esperar hasta el 27 del mismo mes para rendir su primera declaración, bajo el supuesto de que se estaba trasladando el expediente correspondiente a una judicatura con sede en la Capital.
Sin embargo, no era el expediente, sino el juzgado el que se trasladaba. A dicha audiencia compareció el mismo juez de Santa Eulalia, quien viajó desde el Noroccidente del país solo para tomar el control particular del caso. El resultado de dicha audiencia fue que se resolvió arresto domiciliar y se ligó a proceso a ambos únicamente por el delito de detenciones ilegales, al no haber indicios concluyentes sobre la posible participación de ambos líderes en los otros hechos imputados. La proactividad del juez es sospechosa, puesto pocas veces se ha visto tanta por parte de un juez en algún caso.
Al concluir esta audiencia, estando nuevamente en libertad, don Rigoberto Juárez y don Domingo Baltazar, fueron detenidos, esta vez acusados de nuevos delitos. Al volver a declarar, ante las nuevas imputaciones, se resolvió esta vez su arresto por lo que se encuentran privados de libertad provisionalmente en el Centro Preventivo de la Zona 18, a cientos de kilómetros de su hogar, en un contexto cultural absolutamente distinto al suyo propio.
Independientemente de que ambos líderes obtengan su libertad prontamente, el daño ya está hecho; incluso, debe pensarse en la figura de tortura psicológica, por los efectos perversos que los procesos penales implican para la vida de las personas, de sus familias y de los movimientos a los que pertenecen. Es en este sentido en donde cabe aplicar la categoría de “presos políticos” a don Rigoberto y a don Domingo, porque los resultados de las investigaciones y procedimientos judiciales no tienen por objeto la averiguación de la verdad y la consecución del valor justicia sino todo lo contrario; tiene por objeto amenazar, destruir, atemorizar.
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