Una propuesta revolucionaria: Q1,500 de salario para sacar a los pobres de la pobreza

“Acá estamos muy contentas con los cursos que se están dando. Recién vengo de una aldea y hay muchas mujeres que los quieren recibir”, dice con una sonrisa Lisseth Pérez, la encargada municipal de Desarrollo Local en Estanzuela, Zacapa, a 150 kilómetros de Ciudad de Guatemala y 165 kilómetros de Puerto Barrios.

Los cursos fueron solicitados por una empresa coreana, que gestionó el alquiler de la bodega municipal a través de la gremial de maquileros de vestuario (Vestex) de la Asociación de Exportadores (Agexport). La empresa pide que 600 operarias estén listas para llegar a invertir.

El acercamiento se dio luego que el gobierno le concediera un estatus especial a cuatro municipios (Estanzuela; Masagua en Escuintla; y San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en El Progreso). El estatus les permite que no se tome en cuenta el salario mínimo nacional sino que pueda fijarse uno más abajo, un salario especial que llaman diferenciado.

La medida es un nuevo esfuerzo por materializar la agenda política de los exportadores en una alianza con filiales departamentales de la Cámara de Comercio, según confirmó el empresario Luis Guerra, de Guastatoya.

En los ochenta, la Gremial de Exportadores (Gexpront) argumentó que Guatemala podía competir globalmente por medio de salarios bajos y ventajas fiscales para atraer inversión de maquilas textileras. Esto sería la fórmula para dar empleo a la gente y el primer paso rumbo al despegue económico industrial del país. Tres décadas después, su argumento parece repetirse: La competividad de Guatemala se reduce a salarios bajos y ventajas fiscales. Y el tipo de inversiones (manufactura ligera, con poco valor agregado y tecnología escasa) también es el mismo.

Con la diferencia que la competencia es más voraz ahora: Bangladesh, el país que concentra la industria textil asiática luego que China subiera a otras ligas industriales, paga salarios mínimos equivalentes a $60 mensuales, y está cundido de protestas laborales. La propuesta de Guatemala es de aproximadamente $185.

La urgencia por competir llevó al Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Contreras, a pasar encima de una de las últimas instituciones sociales del país, el Código de Trabajo: en la decisión sobre salarios mínimos no se permitió la participación de trabajadores.

La alternativa de desarrollo de países como Costa Rica y que promueve el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) va en la dirección contraria: Cobrar impuestos a las empresas para invertirlo en bienes públicos como educación, y que una población mejor preparada atraiga inversiones más sofisticadas.

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Mientras las futuras operarias ejercitan sus manos al trazo de los bordados, la encargada municipal de Desarrollo Local en Estanzuela describe con orgullo la organización de los cursos: grupos de 24 mujeres, 8 horas diarias, 2 semanas, y ningún pago. El perfil de las operarias es el mismo: mujeres, generalmente jóvenes, madres solteras, desempleadas. La certificación la hace el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

¿Inversión en los municipios más pobres? Mejor en unos más desarrollados

Julio Girón, alcalde de Estanzuela, tiene un prominente y tupido bigote, muy zacapaneco. Cuenta orgulloso sobre la iniciativa. “La idea de traer inversión comenzó como una promesa de campaña, en 2011. El gobierno central estuvo desde un inicio apoyando, hizo su parte con visitas y monitoreando”. Un tanto distinto a lo que dijo el ministro de Economía, el empresario Sergio de la Torre, cuando estuvo el 12 de marzo frente a la los magistrados de la CC. Según De la Torre, la iniciativa surgió de los cuatro alcaldes, y es una legítima muestra de una necesidad local respondida por el gobierno central.

Unas semanas antes, el gobierno promocionó la idea de los salarios diferenciados como parte de la Alianza por la Prosperidad, en pláticas con Estados Unidos. Ahí se repitió un patrón: inversión a regiones que sí tienen acceso a infraestructura para evitar retrasos rumbo a los puertos para exportar.

Consultado al respecto, Juan Carlos Paíz, comisionado presidencial de Competitividad, dijo que en el Noroccidente, la región más pobre, no es posible poner manufacturas porque es una mano de obra rural. Prometió una Mesa de Competitividad Local para ver qué hacer en esa región. Y el ministro de Economía dijo que en el occidente se está construyendo la Franja Transversal del Norte, una carretera que se planifica desde los años setenta.

Municipios en Huehuetenango y Totonicapán tienen pobreza de hasta 98% y pobreza extrema de hasta 65%. Mientras que los cuatro municipios seleccionados tienen una pobreza extrema de 1.4%, 4%, 9% y 18%, respectivamente. Y con los ingresos totales del municipio y el nivel de escolarización pasa lo mismo: Los seleccionados siempre se encuentran mejor que el promedio.

El Índice de Desarrollo Humano en los municipios es de 0.69 para Guastatoya, 0.60 para San Agustín, 0.57 para Masagua, y 0.71 para Estanzuela. El promedio nacional es de 0.62.

¿Acuerdo entre empresarios y trabajadores? Eso es anticuado

Según el Código de Trabajo, para aprobar salarios mínimos es necesario que se forme una Comisión Paritaria compuesta por dos representantes de sindicatos, dos de la parte patronal (empresarios), y un presidente, escogido por el Ministro de Trabajo. Con base en la opinión de la Paritaria, la Comisión Nacional de Salario envía la propuesta al Presidente, que toma una decisión final cada año.

“El ministro Contreras sabía que nos íbamos a oponer. Por eso tomaron otra ruta, y eliminaron la representación sindical”, dice el sindicalista Rigoberto Dueñas. Dueñas, que ha sido parte de estas negociaciones desde 1992, se refiere a la ausencia sindical en la decisión sobre salarios diferenciados.

Según consta en actas y cartas cruzadas, los salarios mínimos fueron establecidos en un diálogo entre los alcaldes con el Gobierno. En ningún momento se siguió lo que establece el Código de Trabajo.

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“A nosotros no nos quisieron tomar en cuenta”, relata Sergio Aceituno, ex trabajador municipal de Masagua. “La actual alcadesa [Blanca Alfaro] no cumplió la orden de reinstalarnos. Es más, lo que hizo fue apelar la decisión, y ubicar a toda su gente dentro de la municipalidad. Por eso no hay sindicato”.

Durante la audiencia de la CC en marzo, uno de los síndicos de Alfaro afirmó en público que en su municipio no hay sindicatos porque en las grandes haciendas azucareras, que emplean a miles durante la cosecha (zafra), no se permite la sindicalización.

El secretario de la municipalidad de Guastatoya, Carlos Enríquez, afirmó en el edificio municipal de Guastatoya que durante la gestión del actual alcalde, Saúl Beltetón, desapareció el sindicato de empleados municipales.

Estanzuela, por su parte, tampoco cuenta con sindicatos. Ahí se encuentra alojada la multinacional Del Monte, productora de mangos, sandías y melones para exportación. Según un reportaje de Plaza Pública en 2011, Del Monte contrató en los noventa al cartel de Los Mendoza para asesinar sindicalistas.

El otro gran empleador de Estanzuela era el capo y productor de melones, Waldemar Lorenzana. Una vez extraditado, sus terrenos están a punto de ser extinguidos.

“Acá no hay sindicatos. Participaron los productores en la parte patronal y en la parte de los trabajadores estuvieron las asociaciones de productores”. ¿No es lo mismo que los productores y sus asociaciones sean las que participen? “No, son dos cosas diferentes”, responde Julio Girón, alcalde de Estanzuela, con un tono más serio del usual.

Según las cartas enviadas por los alcaldes al ministro de Trabajo, Carlos Contreras, en Masagua participaron en vez de trabajadores los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, y en San Agustín Acasaguastlán los Consejos Comunitarios de Desarrollo de cuatro aldeas.

El ministro de Trabajo Contreras tiene una justificación: “Lo que estamos haciendo es tratar de extender el diálogo más allá de los patronos y trabajadores”.

Llegarán muchas nuevas inversiones (o no)

Los alcaldes contaron los grandes planes que tienen para sus municipios. En Estanzuela, a una orilla de la carretera al Atántico y Puerto Barrios, se espera armar una zona franca con empresas farmacéuticas, aserraderos, fábricas de puertas y empresas de logística.

En San Agustín Acasaguastlán, cuya esquina queda en la misma carretera, se espera hacer otro parque industrial que evite el tráfico que se hace en la ciudad capital, en cuya periferia se encuentra buena parte de la industria.

Hasta ahora, es sólo uno el proyecto que está en marcha. Las maquilas planificadas para Masagua y Estanzuela son de la misma empresa, la coreana Texpan Guatemala, que ya tiene otra fábrica en las afueras de Ciudad de Guatemala.

El temor de los sindicalistas y quienes se oponen es que esta decisión no atraiga nuevas inversiones al país, sino que únicamente empresas que ya funcionan se trasladen y paguen menos salarios y menos impuestos. Adolfo Lacs, de la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado de Guatemala (Fesebs), describe el problema conocido como deslocalización. Según la norma sobre salarios diferenciados, esto está prohibido. “Pero eso es fácil, sólo abren con otro nombre y se acabó el problema”, opina Lacs.

Y como dice Baldetti: menos salario o nada

La Corte de Constitucionalidad, como en todos los debates fuertes de la política nacional, es la que tiene la última palabra. De momento, detuvo temporalmente los salarios diferenciados, en una votación de 4 contra 3. Habrá que ver si esta mayoría se mantiene en la próxima votación, y ver si aprueban o rechazan las otras dos inconstitucionalidades.

La medida de los salarios diferenciados está dentro de la ley, según el artículo 105 del Código de Trabajo. A inicios de los ochenta llegó a haber hasta 30 diferentes salarios mínimo por región o sector de la economía.

El Procurador de Derechos Humanos y dos grupos de sindicatos afirman que es otro el problema. La reducción de salarios atenta contra la Constitución porque los trabajadores y ciudadanos no pueden renunciar a derechos adquiridos. La reducción del salario mínimo sería una medida regresiva y, como tal, inconstitucional.

Una misión de la ONU afirmó que la medida atenta contra acuerdos firmados por el Estado de Guatemala, y no es una medida eficaz para salir del atraso económico.

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La vicepresidente Baldetti defendió la medida de su gobierno diciendo que es mejor recibir Q1,500 a nada.

En una entrevista para otro reportaje, Alejandro Ceballos, de Vestex, dijo que lo ideal para los exportadores sería que que mientras más se acercan los centros productivos a los puertos, el salario mínimo se reduzca a cero, y la productividad sea la medida que fije el salario. La iniciativa de ley que busca pagar según lo que cada trabajador produce no ha logrado conseguir el visto bueno en el Congreso, aunque podría recibirlo de Líder y el PP, cuyos lemas de campaña anticipada son empleo y trabajo.

Vestex y Agexport se tendrán que conformar con salarios de Q1,500 para poder competir con países como Honduras y Bangladesh, y hacerlo con la misma estrategia que 30 años antes.

Una de las operarias en prácticas de Estanzuela hizo un vaticinio: “Yo creo que la CC nos va a dar la razón. La gente lo necesita”.

Ésta es la apuesta de los políticos y los empresarios para el desarrollo de Guatemala.