Contratados como jueces, asesores y maestros (con uno que cobró Q7 millones)

Estos magistrados no fueron los que lo inventaron. De hecho, son redes de abogados que se han construido desde hace casi 20 años. El final de la represión contra profesores en los 80 fue aprovechado por nuevos catedráticos que lograron puestos con excelentes condiciones y potestades, y pocos incentivos para investigar y producir. Algunas de estas redes fueron iniciadas por Cipriano Soto cuando llegó a decano de Derecho de la USAC en 1988.

Las autoridades universitarias de antes tuvieron el problema de los dobles sueldos y dobles trabajos presente. Por eso se diseñaron reglamentos para obligar a que los catedráticos cumplieran con sus tareas en sus respectivas facultades. El artículo 29 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico dice:

«Incompatible: Quienes presten sus servicios a la Universidad no podrán desempeñar otros cargos remunerados dentro de su horario de contratación. Los servicios a la Universidad deben presentarse completos, sin alterar las condiciones que los rigen y sin que se disminuya la cantidad y calidad de los mismos».

Profesor, bufete y asesor de Educación

Uno de los pioneros en esta red y en este truco ha sido Juan Francisco Flores, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y antiguo colega de Cipriano Soto. Tiene un contrato que lo obliga a trabajar en la Facultad de Derecho por ocho horas diarias. Pero tiene además una oficina en el edificio Galerías en la Avenida Reforma, en donde lleva litigios entre empresas, y además tiene un contrato como asesor del Ministerio de Educación. En la USAC recibe un salario de más de Q28 mil y el contrato con el Ministerio es, según Guatecompras, por Q359 mil para 2014, que añade otros Q29,919 a sus ingresos. Desde el Estado suma casi Q60 mil mensuales.

Profesor, coordinador y asesor millonario de sindicatos

Otro personaje de la red es César Landelino Franco, y sus prácticas son muy similares, aunque es más próspero. Franco cuenta con tres puestos de profesor titular en la facultad, que juntos suman ocho horas de trabajo y un salario de Q16 mil desde la USAC. A eso se agrega la coordinación de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la coordinación del Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, donde según profesores consultados recibe sus respectivos salarios. Ya que los posgrados están en asociación con universidades extranjeras, no están en la nómina de la universidad.

¿Su presencia en las clases? Poca, según estudiantes consultados durante los períodos de clase asignados para el presente semestre. Varios abogados laboralistas aseguran que técnicamente Franco tiene muchos conocimientos. Pero éstos no son transmitidos a las siguientes generaciones de estudiantes. Estudiantes graduados contaron que era recurrente la ausencia de Franco durante los períodos de clase.

A los ingresos de Franco desde la USAC se suman los que recibe desde su bufete, que este año cobró un contrato como asesor en el pacto colectivo firmado entre el Ministerio de Salud y su respectivo sindicato. El primer pago: Q7 millones por 60 meses. Es decir, Q116 mil por mes. Y en el Ministerio dicen que llegaba una vez al mes porque les decía que tenía que ir a dar clases en Argentina e Italia. Se le buscó repetidas veces en su oficina y en las clases pero la respuesta de su asistente fue la misma: No da entrevistas.

¿Magistrados desde las 8 am y catedráticos el resto del día?

Los casos de Francisco Flores y Landelino Franco podrían parecer como casos aislados. Pero todo indica que es una cuestión institucionalizada durante las decanaturas de José De Mata Vela, Estuardo Gálvez, Bonerje Mejía y Avidán Ortiz.

Hay 15 magistrados, 2 de la Corte Suprema de Justicia y 13 de Salas de Apelación, todos con salarios como magistrados y como catedráticos universitarios. Y seis de ellos, Gustavo Bonilla, Mynor Franco (de la CSJ), Ronald Colindres Roca, Eddy Orellana, y Dora Nájera (de Salas de Apelación), tienen en la actualidad esos dos puestos además de participar en la Comisión de Postulación encargada de elegir a magistrados de esas dos mismas instancias. Todo queda entre amigos.

Por ley, los magistrados laboran ocho horas, a lo que debería sumarse las horas asignadas en la facultad. La mayoría tiene contratos de medio tiempo, de cuatro horas diarias, por lo que sus jornadas deberían ser de doce horas. A menos que alguno no llegue a dar clases.

Al magistrado Gustavo Bonilla se le buscó la semana del 28 de julio al 1 de agosto pero no se les encontró en las aulas que les asignaba el calendario universitario, solamente a sus auxiliares.

Lo mismo la actual Fiscal General, Thelma Aldana, que este semestre fue invitada para dar el curso de Derecho Mercantil, su especialidad. Avidán Ortiz, actual decano, votó a su favor en elección de seis finalistas para Fiscal General el pasado mayo.

Cuestionado el decano Avidán Ortiz por estas contrataciones y estas ausencias, tuvo dos reacciones. Primero, se le notó molesto cuando supo que este reportero había estado verificando la presencia de los catedráticos en las aulas. Y después, se desentendió y pidió que se fiscalizara. «Hemos tomado medidas para que los profesores lleguen y firmen. Si no están llegando, hay que denunciar». Aseguró que no hay ninguno contratado ocho horas. Pero sí, hay tres de nuestro listado de 20 catedráticos y empleados en otras instituciones del Estado.

Orgullosos de sus puestos

Muchos de los catedráticos con dobles sueldos hacen gala de su prosperidad. Landelino Franco, el asesor del sindicato del Ministerio de Salud que ganó Q116 mil quetzales por 60 meses, es un buen ejemplo. Juan Pablo Muñoz, del Instituto de Ciencias Comparadas y Penales de Guatemala (ICCPG), ex alumno de la facultad, ofreció la siguiente escena:

Estaba dando la clase y frenó en seco, vio pensativo por unos segundos a los estudiantes, levantó su brazo a la altura de la cara con tal que el saco dejara ver su reloj, un rolex. Lo vio y regresó la vista a los estudiantes: «¿Quieren ser abogados de éxito? Esto», dijo, señalando su reloj, «es ser un abogado de éxito. Hagan lo que les diga y van a llegar a serlo».

El ejemplo de Franco y otros catedráticos también ha servido para formar 7 mil abogados graduados con estos estímulos desde 1988 hasta 2012. Un porcentaje de estos abogados, unidos a los de las universidades privadas, son los que tienen el control del Colegio de Abogados y buena parte del Organismo Judicial. Y son quienes en estos momentos negocian la elección de jueces para los próximos cinco años.