¿Qué hizo Derecho para que la USAC perdiera prestigio?

Las redes de adopciones llegaron, en su mejor momento, a cobrar $60,000 por niño. Pasaron de entregar 1,200 niños en 1997 a más de 4,000 en 2004, tantos como China y Rusia. Un negocio de $240 millones anuales con una red compleja que tuvo un voto que la validó en la CC: el del entonces representante de la USAC y exdecano de Derecho, Cipriano Soto. El mismo que votó a favor de la inscripción como candidato presidencial de Ríos Montt prohibida por la Constitución. El mismo que desde 1988 empezó el camino de tejer una red de profesores vinculados al Organismo Judicial y a grupos políticos y económicos de presión. Al mismo tiempo que escalaban ese camino, la facultad que dirigían sufría las consecuencias.

«La hija de un amigo trabaja en una oficina que hace entrevistas para empleo. Ella tiene la orden de que si es graduado de Ciencias Jurídicas de la USAC ni siquiera hay que entrevistarlo», dice Marco Sagastume Gemmel, recientemente electo Presidente del Colegio de Abogados por una planilla apoyada por el Partido Patriota.

¿Qué pasó para que esto ocurriera? Jorge Mario García Laguardia, ex PDH y aún catedrático de la facultad, lamenta la situación. “En mi época era la única universidad del país, éramos no más de 300 en toda la facultad […] Hacíamos una línea divisoria entre la política y la academia. No se puede mezclar la universidad con la política”.

La politización de la facultad comenzó décadas antes, aunque en otras condiciones. Ahora esto es inevitable y tiene otro sentido. Con la Constitución de 1985 y las reformas que siguieron al golpe conocido como Serranazo en 1993, la USAC quedó atada a participar en varias comisiones de postulación para elegir a magistrados de las Cortes más poderosas del país. Los grupos políticos de presión no tardaron en acercarse.

La politización de antes era diferente. En los sesenta, en consonancia con los cambios que pasaban en el continente, la universidad se había vuelto más social.«Hubo reformas para ampliar la base humanista de la facultad y tener una visión para servir a los más desfavorecidos», recuerda Victor Ferrigno, líder estudiantil en los setenta.

Los comunistas y sus asesinos

De esos años son las reformas que la transformaron de la Facultad de Derecho a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Durante las rectorías de Edmundo Vásquez Martínez, Rafael Cuevas del Cid, y Roberto Valdeavellano Pinot, de 1966 a 1978, la matrícula estudiantil aumentó de un poco más de 8 mil estudiantes ingresados a más de 34 mil en toda la universidad.

Cuevas y Valdeavellano tuvieron un fuerte apoyo del ala intelectual del partido comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). El impulso era frecuente en Latinoamérica, donde en medio de dictaduras militares y fraudes electorales los académicos comenzaron a posicionarse políticamente.

La apertura tuvo sus costos. La crisis del país a fines de los setenta quebró a la universidad: la posición de estudiantes y profesores había pasado de la simpatía a una participación orgánica en organizaciones revolucionarias, en las guerrillas. La consecuencia inevitable fue cierto deterioro de la calidad académica. Eso y la represión que siguió precipitaron la crisis interna de la facultad y la universidad.

En 1978 llegó a rector Saúl Osorio Paz, miembro del PGT, y esto tuvo una sangrienta reacción: el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), con apoyo de la Policía Nacional, comenzó una serie de asesinatos. Entre 1954 y 1979 fueron asesinados 8 profesores. Solo en 1980 fueron asesinados 35 catedráticos y 85 estudiantes.

Decenas salieron al exilio y por años no hubo un término de mandato ni en la rectoría ni en la facultad. Después de aumentar la matrícula por lustros, en 1980 se inscribieron en la facultad un poco más de 5 mil 200 personas, dos años después la cifra había disminuido a 4,100.

Puestos de catedráticos quedaron vacantes y muchos fueron tomados por estudiantes y por auxiliares.

Pocos querían ser el próximo blanco de los escuadrones de la muerte. «Con la excepción de Alfonso Bauer Paiz y otros, la mayoría de mis maestros fueron asesinados», recuerda Sagastume Gemmel.

La estabilidad (y mediocridad) de las redes

La estabilidad llegó junto a Cipriano Soto. Fue decano a partir de 1988, tras vencer al ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el más moderado José Arturo Sierra. Cipriano Soto se encargó de dar un significativo giro al camino de la facultad. Críticos y herederos coinciden en esto.

Estableció nuevas redes políticas para copar magistraturas del Organismo Judicial y favorecer a los grandes grupos políticos de presión. De la cacería política se pasó al clientelismo.

Estas redes tienen nombres y apellidos. Son profesores, comisionados y funcionarios públicos. Mario Gordillo (ex Procurador General), Édgar Lemus (Consejo del Ministerio Público), José De Mata Vela (ex magistado de la CSJ), y Estuardo Gálvez (ex Rector), todos herederos de Soto, son los que se repiten en los relatos.

Ubicados en puestos importantes, lo vital era ubicar a gente de confianza y comenzar a escalar. Estas redes tuvieron toda la década de los noventa para afianzarse y tejer relaciones con las instituciones y espacios con que se relacionaban como universidad.

Estuardo Gálvez, el más hábil de los pupilos de Soto, tal vez sea el mejor ejemplo. La red desde un inicio vio la importancia de cooptar el Colegio de Abogados, hasta entonces controlado por abogados conocidos como los Notables, vinculados al capital tradicional. Gálvez entró de decano en el 2000, y buscó desde un inicio favorecer a sus estudiantes graduados con puestos en instituciones públicas. El objetivo era que estos estudiantes pagaran su lealtad con votos favorables.

Si primera participación en elecciones de abogado a través de planilla Ética y Derecho fue en el 2003. Lo hizo en alianza con Justicia para el Cambio, apadrinada por el empresario emergente Roberto López Villatoro. En esa ocasión compitieron con los Notables en segunda vuelta, pero perdieron por 500 votos.

Dos años después volvieron a participar como aliados. Ahora Gálvez estaba fuera de la decanatura y esperaba su elección como rector. El peso se sintió: nuevamente en segunda vuelta contra los abogados del capital tradicional, la alianza de Gálvez logró ganar por 300 votos. Según consta en actas, la mayoría de sus votos vinieron de los abogados jóvenes, sus ex estudiantes.

De los Acuerdos de Paz a la maquila de estudiantes

Hubo un intento por regresar a la Facultad para que aportara a la justicia en una sociedad democrática, después de los Acuerdos de Paz. Fue en 2000 con la reforma curricular. Poco o nada de lo propuesto, sin embargo, se llevó a cabo.

Muchos de los cursos con contenido humanista fueron suprimidos o reformados, catedráticos críticos fueron desplazados o despedidos, y los herederos de la estructura se afianzaron en sus posiciones. Ni un solo debate técnico se dio al respecto. «Las mismas crápulas continuaron con el control, hubo mucha presión externa para evitar cambios», afirma un académico que participó en el intento de reforma y que aún está vinculado a la Facultad.

«Se volvió en una maquila de estudiantes», afirma Juan José Larios, dirigente estudiantil que participó en los años de quiebre.

La metáfora de la maquila no es errónea. Si bien las decanaturas de De Mata Vela y Estuardo Gálvez (1996-2004) muestran cierto crecimiento en el número de graduaciones, es con Bonerge Mejía que se ve un aumento fuera de lo normal. Del 2001 al 2010 se inscribe la misma cantidad de estudiantes, 18 mil, pero en esa misma cantidad de tiempo las graduaciones pasaron de 241 en 2001 hasta llegar a su pico en el 2010, donde Mejía graduó a 1,019 estudiantes.

Tampoco falla la metáfora al hablar de la calidad. Si bien en planilla se encuentran varios magistrados del Organismo Judicial, como Gustavo Bonilla y Manfredo Maldonado, o la misma Fiscal General, Thelma Aldana, pocas veces son ellos los que dan los cursos, como se dijo en otra investigación. Usualmente son los auxiliares los encargados de llenar el agujero.

El negocio de la mediocridad

La baja calidad de la educación ha obligado a estudiantes a buscar cursos de nivelación una vez terminan sus estudios. La facultad misma, a través del decano, les ofrece este tipo de cursos, que a diferencia de la matrícula, no tienen precios simbólicos. Son Q450 los que el estudiante debe pagar por reforzar nuevamente temas que la facultad ya le ofreció. En el mercado se ofrecen cursos de hasta Q2,000 mensuales.

Se hicieron comunes también las Ternas Regalonas: a los estudiantes que habían colaborado con las autoridades en organizar a estudiantes en votaciones, en preparar cursos y otras tareas, se les dejaba pasar sus exámenes privados y graduarse sin dificultades.

Un estudiante, que pidió el anonimato porque todavía intenta graduarse, relata su historia: vinculado desde un inicio a organizaciones de estudiantes, colaboró con Bonerge Mejía organizando el voto estudiantil. En cada actividad y evento dio su apoyo. Su interés eran los puestos políticos y no graduarse, reconoce sin rubor. Esa ambición lo llevó a intentar volverse más independiente de la estructura oficial, y eso tuvo su precio. Tras perder en elecciones a vocalías de la Junta Directiva de la Facultad, intentó regresar a la estructura dando su apoyo en las siguientes elecciones.

Todo parecía en orden hasta que decidió hacer su examen profesional. Lo asignaron a una terna donde se le dijo que sería aprobado. Al menos eso escuchó al inicio de parte de sus examinadores. Pero finalmente reprobó y lo achaca a trabas no sólo administrativas sino políticas.

El movimiento estudiantil, antes fuerte y ahora fragmentado, no participó en este proceso. En el 2000, luego de años de control, finalmente la Asociación de Estudiantes Universitarios y la Asociación de Estudiantes de Derecho cayeron en manos de estudiantes vinculados a partidos políticos cercanos a militares. Fernando Sánchez, ahora con el PP, y Jorge Mario García, ex candidato a alcalde por el PAN y ahora auxiliar en la Municipalidad, fueron fundamentales en el cambio. Los objetivos mudaron: las acciones eran guiadas por el interés personal y de puestos, y no por mejorar las condiciones de los estudiantes.

Los contrapesos en la Facultad son ahora inexistentes. La Asociación de Estudiantes de Derecho está desde hace años inhabilitada por un recurso de amparo. Y desde 1988 con Cipriano Soto el oficialismo gobierna la facultad sin oposición.

Esa falta de oposición es la que le permite consolidar su fuerza en las instituciones donde se le pide su participación, como en las comisiones de postulación o en la Corte de Constitucionalidad. Y desde allí defender los intereses de grupos paralelos de presión, como en el caso de las adopciones y en el de Ríos Montt. Y así convertir a la facultad de Derecho de la USAC en una que tiene cada vez menos prestigio.

fuente: Nómada