Cuando el dinero habla la justicia calla: Visita a Saúl y Rogelio

En la estación PNC de Huehuetenango queda la cárcel preventiva de hombres. El domingo es día de visita y como siempre la cola de mujeres supera por mucho a la de hombres.

Al pasar la segunda reja, cientos de presos estiran el cuello esperando ubicar alguna cara familiar. Un interno grita “!!Saúl y Rogelio!! Tienen visita…” Entre el atasco se abren paso y se juntan en el patio a convivir dos horas y media con familiares, amistades y delegados de organizaciones.

Saúl y Rogelio no duermen en el mismo sector pero se ven durante las visitas y cuando el oficial de turno se acomete para que los internos reciban media hora de sol. En noviembre cumplieron 15 meses de aislamiento carcelario.

La presión económica de la prisión

Sentados en círculo, Rogelio exprimiendo los puños en los ojos, cuenta:

Cuando el dinero habla la justicia calla (…) es una injusticia la que hicieron ellos, aquí es la libertad la que está en juego, pero lastimosamente la empresa llegó a intimidar, dividirnos, a comprar voluntades. Gracias a Dios no dimos nuestro brazo a torcer y por eso nos jodieron, nos aislaron, nos sacaron de nuestro territorio.”

El viernes pasado fue la lectura de sentencia integra en la que Saúl y Rogelio fueron condenados a 33 años 4 meses de prisión, acusados de complicidad por el asesinato de Mateo Diego Simón y Guadalupe Francisco, ocurrido durante un linchamiento en el que participaron cerca de 500 personas que les retuvieron por pertenecer a una banda que se dedicaba al robo de viviendas.

La querellante en el caso, Candelaria Noemy Francisco (hija de Guadalupe), pidió en la audiencia de reparación digna la suma de Q 93 mil, pero no logró justificar tal monto. A criterio de la parte juzgadora, Saúl y Rogelio deberán cancelar Q 15 mil cada uno.

Eso se suma a la preocupación económica que tienen las familias de los presos políticos, ya que arrastran deudas desde el caso anterior, cuando el 02 de mayo de 2012 fueron detenidos ilegalmente y permanecieron 8 meses en el preventivo de la zona 18. Tan solo el pasaje ida y vuelta de Barillas a la ciudad de Guatemala ronda los Q 260.00 por persona.

A ello hay que sumarle  los 15 meses de prisión preventiva que llevan en Huehuetenango desde agosto 2013. Evidentemente, Saúl y Rogelio no han podido trabajar durante todo este tiempo, por lo que el sustento familiar recae sobre sus esposas.

A partir de una red de mujeres solidarias con las esposas de los presos, Carmelia y Zenaida han logrado subsanar algunos gastos. Los gastos del equipo de abogados de la defensa han sido cubierto por una organización con sede en Huehuetenango.

Hace algunos meses se conformó en Barillas una Comisión de Presos Políticos que desde entonces asistieron a las audiencias en Huehuetenango, alquilando a veces dos busitos que cobran entre Q 1000.00 y Q 2000.00. La Comisión impulsada por Carmelia y Zenaida recaudan fondos entre las comunidades cercanas para costear los traslados de las personas.

En la visita de este domingo se logró recaudar el pasaje para dos compañeros de la Comisión de la comunidad de Santa Rosa, de donde fueron arrancados Saúl y Rogelio. Caminaron como 45 minutos para llegar al bus de Barillas que salió a las 10:30 pm del sabádo y llegaron al centro de Huehuetenango a las 5:30 am.

Uno de ellos, el más grande, les comparte:

Nosotros deseamos apoyarles en nuestras comunidades, pero a través de lo legal y lo económico no podemos. Por la distancia no siempre podemos venir pero estamos con ustedes, están presentes todos los domingos en las iglesias de nuestras comunidades, oramos por ustedes y pedimos fuerza”.

Saúl, que se encuentra desde hace meses con una infección en el estómago, responde:

Desde el fondo de mi corazón agradezco a quienes están al tanto, yo fui directivo de mi comunidad y sé que es difícil y que la gente tiene miedo por todo lo que hemos pasado desde que llegó la empresa”.

Provocaciones como señuelo

Rogelio cuenta que:

Santa Rosa es una de las primeras comunidades que inició la resistencia en 2006 y a Dios gracias ahora es todo Barillas y otros pueblos indígenas del norte de Huehuetenango los que están en defensa de los recursos naturales”.

El 23 de junio de 2007 se realizó la Consulta Comunitaria en Barillas donde 46,490 q’anjob’ales y mestizos dijeron no a la minería y los megaproyectos en su territorio. En 2008 el PP ganó la alcaldía de Barillas y las empresas encontraron cobijo a sus intereses. Por tal motivo, Rubén Herrera argumentaba en 2012 que las comunidades,

toman nuevamente la decisión de levantar y presentar ante las autoridades municipales actas comunitarias  en defensa de sus recursos. Pero la empresa española Hidralia insiste en su proyecto y se convierte en Hidro Santa Cruz en 2009; contrata personal local ladino, traductores; continúan las amenazas, la compra de tierra y líderes provocando, división comunitaria.[1]  

La compra de liderazgos y la infiltración de grupos que aprovechan las protestas o movilizaciones para realizar acciones punibles, desencadenó desde el 2009 una serie de órdenes de captura, entre ellas la de Rubén Herrera, quien debido a la persecución política se tuvo que ir de Barillas.

En la campaña electoral 2011 fueron utilizados carros de la empresa Hidro Santa Cruz para los mítines del candidato del PP. Pese a que ganó la UNE en Barillas, con la entrada del gobierno central de Pérez Molina, se agudizaron las provocaciones, al punto que fue decretado un Estado de Sitio en el municipio cuando apenas llevaba 4 meses de gestión.

El último incidente de provocación ocurrió el viernes pasado, el 21 de noviembre. Mientras en Huehuetenango el Tribunal daba lectura de sentencia integra contra Saúl y Rogelio, en Barillas un guardia de seguridad de la hidroeléctrica San Luis estaba tomándole fotos al camión de un integrante del movimiento de resistencia. Cuando la gente se dio cuenta se acercaron y el guardia sacó una pistola. En pocos minutos el número de personas aumentó y le cuestionaban su actitud. Compañeros del guardia se acercaron y empezaron a lanzar golpes, pero también fueron detenidos por la población y llevados ante el juez de paz de Santa Eulalia. La gente vincula a dicho grupo desestabilizador con Mateo Esteban, líder de un grupo de Cocodes que están a favor de Hidro Santa Cruz y San Luis. Mateo Esteban fue candidato a la alcaldía de Barillas en 2011 por el partido Viva y ahora forma parte de las células del PP. 

Vea también: ¿Qué pasa en Santa Cruz Barillas?

 

El aliento y los aprendizajes

Previo a concluir la visita, Rogelio se retira un instante. Cuando regresa cuenta que tiene un libro de enseñanza de “Victoria” y está aprendiendo a leer y escribir. Muestra un cuaderno de planas hecho con dedicado esfuerzo, pero argumenta que le lloran los ojos cuando sale de su oscura celda y le duele la vista cuando lee.

El doctor le dijo que es probable que su exposición a los vapores del proceso productivo de la Panela le dañó los ojos cuando era joven. En la década de los ochenta y noventa fue el auge de la producción artesanal de panela, sobre todo por la caña de azúcar que abundaba en el lado caliente de Barillas, el que colinda con el Ixcán.

 Sebastián, un joven de la comunidad de Santa Rosa, alienta a los presos:

Rogelio, estás aprendiendo a escribir y tu letra poco a poco se ve más clara, lo mismo es el caso de ustedes (Saúl y Rogelio), al principio no se entiende pero poco a poco se aclara con el apoyo de todas y todos, un tanto de las familias, un tanto de dinero, un tanto las organizaciones, pero sobre todo un tanto de paciencia y perseverancia por parte de ustedes que están presos”

A las 11:00 am suena la alarma y de inmediato los presos se despiden de sus seres queridos e ingresan a sus sectores para ser revisados por el responsable.

A partir del lunes 24 de noviembre de 2014 empezaron a correr los 10 días hábiles para que la defensa de Saúl y Rogelio presenten una Apelación Especial ante la Corte de Apelaciones. Según los abogados existen suficientes vicios de forma y fondo como para demostrar que se vulneró el debido proceso, la inconsistencia de la plataforma probatoria y por el tipo de sentencia dictada.

Nosotros sabemos que esto es político, pero no estamos muertos, esto sigue porque mientras haya vida habrá esperanza; solo que acá (en la cárcel) no podemos hacer nada, por eso agradecemos al movimiento que nos apoya desde afuera.” Rogelio Velásquez.

La represión judicial que el estado ejerce mediante la prisión política es un fenómeno creciente en Guatemala desde el 2007, particularmente contra las resistencias indígenas en defensa del territorio.

La persecución política, el desarraigo, el hacinamiento carcelario, la desesperación, las deudas familiares, el estigma mediático y local, son algunas de sus aristas. Un elemento central de la prisión política es el castigo que se ejerce contra la población, ya que infunde miedo y pretende desmovilizar la indignación colectiva: “no te metas con nosotros porque podes parar como aquellos”.