Comisión de Alto Nivel visita Cobán para verificar situación de Derechos Humanos en Tezulutlán

Por Esta Tierra Es Nuestra (Red CMI-G)

En un discurso contundente, Marco Tulio Recinos, Vicario de Pastoral de la Diócesis de Alta Verapaz, hizo un llamado para que como hijos e hijas de Dios, pero sobre todo como seres humanos, haya respeto, incluyendo a las autoridades que juegan un papel decisivo en el conflicto social en las verapaces.

No sólo es el gobierno, sino los gobernadores y alcaldes los que abren las puertas de sus municipalidades para que vengan a explotar los minerales y construir hidroeléctricas. Hacen dialogo entre sordos, se les ignora (a las comunidades) y se les compra como si fueran mercadería. Me causa una gran indignación y me causa una tristeza porque cada vez se les cierran más espacios y se les ve como criminales cuando son herederos del territorio.

Un vocero del Consejo de Pueblos de Tezulutlan (CPT-Manuel Tot), denunció ante el ACNUDH, el Consejo Ecuménico y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que la concesión del rio Dolores para construir proyectos hidroeléctricos se dio antes de que fueran aprobados los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y que por tanto no importaba mucho lo que estos estudios dictaminaran.

Son entre 20 y 22 comunidades las afectadas por la concesión de los afluentes de los ríos Canguinic y Dolores, ya que es uno de sus principales medios de vida, así como de transporte. La empresa hidroeléctrica contrató a la ONG CEDER para realizar “proyectos de inversión social” y convencer a las comunidades. Primero regalaron tinacos y luego anunciaron la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita en Monte Olivo.

Un joven poqomchi’ de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate social (AJODER), pidió el esclarecimiento del asesinato de los niños David y Ageo de la Comunidad Monte Olivo. Asimismo se solidarizó con la resistencia antiminera de Mataquescuintla y denunció el asesinato de la joven lideresa Topacio Reinoso. Por último, denunció el papel que han jugado los medios de comunicación en este tipo de conflictos porque ayudan a que se criminalicen las luchas.

Antonio Ichich, representante comunitario del Comité de Unidad Campesina (CUC), recordó a los y las presentes, los violentos desalojos del Valle del Polochic en 2011 contra más de 800 familias q’eqchi’…

Existen medidas cautelares para las familias afectadas pero no se ha visto nada. Los niños se están enfermando por falta de alimentos. Las mujeres embarazadas también están mal por la falta de alimento. Lo más preocupante de todo es la persecución y cooptación de líderes comunitarios, desalojos de gente originaria de estas tierras y ordenes de captura contra líderes comunitarios. ¡Solicitamos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que se difunda esta información a nivel nacional e internacional. Pedimos que cesen las órdenes de captura y la persecución!

Un líder comunitario de Ribacó, ubicado al pie de la Sierra de las Minas en Purulhá, le entregó un documento a Carlos de la Torre, delegado del ACNUDH, donde detalla los por menores de las agresiones que han vivido en aquella región de Baja Verapaz a causa de la imposición de proyectos hidroeléctricos.

Por su parte, un representante de las comunidades de Tucurú denunció que varias comunidades tienen problemas históricos por el despojo de la tierra y que ahora se les viene a sumar el conflicto de las hidroeléctricas y la gente tiene miedo de quedarse sin agua por el desvío de ríos.

Leocadio Juracán, dirigente del Comité Campesino Del Altiplano (CCDA), denunció que supuestos finqueros pretenden despojar de sus tierras a las comunidades q’eqchi’ de Santa Elena Semanzana y los obligaron a huir y esconderse.

Las comunidades pasaron casi por tres semanas en las montañas. También hubo refugiados en la capital. Prácticas contrainsurgentes llevadas a cabo por grupos paralelos criminales…. Se debe garantizar que los pueblos indígenas y campesinos vivan con dignidad, como se lo merecen y llevar ante el sistema de justicia a los responsables de amenazar a las comunidades.

Una señora q’eqchi’ de la Coordinadora de Mujeres de Alta Verapaz (CODEMAV), aprovechó la ocasión para manifestar que en el hospital público de Alta Verapaz no hay medicina y tampoco dan atención en el idioma originario. Por estos motivos denunció que no hay igualdad de condiciones favorables para los pueblos indígenas.

Luego de escuchar las denuncias y demandas de las comunidades y organizaciones de las verapaces, los integrantes de la Comisión de Alto Nivel de Verificación de los Derechos Humanos, pasaron a exponer sus posturas

Carlos Guillermo, Auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Alta Verapaz, dijo que están comprometidos con las oficina del ACNUDH y con el mandato del señor Procurador Jorge de León Duque.

La postura del Procurador de los Derechos Humanos es bastante definida sobre este tema, de respetar el derecho a la consulta comunitaria y la defensa del territorio. De las 23 hidroeléctricas que se proyectan en el departamento ninguna ha sido consultada.

Mayra Rodríguez del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, en representación de las iglesias católicas, lutheranas y presbiterianas afirmó que…

Es una preocupación latente, una vergüenza y un pecado que el Estado y sus gobernantes protejan a quienes vienen a nuestro país a saquear a las comunidades. El gobierno de Guatemala tiene una política de sordera y silenciación. Nos sumamos a la petición de que se respeten los derechos humanos en la cuenca del rio Dolores.

Carlos de la Torre, delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), argumentó que la oficina existe en Guatemala desde el año 2005 y que su mandato es viajar a los departamentos para entrevistarse con personas afectadas e informar sobre las violaciones de derechos humanos que investigan al Sistema de Naciones Unidas y realizan recomendaciones al Estado de Guatemala. De la Torre dijo que su oficina tiene conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos en Alta Verapaz y que en el informe 2013 del ACNUDH se menciona el preocupante caso de la muerte de los dos niños de Monte Olivo.

Asimismo, están en la disponibilidad de verificar el caso de Timoteo Chen que se encuentra encarcelado en la cabecera de Cobán, acusado del linchamiento de Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa hidroeléctrica Santa Rita que asesinó a los niños David y Ageo. Por último, De la Torre dijo que no puede interferir en las decisiones que ejecuta el Estado pero si pueden recomendar a las autoridades nacionales competentes para que se respeten los derechos humanos y que se respete el derecho a determinar su propio modelo de desarrollo.

No se vale que se imponga un modelo de desarrollo que afecte a las comunidades.