Por CPR-Urbana y Emancipa Producciones
Una delegación norteamericana está de visita en el país. Delegados de trabajo comunitario y activistas para el cierre de la Escuela de las Américas, encabezada por el fundador de SOA Watch, el Padre Roy Bourgeois, arribaron a Guatemala para solicitar al gobierno el fin de envió de miembros del Ejército a dicha escuela, que desde 1946 entrena a militares latinoamericanos, muchos de ellos acusados de las peores violaciones a los Derechos Humanos.
Fuente: CPR-Urbana
En 1996 el Pentágono tuvo que hacer públicos, debido a una intensa labor social dentro de los Estados Unidos, los manuales de entrenamiento utilizados por la Escuela. En ellos se recomienda la tortura, la extorsión y hasta ejecuciones extrajudiciales. A pesar del escándalo, Estados Unidos se limitó a cambiar el nombre de la Escuela en el 2001, nombrada Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés). La escuela sigue brindando entrenamiento a militares, que en años recientes han estado involucrados en golpes e intentonas golpistas a gobiernos democráticos y progresistas que «amenazan» los intereses y la zona de influencia de los Estados Unidos.
Un estimado de 1800 militares guatemaltecos han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas. Bajo el actual gobierno de Otto Perez Molina el envió de militares -según expresaron miembros de la delegación- se ha duplicado. Por la Escuela han cruzado militares como el Gral. Efrain Ríos Montt, sentenciado por delitos de genocidio; el Gral. Héctor Alejandro Gramajo, arquitecto de la política de genocidio en Guatemala durante los gobiernos del militar Óscar Mejía Víctores y el civil Vinicio Cerezo; el Crnel. Byron Lima Estrada, sentenciado por el asesinato de Monseñor Gerardi; Grl. Lucas García, señalado de delitos de genocidio; el Gral. Lopez Fuentes, procesado por delitos de genocidio; y Otto Perez Molina, actual presidente de Guatemala, también acusado de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Fuente: CPR-Urbana
El año pasado Jonh Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, manifestó que la historia de intervención norteamérica en América Latina se había dado por superada. Sin embargo, y pese al amplio historial de la vinculación de la Escuela de las Américas con Violadores a los Derechos Humanos, Estados Unidos sigue formando a personal militar que en la actualidad prestan servicios a ejércitos señalados de violaciones a los derechos humanos, como Colombia y Honduras
1. Cabe señalar aquí que muchos de los entrenados en la escuela que se encuentran de baja, y son contratados por empresas trasnacionales.
Se tiene información que estas empresas dedicadas a la extracción minera, construcción de hidroeléctricas, producción de agrocombustibles, etc, contratan personal militar, que se dedican a su “seguridad” para realizar trabajo de infiltración, división comunitaria, confrontación y represión (todas tácticas y estrategias de inteligencia aprendidas y enseñadas en la Escuela de las Américas) para garantizar las inversiones extranjeras sobre todo Norteamericanas en comunidades indígenas y campesinas, que hoy sufren la estigmatización y criminalización. Todo esto al amparo de las autoridades y en medio de estrategias mediáticas en medios de comunicación corporativos.
A Estados Unidos le representaría un desgaste definitivo intervenir de lleno en América Latina, en cambio para ello se empeña en entrenar a personal militar, adoctrinándolo y formándolo a sus lineas de pensamiento, afín a las corporaciones y capitales imperialistas.
La Escuela de las Américas representa el símbolo de lo siniestro de la política exterior norteamericana en América Latina. Ha graduado a por lo menos 11 dictadores y ha dado entrenamiento a 64,000 militares de 18 países latinoamericanos.
Fuente: CPR-Urbana
El informe de Recuperación de la Memoria Histórica de 1,998 de la Arquidiócesis de Guatemala reportó que graduandos de la Escuela de las Américas fueron responsables del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, el encubrimiento de la muerte del ciudadano estadounidense Michael Devine, y la tortura y asesinato de Efraín Bámaca.
Tres graduados de la Escuela fueron directores de Inteligencia Militar, ente que según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Guatemala Memoria del Silencio
“fue el eje conductor de una política de Estado que aprovechó el escenario, delimitado por el enfrentamiento armado, para controlar a la población, a la sociedad, al Estado y al propio Ejército. Este dominio exhaustivo se fundamento en una estrategia político-militar y se llevó a la practica activando mecanismos violatorio de los derechos humanos, así como la Constitución y las leyes de la República. La CEH comprobó que el control ejercido por la Inteligencia militar dependía no sólo de sus estructuras formales, sino también de una amplisima red de informantes infiltrados en las organizaciones sociales, las comunidades y diversas instituciones del Estado. Por ese medio accedió a un cúmulo de información que le ha permitido manejar a otras estructuras del Ejército, así como manipular diversos interese y entidades del Estado y de la sociedad civil guatemalteca. Uno de los objetivos de la incorporación de la inteligencia en las instituciones estatales fue multiplicar sus recursos de información y de guerra psicológica. A la vez, los órganos de inteligencia infiltraron sus agentes en las organizaciones sociales, donde muchos activistas fueron luego víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
Según algunos de los activistas en defensa del territorio, que en el municipio de San Rafael las Flores en el departamento de Santa Rosa trabajan para impedir la entrada de la Minera San Rafael, la infiltración del movimiento llevó a que en mayo del año pasado, tras la entrada en vigencia del estado de sitio, la policía y militares conocieran a perfección los movimientos y planes de la resistencia. El estado de sitio que el gobierno implementó en esta zona del país estuvo antecedido por una agresiva estrategia mediática que justificó la violencia de la seguridad de la empresa, dirigida por el militar peruano Alberto Rotondo, que bajo sus ordenes hirió, reprimió y disolvió en reiteradas ocasiones manifestaciones de pobladores.
De igual forma muchas de las mujeres que hoy dirigen la resistencia pacifica en contra de la mina Exmigua proyecto Minero Progreso VII Derivada en la Puya, han sufrido una serie de ataques, intimidaciones y agresiones físicas y verbales, luego que la Mina contrato a Militares como el teniente Pablo Silas orozco y coroneles Jose Vicente Arias Méndez y mario Ricardo Figueroa Archila para lograr el ingreso de la mina que desde hace dos años se encuentra bloqueada en su entrada por pobladores que han armado turnos para impedir el inicio de las labores de los empleados mineros. En ambos casos se han utilizado estrategias ampliamente conocidas por los los estudiantes de la terrorífica Escuela de las Américas.
La delegación norteamericana en el País, expresó que la Escuela de las Américas sigue negando hasta el día de hoy los nombres de muchos de los más de 1800 militares guatemaltecos que han pasado por sus aulas. Lo cierto es que gran número de los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, y hoy día, sobre todo con el actual gobierno, han salido a la defensa de un proyecto económico de expolio con raíces en el genocidio y en la Escuela de las Américas.