En Santa Cruz Barillas persiste la persecución legal y política promovida por Hidro Santa Cruz y el gobierno de Otto Pérez Molina

Por: Juan Pablo Ozaeta

• Para diciembre 2013 se programaron dos audiencias, por las denuncias interpuestas por la empresa Hidro Santa Cruz. Una en el caso de Rubén Herrera –con fecha 10 de diciembre y luego pospuesta-, y la otra contra Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, anunciada para el 18 de diciembre.
• Los juicios contra líderes y lideresas comunitarias en Santa Cruz Barillas, iniciaron en el 2008 y forman parte del largo historial de persecución legal y política contra los líderes comunitarios, quienes se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.
• Mientras estos tres dirigentes se debaten entre el sobreseimiento del caso o la ampliación de este –si la empresa lograra extender el juicio-, el campamento de resistencia pacífica en Santa Cruz Barillas, Nuevo Amanecer, cumple ocho meses, pese a la criminalización de sus dirigentes.

Rubén herrera enfrenta un proceso legal en el cual se le acusa por 12 delitos, entre ellos el de secuestro. Su caso pudo ser sobreseído en la audiencia que estaba prevista para el 10 de diciembre, pero ésta fue suspendida. En tanto, las audiencias de Saúl Méndez y Antonio Velásquez, dos comunitarios acusados de supuestos delitos vinculados a la conflictividad por la construcción de la hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas, están previstas para este 18 de diciembre.

Las numerosas denuncias por parte de Hidro Santa Cruz, contra comunitarios opuestos a la construcción de la hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas, tiene sus inicios desde 2008 y aún permanecen abiertas, bajo serios cuestionamientos sobre su legalidad. A Rubén Herrera, Saúl Méndez y otros cuatros comunitarios en el 2009 se les interpuso una denuncia por coacción, intimidación y detención ilegal. Años más tarde, se recrudeció el conflicto. Entre marzo y abril de 2012 se giraron 23 órdenes de captura, bajo distintos cargos, incluyendo el de “terrorismo”.

El 1 mayo de 2012 fue asesinado el líder comunitario Andrés Francisco Miguel, por miembros de la seguridad de la empresa hidroeléctrica. Al día siguiente el gobierno impuso un Estado de Sitio y fueron detenidas nueve personas, incluidos Saúl Méndez y Antonio Velásquez.

Posteriormente, a Rubén Herrera se le hace una segunda acusación, por supuestamente haber dirigido las movilizaciones y protestas del 1 de mayo de 2012, suscitadas tras la muerte de Andrés Francisco Miguel. De acuerdo a Herrera, las acusaciones fueron un montaje para lograr su detención, como medida de coacción para detener las movilizaciones contra la empresa. Su arresto se ejecutó el 15 de marzo de 2013, e implicó su encarcelamiento por 76 días.

Los nueve líderes detenidos el 2 de mayo de 2012 salieron libres ocho meses después, el 9 de enero de 2013. Y la anomalía del proceso pudo ser documentada y quedó evidenciada luego de que tanto el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, como el grupo de trabajo de detenciones ilegales en Ginebra, se pronunciaran a favor de su liberación.

No obstante, el pasado 29 de agosto, cuando estos nueve presos políticos se presentaron al juzgado, buscando cerrar el caso en su contra, fueron nuevamente detenidos Saúl Méndez y Antonio Velásquez.

El impacto para las familias de los detenidos ha sido muy fuerte. Herrera comenta que permanecen las amenazas telefónicas y verbales contra su persona, buscando intimidarlo. Y señala que Antonio Velásquez, atraviesa una situación emocional muy difícil, ya que su esposa dio a luz a su hija hace dos meses, y hasta el momento no la conoce; además Saúl Méndez está preso con padecimientos de úlcera gástrica.

Junto a los casos de estos tres dirigentes, aún existen 28 órdenes de captura que se encuentran vigentes. Aunque el gobierno ofreció sobrestimar estas órdenes, durante el supuesto diálogo de Barrillas en el que participó el presidente de la República, no se llegó a ningún acuerdo al respecto.

Mientras tanto, la lucha legal se desarrolla en condiciones desiguales, dado que los perseguidos políticos no cuentan con los mismos recursos financieros para cubrir el costo de las batallas judiciales, en relación a los recursos que destina la empresa para dicho fin, según señala Rubén Herrera. Asimismo, dice que se trata de una estrategia tanto del Gobierno como de la empresa para desgastar y desmovilizar a las comunidades que se oponen a la hidroeléctrica.

Por todo esto, Rubén Herrera llama a la solidaridad nacional a internacional para denunciar esta persecución política. Y esperan el sobreseimiento de sus casos y eliminar las órdenes de captura al grupo de 28 comunitarios. Asegura que pese a todo esto, la lucha continuará, “con o sin nosotros”. Y muestra de ello es que el campamento de resistencia pacífica “Nuevo Amanecer” se mantiene luego de ocho meses de haber sido instalado, a pesar de la persecución legal y política.

Los presos políticos, sus familias y amigos hacen un llamado a la denuncia de esta persecución política. Pero también llaman a mantener el sentido de la solidaridad hacia ellos, y hacia las comunidades y los Pueblos de Guatemala, que en general resisten el embate y la acometida violenta del capital transnacional. Es un llamado para fortalecer el sentido colectivo y desde ahí generar fuerza social y política para decir Si a la Vida, No a los proyectos de muerte que las empresas y el gobierno buscan implantar en los Territorios.