Por Rodrigo Véliz (CMI-Guatemala)

 

Los temas de fondo: ¿a quién representa el Estado?

La mesa de Alto Nivel instalada por el Gabinete del gobierno de Otto Pérez Molina resultó ilustradora de lo que se concibe como Estado de parte de las partes en conflicto. Por un lado la transnacional minera, y por el otro las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

Con respecto a éstas, han hecho del núcleo de su reivindicación, y la legitimidad de ésta, el hecho que ellas/os son ciudadanas/os del Estado de Guatemala, con todos los beneficios que eso supone según la Constitución y leyes con que se rige.

Tal vez una de las más grandes diferencias de la población de estos municipios con otros lugares donde ha habido conflictos con empresas en los últimos años sea que acá es una mayoría mestiza la que se está movilizando. Además de la cercanía con la ciudad de Guatemala. Históricamente esto es muy importante.

El altiplano guatemalteco se ha caracterizado por ser el hogar de población con ascendencia maya, que durante siglos tuvo que constituirse dentro de relaciones de servidumbre. Dentro de las relaciones serviles que sostuvieron la economía del país, se recordará, se valoraba a las personas según una escala diferenciada de valores, en donde unos, los siervos, valían menos que otros, los dueños de la tierra. Este es un legado en contra del cual todavía se está luchando, por ser parte del Estado como ciudadanos con plenos derechos básicos.

En cambio, los mestizos se han constituido históricamente parte de este Estado: en su imaginario es su Estado y los debe representar. Y esto se resalta aún más si se tiene una vinculación cercana con la ciudad capital, donde las relaciones serviles fueron menos predominantes.

A esto se suma el papel que han tenido las mujeres en la lucha de La Puya. Después del atentado que sufriera Yolanda Oquelí, ella y otras mujeres presionaron por un cambio en la estrategia que llevaba la lucha hasta ese momento. En vez de responder con ataques violentos a las embestidas de las empresas y del gobierno, se buscaría que la lucha fuera pacífica, enmarcada estrictamente dentro de lo que la Constitución y otros reglamentos menores permiten.

Es este cambio de estrategia lo que les ha permitido un diálogo más cercano con el Estado. Caso contrario han sido otras luchas que se han desatado durante la actual gestión de gobierno, donde los casos de estados de sitio en Santa Cruz Barillas y municipios de Santa Rosa y Jutiapa, así como la masacre de la movilización de Totonicapán, recuerdan la abusiva fuerza del Estado guatemalteco.

Uno de los dueños de KCA, el señor Kappes, se dirigió al Presidente en tono imperativo. Le dijo que más allá de cuántas reuniones más faltaban por establecer, de las visitas a campo y los diálogos que seguirían, lo que a él realmente le importaba era saber cuándo iban a estar listas sus ganancias. Llevaba ya, continuó, muchos años invirtiendo en Guatemala, por lo que ya era hora de comenzar a ver los frutos de su espera.

La unidad de estas posturas se hizo clara en la mesa de Alto Nivel. Los y las representantes de las comunidades afirmaron que estaban allí para dialogar con el Estado, no con la empresa. Porque es el Estado, a través del gobierno, el encargado de resolver los problemas principales de la población. En este caso lo que se desea es impedir que un proyecto minero se instale. A esto, el gobierno debe responder por qué ha reprimido, criminalizado y continuado con el proyecto minero pese a que la población se ha manifestado expresamente en contra.

La empresa, en este marco de intereses, no tiene nada que hacer allí.

Por eso solicitaron que la empresa se retirara temporalmente de la reunión. Ya después, cuando como ciudadanas/os hubieran dialogado con el Estado que los representa, podía entrar nuevamente la empresa y dialogar con el gobierno. Sin su presencia, claro está. De no cumplirse su solicitud, se retirarían.

El gobierno, ante una postura reacia del Ministro de Gobernación, acató la solicitud, y los representantes de la empresa, incluido el principal dueño de KCA, pasaron a retirarse de una elegante sala en Casa Presidencial.

Una vez propuestas las principales demandas de la población (hacer estudios sobre el agua; evaluar el expediente y las medidas de mitigación; ampliar información sobre medidas y disposiciones; evaluar EIA; y realizar una visita conjunta al proyecto), los representantes de la toma de La Puya se retiraron del recinto.

Despejado el terreno, la empresa volvió a ingresar a la sala y entonces pasó a dialogar con el Estado, en los términos que concibe que debería funcionar éste.

En la sala no había medios corporativos de información, sólo estaban presentes las cámaras gubernamentales y las del Centro de Medios Independientes. Tal vez haya sido esta ausencia la que le haya dado más soltura a los miembros y representantes de la empresa.

El ministro del MEM pasó a notificar a KCA sobre las principales demandas de la población y afirmó que esta sería una de más mesas de diálogo, que sólo era el comienzo, que se iniciaba a un buen ritmo, y lo que seguía eran visitas de expedición para comprobar el estado de la mina.

Visiblemente harto, uno de los dueños de KCA, el señor Kappes, pasó a realizar su segundo comentario, último y puntual, de la reunión.

Sin ningún tapujo, se dirigió al Presidente en tono imperativo. Le dijo que más allá de cuántas reuniones más faltaban por establecer, de las visitas a campo y los diálogos que seguirían, lo que a él realmente le importaba era saber cuándo iban a estar listas sus ganancias. Llevaba ya, continuó, muchos años invirtiendo en Guatemala, por lo que ya era hora de comenzar a ver los frutos de su espera.

Azorado, el Presidente de la República esquivó el fulminante comentario y, milésimas de segundo después, volteó a ver a Erick Archila, su ministro de Energía y Minas, quien con palabras entrecortadas y queriendo beber antes un poco de agua afirmó que tras unas visitas más, unas semanas máximo, se podría saber con mayor certeza cuándo empezaría la producción.

Tras rápidas consultas de confirmación con sus representantes en Guatemala, Rodrigo Maegli y Jorge Asensio, en la cara de Kappes se delineó una diminuta pero genuina sonrisa. Eso era lo que deseaba escuchar.

Al final lo que se tiene son dos expectativas de lo que debería ser el Estado: para las transnacionales y sus representantes, importantes miembros de las añejas familias del CACIF, es un Estado que solamente debe velar por las condiciones de seguridad de las inversiones y solucionar, con suma celeridad, sus demandas.

Y por otro lado un proyecto que aún se restringe a lo local, pero que está buscando frenar este restringido proyecto de nación, y lo está haciendo a través de una demanda básica: la consulta a la población.

Por simple que la demanda parezca, la exigencia de la toma de La Puya esconde una profunda potencialidad ya que supone abrir al Estado desde abajo al exigir mecanismos eficientes para hacer valer su peso.

Una demanda de esta naturaleza pone en suma tensión el pacto político establecido con la Constitución de 1985, donde se pactó una forma bastante restrictiva de representatividad para las amplias mayorías populares, urbanas y rurales por igual. De abrirse esa posibilidad, luchas que se llevan en otras regiones buscarían presionar por profundizar esa fisura. Y con eso, otro sería el panorama y los problemas que se presentarían.

Así, el MEM, y las actividades extractivas que impulsa, parecen tener serios problemas para continuar con el ritmo que en un inicio pensaban establecer. Las presiones de parte de la población movilizada y los recursos legales que amparan las arbitrariedades que se han visto se han acumulado y están comenzando a ver ciertos resultados de momento.

Para marzo el MEM tuvo que cancelar dos licencias mineras ante las abrumadoras evidencias que las empresas encargadas estaban realizando excavaciones sin permiso. La aprobación de dos licencias mineras a capitales rusos y canadienses fue rebatida por la organización ambientalista CALAS, que demandó al MEM por irregularidades presentes en el otorgamiento.

Finalmente, Otto Pérez Molina pasó a decretar una moratoria de dos años para la aprobación de nuevas licencias, si antes no se aprobaba una nueva Ley de Minería. Según un análisis del Centro de Medios Independientes, la moratoria es parte de una estrategia de búsqueda de consensos para llenar algunos de los agujeros de la Ley Minera, y con eso dar tiempo a que otros megaproyectos, principalmente en la producción y transmisión de energía eléctrica, vitales para abastecer de energía a las grandes fábricas y proyectos extractivos, salgan del atascadero que han encontrado con luchas comunitarias en otras regiones.

Fue días después del establecimiento de la moratoria que el asesinato de Santos Ajau Suret y la intimidación a Yolanda Oquelí, mencionadas al inicio, se llevó a cabo. ¿Hasta dónde llegará la estrategia pacífica de La Puya? ¿Seguirá teniendo como respuesta la represión, estatal y privada?

El plantón espera que esto no ocurra y que finalmente, cumpliéndose las leyes según están establecidas, la población sea escuchada y la licencia cancelada.

 

Vea también:

¿Qué pasa en La Puya? Sobre el mercado minero (1 de 3)

¿Qué pasa en La Puya? Sobre la resistencia pacífica (2 de 3)