Familiares de Víctimas Exigen Verdad y Justicia en el 20 Aniversario de la Publicación del Diario Militar

Hace 20 años, el 20 de mayo de 1999, un documento que brindaba detalles sobre las atrocidades del ejército guatemalteco cometidas con la anuencia del Estado, fue hecho público por la investigadora del National Security Archive Kate Doyle, quien lo recibió de una fuente anónima. El Diario Militar es un documento oficial del Ejército de Guatemala que contiene información sobre docenas de ciudadanos guatemaltecos que fueron víctimas de la desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante mediados de los años 1980s.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

La publicación del Diario Militar reveló que el ejército de Guatemala llevaba registros detallados de las operaciones de sus unidades de inteligencia militar, algo que siempre negó. El documento incluye fotografías de 183 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, así como códigos que hacen referencia a sus ejecuciones. A la fecha, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha logrado identificar a ocho de las víctimas del Diario Militar.

Los familiares de las víctimas ofrecieron el lunes 20 de mayo una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala para conmemorar el vigésimo aniversario de la publicación. Subrayaron la importancia de la publicación del Diario Militar y reafirmaron su determinación de seguir exigiendo verdad y justicia por sus seres queridos.

Durante la conferencia de prensa, los familiares de las víctimas recordaron cómo, en ausencia de cualquier investigación real sobre la suerte de sus seres queridos, llevaron sus casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al estado de Guatemala responsable de la desaparición forzada de docenas de guatemaltecos que aparecían en el Diario Militar, y ordenó que se investigara, procesara penalmente y castigara a los responsables. Hasta la fecha, sin embargo, no se han realizado acusaciones ni arrestos en el caso.

Una Mano Da, la Otra Quita

El estado de Guatemala ha actuado de forma contradictoria respecto al caso del Diario Militar. Por un lado, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público inició una investigación seria sobre el caso, comenzando con el periodo de Claudia Paz y Paz. Varias de las familias y algunos sobrevivientes han dado sus testimonios en diligencias ante el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez.

A su vez, durante una audiencia realizada en marzo de 2016, el Juez Miguel Ángel Gálvez informó que había ordenado el secuestro de una serie de documentos militares, los cuales puso a disposición de las partes. Entre los documentos se encontraban planes militares de campaña de 1983 a 1990, los cuales documentan la estrategia contrainsurgente y las acciones específicas del ejército. Este fue un importante avance en el caso, dado que desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, el ejército ha negado en repetidas ocasiones la existencia de documentos militares relacionados con el conflicto armado interno.

Otras entidades del Estado han buscado echar por tierra el caso. Poco después de que la Corte Interamericana emitiera su dictamen, el entonces Secretario para la Paz, Antonio Arenales Forno, publicó una resolución ministerial que rebatía la decisión. Los familiares de las víctimas ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron la resolución, por desafiar abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana, lo que hizo que el gobierno se retractara. No obstante, el caso sigue bajo investigación sin que haya acusaciones ni arrestos formales. En 2014, la Corte Interamericana declaró a Guatemala en flagrante desacato a su sentencia –así como a una docena de otras- debido a que no ha implementado la orden de la Corte de investigar, procesar y castigar a los responsables del caso.

La investigación del Diario Militar también se ha visto amenazada por acciones de individuos privados. Luego del anuncio público hecho por el Juez Gálvez sobre los documentos militares, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de derecha que se opone a la persecución penal de ex oficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos, publicó una lista de varios individuos presuntamente bajo investigación por el Ministerio Público en relación al caso. Esta información era privilegiada, pero Méndez Ruiz nunca fue objeto de ningún proceso penal por revelar los nombres de los presuntos implicados en el caso.

Como resultado de esta fuga de información, el Ministerio Público declaró el caso en researva. Desde entonces, virtualmente ninguna información sobre el estado del proceso se ha hecho pública.

Demandas de los Familiares de las Víctimas del Diario Militar

Durante la conferencia de prensa, los familiares de las víctimas del Diario Militar hicieron públicas varias demandas, empezando por un llamado a que el congreso apruebe la propuesta legislativa 3590. Dicha propuesta fue presentada por primera vez hace diez años, y su objetivo es la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de las 45,000 víctimas de desaparición forzada. También pidieron la creación de un banco de datos genéticos y la desclasificación de documentos militares de relevancia.

De manera similar, los familiares exigieron que se sigan realizando exhumaciones en bases y destacamentos militares, dado que hay evidencia más que suficiente de que muchas de estas instalaciones contienen cementerios clandestinos. Un ejemplo de esto es el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa, donde se localizaron e identificaron los restos de seis individuos que aparecen en el Diario Militar, junto con los de alrededor de 200 personas más, en su mayoría Maya Kaqchikeles. Otro es el caso CREOMPAZ, o Zona Militar No. 21, donde en los años 2011 y 2012 se encontraron 565 restos humanos en 87 fosas clandestinas. De dichos restos, 145 han sido identificados positivamente como víctimas del conflicto armado. Ocho ex oficiales del ejército de alto rango esperan ser juzgados por este caso, que está suspendido desde el año 2016.

Además, los familiares de las víctimas del Diario Militar exigen que el estado de Guatemala prosiga con la investigación, persecución penal y castigo de ex oficiales del ejército responsables de este y otros casos de graves violaciones de derechos humanos. “Estos procesos contribuyen al esclarecimiento de la verdad y a la reparación moral de los daños cometidos contra el pueblo guatemalteco,” afirman.

Los familiares también hicieron un llamado al estado de Guatemala para que se abstenga de aprobar cualquier legislación que promueva la impunidad, haciendo ver que cualquier ley que conceda amnistía por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, iría en contra tanto de las leyes internacionales como de las de Guatemala. Esto es importante dados los recientes esfuerzos del congreso por imponer una amnistía por crímenes de guerra, así como una ley de amnistía disfrazada. Por último, los familiares pidieron al gobierno que cese la criminalización de defensores de derechos humanos.

El caso del Diario Militar, que involucre a docenas de víctimas de desaparición forzada realizada por el estado, tiene una importancia simbólica e histórica fundamental. Llevar a los responsables ante la justicia es esencial. Los familiares tienen el derecho de conocer la verdad y alcanzar la justicia, como dicen los mismos familiares: “A través de la verdad y lajusticia se alcanzar la paz y la reconciliación.”

Jo-Marie Burt es politóloga, activista de derechos humanos y expert en justicia transicional. Es profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos y querellante en el caso del Diario Militar.