El legado de Ríos Montt, el criminal de guerra mas notorio de Guatemala
0El dictador más notorio de Guatemala, el general retirado José Efraín Ríos Montt, murió a causa de un infarto el primero de abril, a la edad de 91 años. Ríos Montt tomó el poder a través de golpe de estado el 23 de marzo de 1982. Fue depuesto del poder 17 meses después de haber asumido, el 7 de agosto de 1983, por golpe de estado militar liderado por quien fuera su ministro de defensa, Osca Humberto Mejía Víctores.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
Fuente: Prensa Comunitaria (parte del CMI)
Durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala se experimentaron altos niveles de violencia extrema. Aproximadamente 200,000 personas fueron asesinadas y 45,000 desaparecidas, miles de personas fueron desplazadas o exiliadas, junto a incontables víctimas de tortura y violencia sexual. De acuerdo con el órgano de UN, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Ríos Montt dio continuidad y expandió la política de tierra arrasada diseñada e implementada por su antecesor Romeo Lucas García (1978-1982). Establecidas presuntamente para destruir los movimientos insurgentes, tales políticas represivas, sin embargo, fueron usadas sistemáticamente para destruir los movimientos sociales que incidían por un cambio y que desafiaban las dictaduras militares, tal como indica la CEH:
Durante el período comprendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no só- lo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya.
Los escasos 17 meses en que Ríos Montt presidió Guatemala fueron los más brutales del conflicto. Organizaciones de derechos humanos estiman que 10,000 personas fueron asesinadas solo en los primeros tres meses de su gobierno. Durante los primeros ocho meses de su mandato, se registraron 10 masacres cada mes. Más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas. Según la CEH, el 83 por ciento de las víctimas del conflicto armado interno eran indígenas. En base a esos indicadores, la CEH concluyó que la estrategia contrainsurgente implementada por Ríos Montt en ese tiempo se constituía en “actos de genocidio” contra la población indígena en cinco regiones del país.
Los juicios de Genocidio
Después de evadir la justicia durante décadas, Ríos Montt fue sometido a en juicio oral y público que dio inicio el 19 de marzo de 2013 y finalizó con una sentencia condenatoria el 10 de mayo de 2013. Fue condenado a 80 años de prisión: 50 años por genocidio y 30 años por delitos contra los deberes de humanidad contra la población Maya Ixil.
Más de 100 sobrevivientes y familiares de las víctimas testificaron en el juicio declarando sobre los horrores que sufrieron, incluyendo masacres, tortura, violaciones masivas, y desplazamientos forzados. Aquellos que huyeron a las montañas narraron historias desgarradoras de sobrevivencia frente a la incasable persecución y ataque militar. Muchos murieron de hambre, mientras otros presionados por las condiciones extremas que enfrentaron en la montaña se entregaron y fueron reubicados en las infames “Aldeas modelo” o “Polos de Desarrollo” creados por el Ejército para controlar a la población rural.
Diez días después del veredicto, la Corte de Constitucionalidad suspendió parcialmente el proceso basándose en un tecnicismo, lo cual deja sin efecto la sentencia condenatoria. Es probable que varios factores externos influyeran en tal decisión, incluyendo la presión ejercida por el CACIF. Ríos Montt fue liberado de la prisión militar y puesto en arresto domiciliario. Su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez, juzgado en el mismo proceso, también fue puesto bajo arresto domiciliario. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales alegaron que la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad era ilegal y debía anularse.
El nuevo juicio contra ambos acusados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fue reprogramado para enero de 2015, pero varios recursos interpuestos por los abogados de Ríos Montt retrasaron el inicio del proceso hasta marzo de 2016. Para ese entonces Ríos Montt había sido diagnosticado con demencia senil, obligando a los juzgadores tomar medidas especiales: el juicio no sería público; Ríos Montt no estaría presente; e incluso si fuese encontrado culpable, no cumpliría ninguna pena. Después de varias audiencias, ese nuevo proceso fue también suspendido después que la corte determinara que Rodríguez Sánchez tenía derecho a un juicio público.
En octubre de 2017, el juicio de inicio de nuevo. Sin embargo, el Tribunal tomó la decisión de realizar solo una audiencia a la semana. Los viernes por la mañana en audiencias a puerta cerrada se realizaba el juicio contra Ríos Montt y por las tardes el juicio oral y público contra Rodríguez Sánchez.
En 2017, un tribunal decidió que Ríos Montt debía enfrentar juicio por la masacre de las Dos Erres en 1982, donde 200 personas, entre ellas mujeres, niñas, niños y ancianos fueron asesinadas.
El legado de Ríos Montt
Ríos Montt será recordado como uno de los dictadores más despiadados el siglo 20. La sentencia condenatoria por genocidio dictada en 2013, aunque anulada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, sigue siendo un documento histórico, sustentada con pruebas testimoniales, documentales, forenses y otras, demuestra que Ríos Montt fue responsable del genocidio contra el pueblo Maya Ixil. No será recordado como un gran líder político o un estratega militar hábil, sino como un hombre que desplegó una legión de abogados para retrasar, obstaculizar y evadir la justicia, terminando su vida en plena persecución penal por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Jo-Marie Burt es profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason. Es también asesora principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Paulo Estrada es activista por los derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante en el caso Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
