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    Juicios separados en caso por genocidio este viernes

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    • por CMI-G
    • en DDHH · Destacadas
    • — 12 Oct, 2017

    El juicio contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt y su Jefe de Inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez por el Genocidio Maya Ixil ha sido programado para reiniciar este viernes 13 de octubre de 2017.

    Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

    Acusados de genocidio y sus abogados

    Acusados de genocidio y sus abogados

    Ambos fueron enjuiciados por este caso paradigmático en 2013. El Tribunal “A” de Alto Riesgo encontró a Ríos Montt culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad condenándolo a 80 años de prisión, mientras que absolvió a Rodríguez Sánchez de toda acusación. Como se recordará, sólo diez días después, en una resolución controversial y dividida, la Corte de Constitucionalidad suspendió parcialmente el proceso alegando que hubo una violación del debido proceso. Como resultado, dejó sin efecto la sentencia, sin referirse siquiera que la sentencia había sido dictada. Varios esfuerzos por reiniciar el juicio han fracasado.

    El caso genocidio será conocido por el Tribunal “B” de Alto Riesgo. El juicio será dividido en dos procesos penales. Esto se debe al diagnóstico de demencia de Ríos Montt no estará presente en el proceso contra él, pues según los informes médicos sufre de demencia. Ello llevó a la corte a aplicar medidas especiales en su caso. El público no será admitido en el procedimiento, la presencia de Ríos Montt no será requerida, tampoco será dictada sentencia se es hallado culpable.

    El intento más reciente de reiniciar el juicio por genocidio se dio en marzo de 2016 bajo el régimen especial, a puerta cerrada. Sin embargo, luego de una decena de audiencias, el proceso fue suspendido cuando la Sala Primera de Apelaciones resolvió a favor de los querellantes, quienes solicitaron un amparo alegando que las medidas especiales no podían ser aplicadas a Rodríguez Sánchez. Según la ley, el juicio contra él debe ser oral y público.

    El Tribunal “B” de Mayor Riesgo convocó una audiencia el 3 de octubre de 2017 —mas de un año después de la sentencia emitida por la sala de apelaciones— para notificar a las partes que se llevarían a cabo dos juicios separados contra los acusados a partir del 13 de octubre. El tribunal anunció que el juicio a puerta cerrada contra Ríos Montt se realizará por la mañana, mientras que el juicio público contra Rodríguez Sánchez será por la tarde, comenzando a las 1:30 p.m..

    A su vez, el tribunal anunció que las audiencias serán llevadas a cabo solo los días viernes. En contraste con el proceso del año 2013 que fue celebrado diariamente durante casi dos meses, salvo un breve periodo en el que fue suspendido. Con 100 testigos directos y mas de dos docenas de testigos expertos, eso significaría que el proceso podría demorar más de un año. Es es preocupante ya que Ríos Montt tiene mas de 90 años.

    Denuncia contra magistrados de la CC

    En mayo de este año, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellantes en el caso de genocidio, presentó una denuncia contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que en una resolución el 20 mayo de 2013 suspendieron parcialmente el proceso penal y provocaron una nulidad de facto de la sentencia que había sido emitido diez días antes. Según CALDH, los magistrados resolvieron de forma ilegal y los acusan de prevaricato. Ninguna acción judicial ha resultado de tal denuncia. Uno de los magistrados, Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue presidente interino de G la Corte de Constitucionalidad después de que el Congreso aceptó la renuncia de Otto Pérez Molina y quyien luego fue arrestado por corrupción, ahora goza de inmunidad ya que es diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

    Ríos Montt también enfrenta otro juicio por el genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en el caso de la masacre de Las Dos Erres, donde 200 personas fueron asesinadas en diciembre de 1982.

    Jo-Marie Burt, politóloga, profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de WOLA, monitorea los procesos de justicia transicional en Guatemala para el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), un proyecto de Open Society Justice Initiative. Paulo Estrada es estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y defensor de derechos humanos. Una versión de este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.

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    Etiquetas: FRGjuicio por genocidioRepresión

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