Disputa por negocio de explosivos detrás de fiscalización de diputados

Un video que ha comenzado a circular presenta declaraciones comprometedoras por parte del diputado Erick René Lainfiesta Cáceres, del Partido Encuentro por Guatemala (EG), en las que el Estado y la Minera San Rafael, S.A. (MINERASA) quedan muy mal parados. Son señalados como culpables en los derrumbes de las casas de la Aldea La Cuchilla, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. El caso expuesto en el video forma parte de la problemática que ha generado la represión policial a cientos de habitantes del municipio de Casillas, debido al bloqueo que realizan al transporte hacia la mina Escobal, de MINERASA. Pero sobre todo, evidencia la disputa por el mercado de los explosivos que se usan en Escobal.

Comprometedoras declaraciones

Si bien en el video no se identifica directamente al diputado Erick René Lainfiesta Cáceres, es evidente que es él quien habla. Expone frente a autoridades de Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH); el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y empresarios de Minera San Rafael, S.A. (MINERASA).

Diputado Erick René Lainfiesta Cáceres

Lainfiesta Cáceres indica tener información que MINERASA utilizó una cantidad muy grande de explosivos que provocó la situación en la Aldea La Cuchilla. Denuncia además, que se usó helicópteros para el transporte de explosivos hacia el proyecto Escobal, lo cual él indica que es ilegal, ya que por ley no se puede transportar explosivos vía aérea. Los explosivos pertenecen a la empresa Maya Químicos, S.A. (MAQUISA), una sociedad anónima que pertenece al Instituto de Previsión Militar (IPM), que es la encargada además de su manipulación en los proyectos contratados.

El transporte aéreo se habría dado luego en que en 2013, supuestamente se dio el robo de explosivos en un bloqueo de comunitarios, muy cerca a San Rafael Las Flores, que serían utilizados en Escobal. Por ese caso hubo decenas de allanamientos, capturas y fue causa del Estado de Sitio de mayo de 2013, en esa región. Los comunitarios siempre cuestionaron la versión oficial. Negaron lo ocurrido y advirtieron que se trató de un montaje para coartar las libertades constitucionales de los comunitarios bajo el Estado de Sitio, en función de los intereses del proyecto minero.

El mercado de los explosivos: objetivo estratégico

El diputado Lainfiesta Cáceres es propietario de la empresa Equipos y Demoliciones, S.A. (EQUIPSA). Es una empresa que vende explosivos a gran cantidad de proyectos mineros, hidroeléctricos, estatales, incluso a MAQUISA. Esos proyectos que son clientes de EQUIPSA pertenecen a grupos empresariales de los más fuertes del país.

Fuente: http://equipsa.com.gt/

Por otra parte, Equipsa ha vendido explosivos a varios proyectos considerados como los que mayor conflictividad social han generado, tales como la hidroeléctricas Renace, en el río Cahabón, San Pedro Carchá, del grupo Multi Inversiones; Hidro PDH, en la región de YichKisis, en el norte de Huehuetenango; la hidroeléctrica Rocjá Pontila, en Cobán, Alta Verapaz; las hidroeléctricas Oxec, en Cahabón, Alta Verapaz; la mina Escobal, San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y la mina Marlin, San Marcos, de Goldcorp.

Lainfiesta Cáceres, si bien no cuestiona las actividades mineras en el proyecto Escobal, sí cuestiona el manejo de la situación por parte de MINERASA y las ilegalidades que habría cometido MAQUISA con el transporte aéreo. Incluso, el diputado informa que pedirá información detallada al Ministro de la Defensa para que aclaré por qué se usaron helicópteros para transportar explosivos.

En el fondo, pareciera que se estaría usando el caso de la Aldea La Cuchilla, con sus casas destruidas, y la situación sísmica que ocurre en la región de Casillas, en el contexto de una disputa por el mercado y el manejo de los explosivos en ese proyecto minero.

Hace pocos meses, en una amplia investigación sobre un caso hidroeléctrico, un medio de comunicación expuso controversiales intereses políticos del diputado Lainfiesta Cáceres, en los que se vincularían negocios y corrupción.