Aclaración sobre el estado del Juicio por Genocidio.

Síntesis de las últimas resoluciones

Jacobo Mogollón Villar – David Oliva – Rodrigo Véliz Estrada

Centro de Medios Independientes (CMI)

Hasta el miércoles 17 por la tarde, todo indicaba que el juicio estaba próximo a su fin. La mayoría de los peritos y testigos de ambas partes habían ya pasado a declarar, mientras que buena parte de los restantes habían sido descartados por los abogados, tanto los de la defensa como los del Ministerio Público (MP) y querellantes. Para el día siguiente nada más restaría la proyección de algunos vídeos ofrecidos por la defensa y la declaración de tres testigos, luego vendrían las conclusiones y el veredicto. Las especulaciones sobre el posible día de la sentencia, en esta situación, comenzaron a rondar por los pasillos del Palacio de Justicia. La Sala de Vistas lucía de nuevo abarrotada y a la atenta expectativa.

Ante la falta de voluntad demostrada por la defensa de los imputados para rebatir la abundante evidencia, los testimonios contundentes y su carencia de habilidad para interrogar de manera sagaz a las personas que ofrecieron peritajes, surgieron suspicacias sobre sus capacidades para llevar el caso… o sobre la verdadera estrategia de defensa. Era inocente creer que Ríos Montt o Rodríguez Sánchez irían a la cárcel sin mover un sólo dedo. Hasta ese momento la estrategia central del equipo de abogados de los acusados se caracterizó por acciones encaminadas a crear incidentes en el proceso, buscando restarle legitimidad y entrampando su desarrollo; o creando escenarios que induzcan fallos que luego puedan ser llevados a querella para apelar por errores de procedimiento. No debaten para tratar de cuestionar los hechos de violencia genocida contra la etnia ixil. Tampoco argumentan con agudeza para cuestionar la interpretación del genocidio. Retrasan la presentación de peritos, testigos y evidencia; cambian de abogados constantemente; protestan “formalmente” por cualquier cosa. A toda costa ganan tiempo. Tal parece que la mirilla de los abogados de los generales encausados apunta hacia afuera de la sala. El jueves 18 se hizo visible dónde pendía la diana: en la maquinaria de la impunidad. Hábiles en argucias saben manejar el mecanismo que genera impunidad y hasta saben los resultados de ese aparato, como veremos a continuación.

El gatillo se activó con la cercanía del fin del proceso, luego que la jueza que preside el tribunal, Jazmín Barrios, pidiera a las partes involucradas la preparación de las conclusiones. Ese día jueves, por la mañana, tras la constatación de la presencia de las partes procesales por el Tribunal, la defensa afirmó que se negaba a continuar con el juicio, aduciendo un supuesto vicio dentro del proceso. La defensa de Ríos Montt pidió anular por completo el proceso, mientras que la de Rodríguez Sánchez -a cargo del abogado Calderón- pidió esperar hasta la resolución de la Jueza Carol Patricia Flores, acerca de las presuntas irregularidades denunciadas por los defensores, respecto a no haber podido presentar ciertas pruebas y testimonios, que -dicho sea de paso- ya habían sido llevados a la sala de audiencias. El fallo del otro juzgado se emitiría por la tarde, pese a lo cual el letrado Calderón se adelantó a explicar lo siguiente:

Es necesario enfatizar lo que se puede escuchar con claridad al final del audio. El abogado Calderón pronostica, de manera harto sospechosa, la resolución de la jueza Flores, además de repetir más de cinco veces que no conocía ésta.

La petición fue rechazada por el Tribunal, que por voz de la jueza Jazmín Barrios, aclaró que las pruebas ya habían sido admitidas, incluso presentadas, por lo que sería ilegal retroceder o frenar el proceso. Las audiencias debían continuar. Tras su respuesta, el conjunto de abogados de la defensa se declaró en rebeldía pacífica, se levantó de su asiento y se retiró a toda marcha de la sala. Los familiares de los acusados y algunas personas que los acompañaban, aplaudieron la actuación de los abogados.

La Jueza, indignada, pidió que regresaran a sus lugares. Ante la falta de respuesta de la seguridad del Organismo Judicial, pasó a reclamar, con voz emocionada, el cierre de las puertas para no permitir la fuga de los abogados. En ese momento, el resto de la sala, de manera estruendosa, aplaudió con más fuerza la solicitud. La respuesta fue tardía y débil, pues entre carreras y risas socarronas los abogados lograron salir. Se pidió a los acusados que localizaran a sus abogados, pero fue inútil. El guión de esa puesta en escena no incluía el regreso. El proceso no podía continuar.

Tras la treta, que efectivamente ponía en peligro la continuidad del proceso, tuvo que suspenderse la audiencia, no sin antes ser necesario hacer un apercibimiento público a los abogados, que de esa manera estarían obligados a presentarse al día siguiente. De cumplimiento obligatorio, la fórmula del apercibimiento contempla sanciones y responsabilidades por desobedecer a la autoridad que lo emita.

La incertidumbre se apoderó de la sala. Las dudas latentes desde días antes afloraban ahora. ¿Por qué el espectáculo con tintes mediáticos de los abogados de la defensa? ¿Qué dictaría el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, a cargo de Patricia Flores? ¿Por qué el equipo de abogados de los militares estaba tan confiado sobre la conveniencia para ellos de suspender el debate ese día? Entre los asistentes se difundieron rápidamente algunos de los antecedentes de la juzgadora Flores: Caso Totonicapán, falló que los soldados y el coronel acusados por la masacre de ocho manifestantes en la Cumbre de Alaska, no debían ser acusados de ejecución extra-judicial, sino de homicidio en estado alterado; caso Torres, absolvió a las hermanas de la ex Primera Dama, Sandra Torres, acusadas de corrupción; Caso Pavoncito: Alejando Giammatei queda exento de culpas por su participación en las ejecuciones extra-judiciales, casualmente días antes de que cerraran las inscripciones a elecciones presidenciales, donde participó como candidato; Caso De León Argueta: absolvió al antiguo Fiscal General señalado de corrupción durante el gobierno del FRG, por “falta de pruebas” significativas. Y la lista no termina allí. Además, se le critica por sus fallos en el caso Siekavizza, y por desligar a Otto Pérez Molina del caso Bámaca. La transparencia, independencia y justeza de sus fallos estaban en entredicho.

A las dos de la tarde, la sala asignada para la presentación de la resolución estaba abarrotada. Entrada la Jueza, pasó a dar lectura a varias resoluciones anteriores referentes al caso. Acostumbrada la asistencia a la lógica y precisión en las argumentaciones y justificaciones del Juez Miguel Ángel Gálvez y la Jueza Jazmín Barrios, la manera de expresarse de la Jueza Flores resultó titubeante e imprecisa. Tras una dificultosa lectura, que se complicaba cuando llegaba el turno de hablar en términos propios de las ciencias jurídicas, llegó el desenlace del drama iniciado horas antes. La sentencia fue casi una absolución. Como lo había predicho el defensor Calderón durante la mañana, el proceso debería retrotraerse a noviembre de 2011. Es decir, se anulaba todo lo actuado en el juicio y se hacía borrón y cuenta nueva hasta aquella fecha, en que los generales no estaban encausados. Con ello, no sólo se debía comenzar de nuevo todo el proceso, sino que Efraín Ríos Montt quedaba en libertad, ya que hasta inicios del 2012 es que la misma jueza Flores, lo ligó a proceso.

La sorpresa fue grande para todas las personas que seguían la sesión, dado que como parte de su razonamiento había leído una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), con fecha 3 de abril del presente, donde declara que sería ilegal hacer retroceder el proceso una vez este haya comenzado.

Tras la resolución, el abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), con notoria indignación, afirmó lo siguiente:

[soundcloud]https://soundcloud.com/david-oliva-6/acusacion-ajr[/soundcloud]

Por la defensa, que calificó la alocución de Flores como de una “impecable lógica jurídica”, resaltó la intervención del abogado Zamora -conocido por defender al narcotraficante mexicano apodado El Cachetes, además de representar a otros polémicos personajes-.

La Jueza declaró sin lugar las objeciones de las partes querellantes y el Ministerio Público (MP), sin reflexionar o argumentar sus conclusiones, alegando que ella nada más acataba órdenes. Si el documento de la CC, claramente indicaba en el fallo citado que:

“los medios probatorios que fueron rechazados a los amparistas perfectamente pueden diligenciarse dentro del juicio correspondiente sin afectar el inicio del proceso o bien, retrotraerlo a etapas ya desarrolladas, situación que sería ilegal”.

La expresión facial de algunos de los ixiles presentes lo decía todo. La resolución de la Jueza era una negación directa al derecho de recibir justicia, luego de décadas de ocurridos los hechos. Esa noche, a raíz de esa situación, un buen número de personas realizó un acto simbólico en la Corte de Constitucionalidad.

En medio de la conciencia de la injusticia que se cometía y las justificadas lágrimas, se corrió la voz que la Jueza Barrios y su Tribunal convocaron esa misma tarde a las partes, para acudir al otro día. ¡El juicio continuaba! El tribunal designado para juzgar el genocidio no acatarían una decisión ilegal. El MP, por su cuenta, difundió un comunicado detallando las ilegalidades en las que había incurrido la Jueza Flores, por lo que buscarían dar continuidad al proceso.

El viernes por la mañana la Sala de Vistas estaba al máximo. Cientos de personas acudieron al llamado a respaldar con su presencia la continuación del juicio, pese a que los grandes medios de comunicación (con la notable excepción de Guatevisión) sacaron titulares anunciando la anulación del juicio. Así también hubo quienes no pudieron ingresar a la Sala de Vistas, debido a que se alcanzó el máximo del aforo. Ausentes estaban los abogados de los militares acusados, aunque éstos se presentaron a tiempo.

A la hora programada, el Tribunal ingresó a la sala y, luego de las respectivas formalidades, pasó a declarar de manera clara y concisa las razones por las que no podía acatar la resolución de la Jueza Flores:

El juicio continuaba, aunque se debía suspender hasta escuchar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aclararía las confusiones inducidas por la defensa. El Tribunal recibió una fuerte ovación de parte de los asistentes, que gritaban al unísono “¡Justicia! ¡Justicia!”, quienes llenos de euforia realizaron una espontánea marcha hasta la Corte de Constitucionalidad, donde los abogados de las partes querellantes entregaban un pliego de peticiones a los magistrados de la CC.

El abogado Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación, se refirió en ese lugar a las ilegalidades que -en su opinión- se habían cometido:

Y, acerca de la situación de los acusados, agregó:

[soundcloud]https://soundcloud.com/david-oliva-6/situacion-acusados/s-HW7QS[/soundcloud]

Ante un enorme público presente en las afueras de la sede de la CC, el representante de CALDH, parte querellante en el proceso, manifestó:

De esta manera, quedamos a la espera de la resolución final de la CC, que no deberá superar el plazo de diez días para que no se anule el juicio. De rechazar lo imputado por Flores, el juicio por genocidio continuará desde donde quedó el jueves 18. Si se supera el plazo señalado o se falla en contra, no sólo se fortalecerán los mecanismos de la impunidad, sino quedará claro que más que la justicia, es el tráfico de influencias lo que mueve a varias de las principales instituciones del país.

Ahora la CC deberá resolver cuanto antes y demostrar que el sistema de justicia ha alcanzado la madurez necesaria para poder garantizar un juicio justo para todas las partes, y no sólo para aquellas acostumbradas a moverse en la obscuridad, traficando influencias y quien sabe qué más.