Por Equipo de Análisis

¿Quién escogió a esta CSJ?

Lo importante para entender la dinámica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es saber responder una pregunta: ¿Quién votó por ellos en la Comisión de Postulación (CP) y en el Congreso? Y para contestar esa pregunta es necesario tener claro cómo fue formada esa CP y qué partidos votaron por los magistrados en el Congreso.

En síntesis esta CSJ fue escogida en una alianza entre el Partido Patriota y Lider, y previamente fue validada por una Comisión de Postulación donde las fuerzas del Colegio de Abogados, una selección de magistrados de las Salas de Apelación y las decanaturas de Derecho de todas las universidades del país tuvieron la tarea de repartirse cuotas. El proceso estuvo lleno de señalamientos y actuaciones oscuras, y finalmente tres votos de la CC validaron la elección. Pero algunos detalles son importantes de precisar.

En la CP formada para escoger a la Corte Suprema predominaban cuatro grandes fuerzas: las cercanas a Roberto López Villatoro (Rey del Tenis, LoVi), las que armó el Partido Patriota (PP), las de Ética y Derecho, del ex Rector de la USAC, Estuardo Gálvez, y las de la cúpula empresarial.

Cada uno tenía su fuerza en distinto origen: LoVi era fuerte (tenía varios representantes) en las Salas de Apelación (7) y en el Colegio (4), Gálvez en el Colegio (2), el PP en el Colegio (4), en las Salas (4) y en las decanaturas (4), y la cúpula empresarial tenía fuerza sobre todo en las universidades que le responden (San Pablo, Francisco Marroquín, Mesoamericana, Rafael Landívar, del Istmo).

Estas fuerzas se encargaron de hacer un filtro de 26 candidatos, de los cuales el Congreso debía escoger a 13. De esos 26, según las votaciones constadas en el análisis de las actas, el PP logró 9, LoVi 7, y la cúpula empresarial logró 7 también.

Pero en el Congreso esas fuerzas no tenían la misma fuerza. Allí predominaba el PP y Lider, que según un artículo del momento contaba con 101 diputados. Suficiente para dividirse ellos solos la lista de magistrados. El interés, ahora queda claro, era blindarse judicialmente cuando saliera del Estado el PP y Lider llegara a la presidencia, según se recordará eran los planes de ambos partidos previo a las decenas de capturas y señalamientos que recibieron ambos partidos en 2015.

Según consta en las actas del proceso de selección y en el mapeo de entonces, entre los magistrado electos hubo quienes tuvieron el apoyo total del Partido Patriota (Blanca Stalling, Sergio Pineda y Vladimir Aguilar), y tres tenían fuertes vínculos con militares (Douglas Charchal, José Pineda y en menor medida Nery Medina).

La cúpula empresarial presionó como pudo pero finalmente no obtuvo los suficientes votos para que sus abogados ingresaran a la Corte. Solamente Silvia Valdés tiene cercanía con la cúpula empresarial. Luego están los que tuvieron el apoyo de Roberto López Villatoro y han tenido un historial de participación en su agrupación en el Colegio y han sido escogidos previamente, con ese apoyo también, para ser magistrados de Sala: Josué Baquiax, Vitalina Orellana, Delia Dávila, Néster Vásquez y Silvia García. Y se logró colar uno cercano a CICIG y la Embajada, que es el actual presidente, Ranulfo Rojas Cetina.

¿Qué ha cambiado?

La Corte Suprema, entonces, era resultado de una amplia negociación y estaba integrada por abogados con diferentes influencias y presiones. Pero toda esta diversidad de apoyos se volvió homogénea en el instante en que la crisis política de 2015 se desató. A partir de ese momento, y luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera revisar al Estado de Guatemala la elección de la CSJ, todos sus votos fueron unánimes y no hubo ninguna disidencia. Incluso cuando se trató de separar temporalmente del cargo a Blanca Stalling, luego de la prisión de su hijo en el caso IGSS-Pisa, toda la CSJ estuvo de acuerdo.

Los antejuicios en contra de diputados, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina corrieron la misma suerte. Ninguno quería ser objeto de críticas. Solamente en una ocasión se mostraron reacios a la CICIG: se negaron a aceptar la propuesta de reforma judicial, que elimina los mecanismos con los que ellos fueron escogidos. Este es un dato muy importante.

A un mes y medio de la elección de CC, a inicios de febrero de 2016, ya hicieron clara una primera distancia y autonomía. El 28 de enero negaron la solicitud de antejuicio por el Ministerio Público en contra del diputado oficialista electo y coronel retirado, Édgar Ovalle Maldonado, por su participación como oficial de Operaciones (S-3) en las masacres de la Base Militar de Cobán a inicios de los años ochenta.

Esa decisión, unánime también, puede interpretarse como un paso hacia atrás en la secuela de resoluciones a favor de las acciones de la tanda CICIC-MP.

El rechazo del antejuicio vino días después que la CSJ mostrara su primera fricción: 8 magistrados querían que la convocatoria para magistrados de la CC fuera interna (que se seleccionara dentro del mismo Poder Judicial) mientras que 5 estuvieron en contra y dijeron que debía ser pública. Esta facción, luego de un mar de críticas, terminó imponiéndose. Eso es todo lo que hasta ahora se ha sabido sobre la Corte Suprema

Las fuerzas detrás de los candidatos

Que la Corte Suprema haya votado en conjunto puede ser una cuestión coyuntural. Las relaciones históricas que tiene cada magistrado con sus electores, suponemos, pesa más e inclinará la balanza a apoyar a ciertos candidatos.

Un análisis del historial de los principales candidatos para magistrados de CC que tiene en sus manos la Corte Suprema, muestra que las cuatro grandes fuerza que escogieron a esa Corte en 2014 enviaron también a sus candidatos para esta elección.

Los militares y la línea dura civil

Si algo demostraron las capturas de 2015 y 2016 es que una parte de los cuerpos paralelos del Estado está constituido por militares retirados. Contra la pared, una parte de esos militares ha presionado a lo interno de la bancada oficial (FCN) y del Gabinete de Jimmy Morales. Y un puesto en la CC sería fabuloso para ellos. El pasado de varios candidatos confirman ese deseo.

Resaltan las juezas vocales, María Eugenia Castellanos y Sara Yoc, parte del Tribunal B de Mayor Riesgo. Las juezas fueron cuestionadas por sus medidas en casos de militares. En el de la Quema de la Embajada votaron en contra de una resolución que buscaba que el Estado pidiera perdón a las familias de las víctimas. Y en el caso de Ríos Montt votaron a favor de separar a la jueza presidenta del Tribunal, para que no llevara el caso. En esa ocasión se supo, que la hija de María Castellanos, Heidy Pamela Delgado Castellanos, había sido elegida magistrada Vocal I de la Sala Mixta de la Corte de apelaciones del Departamento de Izabal, con la votación del PP en el Congreso en la alianza con Lider.

Delgado Castellanos está casada con Allan Castro Tejada, ex Secretario General de Roxana Baldetti. Previo a ser electa magistrada de sala, Delgado Castellanos era asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República.

También aparece como candidato Cruz Munguía Sosa, que fue comisionado en la CP que eligió a los magistrados de la Corte Suprema en 2014. Es decir, eligió a los magistrados actuales, y ahora busca que ellos voten a su favor. En esa ocasión, Munguía Sosa fue escogido para integrar la CP en elecciones, apoyado por los militares del Partido Patriota. Previamente estuvo en el gobierno de Portillo, uno con fuerte presencia militar, en el área de Derechos Humanos.

Y una última candidata que resalta es Consuelo Porras Argueta. Es Magistrada de la Sala de Apelación de la Niñez y Adolescencia, y es la tercera vez que funge como magistrada de Salas. También buscó ser Fiscal General en 2014, siendo escogida como parte del Consejo del MP. En esa ocasión, El Refugio de la Niñez presentó denuncias en la que se afirmaba que Porras Argueta había favorecido adopciones pese a denuncias presentadas en varios procesos. Según la CICIG, Porras Argueta cuenta con una sanción de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, emitida en el 2003. En la elección a Fiscal recibió el apoyo de los decanos de las universidades de la cúpula y los abogados afines al Partido Patriota.

López Villatoro

Del famoso Rey del Tenis solamente se tiene noticia de un candidato afín: Eddy Orellana Donis, aunque su pasado muestra relaciones con militares y una parte de la cúpula empresarial. Él es un magistrado de Sala que participó también en la CP para elegir a esta Corte Suprema en 2014. Participó en la planilla de LoVi.

Estudió la secundaria en el Instituto Adolfo V. Hall Central y fue jugador de futbol del Club Aurora en la liga nacional, llegando a ser seleccionado nacional en 1990. Fue jefe del departamento penal del bufete Diaz Duran & Asociados en 1997. Fue candidato a decano de la facultad de derecho de la USAC perdiendo contra Bonerge Mejía Orellana (2004-2008), que era el candidato del decano saliente Estuardo Gálvez. En 2009 ganó la Vocalía I de la Segunda de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil. En 2012 dirigió la planilla 2 del grupo político RESCATE para el Cuerpo Estudiantil que elegiría al nuevo decano de la facultad de derecho de la USAC. Su planilla quedó en segundo lugar, resultando ganadora la planilla 1 vinculada a los primos Mejía Orellana/Ortíz Orellana. Finalmente resultó electo como decano Avidán Ortíz Orellana.

Cúpula empresarial

De la cúpula empresarial se sabe, al igual que los militares, que se encuentran atacados por la ola de críticas, señalamientos y capturas que lleva a cabo la CICIG. El caso de Pedro Muadi, de Max Quirín en el IGSS y ahora de Aceros de Guatemala está mostrando que sus años de impunidad están siendo cuestionados. Y si por años tuvieron el apoyo de Alejandro Maldonado Aguirre y Roberto Molina Barreto en la CC, ahora necesitan al menos un magistrado. Y su apuesta es vieja: Conrado Sagastume Reyes.

Sagastume Reyes fue electo Fiscal General en 2009 pero luego de fuertes señalamientos de parte de Carlos Castresana (ex CICIG) fue removido de su puesto. Según un artículo reciente, Castersana en una presentación dijo que Sagastume estaba contratando a gente cercana a la familia Moreno Botrán y Valdez Paiz, señalados en el caso Rosenberg y en el robo millonario en el aeropuerto La Aurora.

Otro dato que destacó en la denuncia de Castresana fue que Conrado Reyes Sagastume, ex Fiscal Generanl, había contratado como asesor a su hermano Julio Antonio Reyes Sagastume. Julio Antonio era socio de la empresa Consultores Reysa, una empresa dedicada a la “Planeación Estratégica,  Manejo de Crisis y Lobby de Alto Nivel Empresarial”. Reyes Sagastume también contrató como su Secretario de Coordinación al abogado Marco Tulio Mérida Cifuentes, socio de la empresa de consultoría e investigaciones para adoptar niños guatemaltecos, Adoption Supervisors Guatemala,  S.A., que es dirigida por su hermana, Ligia Azucena Mérida Cifuentes. Esta empresa, que se le investiga por siete adopciones ilegales.

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Para el miércoles 2 de febrero se tiene planificada la sesión en donde la CSJ eligirá a su representante en la Corte de Constitucionalidad. Allí quedará claro si estos vínculos históricos pesan más que las presiones fruto de la coyuntura.