La Línea no es el único caso en el que “el 1”, “el mero mero”, tuvo que ver. Hay otro caso de sobornos, el de una planta gigante de carbón que se llama Jaguar, por el que el yerno del expresidente Otto Pérez Molina está en prisión. Pero los sobornos y la disputa entre dos grupos poderosos alrededor del caso Jaguar incluye un capítulo oscuro, en el que implantaron pruebas de otro caso igual complejo y siniestro, el del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, cuyo principal sospechoso es Roberto Barreda, hijo de una expresidente de la Corte Suprema de Justicia con muchas conexiones en el Estado. Así funcionan los poderes paralelos en Guatemala.

Por Rodrigo Véliz

Una llamada urgente entró a la Fiscalía Especial para el caso Siekavizza en el Ministerio Público a inicios de septiembre de 2014, más de tres años después de la desaparición y asesinato de Cristina, ocurrido el 7 de julio de 2011. La llamada era de uno de los detectives de la Policía Nacional Civil asignados a la Fiscalía Especial. La información era sorprendente porque permitía atar cabos, y establecer otros inimaginables hasta entonces.

En una colonia de Palín, Escuintla, a 30 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se había encontrado un carro vinculado al caso Siekavizza. Era el mismo modelo, tenía las mismas placas y el mismo color que el vehículo que se sospecha que el 3 de agosto de 2011 ayudó a escapar a México a Roberto Barreda, el acusado del asesinato y la desaparición de la mamá de sus hijos.

El carro estaba parqueado frente a la residencia de más de una decena de trabajadores y técnicos chinos de la gigantesca planta de carbón Jaguar Energy, que se disputan dos grupos de exsocios, unos chinos y otros anglosajones (estadounidenses y británicos). Se la disputan de todas las maneras posibles. La disputa va desde juicios con abogados poderosísimos, tomas de la planta por parte de unos y de otros, hasta sobornos al secretario general y yerno del presidente de la República para inclinar la balanza a favor de unos y expulsar a los trabajadores y socios chinos de Guatemala.

Y fue en la casa de esos trabajadores en donde apareció el vehículo.

Ese septiembre de 2014, el jefe de la fiscalía especial para el caso Siekavizza, Héctor Canastuj, llamó por refuerzos y se dirigió al residencial en Palín para corroborar la maraña de hipótesis que comenzaron a moverse en su cabeza.

En ese momento, el fiscal no sabía que el gerente de Jaguar Energy había pagado casi Q2 millones (US$195 mil) a varios funcionarios, incluido Gustavo Martínez, el yerno de Otto Pérez Molina, para expulsar a los trabajadores chinos del país.

El carro que buscaba el fiscal Canastuj

A mediados de junio de 2014, tres investigadores del MP y de la policía asignados a la Fiscalía Especial del caso Siekavizza vieron un carro clave en los alrededores de Palín. Era una camioneta verde claro, una Terracan GL modelo 2005, marca Hyunday, con número de placa 830CBZ. El carro era idéntico al que buscaba la Fiscalía desde mayo de 2012. Pese a eso, ninguna orden de captura se giró. Solo se tuvo el dato en cuenta.

El automóvil era importante porque pertenecía a Carlos Azurdia Larios, que según las investigaciones del MP era un vendedor de carros, también dedicado a ser “coyote”, que ayudó al supuesto asesino de Cristina Siekavizza, Roberto Barreda, a escapar del país.

La última noticia que se tuvo de Azurdia Larios fue en 2012: llamó a su esposa, Mónica Solórzano de León, y le dijo que tenía Q80 mil en efectivo, que estaba nervioso, y que manejaba por la autopista privada que conecta a la Ciudad de Guatemala con el sur del país. Nunca más se supo de él (ni del carro). El reporte de robo en la policía nunca llegó al MP. Barreda huyó al caribe mexicano y estuvo prófugo hasta noviembre de 2013. Ahora espera juicio en un juzgado de mayor riesgo con la cuestionada jueza Carol Patricia Flores.

En septiembre de 2014, meses después de ver el carro, los policías vieron de nuevo el Hyundai Terracán en Palín. Lo siguieron y vieron cómo entraba al condominio Las Margaritas. Llamaron a la Fiscalía del caso Siekavizza, y un auxiliar fiscal solicitó una orden de allanamiento. El viernes 12 de septiembre de 2014, la fiscalía realizó el allanamiento.

Cuando llegaron vieron que en efecto había una camioneta Hyundai Terracán GL, modelo 2005, con número de placa 830CBZ. El carro era idéntico al que buscaba la Fiscalía desde mayo de 2012. El automóvil era importante porque pertenecía a Carlos Azurdia Larios, que según las investigaciones del MP era un vendedor de carros, también dedicado a ser “coyote”, que ayudó al supuesto asesino de Cristina Siekavizza, Roberto Barreda, a escapar del país.

Pero todo resultó ser falso. Un montaje. Según una fuente en el MP que estuvo en el allanamiento, el carro efectivamente era idéntico. Pero las placas eran falsas, y el chasis y el motor tenían datos distintos. Cuando se comunicaron a las oficinas centrales del MP, resultó que el carro que apareció en Palín había sido reportado robado en Mixco meses atrás por una vecina de Huehuetenango.

Los fiscales del MP también se sorprendieron cuando vieron a corresponsales de Nuestro Diario, de Prensa Libre, de NTV y de Albavisión en el lugar, pese a que en ningún momento alguien se comunicó con ellos. También estaba el auxiliar fiscal de Escuintla, Mariano Yaxón Popa, que tampoco fue convocado.

Allí se cerraron las hipótesis sobre la relación entre el caso Jaguar Energy y el de Siekavizza, y comenzaron las interrogantes para averiguar quién estaba detrás del montaje y si había infiltrados dentro del MP o en la PNC que sabían de ambos casos y buscaron relacionarlos.

 

Estructuras para buscar la impunidad

El montaje desató las alarmas en el Ministerio Público, pues desde el final de las dictaduras y la guerra (1996) se crearon en Guatemala estructuras para desviar la atención y las evidencias de los casos más emblemáticos, para que quedaran en la impunidad. Esto fue lo que hizo que activistas de derechos humanos propusieran por primera vez en el 2000 la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), para desarticular estas estructuras.

El caso Siekavizza no es sólo uno de violencia de género. Sigue en la impunidad, según los familiares y los querellantes como la Fundación Sobrevivientes, porque hubo estructuras estatales que facilitaron la desaparición del cuerpo de Cristina y la salida de Roberto Barreda del país. Después de todo, los dos papás de Barreda han sido jueces en el Organismo Judicial. De hecho, los Barreda lograron que un juzgado arraigara a los padres de Cristina Siekavizza, que son quienes tienen la custodia de los hijos de ambos, y quieren obligar a los niños a ir a visitar a Roberto Barreda a la cárcel.

El anterior jefe de la Cicig, Francisco Dall’anese, no tomó el caso porque dijo que le parecía uno más de violencia doméstica. La Cicig actual –cuya investigación del caso Jaguar llevó a esta implantación de pruebas del caso Siekavizza– todavía no ha decidido si lo toma.

El montaje ocurrió en medio de las peleas entre los socios chinos de Jaguar (que tenían la constructora de la planta) y los socios anglos (que tenían la gerencia), y al mismo tiempo que Jaguar sobornaba a funcionarios de la presidencia de Pérez Molina para apoyarlos.

Una fuente dentro de la Fiscalía del caso Siekavizza dijo estar muy segura que había infiltrados, o gente de poca confianza, investigando el caso, y que le pareció extremadamente sospechoso el montaje. ¿Quién quería y tenía la capacidad para relacionar ambos casos?

¿Era un montaje para expulsar a los chinos del país? ¿O un automontaje para incriminar a Jaguar Energy? Ninguna pregunta ha sido contestada del todo hasta ahora por el MP.

El único vínculo entre ambos casos, el de Cristina Siekavizza y el de Jaguar Energy, es que hay agentes del Estado participando en ambos casos. Y en ambas vías. Con agentes estatales procurando justicia o buscando que queden en la impunidad.

[Espere pronto la tercera entrega: Sobornos, demandas, palizas, y mucho poder en juego]

*Esta es una versión más detallada y ligeramente modificada (para aclarar con más precisión) de la nota de Nómada.