Por Rodrigo Véliz

¿Qué ha dejado la minería?

Dos días antes del ataque armado en contra de Edwin Reynoso Bran, la agencia de noticias BBC publicó un artículo titulado ¿Qué le dejó a América Latina la década de bonanza minera que está llegando a su fin? En él recuenta los grandes ingresos que significó para los Estados de la región el aumento de los precios por la creciente demanda china. Pero sus argumentos son solo válidos para los países que pudieron ubicarse favorablemente en la coyuntura.

En los casos como Guatemala la cosa es distinta: ningún proyecto político logró crear las condiciones para que buena parte de ese masivo flujo de dólares entrara al Estado y fuera canalizado, siquiera, para paliar la desigualdad social o mejorar las inversiones públicas en salud o educación. No digamos plantear un proyecto de reforma en la matriz productiva buscando producir mercancías de más valor. Nada de eso. Terminamos como comenzamos. Solo que con más muertos y una conflictividad que no cesará incluso cuando esas grandes mineras se retiren del país.

Los números de estos diez años de minería en Guatemala son bastante mediocres, y hablan por sí mismos. Según un artículo publicado recientemente, el mayor impulso a las nuevas actividades mineras ha venido de los capitales multinacionales. Si tomamos como partida el 2007, año en que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) y las nuevas instituciones para atraer capitales a las actividades promocionadas por el Estado se encuentran en pleno funcionamiento, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Agricultura, Petróleo, Minas y Canteras ha ido en claro aumento: en el 2007 la IED se encontraba en US$69.5 millones, y luego de llegar a su pico en 2012 con US$417.8 millones, ha caído desde entonces. Se estima que para 2015 será solamente US$40 millones.

Y no sólo ha crecido en términos absolutos, también lo ha hecho en términos relativos, según el Banco de Guatemala: en la relación con el total de la IED, pasó de ser un 9.3% en el 2007 a constituir el 33.6% en el 2012, desplazando a otros ejes de la  inversión extranjera como la industria manufacturera, el comercio, la electricidad y las telecomunicaciones. Pero otra vez, para el 2015 será solamente el 3.5% de la IED, según datos del Banco de Guatemala.

La producción minera ha tenido, en consecuencia, un aumento significativo y una reciente caída. Las cifras más cercanas son del 2012 y vistas en el tiempo lo demuestran. Para el año 2004 se producía un total de Q69.3 millones, y para el 2011 pasó a Q7,295.3 millones, aunque reduciéndose en cifras estimada Q4,656.1 millones para el 2012. De esta producción, el 95% es de minerales metálicos, y la cabeza de la lista es el oro, que para el 2012 constituyó el 61% de la  producción minera, mientras la plata se ubicó en un 36%.

En cuanto a las exportaciones el aumento también es claro: en el 2004 se ubicaban en US$ 49.1 mil, y a partir de la entrada en funcionamiento de la Mina Marlin en el 2006 el monto se registró en US$ 119.1 millones, para llegar a su punto más alto en el 2011  con US$910.5 millones. Sin embargo, desde entonces ha visto un descenso. Para el pasado año fiscal (2014) llegó solamente a US$ 404.2 millones, una reducción del 55.6%.

El destino de buena parte de la producción minera interna va hacia el exterior y hacia un solo mercado. Para el año 2013, el 87.65% de las exportaciones estarían dirigidas hacia Estados Unidos. Muy atrás, en segundo puesto, se encuentra Grecia con el 4.13% de  las exportaciones.

Estos son los datos positivos de la minería, y si se ve, todos están orientados a las exportadoras y grandes mineras. En ningún momento aparece en algún lado el Estado o los beneficios sociales. El resto de su legado es negativo.

Los datos rojos de la minería

Si vemos el aporte de las actividades extractivas al fisco para el desarrollo de las actividades e inversiones que desarrolla el Estado, como ente representativo de todos los ciudadanos, el cuadro no es el mejor. Existe una carencia de estadísticas confiables y periódicas que permitan conocer por completo el problema. En las estadísticas de la SAT no se toma en cuenta que tanto la minera  Marlin como recientemente la mina San Rafael están amparadas en el régimen 29-89 de Maquila.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2012 la minería generó un total de Q 56.2 millones al Estado en total;  de estos, Q 24.8 fueron para el Estado central e igual cantidad fueron de regalías para las municipalidades aledañas a los proyectos  mineros. Esos Q 56.2 millones son, según el Banco de Guatemala, tan sólo el 0.13% de los ingresos anuales del Estado de  Guatemala. Como dato comparativo, en el 2010 la mina Marlin generó ganancias a Goldcorp US$1, 594.6 millones, 27% más que  en ese mismo periodo del año anterior, cerca de un cuarto del presupuesto nacional para ese año fiscal.

Según datos del Banco de Guatemala, en el 2005, cuando la minería comenzó a tomar vuelo, el número promedio anual de  trabajadores afiliados al seguro social trabajando en minería fue de 3,129 personas. Para el 2012, el último año en que se tiene cifras seguras, es de 4,784  personas, un aumento en ocho años de 1655 más empleos con seguro social creado.  En el 2012 los servicios generaban 580,512, el comercio creaba 238,282, la agricultura 144,211, la industria manufacturera 150,965, la construcción 17,585, y la electricidad  10,149. Es decir, la actividad extractiva generó para ese año el 0.4% del total de empleos con seguro social.

En síntesis, las industrias extractivas han generado un cierto crecimiento económico, y en la mayoría de los rubros generales de  desempeño ha tenido resultados aceptables. Si sus puntos mediocres son la generación de empleos y el pago de impuestos al Estado de Guatemala, sus resultados sociales y políticos han tenido un marcado tono negativo. Más allá de los casos particulares, hay líneas generales que es necesario resaltar: la actividad minera y petrolera ha venido a atizar la conflictividad social en cada uno de los  lugares donde se ha intentado instalar. Esto ha provocado una marcada polarización dentro de los municipios y a nivel general en la opinión pública.

El legado del proyecto Escobal

El caso de San Rafael Las Flores es el caso que ha cobrado más vidas y el que más polémica ha generado. El punto de mayor tensión fue en la instalación de un estado de sitio por parte del gobierno de Otto Pérez Molina, luego que cajas de granadas y  armamento de mediano calibre fuera secuestrado en los municipios afectados por la instalación de la mina. El gobierno fue señalado en ese momento de beneficiar a la minera a cambio de recursos, ya que días antes se había firmado un acuerdo voluntario del 5% de  las regalías por parte de la minera San Rafael.

El caso también fue polémico cuando se supo que el jefe de seguridad de la minera había ordenado disparar en contra de los manifestantes, y que miembros del equipo de seguridad que dirigía había disparado en contra de miembros de la Policía Nacional Civil. Tahoe Resources en un comunicado dio su apoyo al jefe de seguridad.

Este año, el gerente de la mina fue llevado a prisión por señalamientos de contaminación, pero en medio de la crisis política fue dejado en libertad. Su apresamiento era simultáneo a una noticia que en Guatemala no tuvo mucha repercusión local pero internacionalmente fue muy sonada: de las declaraciones del vicepresidente de Tahoe Resources se desprende el funcionamiento de «un conglomerado de empresas y personajes ligados a servicios militares, de inteligencia, a contratos de seguridad privada con grandes proyectos militares que arrastran las guerras en Afganistán e Iraq, y sus relaciones con proyectos y empresas con operaciones mineras y de construcción en Guatemala», según un artículo publicado en CMI.

Estos vínculos oscuros son los que permiten entender el contexto del ataque armado a Edwin Reynoso Bran. El ataque se dio luego que Reynoso Bran y otros dos acompañantes salían de la oficina del alcalde.

Minería en Guatemala

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