Las estructuras paralelas amarradas al Estado de Guatemala se recomponen a cada golpe. Esta vez el intento viene de su segmento legal: el suspendido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal Ramos, busca regresar a la máxima corte del Organismo Judicial cuando importantes antejuicios a militares y políticos clave tendrán que resolverse. Su pasado y las elecciones judiciales del 2014 dan luces sobre la importancia de su papel.

Por Equipo de Análisis

La carta de Douglas Charchal. Fuente: Justicia Ya

La organización Justicia Ya publicó por la noche de ayer (23 de agosto de 2016) una comprometedora carta escrita por Douglas Charchal Ramos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En ella pide a la presidente en funciones de la CSJ, la abogada Silvia Patricia Valdés Quezada, vocal de la Cámara de Antejuicios y Amparos, dejar sin efecto la licencia que lo suspendió de su cargo del 10 de julio al 9 de septiembre de este año.

La suspesión de Charchal Ramos se debió a su participación, según el caso TCQ del Ministerio Público y la CICIG, en la estructura que ofreció en 2012 favores a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de Group Maritim TCB, por un contrato de 25 años para la construcción de una nueva terminal. La inversión ascendería a los US$255 millones.

Charchal era en ese momento juez del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla, y luego de gestionar resoluciones favorables, el secretario del Juzgado recibió Q50 mil en efectivo y el asistente de Charchal una camioneta Range Rover blindada.

Justicia Ya especula que a cambio de anular la licencia de suspensión, Charchal Ramos votaría a favor de Valdés Quezada para presidente de la CSJ, una elección que año con año está llena de sórdidas disputas. Valdés fue antes jueza de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chimaltenango.

En 2014, cuando fue escogida como magistrada, se rumoraba que era la más cercana a la cúpula empresarial, pero ninguna resolución posterior ha permitido corroborar el dato. Se sabe que durante la comisión de postulación en 2014 logró 28 de los 33 votos posibles para ingresar en la lista que fue enviada al Congreso, en una amplia alianza entre varias agrupaciones de abogados y la cúpula empresarial, según los reportes de ese día. Ahí, fue la que más votos obtuvo, con 120: el Partido Patriota le dio 47 de sus 48 votos, mientras que Lider la votó con 48 de sus 49 diputados presentes.

La carta de Charchal es una muestra más de las redes de corrupción que se entrelazan dentro del Estado. El pasado de él y su hermano, el militar Víctor Charchal Ramos, da luces de lo histórico de esas estructuras.

La familia Charchal

El magistrado de la Corte Suprema, Douglas Charchal, tampoco era ajeno a los puertos. Fue abogado Asesor de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ) de 1995 a 2004. Al mismo tiempo, su hermano, Víctor Leonardo Charchal Ramos, trabajaba en el Archivo del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Según una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Víctor Charchal Ramos es uno de los posibles asesinos de la antropóloga Myrna Mack. En esa sentencia, la CIDH detalla que Charchal junto con otros militares parte del EMP participaron en la desaparición de Mack.

Según una publicación de la organización Wola, titulada El Estado Cautivo, el 7 de septiembre de 2006, tres hombres asaltaron un carro blindado cuando estaba siendo descargado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala. Los ladrones se llevaron 8,6 millones de dólares de un total estimado de 11 millones de dólares en efectivo perteneciente a un grupo de instituciones financieras privadas, y destinado al depósito en la Reserva Federal de Estados Unidos.

El robo se hizo durante la administración de José Moreno Botrán, cuando se desempeñó como Director de Aeronáutica Civil. Los hermanos del ex Director, Alejandra y Diego, fueron señalados por CICIG de entorpecer las averiguaciones del caso Rosenberg.

El robo millonario tuvo lugar en un ‘punto ciego’, fuera del alcance de las más de 100 cámaras de seguridad del aeropuerto. Este detalle junto a otros, llevó a que el MP ordenara en 2006 el arresto del jefe de seguridad del aeropuerto, Douglas Meneses Ayala, y de su jefe de vigilancia, Víctor Leonardo Charchal Ramos, hermano del actual magistrado.

La publicación de Wola continúa relatando que Leonardo Charchal subió a su cargo en el aeropuerto por recomendación del antiguo jefe de seguridad del aeropuerto, Rolando Augusto Díaz Barrios, un antiguo oficial de inteligencia militar que había sido despedido del ejército durante la administración del presidente Álvaro Arzú por sus vínculos con la famosa red de contrabando dirigida por Alfredo Moreno.

Charchal Ramos estuvo también relacionado con la agencia civil de inteligencia, la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), y había sido relevado de su cargo después de haber hecho varias visitas sin autorización al capitán Byron Lima Oliva.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, Leonardo Charchal Ramos recibió un contrato, según consta en Guatecompras, por más de Q149 mil por una asesoría en el Ministerio de Desarrollo Social.

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